PGN - FRAUDE PROCESAL - Delito de conducta permanente

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Mauro Solarte Portilla Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Plinio José Cortés González contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó por el delito de fraude procesal. Rad. Nro. 24.014

Honorables Magistrados: El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá profirió el 29 de junio de 2004 sentencia condenatoria en contra del señor Plinio José Cortés González, le impuso la pena principal de 36 meses de prisión como autor del delito de fraude procesal. Lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal.

Apelada la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 1º de febrero de 2005. El defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación y lo sustentó con demanda que fue encontrada ajustada a las previsiones legales en uno de sus cargos. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS Relatados por el Tribunal Superior de Bogotá en los siguientes términos: 1 1.1. En 1979, PLINIO JOSÉ CORTÉS GONZÁLEZ, en su condición de abogado, recibió poderes de los herederos de SEGUNDO NEPOMUCENO SALINAS SUÁREZ, para adelantar el proceso de sucesión, presentó la demanda pertinente

y el juicio correspondió al Juzgado 17 Civil del Circuito de esta capital. Se reconocieron como herederos a MARÍA FANNY, MERY Y MELANIA SALINAS; YESID JESÚS Y JORGE ARMANDO SALINAS DOMÍNGUEZ, RITA EMMA DOMÍNGUEZ VDA DE SALINAS, URIEL ANTONIO SALINAS ABRIL Y NELLY DEL CARMEN SALINAS. Se hizo la partición excluyendo la construcción existente en el lote de terreno de la Calle 68 Nº 72-73 por pertenecer a JACINTO DUARTE. El Juzgado la aprobó mediante sentencia de 12 de mayo de 1984. El expediente se entregó por parte del abogado a MIGUEL CASTAÑEDA para su protocolización y registro, pero este lo mantuvo en su poder por varios años sin que hubiera cumplido con este deber, y, finalmente, dijo que en un atraco se le había perdido. 1.2. El primero de marzo de 1993, el mismo abogado, atendiendo los poderes de MARÍA FANNY SALINAS, RITA ENMA RODRÍGUEZ DE SALINAS, YESID JESÚS Y JORGE ARMANDO SALINAS, volvió a presentar demanda de sucesión de los bienes del mismo causante, indicando como único bien el lote de terreno mencionado y la edificación que allí se levanta. Conoció el Juzgado 6 de Familia. Presentada la partición, mediante sentencia del 20 de octubre de 1995 el juzgado la aprobó. Esta sentencia fue registrada el 20 de octubre de 1995 y fue

protocolizada el 18 de diciembre de 1998 mediante escritura 1931 de la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá. 1.3. El 28 de abril de 1993, el abogado citado, solicitó ante el Juzgado 17 Civil del Circuito, la reconstrucción del expediente adjuntando como prueba fotocopia auténtica de la sentencia aprobatoria de la partición, sin mencionar que había instaurado otra demanda de sucesión sobre los bienes del mismo causante. En principio se negó a la reconstrucción por considerar que el competente era el juez de familia, pero luego, aceptó la competencia y el 8 de febrero de 2001, dio por 2 reconstruido el expediente. El 29 de abril de 2003, el Juzgado 6 de Familia, de acuerdo a la decisión anterior, ordenó la cancelación de las anotaciones en el certificado de libertad y tradición originadas en esta sentencia.

2. ACTUACIÓN PROCESAL El 30 de septiembre de 1997 se formuló denuncia penal en contra del señor Plinio José Cortés, y las señoras Rita Emma Domínguez de Salinas, María Fanny Salinas Sánchez, Mary Melania Salinas Sánchez, los señores Yesid Jesús Salinas y Jorge Armando Salinas Domínguez, por el delito de fraude procesal.

La fiscalía ordenó la iniciación de una investigación previa; se escuchó en declaración al señor Carlos Arturo Duarte Salinas. El 8 de marzo de 1999 se escuchó en versión libre al señor Plinio José Cortés González. La fiscalía profirió resolución de apertura de investigación el 28 de mayo de 1999 y ordenó escuchar en indagatoria al señor Cortés González. La diligencia fue

recibida el 13 de enero de 2000 y se resolvió su situación jurídica el 25 de julio de 2000; la fiscalía profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del indagado como autor del delito de fraude procesal. Completa la investigación se ordenó su cierre el 25 de enero de 2002; la fiscalía calificó el sumario el 17 de abril de 2002, profirió resolución de acusación en contra de Plinio José Cortés González como autor del delito de fraude procesal. Confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 11 de julio de 2003. El expediente fue enviado al Juzgado 9º Penal del Circuito de Bogotá, quien asumió su conocimiento el 18 de septiembre de 2003. Realizadas las audiencias, 3 el Juzgado profirió sentencia el 29 de julio de 2004, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 1º de febrero de 2005. Contra esta decisión se interpuso recurso extraordinario de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Un cargo formula el censor contra la decisión de segunda instancia, bajo el amparo de la causal tercera de casación. Se profirió la decisión impugnada cuando la acción penal ya estaba prescrita.

Transcribe el censor las normas penales que se refieren al tema de la prescripción de la acción penal, así como aquella que describe típicamente el delito de fraude procesal; se refiere también a los hechos que son imputados al señor Cortés y de ellos concluye que la conducta presumiblemente delictiva del procesado se inició

en febrero de 1993 y concluyó el 2 de septiembre de 1997. La resolución de acusación se profirió el 17 de abril de 2002, confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 11 de julio de 2003. Dice que de acuerdo con las normas a las que se refirió el último acto llevado a cabo por el condenado ocurrió el 2 de septiembre, la acción penal prescribió el 1º de septiembre de 2002, de manera que el proceso penal es nulo en todas las actuaciones adelantadas después de esa fecha. Trascribe apartes de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que se refiere al tema de la prescripción del delito de fraude procesal, para reforzar su planteamiento. Solicita a la Corte casar el fallo impugnado y declarar la nulidad de la actuación. 4

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL El tema de la prescripción del delito de fraude procesal ha sido objeto de numerosos pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y, siempre se ha tomado en cuenta para iniciar el conteo del término prescriptivo, que este delito es de carácter permanente, de manera que han de tenerse en cuenta los efectos que el hecho delictivo produce, así como la lesión que sigue causando al bien jurídico protegido, esto es la administración de justicia.

Sobre el tema, esto es, la característica de permanencia del delito, la Sala dijo en providencia del 24 de julio de 2003, radicación 21.021:

(…) “Lo anterior daría a pensar que la acción penal por este delito también habría prescrito por haber transcurrido más de cinco (5) años desde cuando quedó en firme la acusación; sin embargo, no es así, por cuanto la conducta constitutiva de fraude procesal es de carácter permanente y el término prescriptivo sólo comienza a correr a partir de la perpetración del último acto”. En ya antigua jurisprudencia la Corte ha sostenido que la conducta que estructura el delito de fraude procesal es de carácter permanente, pues si bien puede iniciarse con un determinado proceder, la inducción en error al servidor público, que es la acción sancionada penalmente, se prolonga en el tiempo, en tanto subsista la potencialidad de que el error siga produciendo efectos en el bien jurídico. 5 En este asunto, la conducta calificada como fraude procesal consiste en que CARMEN ALICIA OSPINA BOCANEGRA omitió incluir en el inventario de bienes relictos del proceso de sucesión de su padre Juan Nepomuceno Ospina Gutiérrez el inmueble objeto de la Escritura Pública falseada; relación que fue presentada al juzgado de conocimiento el 29 de enero de 1993, desde los inicios de ese proceso, sin que haya constancia de que los efectos de esa conducta hayan cesado, lo que impide afirmar que se inició, se interrumpió o se completó el lapso prescriptivo de la acción penal derivada de la comisión del delito de fraude procesal. No obstante esta postura reiterada, en jurisprudencia reciente la Sala se preocupó

por fijar algunos límites para iniciar el conteo del término de prescripción de la acción, cuando se trata de delitos permanentes. Así, en sentencia del 20 de junio de 2005, radicación 19.915, con ponencia del Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón se estableció que el término de prescripción de la acción en tratándose de delitos permanentes se debe empezar a contar a partir de la resolución de acusación. Dijo la Corporación: (…) “3. Las decisiones reiteradas de la Corte quizás no han tenido en cuenta la incidencia que en cuanto a la continuidad de la conducta en el tiempo puede tener el hecho de proferirse en contra del rebelde una resolución acusatoria que alcance firmeza. La Sala, tras la prosecución de los exámenes que acaba de mencionar, precisa el punto. Ciertamente, si lo que se pretende en el proceso penal es juzgar las conductas punibles a partir de la indagación que el ente instructor realiza de comportamientos cuya ejecución se inició obviamente con anterioridad, aunque continúe realizándose en el tiempo, investigación que se concreta en el doble acto 6 de imputación fáctica –que compendia las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión del hechoy jurídica –que califica la conducta desde la normativa penalcontenida en la acusación, aún tratándose de delitos de ejecución permanente existe un límite a la averiguación, de manera que cuando se convoca a juicio al procesado su conducta posterior no podrá ser objeto de análisis ni de reproche en el mismo proceso sino, acaso, en otro diferente”. Que ese límite o momento cierto en el que el Estado define los términos del

juzgamiento lo constituye la resolución acusatoria, ya había sido señalado por la Corte cuando, a propósito del examen del principio de congruencia, anotó: “La resolución de acusación es acto fundamental del proceso dado que tiene por finalidad garantizar la unidad jurídica y conceptual del mismo, delimitar el ámbito en que va a desenvolverse el juicio y, en consecuencia, fijar las pautas del proceso como contradictorio. Por eso la ley regula los presupuestos procesales de la acusación (art. 438), sus requisitos sustanciales (art. 441) y su estructura formal (art. 442). Por eso también la ley, al regular la estructura de la sentencia recoge el concepto de acusación como punto de referencia obligado (art. 180 # 1, 3, 5, 7) y señala como vicio de la misma, demandable en casación, su falta de correspondencia (art. 220 #2)”. 1 En la misma providencia, precisó respecto de los delitos de ejecución permanente que: El límite cronológico máximo de la imputación es el de la acusación y por tanto la sentencia debe atenerse al mismo. 1 ? Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 3 de noviembre de 1999, radicado 13.588. 7

4. En consecuencia, como con la ejecutoria de la resolución de acusación se hace, por así decirlo, un corte de cuentas en el delito permanente que permite valorar el comportamiento ilícito que el procesado realizó por lo menos hasta el cierre de la investigación, se debe aceptar como cierto, aunque en veces sea apenas una ficción, que allí cesó el proceder delictivo y, en consecuencia,

1. los actos posteriores podrán ser objeto de un proceso distinto; y, ii), a partir de ese momento es viable contabilizar por regla general el término ordinario de prescripción de la acción penal como que, en virtud de la decisión estatal, ha quedado superado ese “último acto” a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Penal.

Se concluye de lo trascrito, que para contabilizar el termino de prescripción de los delitos permanentes, entre otros el fraude procesal, ha de tenerse como límite la resolución de acusación proferida en contra del procesado, en la que se fijan los hechos delictivos investigados. En el presente caso la resolución de acusación fue proferida el 17 de abril de 2002 y allí se dijo: La conducta del procesado a la cual nos hemos referido se inicia cuando faltando a sus deberes profesionales, permite que transcurran diez años sin el menor asomo de interés en verificar si el señor Miguel Antonio Castañeda cumplió con las gestiones ordenadas en la sentencia proferida por el Juez 17 Civil del Circuito de Bogotá, el 12 de mayo de 1984, posteriormente ante la información sobre la pérdida del expediente, luego de transcurridos más de nueve años y contando con la copia auténtica, radica demanda de sucesión del mismo causante, sobre el mismo inmueble proindiviso y calla la existencia de los herederos no representados por él en esta segunda sucesión, reconocidos en el primer proceso 8 ya terminado, anunciando la existencia de la partición ya aprobada y ejecutoriada,

pero no la exhibe, y deliberadamente omite informar al Juez la exclusión plasmada en cada una de las SIETE HIJUELAS “…inmueble consistente en un lote de terreno con la exclusión de la construcción en el existente, situado en la Avenida (calle) 68 Nº 72-73…”. Después de radicada la sucesión el Juzgado Sexto de Familia, radica en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, la reconstrucción del expediente y en la audiencia que allí se celebró guarda silencio con relación al proceso de sucesión que adelanta, posteriormente en el Juzgado 18 de familia solicita la suspensión del proceso de acción de petición de herencia para complementar información para adelantar la reconstrucción del proceso de sucesión ante la jurisdicción de Familia y simultáneamente prosigue con los trámites administrativos de protocolización y registro de la segunda sucesión. Todas estas acciones en donde el protagonista ha sido el aquí procesado demuestran sin lugar a equívocos la tendencia proclive al delito, en donde el dolo es manifiesto en forma ostensible, descartándose de plano las causales de ausencia de responsabilidad propuestas por la defensa. Es evidente que en la resolución de acusación se hace referencia al segundo proceso de sucesión adelantado y las consecuencias negativas que tuvo para uno de los herederos. La decisión fue apelada y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá la confirmó el 11 de julio de 2003; se encontraron ajustados a la realidad procesal los argumentos expresados por el instructor. En estas decisiones se concretaron los hechos imputados al señor Cortés.

De otro lado, se hace necesario precisar las fechas de las actuaciones irregulares, así como el momento en que dejó de producir efectos la decisión ilegal. 9 Así, el Juzgado Sexto de Familia fue inducido en error para proferir la sentencia del 20 de octubre de 1995, mediante la cual aprobó un trabajo de partición; el 24 de noviembre de 1995 se registró y se protocolizó la escritura pública el 18 de diciembre de 1998. El juzgado ordenó algunas medidas cautelares en contra del bien inmueble que afectaron al heredero legítimo. Por parte el señor Carlos Eduardo Duarte Salinas, el heredero afectado por la decisión irregular, solicitó la reconstrucción del proceso de sucesión el 5 de febrero de 1999. El 8 de febrero de 2001 se dio por reconstruido el proceso de sucesión. Por su parte el Juzgado 6º de Familia aceptó las consecuencias de la reconstrucción y ordenó la cancelación de las anotaciones sobre el bien inmueble el 29 de abril de 2003. Lo anterior significa que los efectos de la lesión al bien jurídico cesaron el 29 de abril de 2003. La reseña realizada nos permite concluir que en el presente caso la acción penal no se encuentra prescrita, como lo señala el censor. En primer lugar porque los efectos del acto irregular cesaron el 29 de abril del 2003, y a partir de ese momento se empieza a contar el término prescriptivo de la acción, según las voces de la jurisprudencia de la Sala a la que se refirió la Delegada inicialmente.

Y, en segundo lugar, porque si se atienden las orientaciones de la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de junio de 2005, los hechos constitutivos del fraude procesal fueron fijados por la resolución de acusación el 17 de abril del 2002, confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal el 1º de julio del 2003, en esta fecha ya habían cesado los efectos del fraude procesal, recuérdese que la decisión del Juzgado 6º de Familia en la que se ordena el levantamiento de la medida cautelar sobre el bien inmueble del señor Carlos Eduardo Duarte Salinas, se produjo el 29 de abril del 2003. 10 Esto significa que el 1º de julio de 2003 empezó el conteo del término prescriptivo de la acción penal, sin que hasta la fecha se haya cumplido. Lo que implica que las pretensiones del censor en el sentido de que se declare la nulidad de la actuación por prescripción de la acción penal resultan infundadas.

5. PETICIÓN Lo expresado en anterioridad resulta suficiente para que la Procuradora Tercera Delegada, con el debido respeto, solicite a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, NO CASAR la sentencia impugnada.

Señores Magistrados,

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2007 Radicación nº 2.014 MLZA/tms 11