PGN - FUERZAS MILITARES - Definición de suboficiales técnicos de la fuerza aérea

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos

E. S. D.

REF.: Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Rafael Antonio Reyes García contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Penal Militar que lo condenó por los delitos de uso de documento público falso y abandono del servicio.

RAD. No.: 18.174

El Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, actuando como Juzgado de Primera Instancia, en sentencia del seis de julio de mil novecientos noventa y nueve condenó al procesado Rafael Antonio Reyes García, Técnico Segundo de la Fuerza Aérea, a la pena principal de dieciocho meses de prisión y a la accesoria de separación absoluta de las Fuerzas Militares e interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal, al encontrarlo responsable de los delitos de uso de documento público falso y abandono del servicio. Apelado el fallo por el defensor del procesado, el Tribunal Superior Militar, en sentencia del siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve confirmó la decisión tomada por el juez a quo. Contra la sentencia de segunda instancia el defensor del procesado interpuso el recurso extraordinario de casación, que luego sustentó con demanda que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las exigencias formales de ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal corresponde al Procurador Tercero Delegado en lo Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso interpuesto.

HECHOS El Técnico Segundo de la Fuerza Aérea, Rafael Antonio Reyes García adscrito al Comando Aéreo de Mantenimiento con sede en Madrid, Cundinamarca, dejó de asistir a su lugar de trabajo por más de diez días consecutivos a partir del diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete, y para justificar su inasistencia presentó una excusa médica de servicio expedida por el Hospital Militar, documento que resultó ser falso. 2 ACTUACION PROCESAL Con fundamento en la comisión ordenada por el Comandante del Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea en donde se relacionan los hechos que dieron origen al presente proceso, el Juzgado Cuarenta y Cuatro de Instrucción Penal Militar con sede en Madrid abrió investigación penal el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, providencia en la cual dispuso vincular, mediante indagatoria, al Técnico Segundo Rafael Antonio Reyes García. El dieciseis de abril de mil novecientos noventa y ocho fue oído en indagatoria el Técnico Segundo Reyes García quien fuera asistido en esta diligencia por un abogado designado por el sindicado. Con resolución del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho el Juzgado Cuarenta y Cuatro de Instrucción Pena Militar resolvió la situación jurídica al procesado e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de uso de documento público falso y abandono del servicio. Después de cerrada la investigación, el Comando Aéreo de Mantenimiento, actuando como Juez de Primera Instancia, profirió resolución el veintisiete de

mayo de mil novecientos noventa y nueve mediante la cual convocó a Consejo Verbal de Guerra sin intervención de vocales para juzgar la conducta del Técnico Segundo Rafael Antonio Reyes García por los delitos de abandono del servicio y uso de documento público falso. Terminada la audiencia, el Comando Aéreo de Mantenimiento, actuando como Juez de Primera Instancia, dictó sentencia el seis de julio de mil novecientos noventa y nueve, en la que condenó al procesado en los términos que anteriormente se dejaron reseñados. Apelada la sentencia de primer grado por el defensor del procesado, el Tribunal Superior Militar en sentencia del siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve la confirmó en los términos ya dichos. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION Con fundamento en la causal tercera de casación, el censor alega que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad por falta de competencia de la jurisdicción penal militar. 3 Alega el recurrente que el delito de uso de documento público falso fue cometido al margen de la misión castrense durante un período en el cual el procesado no estaba prestando servicios a la fuerza pública y que por lo tanto ha debido ser sometido al derecho penal común, según se pidió en las instancias con fundamento en las decisiones de la Corte Constitucional. Según lo afirma, el acusado fue reportado como retardado al servicio desde el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete y hasta el tres de octubre de los mismos mes y año, prueba suficiente para concluir que en esas fechas enunciadas no cumplía ninguna función del servicio ni tenía

relación con el mismo, ni había ningún nexo de causalidad, para que dicho punible sea tenido como del resorte de la justicia castrense. Finaliza su escrito aseverando que ante las violaciones denunciadas, la sentencia debe ser casada. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL La jurisdicción penal militar constituye una excepción constitucional a la regla del juez natural general y como excepción que es, su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma que es preciso, inicialmente, conocer el texto de la disposición para fijar luego su alcance. El artículo 221 de la Constitución Política establece: De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. De acuerdo con lo anterior, tres son los factores que determinan la competencia exclusiva de la jurisdicción militar: a) que el autor de un hecho punible sea miembro de la fuerza pública; b) que a más de esta calidad, el autor esté en servicio activo y c) que el delito que se le impute haya sido cometido en relación con el servicio. El demandante, con este fundamento constitucional, discute la competencia de la jurisdicción penal militar para juzgar el delito de falsedad en documento público imputada a Rafael Antonio Reyes García, aduciendo dos argumentos que afectan cada uno de los elementos determinantes de la competencia según está definida en la norma constitucional: a) que el procesado, al

momento de la realización del hecho, no se hallaba en servicio activo, y b) 4 que dada esta condición, el delito de falsedad en documento público no fue cometido en relación con el servicio. No obstante, en la presentación del cargo el recurrente no aborda el estudio separado de los distintos factores, sino que los confunde en uno solo, tal como se aprecia al decir que la decisión de la juez instructora que rechazó la incompetencia propuesta, desconoció que Reyes García no se encontraba en servicio, más bien retardado a él y en ese lapso cometió el hecho y, por lo tanto, que su conducta no guarda relación con los actos inherentes al servicio. Obviamente esta conjunción de proposiciones resta claridad a la demanda, porque, entonces, para una correcta respuesta debería desbrozarse lo concerniente a la prestación del servicio por parte del acusado, primero, y luego, en caso de que se determine que Reyes García estaba en servicio activo, hacer el análisis acerca de la relación que pueda tener el delito de falsedad con ese servicio. En todo caso, delimitados así los temas de análisis, el Procurador Delegado hará una breve referencia a ellos, para demostrar que ni aun en el caso de que la demanda se ajustara a las reglas técnicas, podría prosperar. Para determinar si Reyes García se hallaba en servicio activo al momento de la realización de la conducta punible que se le imputa, es preciso tener en cuenta el Estatuto de Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, contenido en el Decreto 1211 de 1990. En él no se define lo que es el servicio activo, aun cuando sí se describen las diferentes situaciones

administrativas del personal de las fuerzas militares y se establece en qué condiciones una persona entra a prestar su servicio en la citada sección de la fuerza pública. En lo que tiene que ver con los suboficiales técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana, el artículo 18 del mencionado decreto los define como todos aquellos formados, entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar con los oficiales en la ejecución de las operaciones aéreas y cumplir funciones complementarias o de mantenimiento, tanto en tierra como a bordo de las aeronaves militares. Estos suboficiales, como el resto de los miembros de las fuerzas militares, se vinculan al servicio de acuerdo con las reglas legales y desde el momento de su ingreso, hasta el de su retiro definitivo, deben considerarse como suboficiales en servicio activo, esto es, como servidores públicos que cumplen funciones constitucionales y legales y están atados al reglamento y demás disposiciones legales, hasta tanto sean separados absolutamente del 5 servicio o retirados de él en los términos de los artículos 128 y 144 del citado decreto. El artículo 128, en efecto, dispone: Retiro. Retiro de las fuerzas militares es la situación en que por disposición del Gobierno para Oficiales a partir del grado de Coronel o Capitán de Navío o por Resolución Ministerial para los demás grados, o del Comando de la respectiva fuerza para Suboficiales, unos y otros, sin perder su grado militar, cesan en la obligación de prestar servicio en actividad, salvo en los casos de reincorporación, llamamiento especial al servicio, o movilización...

Por su parte, el artículo 144 establece: Separación absoluta. Cuando el Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares sea condenado a la pena principal de prisión por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, salvo el caso de condena por delitos culposos, será separado en forma absoluta de las Fuerzas Militares y no podrá volver a pertenecer a las mismas.... De acuerdo con las disposiciones anteriores, el concepto de servicio activo debe entenderse como aquella situación en la que se encuentra un miembro de las fuerzas armadas desde el momento de su incorporación al servicio, hasta aquél en el que, en caso de los suboficiales, el Comandante de la respectiva fuerza, mediante una resolución, disponga la situación de retiro, o hasta cuando un juez ordene la separación absoluta del Suboficial y se expida el acto administrativo correspondiente. Todas las demás vicisitudes que se presentan en el cumplimiento del servicio están cobijadas por las distintas situaciones administrativas del personal y, aun cuando algunas de ellas excusan la prestación del servicio, esto es, el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, no ponen fin a la condición de servicio activo. Pues bien, está acreditado en el expediente que Reyes García había sido vinculado al servicio activo en la Fuerza Aérea Colombiana desde el primero de marzo de mil novecientos noventa y ocho y que, como técnico segundo tomó posesión del cargo el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco al haber sido ascendido mediante resolución 043; también que para el día dieciseis de diciembre de mil novecientos noventa y siete continuaba al

servicio de la Fuerza Aérea Colombiana en el grado de T2, como Suboficial técnico, de manera que no se había producido su desvinculación ni por una 6 situación de retiro, ni por una decisión judicial que ordenara su separación absoluta de la fuerza pública. Impónese concluir, en consecuencia, que el procesado se hallaba en situación de servicio activo y, como tal, reúne la condición establecida en la norma constitucional para hacer aplicable el fuero de juzgamiento, máxime si se tiene en cuenta que, justamente, su conducta consistió en un abandono del servicio que configura, objetivamente, el tipo penal descrito en el artículo 126 del Código Penal Militar por haber abandonado los deberes propios del cargo por más de diez días consecutivos. La evidencia de este comportamiento da también la dimensión de su relación con el servicio. Reyes García abandonó los deberes propios de su cargo por un período superior a los diez días y, para cubrir su falta, presentó la excusa del servicio por razones médicas contenida en un documento oficial falso, esto es, la conducta delictiva tiene ocurrencia con estrecho ligamen con el servicio público que le había sido encomendado al acusado. No puede perderse de vista, a este propósito, que el cargo desempeñado por el suboficial procesado le imponía, junto con los deberes propios de su especialidad y las funciones propias del empleo, la obligación de acatar unos especiales procedimientos reglados para la comprobación de las diferentes situaciones administrativas en las que pudiera encontrarse respecto de la Fuerza Aérea Colombiana. Estos procedimientos, si bien participan de la general naturaleza

administrativa de los actos que rigen la administración pública, tienen una condición particular en tanto que pertenecen a una rama especial de ella, la fuerza pública, que está regida por sus propias reglas, procesos y procedimientos encaminados a preservar los valores particulares de la función militar, tales como la obediencia, la disciplina, la continuidad, el apego a la estricta legalidad, etc. Estas condiciones hacen que las actividades que se cumplen en el ejercicio del servicio activo por los militares, estén relacionadas con la función constitucional especialísima que se les ha asignado y, por ello, no pueden desligarse del servicio activo como elemento fundamental del fuero que ampara a los militares. La relación del acto de falsificación con el servicio activo es, por lo tanto, innegable y, con ello, el fundamento del segundo de los factores que fue discutido en la demanda y que determina la vigencia del fuero constitucional. 7 Así las cosas, sin más razonamientos se ve manifiestamente que la demanda no merece ser estimada. PETICION Sea lo anterior suficiente para que la Procuraduria Tercera Delegada en lo Penal, solicite a la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados,

IVAN GONZALEZ AMADO

Procurador Tercero Delegado en lo Penal Bogotá, D. C., 24 de junio de 2003

RAD. No.: 18.174.