PGN - HONORARIOS - No existen disposiciones obligatorias que se refieran a su fijación en

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación: 052-8463-2005

Disciplinado: REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON

Cargo: GERENTE HOSPITAL JOSÉ MARIA HERNANDEZ DE MOCOA

Quejoso: INFORME SERVIDOR PÚBLICO

Fecha Queja: 09/06/2005

Fecha Hechos: 01/06/2003

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá D. C., 19 de mayo de 2008 Procede esta Delegada a desatar el recurso de APELACIÓN interpuesto por la disciplinada REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, en su condición de Gerente de la E.S.E Hospital José María Hernández de Mocoa, contra el fallo de primera instancia proferido el 22 de agosto de 2007 por la Procuraduría Regional de Putumayo que impone sanción en su contra de DESTITUCIÓN DEL CARGO e INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ (10) AÑOS (fls. 481 a 499 cuaderno principal 1). I . ANTECEDENTES 1.1 Cargos Mediante providencia del 29 de noviembre de 2006, la Procuraduría Regional de Putumayo elevó cargos contra REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON (fls. 406 a 417 cuaderno principal 1), así: “Haber suscrito el día 1º de junio de 2003, con el doctor RODOLFO CORTES CORREA, los Contratos Nos 772 como Asesor Jurídico externo, con un plazo de cinco meses, por valor de $15.000.000 y el contrato No. 773 para representar a la ESE Hospital José Maria

Hernandez de Mocoa, en todos los procesos que concierne a la recuperación de la cartera en mora que se adeude a la entidad contratante, pro valor del 25% como cuota litis del valor recuperado de cada cuenta de la cartera, por un plazo de un ano, lo que ocasiono un detrimento de las arcas de la Institución hospitalaria que regentaba, favoreciendo al doctor RODOLFO CORTES CORREA y permitiendo que este, incrementara injustificadamente su patrimonio, pues, la doctora Nancy Yolanda Fajardo Acosta, venia realizando estas actuaciones través de los contratos de prestación de servicios cuyo valor ascendía a $2.000.000 mensuales, de conformidad con lo señalado en las condiciones de este proveído”. 1.2. Descargos y Alegatos de Conclusión Al ser notificada del pliego de cargos, la doctora REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, presentó su escrito de defensa (folios 422 al 429 del cuaderno principal 1), argumentando lo siguiente: Que suscribió los contratos 772 y 773 el 1º de junio de 2003, con el doctor RODOLFO CORTES CORREA, el primero de asesoría jurídica y el segundo, para el recaudo de la Pág. No.1 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. cartera en mora, pero que el estatuto contractual de la ESE no prohíbe celebrar dos contratos con la misma persona. Que en la ESE Hospital José Maria Hernandez de Mocoa no existía para esa época el cargo de abogado, o quien pudiera recuperar la cartera morosa.

Que la doctora Fajardo, no estaba contratada para recuperar la cartera en mora, su contrato de prestación de servicios era para la asesoria jurídica en asuntos laborales, de contratacion, asesoria jurídica para el cobro prejuridico, representación judicial de la empresa. Añade que la asesoria para el cobro prejuridico es diferente de la obligación expresa de recuperación de cartera, entonces es muy diferente al objeto del contrato Nº 773. Dice además que el contrato Nº 773, se celebro con el fin de recuperar la cartera y no con el único fin de llevarse a cabo la conciliación prejudicial del 14 de julio de 2003. Que la Junta Directiva de la ESE Hospital José Maria Hernandez, el 31 de mayo de 2003, en acta Nº 036, recomendó a la gerencia, la adopción de una política agresiva de recaudo de personal especializado en cobros jurídicos por el sistema de cuota litis. Que la recuperación de cartera es de resultados, y que en el presente caso no se puede hablar de detrimento porque la entidad no sufrió una merma injustificada con los contratos en cuestión, porque los precios se ajustan al mercado, según el Colegio Nacional de Abogados. Agregando que no hubo un incremento injustificado del patrimonio del abogado Cortés. En cuanto al favorecimiento señaló que no se le indica norma presuntamente violada en este sentido, y anota que la contratacion de la ESE debe ceñirse a su propio manual de contratacion y al Derecho Privado. Afirmando que no hay impedimento legal para este tipo de contratos. Igualmente en los alegatos de conclusión presentados por la disciplinada (fls. 474 a 477 cuaderno principal 1), manifestó que era de suma importancia tener en cuenta el acta No.

036 del 3 de julio de 2003 donde se recomienda adoptar una política agresiva de recaudo de cartera que garantice la liquidez de la entidad con la contratacion de personal especializado en cobros jurídicos. También señaló que la declaración del Coordinador de la Unidad Funcional de recursos financieros del hospital presentaba un informe técnico sobre el comportamientos de los recaudos demostrando el aumento de recaudos y la efectividad de la recuperación de cartera del doctor CORTES CORREA. Finaliza insistiendo en los argumentos de defensa expuesto en los descargos, relacionados con la necesidad de celebrar el contrato, que no existía contrato en la empresa con el objeto de recuperación de cartera en mora; que dichos contratos fueron avalados por la junta directiva, que no existió ningún tipo de favorecimiento al Dr. RODOLFO CORTES, ni de detrimento del patrimonio de la entidad, lo que se demuestra con los informes financieros de la misma. 1.3 Fallo de primera instancia Pág. No.2 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. El Procurador Regional de Putumayo mediante providencia del 22 de agosto de 2007, profirió fallo de primera instancia en el que resolvió sancionar a REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, en su condición de Gerente de la ESE Hospital José Maria Hernandez de Mocoa con DESTITUCIÓN DEL CARGO E INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ (10) AÑOS (fls. 481 a 499 cuaderno principal 1). En dicha providencia el A Quo consideró que se encontraba probada la conducta imputada

a la disciplinada teniendo en cuenta que la disciplinada había suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales No. 772 del 1º de junio de 2003 con RODOLFO CORTES CORREA por valor $15.000.000, y el mismo día había celebrado con la misma persona el contrato No. 773, para representar a la entidad en todos los procesos relacionados con la recuperación de cartera morosa, por valor del 25% como cuota litis del valor recuperado por un plazo de un año. Respecto de los argumentos de defensa de la señora MUÑOZ CERON, el A Quo manifestó que de acuerdo con lo expuesto en el pliego de cargos las presentes diligencias se centraron en los antecedentes de la firma de la Conciliación Extrajudicial del 14 de julio de 2003, ante el señor Procurador 35 Judicial en Asuntos Administrativos y en otras actuaciones concretas del señor Cortés Correa. En cuanto al informe de recaudo al que se refiere la disciplinada en su defensa, el A Quo señala que las pruebas allegadas llevan a concluir que este argumento es valido, sin embargo el reproche que se hace en su contra no se refiere a la efectividad o no de la recuperación de cartera contratada. En lo atinente a que la abogada Nancy Fajardo no fue contratada para la recuperación de cartera en mora, manifestó el A Quo que bajo el entendido de que uno de los objetos del contrato era la asesoría jurídica para el cobro prejuridico de las obligaciones a favor de la empresa, la representación judicial de la empresa mediante poder debidamente otorgado

por el representante legal de la misma ante diferentes instancias judiciales y de vigilancia y control, la doctora Nancy Yolanda Fajardo Acosta solicitó la conciliación prejudicial relacionada con la deuda de DASALUD y de no haberse conciliado debía haberse acudido al Tribuna Contencioso Administrativo eventualidad que no estaría prevista en el objeto del contrato a que alude la disciplinada. Pero que de acuerdo con lo señalado por Nancy Yolanda Fajardo en su versión libre rendida en la Contraloría Departamental estas actuaciones las venía desarrollando a través de los contratos de prestación de servicios de valor de $2.000.000. También consideró el A Quo que el doctor RODOLFO CORTES CORREA, no había elaborado la solicitud de conciliación, no había asistido a la conciliación iniciada en el mes de abril de 2003, donde la representante de DASALUD, manifestó que existía animo conciliatorio y solicitó un termino de dos o tres meses, para contar con la disponibilidad respectiva, así solamente continúo con la diligencia de conciliación el 14 de julio de 2003, en la que el apoderado de DASALUD - Putumayo manifestó que existía animo conciliatorio y estaban dispuestos a pagar el capital, a lo cual el doctor CORTES CORREA, se limitó a manifestar que "Teniendo en cuenta el animo conciliatorio y la propuesta de DASALUD considero que aunque el no pago de los intereses genera un detrimento a la empresa social del estado, en este momento el hospital necesita liquidez para seguir prestando el servicio que es inmediata, razón por la cual siempre y cuando se respete el pago inmediato Pág. No.3

Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. una vez homologada la conciliación el hospital acepta la propuesta de DASALUD Putumayo”. No fueron de recibo para el A Quo, los argumentos de la doctora REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, en el sentido de que no se presentó ningún detrimento a las arcas del hospital, porque consideró evidente la diferencia en el pago por la firma de la mencionada conciliación, a pesar de que la propuesta presentada por Nancy Fajardo para seguir prestando sus servicios era por $5.000.000 lo que es una diferencia considerable frente a los $24.783.110 que recibió el doctor CORTES CORREA. Igualmente señaló el A Quo que el abogado Rodolfo Cortés Correa había recibido el pago de $5.700.435 por el pago de DASALUD de $22.801.742 en respuesta a un oficio del 28 de noviembre de 2003; que con el Director de DASALUD también suscribió la Diligencia de transacción de pago de obligaciones por prestación de servicios del Hospital José María Hernández de Mocoa al Departamento Administrativo de Salud de Putumayo el 30 de abril de 2004, en la que acordaron el pago de $67.926.668 por servicios durante la vigencia 2003, más no el pago de intereses, por dicha actuación el abogado recibió $16.981.667. En lo que tiene que ver con las preguntas sobre el impedimento legal de haber contratado los servicios del abogado , recalca el fallo de primera instancia que no se hizo ningún señalamiento en ese sentido, pues aunque se dijo que la disciplinado, siendo directora de

DASALUD había suscrito varios contratos con el Doctor CORTES CORREA, así como con el doctor Libardo Hernandez Burbano, para la investigación de esos hechos se ordenó en el pliego de cargos compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria Nariño. Además dice el A Quo que ello ilustra que entre REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON y los abogados RODOLFO CORTES CORREA y LIBARDO HERNANDEZ BURBANO, mantenían una estrecha relación laboral en las diferentes entidades en las que era ordenadora del gasto y no se explica el A Quo la facilidad con la que el abogado CORTES CORREA logró los diferentes pagos por parte de DASALUD sin el pago de intereses o al menos parte de ellos, de donde dedujo el A Quo que los contratos en cuestión se suscribieron para favorecer al doctor Rodolfo Cortés Correa e incrementar su patrimonio injustificadamente. A partir de lo anterior, el A Quo encontró que la disciplinada se encontraba incursa en responsabilidad disciplinaria porque no logró desvirtuar ni justificar el proceder irregular que se le incrimina. Calificando la falta como gravísima cometida a titulo de dolo y la sanción impuesta en su contra fue la DESTITUCIÓN DEL CARGO e INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ (10) AÑOS (fls. 481 a 499 cuaderno principal 1). 1.4. De la apelación Una vez notificado el fallo de primera instancia la disciplinada interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, sustentándolo en los siguientes argumentos (fls. 503 a 509 cuaderno principal 1):

Señala que en el fallo sancionatorio la argumentación se centró en el tema probatorio, pero al momento de realizar la valoración, se omitió llevarlo a la realidad del proceso. Pág. No.4 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. Que se desarticuló el acervo probatorio al afirmar en la pagina 14 del fallo en mención en el párrafo cuarto, que "de conformidad con las pruebas allegadas al respecto, lo señalado por la doctora REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, en este sentido, nos lleva a concluir que el argumento es válido, sin embargo, el juicio de reproche, que se hace en el pliego de cargos, no se refiere a la efectividad o no de la recuperación de cartera contratada con el doctor RODOLFO CORTES CORREA, como se dilucido en apartes anteriores". Insiste el apelante en que las pruebas deben analizarse en su conjunto y no solo tener en cuenta unas y otras descartarlas como aquellas en las que demostró que no hubo un injustificado incremento del patrimonio ni propio ni de un tercero, ya que la ejecución del contrato fue real y efectiva. Principio previsto en el Art. 141 de la ley disciplinaria. Agrega que el operario de primera instancia realiza suposiciones al decir que la abogada Fajardo de acuerdo a su contrato hubiese recibido la suma de $20.000.000 y el doctor Cortes recibió la suma de $62.464.780, ya que no se tuvo en cuenta que los servicios de la Dra. Fajardo , de acuerdo con su propuesta serían por $5.000.000, de acuerdo a lo

manifestado por ella en la diligencia de versión libre rendida ante la Contraloría como consta a folios 56-58 del expediente, entonces lo cobrado por ella era $55.000.000, independientemente de la efectividad del recaudo. Cuestiona entonces el detrimento, cuando al dr. Cortes se Ie pagó por resultados y solo así recibió su retribución, mientras no fuese efectivo no hay pago alguno. Agrega que el contrato de prestación de servicios con la doctora Fajardo en la cláusula de "VALOR Y FORMA DE PAGO" reza si la "EMPRESA Y LA ABOGADA acuerdan extender el servicio de asesoria a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la primera cláusula, la remuneración de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto de honorarios que perciba la ABOGADA habitualmente" y concluye que ante el cobro de la cartera, que era una obligación no pactada en la cláusulas del contrato, se estaría frente a una negociación diferente para el pago por esta actividad o posiblemente ante una eventual demanda por parte de la abogada para el pago de unos honorarios. Dice que también es suposición, sostener que la doctora Fajardo hubiera conseguido la conciliación prejudicial aludida, y solo se Ie hubiese pagado la suma de $2.000.000, pues no hay certeza al respecto. Insiste en que todas las pruebas hay que analizarlas en su conjunto y de manera integral, y el hilo conductor debe de ir a su inicio, es decir el porqué de la necesidad de contratar a un abogado con experiencia para el cobro de cartera, pues una vez posesionada se había

realizado un diagnostico de la sostenibilidad financiera, modernización y desarrollo institucional del hospital, y entre otras cosas se evidencio una cartera morosa consolidada desde el año 1997 hasta el 30 de abril de 2003, por valor de $3.329.127.721, de la cual el 65%, o sea $2.188.000.000 correspondía a vigencias anteriores y $1.112.000.000 con posibilidad de caducidad de la acción. Reitera que por eso la Junta Directiva (máximo organismo de la ESE), en acta 036 de 31 de Mayo de 2003, recomendó a la Gerencia, la adopción de una política agresiva de recaudo de cartera con personal especializado en cobros por el sistema de cuota litis. Además recalca que se demostró que la gestión adelantada fue la correcta tal como se demostró en el acta Nº 001 del 18 de marzo de 2004. Pág. No.5 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. Agrega que el contrato de la Dra. Fajardo decía "asesorar", expresión que conlleva a sugerir, recomendar, aconsejar, orientar, es decir de acuerdo a las normas de empleo público no son operativas, y a la primera instancia esto no Ie fue muy claro. Respecto del cuestionamiento de la Primera instancia sobre la facilidad con la que se lograron los pagos de DASALUD, dice que se hace de tal forma que descalifica y desmerita el trabajo logrado por el Dr. Cortes, sin fundamento legal ni probatorio. Señala que bajo el argumento de "estrecha relación laboral" el A Quo infiere el favorecimiento hacia el Dr.

Cortes; frente a lo cual aclara la disciplinada que los contratos se suscribieron bajo los procedimientos del estatuto contractual, lo cual no mereció reparo alguno. La señora MUÑOZ CERON dice que la primera instancia se limita a decir que existía una estrecha relación laboral para hablar de favorecimiento, siendo esto una manifestación de la subjetividad del operario al anteponer la palabra "estrecha" a relación laboral, porque no hay razones para ser enemigos al terminar una relación laboral. Que ni en el estatuto contractual de la entidad ni en el Estatuto General de Contratacion (ley 80 de 1993) existe prohibición para celebrar contrato con una persona con la cual haya contratado siendo representante legal de otra entidad. Por otra parte, señala que es principio universal que es mejor un buen arreglo que un mal pleito y hoy es admisible hacer uso de todos los medios alternativos para solucionar conflictos o divergencias, y si el Dr. Cortes logró hacer uso de la conciliación, transacción, esto hizo parte de su buena gestión sin que sean medios ilícitos. Adicionalmente resalta la apelante que al analizar el tipo disciplinario, no se hizo referencia a que toda la conducta desplegada fue en beneficio de la ESE, bajo las indicaciones dadas por la Junta Directiva, que lo que se pagó por honorarios fue producto del trabajo realizado por el Dr. Cortes en la ejecución del objeto contractual. Concluye afirmando que no existió ningún tipo de favorecimiento ya que se observaron las formas propias del estatuto de contratacion del hospital, ni excesivo pago de honorarios, ya que se observaron los precios del mercado y el porcentaje establecido fue conforme a las tarifas reguladas por el Colegio Nacional de Abogados.

Manifestó que su conducta siempre estuvo precedida por el interés general y bajo la plena convicción que no era contraria a la ley. Y que en el acápite del análisis de la culpabilidad en el fallo, se limitó a decir que la conducta es dolosa porque la actuación de la disciplinada estuvo precedida de motivaciones innobles y dirigida a favorecer los intereses del doctor RODOLFO CORTES CORREA ya que de vieja data mantenían una estrecha relación laboral, cuando el hecho de haber trabajado en otra administración con el contratista no Ie quita validez ni legalidad a las actuaciones, sin que con ello quebrante los deberes funcionales de la apelante porque su actuar estuvo acorde a las directrices de la Junta Directiva.

2. CONSIDERACIONES 2.1 Analizada la documentación arrimada al plenario, no observa la Delegada que exista causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, pues el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 150

Pág. No.6 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a la garantía de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte anomalía ninguna, pues la disciplinada fue notificada de todas las providencias proferidas en el proceso, como consta a folios 283, 419, 440, 472 y 502 del cuaderno principal 1. La disciplinada ejerció su derecho de defensa presentando descargos, en los cuales aportó y solicitó la practica de pruebas (fls. 422 a 431 cuaderno principal 1), y alegatos de

conclusión (fls. 474 a 477 cuaderno principal 1) e interponiendo el recurso de apelación que aquí se estudia (fls. 503 a 509 cuaderno principal 1). Atinente al caudal probatorio, pertinente se torna resaltar que los medios demostrativos recaudados cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. No habiendo razones para decretar la nulidad del presente proceso disciplinario, de conformidad con las causales previstas para ello en el artículo 145 del Código Disciplinario Único, procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia proferida el 22 de agosto de

2007. 2.2 Del Cargo Único De conformidad con el contenido del pliego de cargos del 29 de noviembre de 2006, las presentes diligencias se adelantan contra REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, como Gerente de la ESE Hospital José Maria Hernández de Mocoa, por: “Haber suscrito el día 1º de junio de 2003, con el doctor RODOLFO CORTES CORREA, los Contratos Nos 772 como Asesor Jurídico externo, con un plazo de cinco meses, por valor de $15.000.000 y el contrato No. 773 para representar a la ESE Hospital José Maria Hernandez de Mocoa, en todos los procesos que concierne a la recuperación de la cartera en mora que se adeude a la entidad contratante, pro valor del 25% como cuota litis del

valor recuperado de cada cuenta de la cartera, por un plazo de un ano, lo que ocasionó un detrimento de las arcas de la Institución hospitalaria que regentaba, favoreciendo al doctor RODOLFO CORTES CORREA y permitiendo que este, incrementara injustificadamente su patrimonio, pues, la doctora Nancy Yolanda Fajardo Acosta, venía realizando estas actuaciones través de los contratos de prestación de servicios cuyo valor ascendía a $2.000.000 mensuales, de conformidad con lo señalado en las condiciones de este proveído”. a) Lo que está probado. Respecto de la conducta imputada a la disciplinada, en el expediente se encuentran probados los siguientes hechos: De conformidad con lo informado por la Secretaria de la Unidad Funcional de Recursos Humanos de la empresa social del Estado Hospital José Maria Hernandez, el 27 de abril de 2006, desde el 29 de abril de 2003 y hasta esa fecha, REINA Pág. No.7 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. ÁNGELA MUÑOZ CERON, ejercía las funciones de Gerente de esa entidad (fls. 116 a 119 cuaderno principal 1). Que REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, como representante legal de la empresa social del Estado Hospital José Maria Hernandez de Mocoa, el 1º de junio de 2003, suscribió con RODOLFO CORTES CORREA, el contrato de prestación de servicios profesionales con formalidades plenas No. 772, por medio del cual el contratista se obliga para con la entidad a poner a su servicio sus conocimientos profesionales en

su calidad de Asesor Jurídico Externo, correspondiéndole asesorar jurídicamente a la Gerente de la Empresa; expedir los conceptos jurídicos que solicite la empresa; y, asesorar a la oficina de control interno disciplinario. El valor total del contrato es de $15.000.000, a razón de $2.500.000 mensuales y el plazo para su ejecución era de 6 meses contados a partir del 1º de junio al 30 de noviembre de 2003 (fls. 63 a 64 cuaderno principal 1). Que REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, como representante legal de la empresa social del Estado Hospital José Maria Hernandez de Mocoa, el 1º de junio de 2003, suscribió con RODOLFO CORTES CORREA, el contrato de prestación de servicios profesionales con formalidades plenas No. 773, por medio del cual el contratista se obliga a representar a la ESE Hospital José Maria Hernandez en todos los procesos que concierne a la recuperación de cartera en mora que se adeude a la entidad contratante. Se pactó como forma de pago que la ESE cancelaría el 25% como cuota litis del valor recuperado de cada cuenta de la cartera que haya sido recuperada mediante cobro prejuridico, jurídico, por conciliación prejudicial, por demanda o cualquier otra forma o acuerdo de pago donde intervenga el contratista como apoderado de la Empresa (fls. 35 a 36 cuaderno principal 1). Que en acta No. 036 de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la ESE José Maria Hernandez, del 3 de julio de 2003, se recomendó a la Gerencia de esa

entidad “Adoptar una política agresiva de recaudo de cartera, que garantice la liquidez de la empresa. – Contratación de personal especializado en cobros jurídicos, por el sistema de cuota lites (sic).” (fls. 443 a 446 cuaderno principal 1). Que en acta No. 045 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la ESE José Maria Hernandez, del 18 de marzo de 2004, consta que el Doctor Ramirez, Director de DASALUD Putumayo, sugirió que se contratara el cobro de cartera por cuota litis y que se podía pagar hasta el 30% para recuperar esa cartea, sugerencia que fue aceptada por los miembros de la Junta Directiva (folio 451 cuaderno principal 1). Que la Subgerente Científica de la ESE Hospital José Maria Hernandez, elaboró estudio de necesidad en el que recomienda la contratacion de un abogado para que pusiera al servicio de la entidad sus conocimientos profesionales como asesor jurídico externo por 6 meses y por valor de $15.000.000 (fls. 192 a 193 cuaderno principal 1). Que REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, como representante legal de la empresa social del Estado Hospital José Maria Hernandez de Mocoa, el 1º de mayo de 2003, suscribió con NANCY YOLANDA FAJARDO ACOSTA, el contrato de prestación de servicios profesionales con formalidades plenas No. 561, por medio del cual la Pág. No.8 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. contratista prestaría asesoría jurídica a la ESE en los siguientes asuntos: A)

Relaciones laborales de la Empresa con sus servidores. ) Contratación de LA EMPRESA con terceros. C) Emitir conceptos jurídicos sobre el manejo administrativo que LA EMPRESA le consulte. D) Asesoría jurídica para el cobro prejuridico de las obligaciones a favor de LA EMPRESA E) Representación judicial de LA EMPRESA mediante poder debidamente otorgado por el representante de LA EMPRESA ante las diferentes instancias judiciales y de vigilancia y control (fls. 54 a 55 cuaderno principal 1). Que las actividades realizadas por NANCY YOLANDA FAJARDO ACOSTA, según su versión libre rendida el 15 de marzo de 2005 en la Contraloría Departamental de Putumayo, eran: “prestaba la asesoría en todos los aspectos jurídicos que me solicitara por parte de la gerencia y de los demás funcionarios del nivel directivo igualmente me correspondía realizar cobros prejuridicos de la cartera del Hospital José Maria Hernandez, representar judicialmente al hospital José Maria Hernandez tanto en los asuntos donde fuera demandante o demandada, también hacia las solicitudes de conciliaron prejudicial en los asuntos donde se buscaba inicialmente por esta vía lograr el pago de la cartera, conceptualizaba respecto a los contratos que realizaba la empresa, elaboraba modelos de minutas, resoluciones, les prestaba el apoyo en asesoría jurídica a la Junta Directiva, daba capacitación a los trabajadores y todo lo que se me solicitaba que fuera del aspecto jurídico asesoraba en al parte de investigación disciplinaria, asesoraba a los comités entre ello el de compras sobre que deberían tener en cuenta al momento de seleccionar un contratista, que se

analizara que cumplieran con los requisitos exigidos al contratista; de todas mis actuaciones presentaba los respectivos informes” (folio 56 cuaderno principal 1). Que el retiro de NANCY YOLANDA FAJARDO obedeció a que “se hizo una propuesta de seguirle prestando mis servicios por unos honorarios de cinco millones de pesos mensuales con el compromiso de tenerle un abogado que estuviera pendiente de los asuntos administrativos y las conciliaciones prejudiciales en la ciudad de Pasto, por cuanto las conciliaciones se realizan en la procuraduría judicial delegada ante el tribunal y los procesos que cursan en el tribunal contencioso Administrativo y otra abogada que supliera mi ausencia cuando no pudiera estar presente y la suscrita quien me encargaba de coordinar y prestar todo la asesoria; esto incluía todo el trabajo que venia realizando, sin embargo la respuesta fue que no era posible por que la empresa no contaba con esos recursos por cuanto manifestó que mi propuesta se doblaba a lo que se me venia cancelando y que estaban en una política e austeridad del gasto y que me agradecía pero que no era posible; así las cosas agradecí la oportunidad brindad y rendí el informe final” (fls. 56 a 57 cuaderno principal 1). Que NANCY YOLANDA FAJARDO ACOSTA, como apoderada de la ESE Hospital José Maria Hernandez de Mocoa presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el Procurador 35 Judicial 35 delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño para el pago de $127.256,449 a favor de esa entidad y a cargo de DASALUD Putumayo (fls. 43 a 46 cuaderno principal 1). Solicitud que fue admitida y se fijó como

fecha para realizar la audiencia el 9 de abril de 2003 (folio 47 cuaderno principal 1). Fecha en la que se realizó la audiencia pero esta fue aplazada a solicitud de la apoderada de DASALUD quien manifestó que le asistía animo conciliatorio y solicito Pág. No.9 Expediente No. 052-8463 Carmen Rosa Ávila R. se aplazara la diligencias un termino prudencias de dos o tres meses con el fin de que existiera disponibilidad presupuestal para hacer el ofrecimiento respectivo. Se fijo como fecha de audiencia el 11 de julio de 2003 a las 3 p.m. (fls. 48 a 49 cuaderno principal 1). El 11 de julio de 2003 REINA ÁNGELA MUÑOZ CERON, revocó el poder a NANCY YOLANDA FAJARDO y confirió poder amplio y suficiente a RODOLFO CORTES CORREA, para que continuara con la representación de la ESE Hospital José Maria Hernandez de Mocoa dentro de ka conciliación extrajudicial No. 1220 Hospital José Maria Hernandez de Mocoa Vs. DASALUD (folio 50 cuaderno principal 1). En el acta de conciliación de la continuación de la Diligencia de Conciliación Extrajudicial No 077, realizada el 14 de julio de 2003, participó RODOLFO CORTES CORREA en representación de la ESE Hospital José Maria Herna