PGN - HURTO - Diferencia con el hurto violento impropio

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dra. Eva Marina Pulido de Barón

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de casación Rad. No. 21520

Mediante sentencia del 21 de abril de 2003 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín condenó al procesado Horacio Flores Nieto por los delitos de Hurto Calificado Agravado y Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y lo absolvió en relación con la triple conducta punible de Secuestro Simple. De la última determinación apeló la Fiscalía y el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial la revocó y en su lugar condenó también al sentenciado por el concurso de delitos contra la libertad individual. En ejercicio del derecho de impugnación su defensora, inconforme con la declaración de responsabilidad en relación con el Secuestro Simple interpuso el recurso extraordinario de casación y sobre la viabilidad de la demanda que presentó, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal, emite concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- CONTEXTO SITUACIONAL.

En horas del mediodía del 13 de marzo de 2002, Nevardo Alonso Álvarez Metrio y Luís Gonzalo Oliveros Higuita, acompañados del escolta Víctor Alexander Moreno Rivera, transportaban un cargamento de harina de maíz avaluado en ocho millones de pesos en el camión marca Dodge 350, modelo 1980 de placas LXG-311, y cuando transitaban por la Carrera 50 FF con Calle

10 Sur de la nomenclatura urbana de Medellín un sujeto provisto de un arma rustica de fuego aprovechando el aviso de parada del semáforo los obligó a tomar la ruta de la Avenida Guayabal. Allí fueron obligados a bajar del automotor mientras otro individuo tomó su conducción, 2 y posteriormente a subir intimidados a otro vehículo, tipo taxi, en el cual fueron movilizados con destino a un barrio de la ciudad, pero al llegar a la Carrera 5ª con Calle 25 uno de ellos pidió auxilio a los agentes del reten vial de Policía, que los liberaron y lograron la captura con el arma de quien posteriormente se identificó con el nombre de Horacio Flores Nieto. El camión fue hallado en las horas de la noche cerca de una Estación de Policía, por los lados del barrio “Villatina”, sin el cargamento, ni el juego de herramientas de propiedad del conductor. 2.- RESOLUCIÓN DOGMÁTICA Vinculado mediante indagatoria, en dicha diligencia se le puso de presente la imputación jurídica provisional de los delitos de Hurto Calificado Agravado y Tenencia de Armas, por los cuales posteriormente se dictó en su contra detención preventiva sin derecho a excarcelación. Más tarde se amplió su declaración en la que además se añadió la imputación jurídica del delito de Secuestro Simple y la medida de aseguramiento se adicionó con el concurso de esta especie delictiva. El defensor la discutió, pero la Fiscalía que la profirió no accedió a su reposición y mantuvo en firme dicha determinación judicial, como también la confirmó en su integridad la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín,

al desatar el recurso subsidiario de apelación. Subsiguientemente, tras el cierre de la investigación, el mérito probatorio del sumario se calificó mediante providencia del 3 de octubre de 2002, con Resolución de Acusación, por “los delitos de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO en contra de los intereses patrimoniales de LUIS HORACIO VELÁSQUEZ, INDUSTRIAS COLMAIZ y NEBARDO ALONSO ALVAREZ; SECUESTRO SIMPLE en contra de las libertades individuales de NEBARDO ALONSO ALVAREZ METRIO, LUIS GONZALO OLIVEROS y VICTOR ALEXANDER MORENO, y, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO para la defensa personal en contra de la SEGURIDAD PÚBLICA, en concurso material, heterogéneo y sucesivo, hechos contemplados respectivamente en el Código Penal Colombiano en su Libro II, Título VII, Capitulo I; Libro II, Título III, Capitulo II, y, Libro II, Título XII, Capitulo II”. En firme la acusación en la primera instancia por no haber sido objeto de impugnación, la etapa procesal del juicio se adelantó normalmente y el Juzgado 6° Penal del Circuito de Medellín, absolvió a Horacio Flórez Nieto en relación 3 con el triple delito de Secuestro Simple, en cambio que lo condenó únicamente por el Hurto Calificado, Agravado, y Porte Ilegal de armas de fuego de defensa personal. En virtud del recurso de apelación el fallo llegó al conocimiento del Tribunal Superior de Medellín, que conforme a la solicitud del recurrente mediante

sentencia del 21 de abril de 2000 lo revocó parcialmente y condenó también al procesado por el concurso de delitos de Secuestro Simple, con la consiguiente modificación de la pena, que fijó en veinte (20) años de prisión, la de multa equivalente a setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales y la accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad.

3.- LA DEMANDA.

Contra la expresada sentencia de segunda instancia a nombre y representación del único procesado se interpone el recurso de casación por un sólo motivo: se alega con fundamento en la causal primera, cuerpo primero, la violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida de la norma de derecho que contiene el artículo 2° de la Ley 40 de 1993, y de contera los artículos 8° y 19 de los Códigos Penal y Procesal, respectivamente, que consagran el principio del non bis in ídem, como también el artículo 31 del primer estatuto por haber sido deducido un concurso delictivo inexistente. El recurrente, únicamente pone en tela de juicio el concurso del delito de Secuestro Simple con el de Hurto Calificado y Agravado. En otros términos, acusa al Tribunal de haber “aplicado indebidamente la ley 40 de 1993 en su artículo segundo (2°), en vez de hacerlo solamente por los artículos 350, numeral primero (1°), 351 numerales 6° y 10° y 372 numeral 1°, todos del Código Penal”, porque “una misma conducta, con unicidad de propósito (la intencionalidad del apoderamiento de unos

bienes muebles) esencial elemento del dolo en el delito contra el patrimonio económico, lo sanciona doblemente”. Sustenta su censura en fragmentos que reproduce de decisiones del 16 de septiembre de 1948 y 28 de septiembre de 1982 originarias de la Corte Suprema de Justicia que definen el concepto de la violencia como elemento normativo calificante del Hurto. También en los fallos de casación del 30 de mayo de 2001 (M.P. Herman Galán Castellanos), 4 de junio de 1986 (M.P. Edgar Saavedra Rojas) y 29 de octubre 4 de este mismo año, que se refieren al fenómeno de la consunción como solución a la problemática del concurso aparente de tipos, y la finalidad delictiva. Finalmente, transcribe apartes de la decisión de una de las Salas del mismo Tribunal sobre un asunto que asimila a las circunstancias que se consideraron probadas en este caso, a partir de lo cual colige que el juzgador colegiado divide un sólo fenómeno delictivo en dos conductas punibles (Hurto Calificado y Secuestro), sin que por parte alguna aparezca el dolo especifico de secuestrar simplemente sanciona un concurso aparente de tipos penales. En consecuencia solicita que se case parcialmente el fallo objeto de impugnación y mediante sentencia de sustitución se descarte el triple secuestro simple, con la consiguiente redosificación de la pena solamente por los delitos de Hurto Calificado Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de defensa personal. 4.- CONCEPTO El carácter de norma sustancial de los preceptos que se denuncian infringidos

es indiscutible y sólo extraña que el actor se refiere al artículo 2° de la Ley 40 de 1993, cuando aparece claro que los hechos ocurrieron en marzo de 2002 ya promulgado y en vigor el nuevo estatuto penal, por cuya razón fue el fundamento normativo de la imputación al procesado del triple secuestro. La demanda se afianza en la denuncia de un error de derecho, porque tan sólo discute la aplicación de la ley sustancial, sin reparo alguno a la situación fáctica que se estimó probada por el juzgador, pero sólo en apariencia responde a las exigencias de la causal de la violación directa de la ley que selecciona. La denuncia a los efectos de la impugnación extraordinaria está fuera de cuestión que debe ir referida a la infracción de la norma de carácter sustancial, aunque tampoco cabe duda que la jurisprudencia puede utilizarse a efectos argumentativos, especialmente si se rescata el criterio de autoridad de Jorge Nieva Fenoll, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona (España), para quien, no existe discusión que el precepto legal se considera infringido en la medida que el juez haya contravenido la interpretación jurisprudencial de los Tribunales superiores1, sin embargo, el error trascendente en el que incurre el demandante por cuanto impide el estudio del cargo, es el de abordar la cuestión únicamente con la cita y apoyo de la jurisprudencia, sin esfuerzo alguno por determinar la similitud de los supuestos de hecho como 1 El Hecho y el Derecho en la Casación Penal, José Maria Bosch Editores, Pag. 148 5 paso necesario que se requería en aras de la demostración de los desaciertos

del juzgador. El defecto de mayor trascendencia que exhibe la demanda consiste, sin duda, en atender exclusivamente más allá del caso concreto las aportaciones de la jurisprudencia, sin ningún esfuerzo para establecer semejanzas de los supuestos de hecho como paso necesario para comprobar el desacierto del Tribunal. Se conforma el actor con traer a colación sólo las decisiones de la suma autoridad judicial que naturalmente favorecen el fondo de su pretensión, y quizás en forma deliberada pasa por inadvertidos los pronunciamientos en contrario de la misma Corporación, cuando es público el conocimiento que la historia de la jurisprudencia enseña las reiteradas oportunidades que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de pronunciarse al respecto, aunque con múltiples divergencias. Su revisión, tras una selección que no pretende ser acabada sino reflejar únicamente el estado de la discusión forense sobre el tema, permite vislumbrar los más diversos criterios. 1.- Por medio de la sentencia del 4 de junio de 1986 la Corte Suprema de Justicia todavía en vigencia del Código Penal de 1980 descartó el concurso real de conductas punibles, frente al siguiente contexto situacional: Miembros del M-19 luego de hacerlos desviar por un ramal le quitaron el camión al conductor y su hijo manifestándoseles que lo necesitaban para transportar un cargamento de armas. En vista de la oportunidad que el último aprovechó para desconectar el sistema eléctrico del vehículo, fueron llevados a un distante lugar solitario donde estuvieron amarrados desde las once de la mañana hasta las horas de la noche cuando lograron librarse de sus ataduras.

Según se consideró, la inmovilización a la que fueron sometidas las víctimas “por un tiempo más o menos largo mientras lograban encender el vehículo y podéroslo llevar”, era apenas una circunstancia modal del delito de Hurto Calificado, para garantizar su éxito y asegurar su impunidad. Está fuera de dudas que por su contenido sustancial se le dio el trato de un delito complejo, de acuerdo con lo que se expuso por su similitud al delito de Hurto cometido mediante el ingreso arbitrario en habitación ajena. Hacer una analogía entre dos o más entidades es indicar uno o más aspectos en los que son similares y la inmovilización de las víctimas para el 6 apoderamiento de los bienes se asemeja a la violación del domicilio, por uno fundamental: La necesidad absoluta para cometer el Hurto. Sumado a los factores materiales de la conducta sirvió también para rechazar el concurso del elemento intencional, esto es, atentar sólo contra la propiedad, para cuyo fin se valen simplemente de la inmovilización de las víctimas, pero sin el propósito de privarlas de la libertad. 2.- Apenas transcurrido el tiempo de un año, mediante sentencia del 22 de junio de 1987 (M.P. Dr. Jorge Carreño Luengas) examinó el siguiente caso: Subversivos que después de consumado el violento apoderamiento de los dineros de un banco, mediante la fuerza obligaron a su gerente a seguir con ellos y viajar en un vehículo donde se lo retuvo por un lapso de 45 minutos cuando después de su adoctrinamiento se lo dejó en libertad en un sitio alejado de la ciudad. Se estimó en esta ocasión que “cuando se priva ilícitamente de su libertad a

una persona para asegurar el producto de un hurto, no se está ante una violencia constitutiva de un hurto calificado, sino ante un concurso entre secuestro y hurto, pues con acciones distintas se lesionaron bienes jurídicos de diversos sujetos pasivos”. En sus reflexiones, añadió la Corporación. “No se desconoce que la violencia contra la persona como medio para llevar a cabo el apoderamiento, puede ser antecedente o concomitante con el apoderamiento, o subsiguiente si se pone en juego por el actor, luego de haber consumado el delito para asegurar su producto o procurar la impunidad. “Pero si de esa violencia ejercida sobre la víctima, resultare su muerte o un grave daño en su salud, o se lesionare otro bien jurídico tutelado por la ley, se encontrará el juzgador en presencia de un concurso delictual.” El hecho que los delincuentes hubieran privado ilícitamente de su libertad al ofendido para asegurar el producto del Hurto, se dijo que en nada desdibujaba la existencia concursal de Secuestro y Hurto por cuanto con distintas acciones se habían lesionado bienes jurídicos diferentes de diversos sujetos pasivos. La regla básica y simple para rechazar la absorción plena fue: La multiplicidad de bienes jurídicos afectados. 7 3.- Así mismo, el Órgano jurisdiccional encargado de la casación, el 30 de mayo de 2001, resolvió la situación fáctica que se narra a continuación: En horas del mediodía el conductor de un furgón y sus dos ayudantes, mientras uno de ellos constataba la dirección del lugar de su destino, fueron asaltados por tres sujetos que los obligaron a

tomar otro rumbo. A este dos forajidos lo hicieron ir hacía una caseta comunal, los otros delincuentes continuaron la marcha en el vehículo hasta una cuadra más adelante donde los esperaba otro compañero y allí descendió el segundo ayudante que fue conducido hacía un supermercado distante cuatro cuadras dejado después de escasos minutos en libertad a petición suya. Al conductor se lo vigiló momentáneamente a cierta distancia hasta que los asaltantes desaparecieron rápidamente del sitio. En esta propicia ocasión consideró la Corporación, que no se trató de un concurso de delitos porque la momentánea o efímera retención asumió el carácter de violencia sobre las personas como calificante del Hurto. Se puso de manifiesto que el tiempo que duró la custodia de los ayudantes y la posibilidad que tuvieron de movilizarse sin problema y riesgo, según se dijo apuntaba a una unidad delictiva. Es decir, que la “retención fugaz”, no llegó a afectar la libertad personal. De modo general se precisó que si la violencia sobre las personas acompaña el apoderamiento en el Hurto y es la menos concomitante con la realización de la acción el delito resulta calificado, como también si se produce con posterioridad y no se estructura otro ilícito, pero en este evento debe subsistir la conexidad teleológica (para asegurar el producto o lograr la impunidad de los responsables) y la cronológica (inmediatez) entre la violencia y el resultado pretendido. En el mes de julio del 2001 entró en vigor la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal, y la situación no ha sido diferente.

1. En la sentencia de casación del 5 de febrero de 2002 se estudió el siguiente asunto: El conductor y los ayudantes del vehículo que distribuía mercancía de la empresa Jhon Restrepo y Cia. cuando arribaron al establecimiento comercial “Mercados Berley” de Medellín fueron obligados a subir al rodante por tres asaltantes, uno de los cuales se 8 hizo a la conducción alejándose del lugar, pero cinco minutos después, más adelante una patrulla de la Policía los detuvo.

La Corte consideró que el breve tiempo transcurrido de privación de la libertad y la consumación del Hurto calificado por la violencia no era óbice para la formación del concurso entre el Hurto calificado y el Secuestro Simple, ya que el artículo 269 del Código Penal anterior no exigía en su estructura ninguna circunstancia temporal para la consumación del delito contra la libertad individual. Sostuvo que “El factor violencia no subsume privación de la libertad” y “tampoco en el caso de Hurto de vehículos y privación de libertad de quienes lo tripulan el apoderamiento de aquel subsume la retención de aquellos”. También que la doble delincuencia no se podía desconocer so pretexto de que la intención de los delincuentes no era lesionar el bien jurídico de la libertad. 2) Por último, mediante fallo de casación del 12 de diciembre de 2002 (M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas), rechazó el concurso efectivo frente al supuesto de hecho que la investigación probó: Hacer bajar al conductor de un vehículo y al propietario de la mercancía que transportaba se los llevó a un campo deportivo donde permanecieron vigilados por espacio de diez minutos mientras que el

ayudante era llevado a un lugar distinto vigilado por algún tiempo, Se prodigó la retención de dichas personas como “una manifestación violenta destinada a la consumación del hurto y no como voluntad manifiesta de atentar contra la libertad individual de cada uno de los ocupantes del vehículo”. La nota importante de la decisión, según se dijo, fue la aclaración de que se seguía “la línea jurisprudencial trazada por la Corte” de no establecer reglas generales sino analizar cada situación en particular. Esta manifestación de darle mayor protagonismo a las situaciones actuales, de ninguna manera evita como pareciera en principio la propuesta de directrices o criterios a tener en cuenta para que la decisión que deba tomarse en un asunto determinado dependa de la interpretación jurídica de la norma que deba aplicarse. Son entre los más relevantes: (1) La necesidad absoluta de la lesión de un bien jurídico para el perfeccionamiento o consumación del otro delito; (2) Circunstanciales, como el modo y sitio de la retención, inmediatez y ausencia de ruptura cronológica. No se debe olvidar que uno de los fines fundamentales 9 de la casación es la de unificar la jurisprudencia (que ello son los fallos de los jueces), precisamente para que no se presenten casos como el que se examina. El Juzgado en primera instancia absolvió con fundamento en la única intención de los delincuentes que dice se desprende del estudio del material probatorio que su intención era únicamente la de retener a las personas mientras uno de ellos aseguraba la mercancía del vehículo, pero en lugar superior tras indicar que el asunto examinado difiere sustancialmente de la sentencia de casación

que sirvió de fundamento al a-quo, en atención a sus propias particularidades caracterizadas por la retención de las personas por un lapso de veinte o treinta minutos, forzados a subir en un taxi con destino a un barrio localizado al otro lado de la ciudad donde vivía el captor y tenía toda la infraestructura para mantenerlos privados de la libertad de locomoción y no le importó la suplica del escolta en el sentido de que lo liberara por cuanto ya estaba más que consumado el Hurto además de la amenaza de matar a uno de ellos luego del intento de huida de otro, concluyó sin vacilaciones que dado que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acompañaron el iter criminis se cometió también el delito de Secuestro Simple, porque se involucró otro bien jurídico distinto del patrimonio económico. Según estimó la sola intencionalidad de perpetrar el Hurto y asegurar el producto del ilícito o la impunidad, no era de suficiente solidez para desvirtuar el concurso. A la recurrente le correspondía entonces demostrar que la imputación también del delito de Secuestro al sentenciado obedeció a un proceso defectuoso de adecuación típica de su comportamiento porque las circunstancias particulares de los hechos obligaban a considerar tan sólo la conducta punible contra el patrimonio económico por tratarse la violencia de un elemento normativo que ya había sido considerado en el tipo de Hurto (prohibición de doble valoración). Pero se limita simplemente a la afirmación de que se dividió en dos conductas punibles un mismo fenómeno delictivo dirigido por el propósito único del apoderamiento de la mercancía del camión. El principio de la plena absorción no parece que encuentra solución de manera

satisfactoria a partir de la falta de representación de la privación de la libertad por la mera intencionalidad de cometer otro delito. Nos encontraríamos ante una situación en que la voluntad entendida como dirección del suceso hacía el fin de lesionar el bien jurídico del patrimonio 10 económico sería el fundamento para la exclusión del dolo respecto del Secuestro Simple, sin que el conocimiento juegue ningún papel específico. Esta posición se podría decir que encuentra fundamento en Carrara, el maestro de Pisa, quien tomaba la regla para determinar la existencia de uno o más delitos, la necesidad de distinguir si la violación de varios derechos fue realizada para servir a diversos fines del culpable, independientes entre sí, o si el autor no tendía más que a un sólo fin, por el cual se violaba un derecho y se valía de la infracción de otro para alcanzarlo. El Tribunal se opuso obviamente a su generalización, aclarando que no haría justicia por sí porque llevada a sus consecuencias extremas al contenido del injusto de acción de matar con ocasión del Hurto también quedaría incluida en el fin o propósito perseguido por el autor, y para hacerlo extensivo también a la lesión al bien jurídico de la libertad, apela a la clasificación del dolo directo e indirecto o de consecuencias necesarias “que se presenta cuando el actor, para la realización del fin propuesto, asume los efectos concomitantes derivados de modo inevitable de la puesta en marcha de la acción”, según la cita que hace de un autor nacional. Si se parte de la concepción clásica que define al dolo como «conocimiento y voluntad» el concepto unificador de “la voluntad de realización” que sigue la

metodología ontológica, dirá que el sujeto incluye todos los efectos antijurídicos en la dirección final del suceso por considerarlos necesariamente unidos a él. Es sabido, que de acuerdo con la perspectiva finalista la acción no sólo tiene en cuenta la finalidad ultima reordenada en la esfera interna, sino también la selección de los medios para su obtención, e incluso los efectos concomitantes. La posición clásica del dolo ha progresado y modernamente también el enfoque normativista distingue que sólo el dolo directo requiere que se indague de manera imprescindible sobre la intencionalidad del sujeto, mientras que en el dolo indirecto o de consecuencias necesarias la prueba se desenvuelve íntegramente en el plano cognoscitivo, sin que sea posible pensar que por la mente del acusado no pasó la idea de que privaba de la libertad ambulatoria a las personas que obligaron a subir en un vehículo de servicio público. En este sentido, son palabras de la Corte “basta la consciencia que se tenga sobre la libertad de locomoción que se coarta de manera ilícita y la voluntad de limitarla”, con justa razón porque para la configuración del dolo no se requiere más que el conocimiento paralelo a la esfera del profano, esto es, que se impide el derecho al movimiento libre de otro. 11 El Tribunal consideró que los delitos de Hurto Calificado por la violencia y Secuestro Simple concurren en forma real en virtud de las circunstancias que rodearon la retención del conductor y sus ayudantes, a lo cual simplemente se opone el actor, pero tampoco demuestra que la solución correspondía al

concurso aparente. El más extenso, profundo, fundado y casi completo estudio jurisprudencial en relación con la estructura del delito complejo data desde el año de 1978, con ponencia del entonces magistrado Jesús Bernal Pinzón y allí se establecieron varios principios o reglas. (1) Tiene necesariamente que ofender una pluralidad de intereses jurídicos, tantos cuanto estén protegidos por las normas que reprimen las conductas individualmente consideradas, pero “Es del mismo modo indispensable, que una norma expresa y específicamente le dé el tratamiento a un hecho delictuoso de elemento constitutivo o de circunstancia agravante de otro delito. Si no existe esa especial previsión en la ley no es posible configurar un reato completo” (El destacado es del texto). (2) “la forma más común de la figura compleja de delito se presenta en los casos en que un delito, o mejor, un hecho que considerado independiente, constituye delito, concurre a integrar uno complejo, no ya como elemento compositivo, sino como mera circunstancia agravante, caso en el cual (…) queda inmutado el título del delito base y simplemente se agrega una circunstancia cuya virtud no es otra que la de hacer variar, en más, la pena del delito base”. Se suele distinguir por la doctrina el Hurto violento propiamente dicho del Hurto violento impropio y hace consistir este último en el empleo de violencia o amenaza inmediatamente después de la sustracción, para asegurar para sí o para otro la posesión de la cosa sustraída o para conseguir la impunidad para sí mismo o para otras personas.

En la primera la violencia antecede o es concomitante al apoderamiento y, en la segunda, le sigue o es posterior; tal es la diferencia entre estas dos figuras de Hurto violento. El tipo penal de Secuestro es de los denominados de formulación casuística o completo que emplea varios verbos alternativos: “Arrebatar” que significa: “Quitar o llevar tras sí con violencia y fuerza”. Los otros: “sustraer”: “apartar, separar, extraer”; “ocultar”: “esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista”; y “retener”: “impedir que algo salga, se mueva”, se debe entender, dentro de una interpretación sistemática más allá de la meramente gramatical, 12 que comportan la fuerza o la intimidación en su alcance jurídico, habida consideración de que la libertad es un bien jurídico disponible por excelencia y todos los tipos penales que la tutelan requieran de la falta de consentimiento. Según la doctrina de la Corte Constitucional que trae el fallo de segunda instancia (Sentencia C-599 del 26 de noviembre de 1997), “para la comisión del delito de secuestro la forma como éste suceda es indiferente”, porque puede ser mediante la utilización de la violencia pero también del engaño o fraude. Lo anterior serviría para decir que el Hurto violento, en estricto rigor, no recoge en su exonomía todos los elementos del Secuestro Simple, como lo consideró el Juzgado aún cuando acepta que los verbos empleados por la ley llevan implícito el concepto de violencia contra la libertad individual. Sin embargo, desde otra perspectiva, la solución que se prefiere de la

consunción, en el entendido de que este principio se da cuando una de las conductas punibles, si bien no está contenida necesariamente en la figura correspondiente a otra (se trataría entonces de especialidad) se presenta en forma regular u ordinaria junto a una acción más severamente penada a partir del supuesto de que el legislador al prescribir la sanción más grave ha tenido en cuenta el disvalor de las restantes figuras delictivas, es posible convenir que la violencia es la forma modal más común del Secuestro, y simplemente buscar con apoyo en una exigencia lógica del sistema y de equidad, evitar que la responsabilidad se duplique por tratarse la violencia de un elemento normativo que ya fue considerado en el tipo de Hurto (no se compute dos veces la misma circunstancia o prohibición de doble valoración). En todo caso, es incuestionable que el carácter de delito complejo del Hurto Violento surge porque junto al ataque al patrimonio económico se considera la afección a otros bienes jurídicos: (1) La autonomía personal; (2) La libertad individual. La libertad personal, junto con la vida es el bien más esencial del hombre y en su dimensión de libertad ambulatoria o capacidad de trasladarse de un lugar a otro, se la tutela en el delito de Secuestro Simple. Por su carácter atroz, la jurisprudencia constitucional ha llegado a decir que “el medio empleado en el delito de secuestro siempre será desproporcionado, así se alegue como pretexto para cometerlo un fin honesto”1. La teoría de la adecuación social sirvió dentro de la concepción final del injusto para la solución de los problemas de tipicidad sin atender a la intención del

1 Corte Constitucional Sentencia C-069/94 13 agente, que se extendió a aquellos casos de aparente o insignificante lesión al bien jurídico, tales como las lesiones personales de menor entidad, las privaciones de libertad de poca importancia, y otras de similar configuración. La cuestión hasta donde puede verse, dependerá de la definición de los límites del contenido de la agresión, que obligue a exigir una gravedad y concreción de la afectación de los otros bienes jurídicos distintos de la propiedad. Debe ser entendida, sin discusión, en relación con los posibles resultados que se produzcan. Así, escribe Giuseppe Maggiore: “La violencia también puede concretarse en el delito de golpes (art. 581 de la legislación Italiana), que queda absorbido en ella; pero no en otro delito más grave (como homicidio, lesiones, etc.), que, en cambio, concurre materialmente con el hurto violento”.1 Frente al problema fundamental que se plantea, relativo a la posibilidad de afirmar la pluralidad de infracciones penales o la existencia de un concurso de delitos entre el Hurto Agravado por la violencia y el Secuestro Simple cuando se priva de la libertad a una persona para apropiarse de bienes ajenos, o inmediatamente después para asegurar el producto del ilícito o la