PGN - INDIGENA - Autoridad competente para investigarlo por irregularidades en el manejo d

Bogotá, D.C., 15 de octubre de 2002

PAD-No. 6201

Doctora

LUZ ANGELA OVALLE PÁRAMO

Profesional Universitaria Procuraduría Provincial Zipaquirá-Cundinamarca Ref: Su oficio del 11 de septiembre de 2002, radicado en esta oficina el 18 del mismo mes y año. Consulta usted, acerca de la autoridad competente para disciplinar al señor JULIO HERNANDO BALSERO, en su condición de Gobernador del Resguardo Indígena de Cota, por hechos ocurridos en los años 1998, 1999 y 2000, la cual no ha obtenido el reconocimiento de resguardo indígena según comunicación que expide en este sentido el Gerente del Incora-Regional Cundinamarca. Sea lo primero aclararle que la función consultiva no se desarrolla sobre casos concretos o particulares, en todos los casos esta labor se limita a suministrar elementos de juicio de carácter general que permitan ilustrar el tema que interese al peticionario. Desde ese punto de vista y en relación con la posibilidad de disciplinar a miembros de comunidades indígenas, debe tenerse presente que al respecto es la Ley 734 de 2002, la que entre los sujetos disciplinables consagra como tal a los indígenas que administren recursos del Estado, señalando que serán disciplinables de acuerdo con lo establecido en ese estatuto. Para hacer precisión sobre el punto considera esta oficina es pertinente reproducir algunos apartes del concepto 3020 del 20 de septiembre de 2002, rendido por el señor Procurador General de la Nación ante la Corte

Constitucional, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 25 inciso 2 de la Ley disciplinaria; oportunidad en la que se indicó: “La Constitución de 1991, reconoce por primera vez la diversidad étnica y cultural de la población colombiana (artículos 1 y 7), reivindicando los derechos de los grupos indígenas en cuanto a la conservación de sus manifestaciones culturales, lingüísticas (artículo 10), artísticas etc., así como también reconociendo su derecho de participación en los asuntos que los afecten (artículos 2 y 229 (sic) y 330). 2 Así mismo, la Carta, en su artículo 246, señala que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial dentro de sus propias normas y procedimientos ‘siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes de la República’ y faculta al legislador para establecer las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. De otra parte, el artículo 229 (sic) señala lo relativo a la conformación de los territorios indígenas, a la no alienabilidad de los resguardos y el artículo 330 de la Carta consagra las funciones de los gobiernos de los territorios indígenas, el cual será ejercido por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de los diferentes pueblos. Entre estas funciones se señala la de ‘4. Percibir y distribuir sus recursos’. Como puede observarse el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que es un avance dentro de la vida democrática, no se contrapone al carácter de República

unitaria que tiene nuestro país, por lo tanto, esta autonomía administrativa y jurisdiccional, no es absoluta y debe regirse por los preceptos constitucionales y armonizarse con la legislación nacional de tal manera que no resulte contraria al ordenamiento, como un sistema integrado de normas. ... De acuerdo con lo anterior, la jurisdicción indígena implica el reconocimiento de las autoridades indígenas, su facultad de expedir y fijar procedimientos, dentro de los parámetros legales y constitucionales, los cuales incluyen las disposiciones que expida el legislador para armonizar la jurisdicción nacional con la especial. El ‘fuero indígena’ que se deriva de la consagración de la jurisdicción indígena pretende garantizar el respecto por estas culturas y el derecho de las comunidades y de los individuos a vivir de acuerdo con su determinada cosmovisión. Como lo ha manifestado la jurisprudencia constitucional, la armonización entre las dos jurisdicciones debe buscar la maximización de la autonomía de la jurisdicción indígena, pues de lo contrario no se lograrían los fines perseguidos por el constituyente. ... La autonomía será mayor en cuanto todos los elementos comprometidos correspondan al territorio, la población, los asuntos propios de las comunidades indígenas y una particular manera de comprender la realidad, será menor o dejará de regir en cuanto involucren elementos externos, como por ejemplo personas ajenas a la comunidad o cuando hechos ocurran fuera del territorio indígena o se trate de asuntos que no corresponden de manera exclusiva a la comunidad o de aspectos en los cuales la visión de una colectividad tenga un alto grado de integración a la visión general sobre el asunto se tiene en la comunidad nacional.

...En consideración de este Despacho, la norma acusada no vulnera el ordenamiento superior y por el contrario, precisamente el legislador está ejerciendo la facultad que le otorga el artículo 246 constitucional al consagrar que se aplican las normas disciplinarias de carácter nacional a los indígenas, solamente en el caso en que éstos manejen recursos públicos, lo cual implica que en cualquier otro caso deberán ser disciplinados por sus propias autoridades de conformidad con sus normas y procedimientos. 3 ... ...Con relación al manejo de los recursos públicos, debe advertirse, que involucra el interés general por cuanto de una parte, con relación a su origen, son el aparte de todos los contribuyentes y de otra, con relación a su destinación, implica el cumplimiento de los planes y programas adelantados dentro de un proceso participativo que señala unas prioridades en el gasto para el cumplimiento de los fines del estado. Siendo un presupuesto de la economía la escasez de recursos con relación a las necesidades que se requiere atender, se justifica el celo del Estado sobre el manejo de los recursos públicos, el cual se manifiesta a través de las normas de planeación, presupuesto, contabilidad y contratación, así como también en la sanción administrativa, fiscal, disciplinaria y penal, de las conductas que afecten el patrimonio público, independientemente de quien lo maneje. ...La realización de los fines estatales depende del empleo que se haga de los recursos públicos, por tanto, ellos deben ser administrados siguiendo los principios de economía, celeridad, publicidad, transparencia, eficiencia y eficacia.

...En el caso que nos ocupa, no se trata de manejo de recursos públicos por parte de servidores públicos sino de particulares, ya que las autoridades indígenas no tienen un vínculo laboral con el Estado. Ello significa que su manejo se regirá por las condiciones del contrato a través del cual se entreguen los recursos a las autoridades indígenas a quienes no se les exigirá, por tanto, la aplicación de las normas de planeación, presupuesto y contratación sino únicamente el cumplimiento de las cláusulas del contrato. Es decir, se les exigirá que se cumpla con el objeto y demás condiciones pactadas. La vigilancia y control de estos contratos estará a cargo de la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, no solamente por la protección de los recursos públicos sino por la especial tutela de los intereses de las comunidades indígenas, beneficiadas de estos recursos. ...Lo anterior es coherente con lo establecido en la Ley 715 de 2001 (artículo 83) que contiene las normas orgánicas en materia de recursos y competencias y dispone que los recursos asignados a los resguardos indígenas serán administrados por el municipio o municipios en el que se encuentre el resguardo y serán ejecutados a través de la celebración de contratos entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, en estos contratos, se determinará la destinación de dichos recursos. Es de advertir , que esta intermediación de los municipios cesará una vez los resguardos se erijan como entidades territoriales indígenas, cuyas autoridades recibirán y administrarán directamente los recursos, como lo indica la misma norma.

... ...En este orden, la norma acusada es concordante con los artículos 53 y siguientes del Código Disciplinario Único, que señalan que son sujetos disciplinables los particulares que administren recursos del Estado y establecen el régimen aplicable a estos sujetos, superando la deficiencia que obstaculizó la aplicación del artículo 20 de la Ley 200 de 1995 que ya consagraba la aplicación del régimen disciplinario a los particulares pero que carecía de normas especiales que permitieran la efectividad de la norma a la luz del principio de legalidad (sentencia 268 de 1996). ...” 4 Queda claro entonces que sólo a partir de la vigencia de la Ley 734 de 2002 (5 de mayo del presente año), las autoridades indígenas son disciplinables, pero únicamente en cuanto administren recursos públicos en las condiciones que determinen los contratos que deben suscribir para esos efectos. Sobre la autoridad a la cual le compete conocer de las investigaciones que se cursen contra estas personas por las razones anotadas, se tiene que mediante Resolución No. 108 de 3 de mayo del presente año, el Procurador General fijó esa atribución en los Procuradores Regionales, al señalar: “Artículo sexto: Las Procuradurías Regionales, en su circunscripción territorial, conocerán, en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra: ... m. Los indígenas que manejen recursos públicos cualquiera sea el origen de éstos; ...”. Por último, le informo que la presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01

de 1984. Con toda atención,

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios C-429/2002

SGSD-JB-MPCM