PGN - INTERVENTOR - Deberes en cuanto a la ejecución de la obra contratada
Detalles
- Título
- PGN - INTERVENTOR - Deberes en cuanto a la ejecución de la obra contratada
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
SALA DISCIPLINARIA Proceso No. : 021-12207/98 (161-01145)
Disciplinados : Alvaro Londoño Aristizabal y Alvaro López
Acevedo.
Cargo y Entidad : Gobernador del Departamento del Vichada y Representante legal de la Cooperativa de
Municipalidades de Antioquia Ltda.
–COOMUNICIPIOS-.
Quejoso : Miguel Rafael López Méndez.
Fecha queja : Marzo 06 de 1998
Fecha hechos : Enero 13/97, marzo 3/97, julio 17/97, Diciembre
11/97.
Asunto : Irregularidades en la suscripción y ejecución del
P.D. Ponente : Doctor DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO
Bogotá, D.C., 1 de febrero de 2002 Mediante recursos de apelación interpuestos y sustentados en legal forma por la apoderada del primero de los mencionados implicados, y por el segundo de los citados disciplinados, en las calidades anotadas, revisa la Sala Disciplinaria la providencia calendada el 28 de septiembre de 2001, mediante la cual la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal los declaró disciplinariamente responsables de los cargos formulados, y les impuso como sanción multa equivalente a Treinta (30) y cuarenta (40) días de los salarios que devengaban para la época de los hechos, respectivamente. ANTECEDENTES La presente investigación disciplinaria se inició con base en la queja presentada por el entonces Director de Fondos de Cofinanciación, doctor MIGUEL RAFAEL LOPEZ MENDEZ, por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución
del Convenio Interadministrativo No. 4006 de 1996, celebrado entre la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia Ltda.- COOMUNICIPIOSy el Departamento del Vichada, por valor de $695’761.030.oo, para la realización de obras correspondientes y necesarias para la construcción de la vía Tres Matas2 Puerto Carreño, en los sectores Tres Matas-Cumaribo, Cumaribo-San José de Ocune y Cazuarito-Puerto Carreño. CARGOS FORMULADOS La entonces denominada Procuraduría Departamental del Vichada (hoy Procuraduría Regional del Vichada), mediante Autos de Cargos del 21 de enero de 1999 (fls. 428 a 444), solicitó explicaciones a los prenombrados investigados, así: DR. ALVARO LONDOÑO ARISTIZABAL “1.- Haber firmado la liquidación del convenio interadministrativo No. 4006 del 14 de Noviembre de 1996, cuyo objeto era el mejoramiento de la vía El VientoCumaribo, sector tres (3) Matas; construcción y mantenimiento carretera Puerto Carreño-Cazuarito y mejoramiento camino Cumaribo-San José de Ocuné en el Departamento del Vichada, sin que se hubiera cumplido a satisfacción la realización de la obra convenida, causando grandes incomodidades a los usuarios. 2.- Haber escogido arbitrariamente y en forma subjetiva, a la Cooperativa de Minicipalidades de Antioquia Ltda.-Coomunicipios, sin hacer invitaciones, propuestas y ofertas para la selección objetiva de la Cooperativa. 3.- No hubo Planeación previa sobre lo convenido, ni diseños o proyectos
garantizadores de la Contratación Estatal. 4.- Haber contratado como interventor para las obras convenidas al ingeniero Carlos Manrique y cancelarle la suma de $42.600.000.oo y quien al parecer no cumplió con su obligación Contractual (sic) produciéndose menoscabo al patrimonio económico del Departamento”. DR. ALVARO LOPEZ ACEVEDO En su condición de Gerente de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia Ltda. –COOMUNICIPIOS-, se le imputaron los siguientes cargos: 3 “1.- Haber adjudicado el contrato de obra sin número, suscrito en enero 14/97 con Luis Alberto Gómez Grajales, para la contratación de obras de mantenimiento carretera de la dignidad, tramo Puerto Carreño-Casuarito (Primera Etapa), y por valor de ...($78.536.462.62) Mcte, obviando celebrar licitación pública para la escogencia del subcontratista. 2.- Haber adjudicado el contrato de obra sin número, suscrito en enero 14/97, con Marco Aurelio Forero Patiño, para el mejoramiento de la Carretera Cumaribo-San José de Ocuné en el Departamento del Vichada, por un valor de ...($54.625.397.14) Mcte, obviando celebrar licitación pública para la escogencia del contratista”. 3.- Haber adjudicado el contrato de obra sin número, suscrito en enero 14/97, con Hugo Cardona Castaño, para la rehabilitación y mantenimiento de la vía Sector Tres Matas-Cumaribo, departamento del Vichada, por un valor de Quinientos Cuarenta y Dos Millones Quinientos Treinta y Dos mil setecientos
Ochenta y Nueve Pesos con Setenta y Cinco centavos, obviando celebrar licitación pública para laescogencia (sic) del contratista”. DESCARGOS Los mencionados implicados, mediante memoriales presentados en julio 6 de 1999 y marzo 19 del mismo año (fls. 454/455 y 527 a 534) rindieron las correspondientes exculpaciones a los cuestionamientos formulados. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Antes de hacer referencia a los planteamientos expuestos por el A-quo, la SALA estima pertinente expresar que no es necesario hacer alusión alguna a los relacionados con el implicado ALVARO LOPEZ ACEVEDO, toda vez que los hechos que le fueron endilgados en su condición de Gerente de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia Ltda. –Coomunicipiostuvieron ocurrencia hace más de cinco (5) años, pues hacen referencia a la adjudicación en enero 14 de 1997, de los contratos citados en el mencionado Auto de Cargos. Por tanto, al tenor de lo previsto en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995, la acción disciplinaria se encuentra prescrita, y en consecuencia, sólo hay lugar a declarar la correspondiente prescripción. 4 Los anteriores planteamientos son igualmente predicables respecto de las apreciaciones del A-quo, en relación con las explicaciones presentadas por los cuestionamientos segundo y tercero endilgados al Gobernador del Vichada, dado que, tal como se dejó reseñado en el Acápite de Cargos, estos, hacen referencia, en su orden, a haber escogido arbitrariamente y en forma subjetiva a
la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia –COOMUNICIPIOS-, sin hacer invitaciones, propuestas y ofertas para la selección objetiva de dicha cooperativa, y a no haber efectuado planeación previa sobre lo convenido, ni diseños o proyectos garantizadores de la Contratación Estatal, aspecto éste último sobre el cual, se le absolvió en el fallo de primera instancia. En efecto, se tiene que, de acuerdo con el Acta de Liquidación del Convenio Interadministrativo No. 4006, la fecha de este último es 14 de noviembre de 1996 (fl. 535) y, por ende, la correspondiente a la realización de la primera conducta irregular imputada. En cuanto a la segunda, la falta de planeación previa y demás exigencias, se deduce su ocurrencia a una fecha anterior a la citada, o al menos con la misma. Por consiguiente, los hechos endilgados sucedieron hace más de cinco (5) años, y en consecuencia, al tenor de lo previsto en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995, la acción disciplinaria, respecto de los cargos mencionados, se encuentra prescrita, y por consiguiente, sólo hay lugar a declarar la correspondiente prescripción. Ahora bien, en cuanto a los demás cargos imputados al investigado ALVARO LONDOÑO ARISTIZABAL, el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, luego de analizar los descargos por él presentados, consideró que aquellos fueron desvirtuados, para cuyo efecto estimó: 1.- Respecto de la imputación referida al hecho de recibir y suscribir acta de liquidación del convenio interadministrativo No. 4006 del 14 de noviembre de
1996, sin que se hubiera cumplido a satisfacción la realización de la obra encomendada, el A-quo señala que “El principio de la responsabilidad exigido en el artículo 26 del estatuto contractual orientado entre otras, a la búsqueda del cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, está consagrado en cabeza de los representantes legales de las entidades estatales por cuanto la dirección y manejo de la actividad contractual es de su resorte”. 5 No obstante lo anterior, agrega, “no obra prueba dentro del expediente sobre el incumplimiento del objeto del convenio No. 4006, pues los documentos allegados por el representante legal del Departamento del Vichada corroboran su defensa, en el entendido de que en el informe de interventoría no se reporta incumplimiento de las obligaciones por parte de los subcontratistas de la Coopertativa (sic) -Coomunicipios Ltda., y por ende, de esta” (sic). Indica igualmente que “la liquidación del contrato es una facultad excepcional que se aplica en virtud directa de la ley, tornándose obligatoria para la administración en tratándose de contratos de tracto sucesivo, pues es en ella donde se determinan las prestaciones económicas a favor o en contra de los contratistas, razón por la cual ésta debe suscribirse en casos de cumplimiento o de incumplimiento de los contratistas, por tanto, el cargo así formulado se declarará impróspero”. 2.- En lo atinente al reproche disciplinario referido a la contratación de la interventoría con el Ingeniero CARLOS MANRIQUE, mediante el cual se
cuestionó el incumplimiento de este consultor en la ejecución del objeto del contrato, afirma el A-quo que no está llamado a prosperar en el sentido formulado en el Auto de Cargos, ya que lo atinente a la ejecución del contrato nada tiene que ver con la suscripción, pues es materialmente imposible prever dicha circunstancia y peor aún supeditar la suscripción de un contrato a una condición futura e incierta como lo es el incumplimiento de obligaciones. Sobre el particular indica que el deber de responsabilidad que le asiste al representante legal de la entidad dueña de la obra, “se extiende por mandato del artículo 26 del estatuto contractual, entre otras, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato, sin embargo no obra en el auto de cargos reproche en este sentido ya que lo que en él se endilga es la suscripción del contrato de interventoría”. FUNDAMENTOS DE LA APELACION Reiterando lo reseñado en la primera parte del Acápite “Fallo de Primera Instancia” de este proveído, la SALA estima pertinente no hacer alusión alguna a las impugnaciones presentadas por el implicado ALVARO LOPEZ ACEVEDO, mediante escrito radicado el 29 de octubre de 2001 (fls. 682 a 691), toda vez 6 que los hechos que le fueron endilgados en su condición de Gerente de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia Ltda. –Coomunicipiostuvieron ocurrencia hace más de cinco (5) años, pues hacen referencia a la adjudicación en enero 14 de 1997, de los contratos relacionados en el respectivo Auto de Cargos. Por tanto, al tenor de lo previsto en el artículo 34 de la Ley 200 de
1995, la acción disciplinaria se encuentra prescrita, y en consecuencia, sólo hay lugar a declarar la correspondiente prescripción. Así mismo, la SALA tampoco considera pertinente aludir a los fundamentos del recurso de apelación expuestos por la apoderada de oficio del Gobernador del Vichada investigado en el presente proceso disciplinario, ALVARO LONDOÑO ARISTIZABAL, ya que, en igual forma, las impugnaciones se relacionan con el segundo cargo, referido a haber escogido arbitrariamente y en forma subjetiva a la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia –COOMUNICIPIOS-, sin hacer invitaciones, propuestas y ofertas para la selección objetiva de dicha cooperativa, lo cual, según se indicó, ocurrió el 14 de noviembre de 1996, aspecto sobre el cual se le impuso la sanción consignada en el fallo sancionatorio. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- De acuerdo con lo reseñado tanto en el Acápite “Fallo de Primera Instancia” como en el de “Fundamentos de la Apelación”, todos los hechos a los que se refieren los tres (3) cargos imputados al señor ALVARO LOPEZ ACEVEDO, en su condición de Gerente de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia Ltda. –COOMUNICIPIOSprescribieron el 13 de enero de 2002, y por los aludidos en los cargos segundo y tercero (por el que se absolvió en primera instancia), endilgados al Gobernador del Vichada investigado –ALVARO LONDOÑO ARISTIZABAL-, se presentó la misma situación jurídica el 13 de noviembre de 2001. Por tanto, sólo procede decretar la prescripción de la
acción disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995. En lo que respecta a la referida prescripción, se tiene que el expediente fue entregado al abogado proyectista de la SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General de la Nación el 18 de diciembre de 2001; vale decir, a ésta fecha ya se encontraban prescritos los citados cargos segundo y tercero 7 endilgados al Gobernador investigado. En cuanto a los reprochados al Gerente de COOMUNICIPIOS, por los cuales se declarará la prescripción, se advierte que si bien, esta situación se presentó estando el proceso en esta SALA, se estima que por tal circunstancia (y por la referida respecto del anteriormente mencionado inculpado), no hay lugar a compulsar copias de la presente providencia a la VEEDURÍA de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia, si se tiene en cuenta la fecha de entrega al abogado proyectista –diciembre 18 de 2001-, esto es, un día antes de las vacaciones colectivas, las cuales se prolongaron hasta el 11 de enero de 2002, dos días antes de que ocurriera dicha situación. En cuanto a la responsabilidad en que eventualmente pudieron incurrir funcionarios de las otras dependencias en donde se surtió algún trámite del proceso, se dispondrá que por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal se evalúe si hay lugar a compulsar copias a la misma VEEDURÍA para dichos efectos, de conformidad con la Directiva No. 06 del 06
de agosto de 1997, proferida por el Procurador General de la Nación. 2.- Ahora bien, en lo atinente a los cargos primero y cuarto, formulados al prenombrado Gobernador disciplinado, la SALA procede a analizar los planteamientos expuestos por el fallador de instancia, los cuales sirvieron de fundamento para absolverlo de los mismos. a) En relación con los aludidos al primer cargo, referido a haber suscrito el Acta de Liquidación de fecha diciembre 12 de 1997 (fl. 535) del Convenio Interadministrativo No. 4006, la SALA, compartiendo las apreciaciones del A-quo, aceptando los descargos del implicado, estima que el cargo no está llamado a prosperar. En efecto, tal como lo indica el Procurador Delegado, en el expediente no obra prueba alguna que demuestre el incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 4006. Por el contrario, de conformidad con el Acta de Liquidación de dicho convenio, puede inferirse que las obras ejecutadas fueron las pactadas en el mismo; es más, a la fecha de la citada acta, el valor real ejecutado ($522’842.603.20) sobrepasó al del monto pagado ($514’454.667.60), razón por la cual, según lo registrado en la misma, la 8 Gobernación del Vichada se comprometió a cancelar la diferencia - $8’387.935.60 a la mencionada Cooperativa contratista. Esa acta, tal como lo señala el inculpado en sus descargos (fl. 528) se encuentra en el informe final de Interventoría presentado por el Ingeniero CARLOS HUMBERTO MANRIQUE UMBACIA, relacionándose las
actividades ejecutadas correspondientes al mejoramiento de las vías estipuladas en el convenio, así como también el desarrollo financiero del mismo, los diferentes contratos que se celebraron para el efecto, sus actas de iniciación y suspensión de obras, actas de levantamiento de suspensión temporal de plazo y de cantidades de obra y por mayor y menor valor. Por lo anterior, aceptando las explicaciones del investigado, no puede apreciarse novedad o irregularidad alguna. Además, tal como lo indica el A-quo, se advierte que “la liquidación del contrato es una facultad excepcional que se aplica en virtud directa de la ley, tornándose obligatoria para la administración en tratándose de contratos de tracto sucesivo, pues es en ella donde se determinan las prestaciones económicas a favor o en contra de los contratistas, razón por la cual ésta debe suscribirse en casos de cumplimiento o de incumplimiento de los contratistas ...” b) En lo que respecta al cuarto cargo, referido a “Haber contratado como interventor para las obras convenidas al ingeniero Carlos Manrique y cancelarle la suma de $42.600.000.oo y quien al parecer no cumplió con su obligación Contractual (sic) produciéndose menoscabo al patrimonio económico del Departamento”, la SALA, comparte parcialmente los planteamientos del A-quo, con los cuales determinó que aquel no está llamado a prosperar, teniendo en cuenta el sentido en que se le formuló en el Auto de Cargos, pues estimó que lo referente a la ejecución del contrato nada tiene que ver con la suscripción, pues es imposible prever un incumplimiento, y menos supeditar la suscripción de un contrato a
una condición futura e incierta como lo es el incumplimiento de obligaciones. Además, indicó el A-quo, la responsabilidad de vigilar la correcta ejecución del contrato no fue objeto de reproche disciplinario en el referido Auto de Cargos. 9 Sobre el particular, la SALA advierte que si bien es cierto en dicho cargo se aludió a la contratación del interventor, en forma por demás innecesaria e inconveniente (por la eventual confusión), también lo es que igualmente se hizo referencia a la cancelación de la suma de $42’600.000.oo, sin haber dado cumplimiento a su obligación contractual, con lo cual se produjo menoscabo al patrimonio económico del departamento. Por ello, puede inferirse que en realidad el cuestionamiento está encaminado a este segundo aspecto, sobre el cual, la SALA reitera lo afirmado en precedencia, en el sentido de que no se advierte irregularidad alguna en la ejecución o desarrollo de dicha contratación, según lo consignado en el Acta de Liquidación aludida, contenida en el mencionado informe de interventoría, y así, mal podría inferirse incumplimiento de los deberes que como interventor le correspondían al Ingeniero CARLOS MANRIQUE U., pues ellos hacen referencia a la obligación de supervisar la ejecución de la obra y responder por ésta, rindiendo para el efecto los correspondiente informes para que la administración estuviera al tanto de las actividades del interventor, con miras a que la obra se realizara dentro de la normalidad proyectada. Lo anterior, según lo afirmó el investigado en sus descargos (fl. 532), “se cumplió por parte del interventor por cuanto rindió los informes
correspondientes ...”, con base en los cuales se le canceló el valor de $42’600.000.oo pactado en el Contrato No. 0018 del 04 de marzo de 1997 (fls. 71 a 74 Anexo de Descargos –Informe Final de Interventoría Contrato Interadministrativo No.4006). Con fundamento en las anteriores consideraciones, LA SALA, compartiendo la determinación de absolver al prenombrado investigado por los dos aspectos aquí analizados, estima que los cargos primero y cuarto formulados al Gobernador del Vichada, investigado en el presente proceso disciplinario, no están llamados a prosperar, siendo del caso absolverlo de responsabilidad disciplinaria. En mérito de lo expuesto, la SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, 10
R E S U E L V E: PRIMERO: DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA adelantada dentro del expediente No. 02112207/98 contra el señor ALVARO LOPEZ ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 70’043.499 expedida en Medellín, en su condición de Gerente de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia – COOMUNICIPIOS-, para la época de los hechos, por los tres cargos que le fueron formulados. En consecuencia, SE ORDENA cesar todo procedimiento a su favor, DISPONIENDOSE el archivo de las diligencias, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA adelantada dentro del expediente No. 02112207/98 contra el señor ALVARO LONDOÑO ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía número 7’524.293 expedida en Armenia, en su condición de Gobernador del Departamento del Vichada, para la época de los hechos, por los cuestionamientos segundo y tercero que le fueron formulados en el respectivo Auto de Cargos. En consecuencia, SE ORDENA cesar todo procedimiento a su favor, DISPONIENDOSE el archivo de las diligencias, por los mismos, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. CONFIRMAR parcialmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia del 28 de septiembre de 2001, proferida dentro de estas diligencias por el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, en el sentido de declarar no probados los cargos primero y cuarto, endilgados al prenombrado Gobernador investigado –ALVARO LONDOÑO ARISTIZABAL-, de acuerdo con lo descrito en la parte motiva de este proveído. 11 CUARTO. REMITIR el expediente a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, a fin de que por esta dependencia se disponga lo pertinente para efectos de LA NOTIFICACIÓN a los inculpados, sobre el contenido de esta determinación, advirtiéndoseles que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa. Asimismo, para que allí se evalúe la procedencia de enviar copia de esta providencia a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia, de
conformidad con lo reseñado en los considerandos de este proveído. QUINTO. Por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, se evaluará si existe mérito o no para adelantar investigación en contra de los servidores de la Entidad por la posible mora en la tramitación del expediente objeto de estudio. SEXTO ENVIAR copia de los fallos de primera y segunda instancia, por conducto de la citada Delegada, a la División de Registro y Control de la Procuraduría, para lo de su cargo, y librar por la primera de las mencionadas dependencias, las comunicaciones correspondientes. SEPTIMO. DEVUÉLVASE el proceso a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
PEDRO A. PULIDO GUTIERREZ DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO
Procurador Primero Delegado Procurador Segundo Delegado
PAPG/DABA/NBB/Myriam
Exp. No.021-12207/98(161-01145)