PGN - JUEZ DE TUTELA - Mantiene la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho

Procuraduría General de la Nación

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
PGN - JUEZ DE TUTELA - Mantiene la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Dependencia: Procuraduría Delegada Primera Vigilancia Administrativa

Radicado: 013-108228-04

Disciplinado: Carlos Arturo Ibáñez Muñoz Cargo y entidad: Gerente General de CAJANAL Quejoso: De oficio Fecha queja: 23 de agosto de 2004

Fecha hechos: 20 de agosto de 2004

Asunto: Archivo

Bogotá DC, 03 de agosto de 2006 En ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 25 numeral 1) del Decreto Ley 262 de 2000 y, el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 017 de 4 de marzo de 2000 expedida por el Procurador General de la Nación, procede este Despacho a decidir el asunto radicado bajo el número 013-108228-04, en contra el Gerente General de CAJANAL EPS, para la época de los acontecimientos. HECHOS El Juzgado Promiscuo Municipal de Teorema-Norte de Santander-mediante oficio 187 de 20 de agosto de 2004, le comunicó a la Procuraduría General de la Nación, que se había iniciado incidente de desacato en contra de CARLOS ARTURO IBÁÑEZ MUÑOZ, en su calidad de Gerente General de CAJANAL EPS (fl. 1). Esta Delegada, a través de la providencia de 10 de mayo de 2005, ordenó la apertura de indagación preliminar, cuyo objeto era precisar la veracidad de la queja, determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la supuesta conducta disciplinable e igualmente establecer si era constitutiva de falta disciplinaria y si se afectó el deber funcional sin justificación alguna (fls. 14 a 16).

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA De conformidad con las pruebas recaudadas en la presente indagación preliminar, se concluye lo siguiente: El Juzgado Promiscuo Municipal de Teorama-Norte de Santander-por auto de 10 de agosto de 2004, dispuso correrle traslado al accionado CARLOS ARTURO IBÁÑEZ MUÑOZ, para que le diera contestación a la apertura del incidente de desacato del fallo de tutela de 23 de enero de 2003 (fls. 4 a 6). Sin embargo, el mismo el Juzgado Promiscuo Municipal de Teorama-Norte de Santander-mediante proveído de 14 de enero de 2005, sostuvo que CAJANAL mediante autorización de servicios A3N-96765-2004 dirigido a FARMA RED Ltda., cumplió con la orden de Tutela impartida por ese Despacho a satisfacción del accionante, situación que conllevó a declarar que el señor CARLOS ARTURO IBÁÑEZ MUÑOZ, en su calidad de Gerente General de CAJANAL EPS, no había incurrido en desacato respecto de fallo de tutela de fecha 23 de enero de 2003 (fls. 27 a 29). Como se puede apreciar, es evidente que CAJANAL EPS, dio cabal cumplimiento a las pretensiones del accionante JUAN DE DIOS PEÑARANDA PINO, de tal suerte, que el Juzgado Promiscuo Municipal de Teorama-Norte de Santander-declaró la no ocurrencia del referido al considerar que la entidad accionada había resuelto de manera favorable la solicitud formulada por PEÑARANDA PINO, por lo que no se

vulneraron los artículos 46 a 49 de la Constitución Política. Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-763-98 sostuvo: “Lo normal es que dentro del término que señale el fallo de tutela, la orden sea cumplida. Pero, si excepcionalmente la autoridad responsable del agravio va mas allá del término que se señale e incumple, el juez de tutela debe agotar los siguientes pasos obligatorios, uno a continuación del otro: a. Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y para que abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento. b. si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden de tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior, c. en el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el juez directamente adoptará todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y para tal efecto mantendrá la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho. Adicionalmente, el juez encargado de hacer cumplir el fallo podrá (así lo indica el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991) sancionar por desacato. Es esta una facultad optativa, muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún instante es supletoria de la competencia para la efectividad de la orden de tutela. Puede coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del desacato, pero no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato). Tratándose del cumplimiento del fallo la responsabilidad es objetiva

porque no solamente se predica de la autoridad responsable del agravio, sino de su superior, siempre y cuando se hubiere requerido al superior para que haga cumplir la orden dada en la tutela. Es el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y, si se trata del superior inmediato del funcionario que ha debido cumplir la orden, tratándose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el inferior el fallo de tutela, dándosele un término de cuarenta y ocho horas porque así expresamente lo indica el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991”. De esta manera, no basta que se hubiera iniciado el respectivo incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela para que pueda aseverarse que existió incumplimiento, mientras que así lo hubiera determinado el Juzgado correspondiente, más aún, como en el caso examinado, que se declaró el cumplimiento expreso del fallo de tutela de 23 de enero de 2003. Por todo esto, este Despacho se abstendrá de iniciar investigación disciplinaria en contra del Gerente General de CAJANAL EPS, y en consecuencia, se ordenará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, el archivo definitivo de las presentes diligencias. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus atribuciones jurídicas,

RESUELVE

2

PRIMERO: Abstenerse de iniciar investigación disciplinaria en contra de CARLOS ARTURO IBÁÑEZ MUÑOZ, en su condición de Gerente General de la Caja de Nacional de Previsión Social-CAJANAL EPS, para la época de los acontecimientos.

SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo de las presentes diligencias radicadas bajo el No. 013-108228-2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Notificar la presente decisión al señor CARLOS ARTURO IBÁÑEZ MUÑOZ, advirtiéndole que no procede recurso alguno.

CUARTO: No procede la comunicación de que trata el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002, por haberse iniciado de oficio.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM Pcagm Rearch Exp. 013-108228-04 mbm 3

Consultar sobre este documento ...