PGN - JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - No está llamada a resolver los conflictos

COSA JUZGADA-Referente a la identidad de causa y de partes El fenómeno de la cosa juzgada se refiere a la identidad de causa y de partes, entendiéndose la causa como los hechos, las pretensiones y sus fundamentos jurídicos, por ello es necesario examinar a doble columna, respecto del proceso Nº. si las identidades son de tal alcance, que enerven las pretensiones de la acción. Respecto a las partes, por activa claramente se establece, que en el sublite corresponde a la señora actora, quien actúa en causa propia como cónyuge del señor fallecido y en representación de sus menores hijos, tal como lo fue en el proceso Nº., luego hay identidad. No obstante por pasiva la presente acción se dirige contra el Municipio de Ocaña, mientras el proceso N. se adelantó contra el Departamento Norte de Santander, es decir, dos entidades territoriales diferentes. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA-Solicitud de reconocimiento de pago de seguro de vida colectivo y reconocimiento del seguro por muerte Sobre el agotamiento de la vía gubernativa, en el proceso Nº. 2002-1764 la accionante solicitó a la administración departamental de Norte de Santander el reconocimiento de pago de seguro de vida de su esposo, derivado de la póliza de seguro de vida colectivo, mediante petición radicada el 12 de julio de 2002, mientras en el caso sublite, la petición que originó el acto enjuiciado fue radicada el 19 de septiembre de 2003, ante el Alcalde del Municipio de Ocaña, solicitando el reconocimiento del seguro por muerte en suma equivalente a 24 SMLMV, de conformidad con los artículos 34 y

35 del decreto 3135 de 1968, en concordancia con el Decreto 1848 de 1969, luego se trata de peticiones que a prima facie parecen iguales, pero el soporte normativo no lo es, pues la primera correspondía al seguro colectivo contratado para los Alcaldes y la segunda al seguro de vida que cobija a los empleados públicos o trabajadores oficiales en servicio, en consecuencia no son pretensiones similares, aunque lleven el mismo título. De allí, concluyó que el Departamento de Norte de Santander contrató un seguro de vida colectivo para todos los Alcaldes del Departamento, menos para el de Ocaña que se encontraba suspendido, luego no estuvo garantizada su vida y seguridad, por hechos relacionados con el cargo, razón por la cual profirió la condena a dicho ente territorial. Así las cosas, claramente como lo sostuvo el Tribunal de primera instancia, en el caso subjúdice, no estamos frente a la excepción de cosa juzgada. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-No está llamada a resolver los conflictos derivados del sistema de riesgos profesionales En consecuencia, la jurisdicción contenciosa administrativa, no está llamada a resolver los conflictos derivados del sistema de riesgos profesionales, como sería el caso del extinto Alcalde, afiliado a DAVIVIR, al momento de su deceso, en calidad de Alcalde del Municipio de Ocaña, razón por la cual se solicitará al H. Consejo de Estado que declare probada de oficio la excepción de falta de jurisdicción. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 2

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : En consecuencia, se solicitará que se confirme la sentencia, pero no en la forma en que fue resuelta por el tribunal, sino que se declare probada la excepción de falta de jurisdicción.

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 251-2010

SIAF: 2010-370558

Bogotá, noviembre 16 de 2010

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

MAGISTRADO PONENTE: Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

E.S.D.

REFERENCIA : No. 540012331000200400559 01 (1005-2010) ACTOR : SANDRA CECILIA PAEZ ECHAVEZ IDENTIFICACION : C.C. 37.317.697 de Ocaña

DEMANDADO : MUNICIPIO DE OCAÑA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ASUNTO : SEGURO POR MUERTE Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en virtud del recurso de apelación que la entidad accionada interpuso contra la sentencia del 16 de diciembre de 2009, proferida por el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander.

1. Problema Jurídico La presente controversia se contrae a determinar si la accionante y sus menores hijos en calidad de beneficiarios del extinto señor José Aquilea Rodríguez Martínez tienen derecho a que el Municipio de Ocaña les reconozca y pague el seguro de muerte consagrado en el literal j) del artículo 14 del decreto 3135 de 1968, en armonía con los artículos 53 y s.s. del decreto reglamentario 1848 de 1969.

Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 3 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña

Página :

2. Lo que se demanda La demandante solicita la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el oficio de fecha 26 de diciembre, que negó la petición en relación con el seguro de muerte reclamado. Como restablecimiento del derecho solicita que en calidad de cónyuge supérstite y a favor también de sus menores hijos se le reconozca el seguro por muerte equivalente a 24 meses de salario de conformidad con los términos consagrados en literal j) del artículo 14 del decreto 3135 de 1968, en armonía con los artículos 53 y s.s. del decreto reglamentario 1848 de 1969, sumas debidamente indexadas y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código

Contencioso Administrativo. Como fundamento de sus pretensiones, afirma que es la cónyuge supérstite

de José Aquiles Rodríguez Martínez, de cuya unión nacieron José Aquiles y Mayra Alexandra Rodríguez Páez, menores hijos. El doctor Rodríguez Martínez, se desempeñó como Alcalde del Municipio de Ocaña, del 2 de enero de 1998 hasta el 28 de octubre de 2000, fecha de su deceso, víctima de grupos al margen de la ley que operan en la región, quienes lo secuestraron y luego de hacerle un juicio decidieron su muerte con el epitafio “por corrupto”. Sostiene que mediante decreto 001581 del 11 de noviembre de 1999, proferido por el Gobernador del Norte de Santander, en cumplimiento de la resolución Nº.071 de agosto 23 de 1999 expedida por el Fiscal 2º de Patrimonio Económico y Administración Pública Delegada ante jueces civiles del Circuito de Ocaña, fue suspendido del cargo. Sin embargo a pesar de haberse debitado de su salario, no fueron transferidas las cotizaciones al fondo de pensiones y cesantías Davivir. Afirma que la administración desconoció su situación jurídica de suspendido, no destituido,, por lo que debió seguir cotizando al fondo correspondiente hasta que se definiera su situación, lo que desencadenó la responsabilidad de asumir el riesgo correspondiente. Aduce que la jurisprudencia ha dicho que el funcionario que resultare absuelto de las imputaciones o sindicaciones que se le formules y se le reintegre al cargo, tiene derecho a que se le reconozca y pague las Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 4

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : acreencias y prestaciones dejadas de percibir, entre ellas el pago del seguro de muerte para sus beneficiarios. Refiere que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña, en sentencia del 2 de diciembre de 2000 proferida en el proceso Nº.54489-31-04-0022000-0038 declaró la inocencia de los entonces concejales del municipio, ordenando su libertad; considera que igual suerte hubiera corrido el doctor Aquiles Rodríguez, sino lo hubieran asesinado, pudiendo terminar su período constitucional hasta el 31 de diciembre de 2000. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta. Posteriormente la Fiscalía recurrió en casación, la que fue inadmitida y donde se hizo un enérgico y contundente llamado de atención por las irregularidades que desencadenaron la privación injusta de la libertad de inocentes y la muerte del Alcalde de Ocaña. Afirma que el deceso del dr. Aquiles Rodríguez, sobrevino en razón al cargo de alcalde que ostentaba, es decir por accidente de trabajo, razón por la cual mediante petición radicada el 29 de septiembre de 2003, solicitó a la administración el pago del seguro por muerte en monto igual a 24 veces el salario, es decir por la suma de $58.701.888, petición negada mediante el acto acusado “arguyendo que los actores habían elevado demanda anterior

(rad.2001-1038) ante las misma corporación con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes”. Citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 25, 53 y 90 de la Constitución Política; los artículos 84 y 85 del C.C.A.; el literal j) del artículo 14 del decreto 3135 de 1968 y los artículos 53 y s.s. del decreto reglamentario 1848 de 1969. Indica la demandante que se le deniega el reconocimiento del seguro por muerte porque la ley 100 de 1993 no reguló el seguro por muerte de los servidores públicos; que los accionantes presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por lo tanto no resulta procedente reconocer el seguro por muerte, porque se estaría indemnizando dos veces; y que no es procedente el pago solicitado porque el causante al momento de su muerte se hallaba suspendido en el Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 5 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : ejercicio de sus funciones públicas, luego no cumple con los requisitos previstos en el decreto 1848 de 1969.

3. Contestación de la demanda La entidad accionada, mediante apoderado, contestó uno a uno los hechos de la demanda, oponiéndose a las pretensiones, señalando que las normas

que se citan como vulneradas, son el soporte de la legalidad del acto. Sostiene que la suspensión del alcalde impedía el reconocimiento solicitado, por cuanto la no cotización a fondo alguno se basa en el inciso 2º del artículo 71 del decreto 806 de 1998 que dispone “en el caso de suspensión disciplinada o licencia no remunerada de los servidores públicos no habrá lugar a pago de aportes a la seguridad social, salvo cuando se levante la suspensión y haya lugar al pago de salarios por dicho período” y que en el caso subjúdice no existía al momento de la petición de pago del seguro muerte del ex alcalde, decisión absolutoria, ni orden de reintegro a su labor, para que la alcaldía tuviera que reconocerle y pagarle los emolumentos solicitados, porque no estaba en servicio sino suspendido del cargo por una medida preventiva dictada por la Fiscalía, debiendo demandar tal suceso bajo la acción de reparación directa por error judicial y no demandar a la Alcaldía quien no profirió ningún acto al respecto. Insiste en que se denieguen las súplicas y se absuelva a la Alcaldía de Ocaña, por ser una situación que no admite duda con la confrontación de lo fáctico y lo jurídico. (fls. 177-180) En los alegatos de conclusión, la parte actora reiteró lo expuesto en la demanda (fls. 230-239); de igual forma hizo la entidad territorial, quien insistió en la legalidad de su decisión (fls. 241-243). El Ministerio Público, en cabeza del Procurador 23 Judicial II Administrativo de Cúcuta, solicitó declarar la existencia de cosa juzgada, toda vez que

existe un pronunciamiento de fondo sobre el reconocimiento y pago del seguro de vida y muerte accidental a favor de los beneficiarios del extinto Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 6 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : José Aquiles Rodríguez Martínez, en su condición de Alcalde del Municipio de Ocaña. (fls. 250-252)

4. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la providencia objeto de alzada, decidió estarse a lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 27 de junio de 2005, dentro del proceso radicado 2002-1764, declarando probada la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva del Municipio de Ocaña, compulsando copias para que se investigara la conducta del apoderado de la parte actora.

Consideró la Sala, para decidir: “En conclusión no hay lugar a acceder a las súplicas de la demanda, por cuanto, el seguro por muerte a favor de los accionantes, en virtud del fallecimiento del señor José Aquiles Rodríguez Martínez, ya fue reconocido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 2002-1764 a cargo del Departamento Norte de Santander. Que al estarse por la Sala a lo dispuesto en dicho fallo, se advierte que existe en el presente proceso falta de legitimación por pasiva del Municipio de Ocaña, al recaer para la época de los hechos la responsabilidad en suministrar

el seguro de los alcaldes en el Departamento de Norte de Santander, toda vez que la misma vino a quedar en manos de los alcaldes en virtud de la expedición de la ley 617 de 2000 cuya vigencia inició el 6 de octubre de 2000, fecha en la cual ya se habían contratado los respectivos seguros de vida de los Alcaldes del Departamento de Norte de Santander, para el periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2000, excepto el del alcalde inmolado, por las razones expuestas dentro del proceso 2002-1764 que le otorgó el derecho. Que no existe cosa juzgada del presente proceso respecto al 2002-1764, toda vez que no se cumplen con los presupuestos de identidad de pretensiones y de partes. Que las normas que se invocan como vulneradas por el accionante son de aplicación a los empleados del orden nacional, dentro de los que no se encuentran los alcaldes.”

5. El recurso de apelación El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación, en el que manifiesta que las pretensiones que dieron origen a la sentencia proferida en Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 7

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : el proceso 2002-1764 no guardan la mínima relación con la causa petendi del presente proceso, además que en ese se demandó al Departamento de Santander y en el sublite al Municipio de Ocaña, por lo que considera que el tribunal entra en contradicción en su decisión, al ordenar estarse a lo resuelto

en dicha providencia, pero no declara la cosa juzgada, haciéndola incongruente. Sostuvo además, “que la indemnización reclamada no contraviene ninguna ley; pues un asunto es que el departamento con fundamento en normas de inferior jerarquía contratara un seguro, de baja indemnización, entre otras cosas, a favor de los alcaldes y otra, que la autoridad administrativa dispusiera de la contratación de un seguro de vida, estos mandamiento no riñen entre si.” (fls. 269-277)

6. Los alegatos de conclusión Las partes guardaron silencio.

7. Análisis Probatorio y caso concreto Revisada el expediente, se establece que el señor José Aquiles Rodríguez Martínez, fue elegido Alcalde por el Municipio de Ocaña, para el periodo de 1998 a 2000 por el partido Conservador Colombiano (fl.28) y que desempeñó el cargo del 2 de enero de 1998 hasta el 10 de noviembre de 1999, fecha en que fue suspendido del cargo por el Gobernador del Departamento, en cumplimiento a una orden judicial. (fl.29) Consta igualmente que falleció el 28 de octubre de 2000, “víctima de masacre discriminada por motivos ideológicos y políticos, en el marco del conflicto armado interno” (fls.- 27-30) Se certificó por parte de la Jefatura de Personal del Municipio de Ocaña, que el doctor JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ, para el 28 de octubre de 2000 “estaba afiliado por concepto de salud al Instituto de Seguro Social y se dejaron de cancelar los aportes al Fondo de Pensiones DAVIVIR hoy

Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 8 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : SANTANDER, debido a que en la fecha antes mencionada él se encontraba suspenso en su función de Alcalde Municipal de Ocaña”. (fl. 38) Mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña, del 6 de diciembre de 2000, se resolvió declarar extinguida la acción penal seguida contra JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ, por los delitos de peculado por destinación oficial diferente y prevaricato por acción, en perjuicio de la administración pública, decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta del 26 de octubre de 2001 (fls. 42 a 145) De la misma forma por sentencia de fecha 27 de junio de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso 20021764, incoado por Sandra Cecilia Páez Echavez contra el Departamento Norte de Santander, se declaró la nulidad del oficio Nº.1501 del 8 de agosto de 2002 emanado de la Secretaría Jurídica del Departamento y como restablecimiento del derecho se ordenó al departamento el reconocimiento y pago de la suma de veinte millones de pesos, correspondientes 10 millones por concepto de seguro de vida que debió amparar al señor JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ y 10 millones de pesos adicionales por muerte

accidental. (fls.201 a 226) La accionante radicó el 19 de septiembre de 2003, solicitud al Alcalde del Municipio de Ocaña, solicitando el pago del seguro por muerte causado por JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ. (fls. 31-35), cuya respuesta por parte de la administración municipal fue desfavorable, mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2003, por considerar que no existe dentro de la ley 100 de 1993, regulación respecto al seguro por muerte, sino la pensión de sobrevivientes para los miembros del grupo familiar del empleado, cuya discusión se adelanta en otro proceso. Este último es el acto enjuiciado.(fl. 23) Visto lo anterior y teniendo en cuenta que el debate litigioso se centra en la solicitud hecha al Municipio de Ocaña, por parte de los beneficiarios del extinto doctor JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ, en el Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 9 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : reconocimiento del seguro por muerte de que trata el literal j) del artículo 14 del decreto 3135 de 1968 en armonía con los artículos 53 y ss del decreto reglamentario 1848 de 1969, para abordar el tema subjúdice, es necesario el desarrollo de varios ítem: i) cosa juzgada; ii)ilegitimidad en la causa por pasiva, y iii) caso concreto. i)- Cosa juzgada

El fenómeno de la cosa juzgada se refiere a la identidad de causa y de partes, entendiéndose la causa como los hechos, las pretensiones y sus fundamentos jurídicos, por ello es necesario examinar a doble columna, respecto del proceso Nº. 2002-1764, si las identidades son de tal alcance, que enerven las pretensiones de la acción. Respecto a las partes, por activa claramente se establece, que en el sublite corresponde a la señora SANDRA CECILIA PAEZ ECHAVEZ quien actúa en causa propia como cónyuge del señor JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ y en representación de sus menores hijos José Aquiles y Mayra Alexandra Rodríguez Páez, tal como lo fue en el proceso Nº.2002-1764, luego hay identidad. No obstante por pasiva la presente acción se dirige contra el Municipio de Ocaña, mientras el proceso N. 2002-1764 se adelantó contra el Departamento Norte de Santander, es decir, dos entidades territoriales diferentes. Respecto a los actos acusados, aquí se pretende la nulidad del oficio de fecha 26 de diciembre de 2003, suscrito por el Alcalde Municipio de Ocaña, mientras en el proceso Nº.2002-1764 se demandó la nulidad del oficio Nº.1501 de agosto 8 de 2002, proferido por la Secretaria Jurídica del Departamento Norte de Santander, de donde fácilmente se deduce que se trata de actos administrativos diferentes, y provenientes de distinta autoridad, los cuales no se

confunden entre si. Sobre el agotamiento de la vía gubernativa, en el proceso Nº. 2002-1764 la accionante solicitó a la administración departamental de Norte de Santander el Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 10 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : reconocimiento de pago de seguro de vida de su esposo, derivado de la póliza de seguro de vida colectivo, mediante petición radicada el 12 de julio de 2002, mientras en el caso sublite, la petición que originó el acto enjuiciado fue radicada el 19 de septiembre de 2003, ante el Alcalde del Municipio de Ocaña, solicitando el reconocimiento del seguro por muerte en suma equivalente a 24 SMLMV, de conformidad con los artículos 34 y 35 del decreto 3135 de 1968, en concordancia con el Decreto 1848 de 1969, luego se trata de peticiones que a prima facie parecen iguales, pero el soporte normativo no lo es, pues la primera correspondía al seguro colectivo contratado para los Alcaldes y la segunda al seguro de vida que cobija a los empleados públicos o trabajadores oficiales en servicio, en consecuencia no son pretensiones similares, aunque lleven el mismo título. Es además claro de la lectura de la sentencia proferida en el proceso Nº. 20021764, que el seguro de vida reclamado por la accionante estaba relacionado con lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 617 del 6 de octubre de 2000 y/o de

su relación, antes de la entrada en vigencia de dicha norma, razones por las que condenó al Departamento. El Tribunal al proferir la sentencia en el proceso Nº. 2002-1764, hizo las siguientes consideraciones: Lo anterior nos induce a concluir que a quien le correspondía contratar el seguro de vida, era al mismo alcalde previa autorización del Concejo Municipal a partir de la vigencia de la ley 617 de 2000. Con todo, antes de la misma y desde el año 1994 según el respaldo probatorio allegado en cumplimiento al auto para mejor proveer en cuaderno anexo de pruebas, el gasto lo asumió la Gobernación del Departamento, la que excluyó del amparo al alcalde de Ocaña que se encontraba suspendido, en vigencia anterior a la ley 617 de 2000. En consecuencia, la responsabilidad recae en el Departamento Norte de Santander, toda vez que desde 1994, por mandato de la Ordenanza Nº. 028 del 25 de agosto, por la cual se conceden unas autorizaciones al Gobernador del Departamento de Norte de Santander, para contratar un seguro de vida e incapacidad total y permanente para los alcaldes de unos municipios de Norte de Santander y se hacen los ajustes presupuestales necesario, en su tenor literal, se dispuso: … Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 11 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : Dentro de la misma Ordenanza 028 de 1994, en el parágrafo del artículo tercero

se precisó que “a partir de 1995 será incluido un rubro dentro de vigencia anual presupuestal para dar cumplimiento a la presente ordenanza”. En efecto y en cumplimiento a dicho parágrafo dentro de la Ordenanza 041 del 26 de noviembre de 1998 y por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos e inversión para la vigencia discal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999, se incluyó en el capítulo segundo Gobernación, gastos de funcionamiento el artículo 4004 correspondiente al seguro de vida e incapacidad total y permanentes alcaldes para un total de $8000.000 De igual manera dentro de la Ordenanza 22 del 24 de noviembre de 1999, por la cual se fija el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital y el presupuesto de Gastos de Inversión para la vigencia fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil, se incluyó dentro de las transferencias el artículo 3056 correspondiente al seguro de vida e incapacidad total y permanente de Alcaldes por un valor de $9.200.000 Así mismo en el decreto 001903 del 29 de diciembre de 1999 por el cual se dispone la liquidación del Presupuesto de Rentas y recursos de Capital y Presupuesto de Gastos de Inversión para la vigencia fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil, se precisó que el rubro 3056 correspondiente al Seguro de Vida e incapacidad total y permanente Alcaldes se destinaría para contratar con una compañía aseguradora legalmente autorizada un seguro de vida e incapacidad total y permanente para los alcaldes de los municipios que de acuerdo a la ley 136 de 1994 se encuentren dentro de

categorías 1, 2, 3 (Ordenanza 28 de agosto 25 de 1994) estipulándose además que el término del seguro sería por el período que dure el mandato de los mismos. En caso de falta absoluta que sea llamado a ocupar el cargo tendrá los mismos beneficios.” De allí, concluyó que el Departamento de Norte de Santander contrató un seguro de vida colectivo para todos los Alcaldes del Departamento, menos para el de Ocaña que se encontraba suspendido, luego no estuvo garantizada su vida y seguridad, por hechos relacionados con el cargo, razón por la cual profirió la condena a dicho ente territorial. Así las cosas, claramente como lo sostuvo el Tribunal de primera instancia, en el caso subjúdice, no estamos frente a la excepción de cosa juzgada. ii) Ilegitimidad en la causa por pasiva Ahora bien, la ilegitimidad en la causa por pasiva, declarada por el Tribunal, como excepción de oficio, teniendo en cuenta lo decidido por el mismo Tribunal en la sentencia de fecha 27 de junio de 2005, dentro del proceso Nº.2002-1764, tampoco tiene la identidad de fulminar el litigio en cuestión, pues como ya se Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 12 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : vió, la otra controversia giró entorno al seguro de vida, mientras ésta se refiere al seguro por muerte, peticiones que fueron incoadas ente entidades

territoriales diferentes y bajo normativa distinta, aunque provenientes de la misma causa, el deceso del señor JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ. Así las cosas, a juicio de esta Agencia del Ministerio Público, es necesario ahondar en el asunto jurídico en debate, pues es válido en principio que la actora solicitara al Municipio de Ocaña, como último empleador de su cónyuge el reconocimiento del seguro por muerte en suma equivalente a 24 SMLMV, de conformidad con los artículos 34 y 35 del decreto 3135 de 1968, en concordancia con el Decreto 1848 de 1969; otra cosa es que tenga derecho a ello. Como la administración municipal de Ocaña profirió el oficio mediante el cual niega lo pretendido por la actora, sin que en ningún momento haya estado deslegitimado para tal decisión, pues realmente antes de su muerte existía el vínculo con dicha entidad territorial, así éste estuviera suspendido, está más que acreditada, la legalidad de la vía de acción en su contra, siendo improcedente la declaratoria de prosperidad de dicha excepción, como lo señaló el Tribunal en la sentencia que se examina. iii) Caso concreto Visto lo anterior corresponde entonces decidir, si la demandante y sus menores hijos en calidad de beneficiarios extinto Alcalde del Municipio de Ocaña, señor JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTINEZ, tienen derecho al seguro por muerte en suma equivalente a 24 SMLMV, de conformidad con los artículos 34 y 35 del decreto 3135 de 1968, en concordancia con los artículo 52 y siguientes del Decreto 1848 de 1969.

Sobre tal reclamación considera esta Agencia del Ministerio Público, que las pretensiones no están llamadas a prosperar, en primer lugar, por cuanto de conformidad con el mismo artículo 7º del decreto 1848 de 1969, las normas antes enunciadas se aplican únicamente a los empleados públicos nacionales de la rama administrativa del poder público, y si bien es cierto con Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N251/2010 Ministerio Público 13 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1005-2010 Sandra Cecilia Paez Echávez vs. Municipio de Ocaña Página : la expedición del decreto 1919 de 20021 (1 de septiembre de 2002), éstas se hicieron extensivas, los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades2 a las cuales se les aplica el citado decreto, tienen derecho a que se les reconozca y paguen las siguientes prestaciones sociales:

1. Prima de Navidad.

2. Vacaciones.

3. Prima de vacaciones.

4. Bonificación especial por recreación

5. Subsidio familiar.

6. Auxilio de cesantía.

7. Intereses a las cesantías.

8. Calzado y vestido de labor.

9. Pensión de vejez. (jubilación)

10. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

11. Pensión de invalidez.

12. Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez

13. Pensión de sobrevivientes.

14. Auxilio de maternidad.

15. Auxilio por enfermedad.

16. Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

17. Auxilio funerario.

18. Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, servicio odontológico y demás servicios de salud derivados del régimen de salud del Sistema de Seguridad Social Integral.

19. Bonificación de dirección para Gobernadores y Alcaldes.

De donde se observa, no está incluido el seguro por muerte. Y respecto a las prestaciones sociales derivadas de la muerte del trabajador, una vez entró en vigencia la ley 100 de 1994, en armonía