PGN - JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - No tiene competencia para decretar nuevas

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto sancionatorio disciplinario RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Las faltas disciplinarias son sancionables a título de dolo o culpa/RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIAReferentes para precisar el grado de participación en la comisión de la falta Vale precisar que en materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, pues las faltas cometidas por los servidores públicos solo serán sancionables a título de dolo o culpa, como lo establece la norma disciplinaria, además que no se hace distinción en cuanto al carácter del nombramiento que ostente el servidor público, la duración del mismo o el nivel jerárquico, solo basta que el operador jurídico observe el incumplimiento de deberes, el abuso o extralimitación de derechos y funciones o la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, para que proceda de conformidad con el ordenamiento disciplinario; no obstante, dichos referentes sirven para precisar el grado de participación en la comisión de la falta. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones Igualmente debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico constitucional prevé un sistema de responsabilidad personal e individual de los servidores públicos, conforme al cual, quienes se encuentren al servicio del Estado están obligados a observar la Constitución, las leyes, los reglamentos y atender las funciones y servicios públicos bajo parámetros de moralidad, eficiencia, eficacia y con respeto por los derechos y las garantías

de los asociados, debiendo responder tales servidores por esas acciones u omisiones o extralimitaciones en que puedan incurrir en el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-No tiene competencia para decretar nuevas pruebas o controvertir aspectos nuevos Cabe señalar que no es el proceso contencioso administrativo un medio, para allegar nuevas pruebas, ni para controvertir aspectos nuevos o diferentes a los planteados por el imputado a lo largo del proceso disciplinario, pues la función del control jurisdiccional está limitada a lo que obre en dichas actuaciones y lo alegado por las partes en su debida oportunidad, pues de lo contrario sería trasladar la discusión a otra instancia inexistente. PROCESO DISCIPLINARIO-Deber de respetar el debido proceso Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 2 PROCESO DISCIPLINARIO-Adecuación típica en la etapa de investigación Sobre la adecuación típica de la conducta, respecto de la cual alega el accionante que no se le definió en el auto de apertura de investigación, y que por ello se le vulneró el derecho de defensa, esta Agencia del Ministerio Público, no comparte dicho argumento, como quiera que de la lectura del artículo 154 de la ley 734 de 2002, este debe contener: i)la identidad del posible autor o autores; ii) la relación de pruebas cuya práctica se ordena; iii)

la orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del investigado, y sus condiciones laboral-administrativas; y iv)la orden de informar y comunicar esta decisión; luego no se obliga a la tipificación, pues precisamente es una etapa en la que precisamente se verifica la ocurrencia de la conducta para determinar si es o no falta disciplinaria, se individualizan los autores, su grado de responsabilidad. Cosa diferente que ocurre en el pliego de cargos, cuando de forma objetiva está demostrada la falta y exista prueba de que comprometa la responsabilidad del investigado, cuyo contenido está expresamente estipulado en el artículo 163 del C.D.U., y exige en su numeral segundo la descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. PROCESO DISCIPLINARIO-Tiene como objetivo el interés general Como en reiteradas ocasiones, se ha dicho por parte de este Ministerio Público, si el proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, en su calidad de Subteniente de la Policía Nacional, tuvo como fin inmediato la de reprimirle su particular falla funcional, consecuente y mediata era la tarea de Inspector Delegado Región No.3 de reivindicar la eficacia de la función administrativa (art. 209 C. Po.); por lo que no hay fundamento para sustentar una infracción a normas de rango fundamental o de superior jerarquía, como lo estima el demandante, pues está claro que el proceso disciplinario no tuvo como fin u objetivo diferente sino el del interés general, para lo que están concebidos los actos administrativos; como quiera que no fueron motivos

extraños a la salvaguarda de la función pública los que condujeran a la imposición de la sanción disciplinaria. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 3

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO

CONCEPTO No. 030-2014

IUS: 2014-39982

Bogotá D. C., enero 13 de 2014

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

E.S.D.

REFERENCIA : No. 110010325000201100374 00 (1410-2011)

ACTOR : JOAQUIN GERARDO ORTEGA REYES IDENTIFICACION : C.C. 74.381.403

DEMANDADO : NACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ASUNTO : SANCION DISCIPLINARIASUSPENSION Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en única instancia.

1. Problema Jurídico La presente controversia se centra en establecer la legalidad de la sanción

de suspensión e inhabilidad especial de seis meses sin derecho a remuneración, impuesta al accionante como en miembro de la Policía Nacional.

2. Lo que se demanda El demandante mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita la nulidad del fallo de primera instancia del 9 de junio de 2010 expedido por el Inspector Delegado Regional Tres, por el cual se le impuso al Teniente Coronel la sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad especial por el mismo término; el fallo de segunda instancia del 12 de octubre de 2010 expedido por el Inspector General de la Policía Nacional, que resolvió el recurso de apelación confirmando la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 4 decisión; y el decreto presidencial No. 4704 del 21 de diciembre de 2010, por la cual se ejecutó la sanción disciplinaria. Como restablecimiento del derecho, pide que se reintegre al demandante al servicio con efectividad a partir del 31 de diciembre de 2010 sin solución de continuidad y al mismo cargo a al superior porque para esa fecha sus compañeros de curso ya habían ascendido; se le reconozcan y paguen los salarios y prestaciones dejados de percibir desde cuando se hizo efectiva la sanción de suspensión, sumas debidamente actualizadas, más los intereses comerciales y moratorios conforme el artículo 177 del C.C.A.

Como relación fáctica indicó que como miembro de la Policía Nacional se le adelantó la investigación disciplinaria con radicado REGI3-2009-13, con base en la queja presentada por el señor PAULIN OLIVERA CALLEJAS, quien adujo que el 4 de enero de 2009 fue agredido verbal y físicamente por el comandante de la estación de Salento-Quindío y el Patrullero ARLEY DUQUE BEDOYA, y como consecuencia de ello a él y su hermano les dieron 35 días de incapacidad médica legal. Que en la indagación preliminar por parte de la oficina de control interno del Departamento del Quindío inicialmente fueron vinculados los Patrulleros DUQUE BEDOYA ARLEY, ANGELA MARIA SANCHEZ y SANDRA YANETH LADINO ABELLO, sin embargo, al evidenciar la posible participación de un oficial, se remitieron las diligencias al Inspector Delegado, quien asumió la investigación preliminar y ordenó la práctica de pruebas comisionando para ello al Jefe de la Oficina de control interno. Mediante auto del 6 de enero de 2010 se profirió pliego de cargos contra el oficial demandante y el Patrullero ARLEY DUQUE BEDOYA, proceso que culminó con los actos enjuiciados que le impusieron la sanción de suspensión ya referida, en primera instancia por el Inspector Delgado Tres y en segunda por el Inspector General de la Policía Nacional. Sostiene que son nulas las pruebas recaudadas, porque no existe la figura de la comisión y al no haberse practicado por el mismo Inspector Delegado de la Policía, se violó el principio de la inmediación de la prueba, lo que fue

alegado también como nulidad procesal.

Señala que: “De conformidad con la jurisprudencia Constitucional, para que sea dable la figura de comisionado en el presente caso, primero que todo la oficina no puede ejercer esta potestad en su misma sede, pues no estaría cumpliendo con los principios de la inmediación de la prueba, y segundo que todo el comisionado debe tener la competencia para desarrollar la comisión, donde según la ley 1015 de febrero 7 de 2006, los suboficiales que figuran como funcionarios comisionados no tienen la calidad de competentes disciplinarios.

Con lo anterior se tiene que las pruebas allegadas por el funcionario comisionado son abiertamente ilegales y contrarias a derecho, pues exceden las competencias que tenía el funcionario de disciplina de la inspección delegada tres, ya que este no podía comisionar para práctica de pruebas en su sede como lo contempla el artículo 181 del Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 5 C.C., por vía de remisión del artículo 21 de la ley 734 de febrero 5 de 2002. Considera que en aplicación al artículo 133 de la ley 734 de 2002, se debe tener en cuenta la competencia para la práctica de pruebas, que se establece de acuerdo con la calidad del investigado que para el caso de la Policía Nacional, prima el grado que la territorialidad, y en este caso se trató de un Oficial Superior, cuya competencia radica única y exclusivamente en

cabeza del Inspector General, sin importar donde se cometió la falta, lo que no concurre con los suboficiales subalternos; cita la ley 1015 de 2006, en la que se apoya para alegar la violación al debido proceso e inmediación de la prueba, porque la comisión solo debe darse entre oficiales con categoría de competentes, por fuera de su sede y bajo las formas propias de cada juicio. De otra parte, hizo referencia a que no se dio traslado de los dictámenes de medicina legal, los que podían ser objetados de conformidad con el artículo 238 del C.P.C., lo cual considera constituye una violación más al debido proceso y derecho de defensa, porque estos fueron realizados un día después de los hechos que se denuncian, “lo cual da un margen de tiempo en el cual muchas cosas pudieron haber sucedido en el lapso de más de 12 horas”. Igualmente señala que no se determinó en forma preliminar la presunta falta disciplinaria en el auto que ordena la investigación, razón por la cual, la falta de tipicidad no permite claridad respecto de la cual se debe encaminar la defensa y cita como vulnerados los artículos 20 de la ley 1015 de 2006 y 154 de la ley 734 de 2002, además de los principios rectores del régimen disciplinario.

Aduce que: “… el funcionario con competencia disciplinaria debió desde el inicio de la investigación disciplinaria como tal haber establecido de manera provisional la presunta falta que se investiga, con ello se evita un sin número de pliegos de cargos que en última ratio solo conlleva a que se viole el debido proceso disciplinario como quiera que la defensa

material y técnica nunca tuvieron realmente la oportunidad de buscar una causal excluyente de responsabilidad solo hasta cuando se formula un primer pliego de cargos que después es decretado nulo y se rehace nuevamente el andamiaje probatorio en busca de una nueva exclusión de responsabilidad o una causa justa.” Manifestó que existió una indebida valoración probatoria, por cuanto no existe prueba diferente a la de los quejosos respecto a que el Oficial y el Patrullero hubieran causado las lesiones y señala que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, “esto es, que se juzgue a los policiales por los resultado meramente descritos por los presuntamente afectados, sin tan siquiera tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos. Señala que cuando no hay transgresión del deber funcional no se puede hablar de comportamiento irregular alguno, equiparándolo de esta manera a una ausencia de ilicitud sustancial. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 6 Afirma que se incurrió en indebida adecuación típica de la conducta en el pliego de cargos, como quiera que el pliego de cargos, no se hizo referencia a cuál fue la afectación del deber funcional, porque solamente se limitaron a decir que fue la norma especial del numeral 2 del artículo 35 a título de dolo, dejando por fuera la ilicitud sustancial, quedando incompleta la estructura de la falta disciplinaria como lo exige el artículo 23 de la ley 734 de 2002,

irregularidad sustancial que afecta el debido proceso. Alega, igualmente, que se violó el debido proceso por inobservancia del parágrafo del artículo 27 de la ley 1015 de 2006, que ordena la creación del comité de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes en cada una de las unidades que ejerzan la atribución disciplinaria, lo que se convierte como un requisito de procedibilidad para entrabar una Litis disciplinaria, lo que constituye otra violación al debido proceso y derecho de defensa. Señaló el accionante como normas violadas los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política y adujo que actuó para sostener el orden público interno, salvaguardar los intereses de la sociedad y en cumplimiento de la ley y la Constitución. Además de invocar estar inmerso en dos causales de exclusión de responsabilidad conforme el artículo 28 de la ley 734 de 2002, como lo son: i) en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia al sacrificado; y ii) por salvaguardar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. Aduce que: “al momento de requerir a los hermanos para realizar un registro personal, uno de ellos agredió a uno de sus policiales hasta el punto de ser objeto de lesiones personales de parte del quejoso, siendo así que para su control se tuvo la necesidad de aplicar en medida la fuerza para su control.”; cita el artículo 29 del decreto 1355 de 1979, Código Nacional de Policía y

argumenta que se utilizó la fuerza para minimizar la agresividad de los quejosos. También citó los artículos 11, 17 y 14 de la ley 1015 de 2006 (Régimen disciplinario para la Policía Nacional), respecto a las circunstancias que influyeron en su comportamiento y los eximentes de responsabilidad que no fueron tenidos en cuenta por los falladores disciplinarias; además de los artículos 60, 62 y 142 del C.U.D., porque se profirió una sanción sin haberse establecido a plenitud la responsabilidad del inculpado.

3. Contestación de la demanda El Secretario General de la Policía Nacional, con base en las facultades conferidas mediante resoluciones No.3969 del 30/11/061 y No.03191 del 5 de octubre de 2010, designó apoderado especial para representar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, quien solicitó que se desestimen en su totalidad las pretensiones de la acción, porque los actos se expidieron de conformidad con las normas legales y con el respeto y

1 Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 7 garantía de los derechos del disciplinado. Solicita se declare inhibido frente a la nulidad del Decreto 4704 del 12 de diciembre de 2010, por tratarse de un

acto de ejecución. Señaló el apoderado que es equivocada la interpretación del actor, respecto a la facultad del Inspector Delegado 3 para comisionar la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento del Quindío, de conformidad con el artículo 133 de la ley 734 de 2002, aplicable por integración normativa de acuerdo con el artículo 58 de la ley 734 de 2006, al darle un alcance que no tiene, a la palabra “sede”, las cuales además son diferentes, pues el primero la tiene en Pereira y el segundo en Armenia; teniendo en cuenta adicionalmente que las pruebas y notificaciones se realizarían en el Departamento del Quindío, sede de trabajo del Investigado. Igualmente refiere que la nulidad por falta de competencia de las pruebas practicadas por el funcionario comisionado, carece de argumento, porque la comisión estuvo ajustada a la ley, además que en materia disciplinaria la falta de competencia solamente es insaneable cuando se trata del fallador, conforme lo ha indicado la Corte Constitucional en las sentencia C-181 y C1076 de 2002. De otra parte aduce que contrario a lo dicho en la demanda el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía-Quindío, dio traslado de los dictámenes periciales del Instituto de Medicina Legal identificados con los radicados 2009C-05020100077 y 2009C-05020100076, por el término de 3 días, para los fines del artículo 238 del C.P.C., como consta en el acta a folios 129 a 132 del expediente disciplinario. Señala, también, que no era necesaria la adecuación típica de la conducta

en el auto de apertura de investigación disciplinaria, porque el artículo 153 de la ley 734 de 2002 indica que precisamente esta etapa tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la responsabilidad del investigado. Manifiesta que los operadores de primera y segunda instancia realizaron una adecuada valoración probatoria y de acuerdo con las reglas de la sana crítica en cumplimiento al artículo 141 de la ley 734 de 2002, aplicable por la integración dispuesta en el artículo 52 de la ley 1015 de

2006. De igual forma la adecuación típica se realizó en forma adecuada cuando se acusa al accionante de cometer presuntamente la falta consagrada en el artículo 35, numeral 2° de la ley 1015 de 2006, describiendo el verbo rector y las circunstancias modales en que presuntamente fu cometida, según lo ordenado en los artículos 162 y 163 del C.U.D. Finalmente, consideró que el sometimiento de la queja ante el Comité señalado no es un requisito de procedibilidad para la acción disciplinaria y que de acuerdo con los artículos 69 y 70 del CDU dicha acción inicia de oficio, por información proveniente de servidor público o queja formulada por cualquier persona.

Finalmente, alega, que no existe cargo concreto frente a la legalidad de las pruebas tenidas en cuenta para adoptar la sanción y contrario a lo que Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 8 afirma la parte actora, se trató de conductas realizadas con conocimiento y voluntad, tal como lo explica el análisis probatorio en las decisiones demandada, que no dejan duda de la ocurrencia de la responsabilidad disciplinaria imputada y de la autoría del demandante, además del análisis sobre la responsabilidad disciplinaria y la sanción a imponer, aferrado a las normas aplicables. (fls. 642-652)

5. Alegatos de Conclusión La entidad demandada a folios 718 a 729 designó nuevo apoderado, quien presentó sus alegatos finales, en los que reitera que no se le vulneró su derecho al debido proceso al investigado y no existió ninguna ilegalidad en los actos administrativos proferidos, teniendo en cuenta que quedó demostrado en la investigación la infracción al deber funcional por parte del investigado, reiterando que la jurisdicción contenciosa no es una tercera instancia para debatir nuevamente la valoración probatoria, la que considera fue adecuada, ya que obran las pruebas documentales y testimoniales que conducen a la certeza de los hechos ocurridos, incurriendo en la falta disciplinaria endilgada por la cual se le impuso la sanción de suspensión por e inhabilidad especial por el término de seis meses, acorde con lo dispuesto en la ley 1015 de 2006, aplicable al personal uniformado. Señala que bajo el procedimiento verbal, se cumplieron todas las etapas para efecto del debido proceso y ritualidad establecida y en garantía del derecho a la defensa la

cual ejerció por medio de su defensor. La parte actora, guardó silencio.

6. Del caso concreto El problema jurídico se centra en dilucidar si con la expedición de los actos administrativos censurados se incurrió en las causales de invalidez por violación al derecho fundamental al debido proceso y de defensa, dentro del diligenciamiento disciplinario que se le adelantó al demandante, Subteniente

JOAQUIN GERARDO ORTEGA REYES.

Vale precisar que en materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, pues las faltas cometidas por los servidores públicos solo serán sancionables a título de dolo o culpa, como lo establece la norma disciplinaria, además que no se hace distinción en cuanto al carácter del nombramiento que ostente el servidor público, la duración del mismo o el nivel jerárquico, solo basta que el operador jurídico observe el incumplimiento de deberes, el abuso o extralimitación de derechos y funciones o la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, para que proceda de conformidad con el ordenamiento disciplinario; no obstante, dichos referentes sirven para precisar el grado de participación en la comisión de la falta.2 2 Ver sentencia del 12 de marzo de 2009, Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón, N° de referencia 110010325000200300444-01 (6209-2003), Jairo Hernán Benjumea vs. Procuraduría General de la Nación Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 9 Igualmente debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico constitucional prevé un sistema de responsabilidad personal e individual de los servidores públicos, conforme al cual, quienes se encuentren al servicio del Estado están obligados a observar la Constitución, las leyes, los reglamentos y atender las funciones y servicios públicos bajo parámetros de moralidad, eficiencia, eficacia y con respeto por los derechos y las garantías de los asociados, debiendo responder tales servidores por esas acciones u omisiones o extralimitaciones en que puedan incurrir en el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas. Examinada la demanda, en la parte del concepto de violación se hace referencia a la violación de las normas de la Constitución Política, la ley 734 de 2002, y la ley 1015 de 2006, y en términos generales, tratándose de la vulneración al debido proceso y derecho de defensa, se examinará si existió por parte del operador disciplinario, algún yerro en el trámite que amerite el reproche judicial, aclarando desde ahora que no es esta acción una tercera instancia para controvertir nuevamente los alegatos del encartado, ni para cuestionar los elementos de convicción de la valoración que hizo la entidad demandada. Al respecto ha dicho la Alta corporación: “Lo que el actor cuestiona es la valoración que de los elementos de convicción hizo la entidad demandada, en la medida en que estima que no estuvo ajustada a la sana crítica. Sin embargo, del contenido del acto complejo demandado, se desprende que dentro de la

actuación administrativa se respetaron las garantías procesales del actor y en criterio de esta Sala, la valoración de las pruebas en los términos de dicho acto, resulta coherente, justa y razonada.3 Cabe señalar que no es el proceso contencioso administrativo un medio, para allegar nuevas pruebas, ni para controvertir aspectos nuevos o diferentes a los planteados por el imputado a lo largo del proceso disciplinario, pues la función del control jurisdiccional está limitada a lo que obre en dichas actuaciones y lo alegado por las partes en su debida oportunidad, pues de lo contrario sería trasladar la discusión a otra instancia inexistente. En el caso concreto, del diligenciamiento disciplinario4 se puede colegir, que el disciplinado, señor JOAQUIN GERARDO ORTEGA REYES, se desempeñaba como miembro activo de la Policía Nacional en el grado de Subteniente, para la época de los hechos Comandante de la Estación de Policía en el Municipio de Salento-Quindío, razón por la cual tenía la condición de servidor público, sometido al régimen disciplinario de los mismos. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, sentencia del 30 de marzo 2011, expediente No. 05001-23-31-000-1998-02823-01(2060-10), ACTOR: ORLANDO EFRÉN BOHÓRQUEZ IBAÑEZ, Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL 4 Al radicado le correspondió el número REGI3-2009-13

Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 10 Los hechos materia de investigación tienen origen en la queja presentada por los señores JOSE PAULINO y LUIS ANGEL CALLEJAS OLIVERA, respecto a las agresiones físicas sufridas el día domingo 4 de enero de 2004, cuando fueron conducidos y retenidos en las instalaciones de la Estación de Policía de Salento, quienes anexaron dictamen médico legal que otorgó cinco días de incapacidad definitiva, y treinta y cinco días de incapacidad provisional, respectivamente. Las diligencias fueron examinadas por el Jefe de Control Disciplinario Interno, quien mediante auto del 14 de enero de 2009, profirió auto de apertura e indagación preliminar, en contra de los Patrulleros DUQUE BEDOYA ARLEY, ANGELA MARIA SANCHEZ, y SANDRA YANETH LADINO ABELLO, a fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar sus autores, su grado de responsabilidad y si actuaron amparados en una causal de exclusión de responsabilidad, decretando la práctica de pruebas. Mediante auto del 16 de febrero de 2009, del material documentado allegado y escuchados en diligencia de ratificación y ampliación de la queja, concluyó que en los hechos investigado se dio la participación del Subteniente ORTEGA REYES, razón por la cual, por competencia remitió las diligencias a la Inspección Delegada Región de Policía No.3, a fin de que se resolviera

sobre la vinculación al proceso del Oficial, en aras de garantizarle a este sus derechos. En decisión del 5 de marzo de 2009, el Inspector Delegado regional No.3, con base en el literal b, del numeral 3 del artículo 54 de la ley 1015 de 2006, avocó el conocimiento de la indagación preliminar, vinculó a la misma al Subintendente JOAQUIN GERARDO ORTEGA REYES, y dispuso de oficio la práctica de pruebas documentales, testimoniales y las demás que fueran necesarias, comisionando para ello al Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía del Quindío, decisión notificada al Oficial vinculado a la investigación, en forma personal, el día 9 de marzo de 2009 (fls. 129-103) Mediante auto del 7 de julio de 2009, el Inspector Delegado Región de Policía No.3, dispuso terminar el procedimiento y disponer el archivo definitivo de la indagación preliminar a favor de las Patrulleras ANGELA MARIA SANCHEZ VARGAS y SANDRA YANETH LADINO ABELLO, y abrir investigación disciplinaria en contra del Subteniente JOAQUIN GERARDO ORTEGA REYES y el Patrullero ARLEY DUQUE BEDOYA, ordenando la práctica de pruebas, decisión notificada personalmente al apoderado de confianza de estos últimos el 24 de julio de 2009. (fls.364-367) En auto del 3 de noviembre de 2009, el citado operador disciplinario, accedió a la práctica de las pruebas solicitadas por los vinculados, y mediante decisión del 6 de enero de 2009, se imputó pliego de cargos al hoy

accionante, con base en el numeral 2 del artículo 35 de la ley 1015 de 2006, así: “Agredir o someter a malos tratos al público, superiores, subalternos o compañeros.”, citando como verbo rector el de “Agredir” y el incumplimiento de los deberes y funciones propios del cargo, contrariando así la normatividad disciplinaria, calificándola la conducta provisionalmente como Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº028/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1148-2012 Ahmed Kalil Sabad Abulach Vs.I.S.S.- Página : 11 grave a título de dolo