PGN - JURISPRUDENCIA - Ha dicho que la detención también se considera injusta en los event

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 246/2009

Bogotá D. C., 9 de diciembre de 2009 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero Ponente Doctor MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

Ref: Proceso 37587 (07001233100020060022301)

Acción Reparación Directa Actor: Jesús Enrique Soriano y otros Demandado: La Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación El Ministerio Publico, a través de esta Procuraduría Delegada y dentro de la oportunidad legal, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. PRETENSIONES Jesús Enrique Soriano Colmenares y Tagassi Moraima Hurtado Zocadagui, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Jorge Enrique, María Paula y Sara Juliana Soriano Hurtado, Jorge Enrique Soriano Jiménez, Melva Elena, Alba Doris, María Celina, Blanca Cecilia, Narda Mercedes, Junis Patricia y José Joaquín Soriano Colmenares, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandaron a la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Exp. 37587 Nación para que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fuera objeto el señor Jesús Enrique Soriano Colmenares entre el 21 de octubre de 2003 y el 14 de abril de 2004.

1.2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Arauca (fls. 406 a 439 C. Consejo de Estado) declaró responsables a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a los demandantes en razón de la privación injusta de la libertad del señor Jesús Enrique Soriano Colmenares. En consecuencia, condenó a pagar por concepto de perjuicios morales, a Jesús Enrique Soriano Colmenares 50 SMLMV, a Tagassi Moraima Hurtado Zocadagui, María Paula y Sara Juliana Soriano Hurtado 25 SMLMV para cada una, a Jorge Enrique Soriano Jiménez 20 SMLMV y a Melba Elena, Alba Doris, María Celina, Blanca Cecilia, Narda Mercedes, Junis Patricia y José Joaquín Soriano Colmenares 5 SMLMV para cada uno. Por daño a la vida de relación 10 SMLMV para Jesús Enrique Soriano Colmenares. Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se condenó a pagar por concepto de salarios dejados de percibir desde el 21 de octubre de 2003 hasta el 14 abril de 2004 la suma de $2.882.600.oo. 1.3. LA IMPUGNACIÓN La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la sentencia (fls. 446 a 452 C. Consejo de Estado). Alega: “… ante las investigaciones adelantadas que obran en el expediente y con el material probatorio allí recaudado, la respuesta del Estado no podía ser otra que el estricto apego a la ley profiriendo una medida de detención, cuando es un imperativo CONSTITUCIONAL y LEGAL en razón a su NECESIDAD y PROCEDENCIA, proferir una medida de

aseguramiento, con los elementos que en ese momento se tenían a disposición, cualquier otra actuación en contrario sería la violación legal y constitucional de preceptos superiores a que están sometidos los funcionarios encargados de INVESTIGAR LOS DELITOS, en efecto lo que menos se podía esperar de la autoridad que conocía del caso era proferir las capturas necesarias, y ante la gravedad de las declaraciones se requería que se les investigara y definiera aspectos tales como los antecedentes y demás características sociales y de conducta. (…) Teniendo en cuenta el entramado social que había 2 REOG Exp. 37587 sido establecido por los grupos insurgentes en el Departamento de Arauca y las declaraciones de personas de alta credibilidad para las autoridades por el éxito conseguido en toda la investigación, es a la luz de la sana crítica y el derecho una obligación CONSTITUCIONAL y LEGAL considerar seriamente la posibilidad de proferir una medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que no se estaba ante cualquier clase de delitos sino ante actividades ilegales de semejante entidad que han sido objeto de reproche mundial a través del Derecho Internacional Humanitario. (…) La detención efectuada en cabeza del señor SORIANO entraña una valoración y disquisición jurídica, probatoria, que es adelantada por seres humanos que tienen en su obligación legal precisamente la de examinar la actividad desplegada en cada una de las etapas por el ente investigador, pero que en ningún momento, como se aprecia en el sumario, se aparta de entender la presunción de legalidad que le asiste a la Fiscalía General de la Nación en todo lo actuado, quien profiere una preclusión de investigación demostrando que sus instancias, órganos, dependencias y procedimientos se ajustan a los principios de eficiencia y

responsabilidad.” Por su parte la parte actora también interpuso recurso de apelación (fls. 469 a 476 C. Consejo de Estado). Expreso: “… resulta inaceptable que en el fallo impugnado se disponga su resarcimiento con la ínfima condena de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando en un juicio de valor por parte del fallador, se encuentra suficiente mérito para que se le condene a la entidad demandada a la mayor cifra acostumbrada por la jurisdicción, como es la de los cien (100) salarios y por que no aún aplicando la excepción para imponer una condena que supere este quantum. (…) Por lo mismo que a su esposa TAGASSI MORAMA HURTADO e hijas MARIA PAULA Y SARA JULIANA ante el sufrimiento que debieron soportar al tener a su esposo y padre tras las rejas (…) solamente les conceda una indemnización de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes, (…) Igual inconformidad se predica respecto de la indemnización de JORGE ENRIQUE SORIANO JIMENEZ, padre del principal ofendido (…) Bajo el mismo tema de los perjuicios morales sufridos por los hermanos de JESUS ENRIQUE SORIANO COLMENARES, (…) la indemnización concedida de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes es insuficiente como medio de resarcimiento de estos daños de orden moral (…) En lo que tiene que ver con el daño a la vida de relación deprecado en la demanda y frente a la condena impuesta, expresamos nuestra máxima inconformidad en la medida en que solo es concedida a JESUS ENRIQUE SORIANO COLMENARES y

no a sus seres queridos (esposa e hijos) y peor que al primero se le otorgue una ínfima cifra de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…) por el hecho de que la lesión sufrida afectó el desarrollo de sus actividades esenciales de sus proyectos de vida, pues tal como da cuenta el plenario, JESUS ENRIQUE ya no tiene las mismas oportunidades de trabajo después de haber sufrido la privación de su libertad y haber sido procesado por la Fiscalía, los menores hijos han bajado su rendimiento académico en el colegio y no gozan de la misma aceptabilidad en el medio social, de donde se concluye de manera incuestionable que concederles a todos los integrantes del grupo familiar (JESUS ENRIQUE SORIANO COLMENARES, TAGASSI MORAIMA HURTADO ZOCADAGUI, JORGE ENRIQUE, MARIA PAULA Y SARA JULIANA SORIANO HURTADO) la indemnización implorado por los daños a la vida de relación que han padecido es apenas un imperativo, con la aclaración que la condena debe decretarse 3 REOG Exp. 37587 en una cuantía suficiente y proporcional para que el daño sea al menos medianamente compensado, toda vez, que la cifra de los diez (10) salarios mínimos mensuales legales que le ha concedido a la víctima principal (JESUS ENRIQUE) es a todas luces desproporcional e insuficiente para resarcir esta clase de perjuicios (…) La exclusión de JORGE ENRIQUE SORIANO HURTADO, de la indemnización de los perjuicios sufridos como hijo del afectado directo con la privación injusta de la libertad, no se comparte, en la medida que el registro civil de nacimiento mediante el cual se prueba su condición de

hijo, fue aportado en el mismo ejemplar que le fue suministrado por la Registraduría del Estado Civil a mi cliente, solo que al parecer fue autenticado con algún tipo de tinta bastante deleble, que con el transcurso del tiempo desde ese entonces hasta la del fallo se muestra deteriorado y da la sensación de que retratara de una copia simple (…) 4ª La condena de perjuicios materiales debe modificarse, como quiera que ésta ha sido tasada tomando como base el salario mínimo y no la cifra que realmente dejo de percibir JORGE ENRIQUE SORIANO COLMENARES, pues aunque para probar este hecho (el de sus ingresos) se aportó copia simple de la certificación expedida por la empresa Cootransaraucana Ltda., debe tenerse en cuenta que darle alcance a la citada certificación en copia se solicitó en la demanda que se oficiara a la citada empresa transportadora para que ratificara la citada certificación, y para tal efecto el Tribunal libró el oficio No. 00133, el que no fuera respondido oportunamente por la empresa requerida, de tal suerte que no alcanzó a ser tenido en cuenta por el fallador de primera instancia, pero como después de proferido el fallo ha llegado este documento, es procedente que el Consejo de Estado, tenga en cuenta esta prueba para tasar los perjuicios materiales y hay lugar a la reliquidación de esta cifra, tomando como base la suma certificada y por ende sea modificada la sentencia en tal sentido.”

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Como apelaron ambas partes el proceso podrá ser revisado en su totalidad.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad

objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a todos los eventos en que se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita. En sentencia del 5 de junio de 2008, expediente 16819, se expresó: “(…) Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute ocurrió entre el 26 y 28 de junio de 1996, cuando había entrado a regir la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1996, y en cuyo artículo 68 establece: “Quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. (…) (…) “Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal 4 REOG Exp. 37587 o arbitraria. En jurisprudencia reciente1, se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 4142 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha

agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo 3 . Lo enunciado, con fundamento en la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución política; (…) “Precisamente, los parámetros del artículo 90 de la C.P., fueron los que guiaron la interpretación del citado artículo 414 del C. de P. P., para derivar de él, de manera automática responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, a través del título objetivo. Así lo ha destacado la Sala en sentencia reciente: “Acerca del contenido y alcance de esta norma, la jurisprudencia de esta Sala, con relevante sindéresis, ha precisado: “(…) 6. La responsabilidad en estos casos, como lo señaló también la Sala es “fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, sólo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas” y “es objetiva, motivo por el cual resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, para tratar de definir si por parte de él hubo dolo o culpa.” (Ver sentencias del 30 de junio de 1994, exp. 9734, actor Neiro José Martínez, ponente Dr. Daniel Suárez Hernández y del 15 de septiembre de 1994, exp. No. 9391, acto Alberto Uribe Oñate, ponente Dr. Julio César Uribe Acosta). “7. Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no recurre la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la

determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduciría en la demostración de que la providencia estuvo ajustada a la ley.” 4 “Las hipótesis establecidas en el señalado precepto, contrario a lo precisado por el a quo, no requieren de la constatación de un error judicial, sino, simplemente, del acaecimiento de cualquiera de las mismas sin referencia alguna al contenido de la providencia judicial que impuso la medida de aseguramiento. Se trata por lo tanto, en estos eventos, de la obligación objetiva establecida en la ley, de reparar el perjuicio causado cuando frente a la persona que, en determinado momento fue privada de la libertad a través o con fundamento en una 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, Bogotá, D.C., consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 2 “ARTICULO 414. INDEMNIZACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.” (negrilla del original, subrayado adicional).

3 Sobre el particular consultar la sentencia de cuatro de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056. 5 REOG Exp. 37587 providencia legal y, en principio, ajustada al ordenamiento jurídico, sin embargo, se precluye la investigación, cesa el procedimiento, o se absuelve en la sentencia5. (negrillas fuera de texto) “(…) “En efecto, la privación de la libertad, en estos casos, puede y debe darse con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero, a la postre, si se dicta una providencia absolutoria, por cualquiera de los supuestos ya citados o por duda, se trataría de una decisión legal que pone en evidencia que la medida inicial fue equivocada. (…) (RESALTO Y SUBRAYO) Recientemente la jurisprudencia de la Sección ha dicho que la detención también se considera injusta en los eventos en que el proceso NO termine con sentencia condenatoria. Así se plantea en providencia del 10 de junio de 2009, expediente 16.692: 1.2.3. Cualquier otra causal de absolución penal La Sala precisó en sentencia del 20 de febrero de 2008 4 , que el daño también se configura cuando la persona privada de la libertad, es absuelta por razones diferentes a las causales previstas en el artículo 414 del C. de P. P. o al indubio pro reo. En esa oportunidad, se declaró la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona que fue absuelta porque se configuró la causal de justificación de estado de necesidad. En esa

oportunidad se explicó: “La Sala advierte que la preclusión de la investigación adelantada contra el señor Higuita por los delitos de favorecimiento, omisión de informe y enriquecimiento ilícito derivado del secuestro, obedeció a diferentes razones: (…) - Mediante providencia del 26 de diciembre de 1994, el Fiscal Noveno de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales de Distrito, revocó la resolución de acusación contra el señor Higuita por el delito de omisión de informe y ordenó la preclusión de la investigación, por la prosperidad de la causal excluyente de responsabilidad de estado de necesidad. El Fiscal destacó que el comportamiento del acusado no resulta reprochable porque su gestión como intermediario estuvo dirigida a conseguir la libertad de la secuestrada, movido por sentimientos humanitarios y de solidaridad. (…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración 5 “Sin embargo, es posible que el juez haya actuado con absoluta imparcialidad y objetividad al valorar las pruebas y los indicios y dicte un auto de detención a una persona que después resulta absuelta o es condenada a una pena privativa de la libertad inferior a la efectivamente padecida. “Sin lugar a dudas en este caso y a pesar de que el servicio de justicia funcionó adecuada y normalmente, al haberse causado un perjuicio a una persona que no tiene obligación de soportarlo, el daño es antijurídico y por lo tanto exige una adecuada reparación…” HOYOS Duque, Ricardo “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”,

Revista Vasca de Administración Pública, No. 49, 1997, pág. 140 y 141. 4 Sentencia del 20 de febrero de 2008. Exp: 15.980. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 6 REOG Exp. 37587 a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política” 5. En síntesis, en los eventos en que se demuestra que la privación de la libertad fue injusta, - que lo será siempre que el proceso no termine con una sentencia condenatoria –, se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, así las razones de absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del antiguo C. de P. P. como causales de responsabilidad objetiva, o al indubio pro reo . Lo anterior cobra mayor sustento si se tiene en cuenta que los sindicados y los acusados, a quienes se les priva de su libertad, no tienen la condición de condenados, y en muchos eventos la detención encuentra sustento en meras sospechas, circunstancia que trastorna no solamente a los

detenidos, sino a su núcleo familiar. Por lo tanto, es dable concluir que la reparación del dañoprivación injusta de la libertad - es un derecho que tienen las personas que son detenidas y que finalmente son absueltas, por cualquier causa, siendo los casos en que opera el principio del in dubio pro reo, aquellos en que se evidencia la inoperancia de los entes a cargo de llevar a cabo la respectiva investigación. (RESALTO Y SUBRAYO) Corresponde a la parte actora, en casos como el presente, acreditar la privación de la libertad y la posterior decisión que la exonera de responsabilidad. Al accionado corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima. Al proceso se aportaron copias auténticas de la actuación penal adelantada contra el señor Jesús Enrique Soriano Colmenares en la Fiscalía General de la Nación, por el punible de rehurto calificado y agravado, las cuales pueden ser valoradas por cuanto fueron remitidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca (fl. 1 C. 2). Copias que se allegan atendiendo el auto de 11 de octubre de 2006 (fl. 326 C.1), de las cuales destacamos lo siguiente: 5 Sentencia del 20 de febrero de 2008. Exp: 15.980. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 7 REOG Exp. 37587 - Proveído de 4 de noviembre de 2003 (fls. 12 a 79 C. 2) mediante el cual la Fiscalía

Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado destacada ante el Departamento Administrativo de Seguridad DAS Bogotá D. C., resolvió la situación jurídica y dictó medida de aseguramiento contra el señor Soriano Colmenares, basado en: “JESÚS ENRIQUE SORIANO COLMENARES, el mentado inculpado se encuentra vinculado a la presente investigación por el delito de concierto para delinquir con la circunstancia agravante de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley; en correspondencia con las imputaciones que hicieron los declarantes JOSE ALDEMAR RODRIGUEZ y GUSTAVO IVAN LIZARAZU, deponentes que a su turno refirieron que es miembro activo del Ejército de Liberación Nacional en lo político institucional de lo amplio avalado por el grupo subversivo para ocupar diferentes cargos públicos con el fin de favorecer intereses específicos de la organización desarrollando acciones específicas en torno a defender propuestas de la referida organización comprometiéndose rubros específicos del presupuesto departamental, encargado de agilizar el trámite de las cuentas de los contratistas de la organización, además de entregar reporte semanal al cabecilla alias BATEMAN de los pagos efectuados y a las personas que los recibían.” - Proveído de 14 de abril de 2004 (fls. 87 a 242 C. 2) mediante el cual la Coordinación de Fiscales Especializados Subunidad Especial de Terrorismo Fiscalía 20 Especializada precluyó la instrucción seguida contra Jesús Enrique Soriano Colmenares y ordenó cancelar las medidas vigentes en su contra, argumentando lo

siguiente: “… el cargo del señor COLMENARES era agilizar los contratos, pero como lo manifiesta la Defensa, esa era su función y recibía las ordenes del señor GOBERNADOR, quien era la persona que le decía la prioridad de las cosas sin haberse establecido en que casos y en que eventos realizó la gestión de agilizar los trámites acorde como lo expone LIZARAZU, amén de que la unidad de anticorrupción se abstuvo de imponer medida de aseguramiento por ilicitud frente a la celebración indebida de contratos, o que por trámite alguno se hubiere presentado. Labor que como bien se anota en la Resolución número 126 de 2001, debía cumplir COLMENARES en el término de un día so pena de incurrir en causal de mala conducta. “Luego en que momento podría agilizar el pago de los contratos cuando contaba con un día para hacerlo. “De otra parte, fue el mismo LIZARAZU el que manifestó que a través de OSCAR RUA Y CARLOS GUERRERO era remitida la contratación al ELN en disquetes, luego, si existían otros medios y personas que hacían conocer el proceso de contratación, para que tantas 8 REOG Exp. 37587 personas suministrando la misma información, cuando de acuerdo con su exposición esta no era la función asignada al procesado y no intervenía en la aprobación, diseño, trámite o adjudicación de contratos, es decir, que su función era insular. Y en el evento, en gracia de discusión de aceptarse las afirmaciones del señor LIZARAZU, no se estableció en que contratos se presentó esa agilización, cuando fue la misma unidad encargada de investigar

esos asuntos que se abstuvo de imponer medida por no encontrar irregularidad alguna en su actuar. (RESALTO Y SUBRAYO) Resulta evidente, que al señor Soriano Colmenares le fue precluída la investigación penal por no reunirse los presupuestos del artículo 397 del C. P. P., porque las pruebas aportadas por el apoderado del sindicado desvirtuaron las acusaciones de los testigos de cargo. La providencia que puso fin al proceso penal, resolución de preclusión, se equipara a la sentencia absolutoria conforme a los efectos que se generan de tales decisiones, aspectos sobre los cuales los profesores Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett en la obra “El Proceso Penal” señalan: “La preclusión de la investigación es una decisión de fondo (resolución interlocutoria) que tiene la fuerza vinculante de la cosa juzgada (art. 19 C.P.P.) y puede ser adoptada en cualquiera de las etapas procesales por el funcionario a quien esté atribuida la competencia para la investigación o el juzgamiento (fiscal o juez).” (El Proceso Penal, Universidad Externado de Colombia, 4ª Edición pag. 505). Se encuentra demostrado que el señor Jesús Enrique Soriano Colmenares estuvo detenido durante el período comprendido entre el 21 de octubre de 2003 al 14 de abril de 2004. Obran copias auténticas de la captura (fls. 9 a 11 C. 2) y del proveído de 14 de abril de 2004 (fls. 87 a 242 C. 2) mediante el cual la Coordinación de Fiscales Especializados Subunidad Especial de Terrorismo Fiscalía 20 Especializada precluyó

la instrucción seguida contra Jesús Enrique Soriano Colmenares por el presunto punible de rebelión y ordenó cancelar las medidas vigentes en su contra. De conformidad con lo antes expresado es evidente que se configuran los presupuestos que sirven de premisa para predicar la responsabilidad objetiva, como quiera que el señor Jesús Enrique Soriano Colmenares fue privado de la libertad 9 REOG Exp. 37587 y posteriormente se precluyó la instrucción seguida en su contra debiendo concluir que la detención de que fue víctima el citado señor fue injusta. La privación de la libertad del señor Soriano Colmenares se tornó en injusta cuando la Coordinación de Fiscales Especializados Subunidad Especial de Terrorismo Fiscalía 20 Especializada precluyó la instrucción seguida en su contra. Frente a la exclusión de JORGE ENRIQUE SORIANO HURTADO de la indemnización de los perjuicios sufridos como hijo del afectado directo con la privación injusta de la libertad, esta agencia del Ministerio Público comparte lo señalado por el Tribunal de instancia teniendo en cuenta que el registro civil aportado por la parte actora se allegó en copia simple y por tal motivo no puede ser objeto de valoración. Las leyes de la experiencia llevan a presumir el dolor y la aflicción que les causó la detención de su esposo, padre, hijo y hermano. Sin embargo, sin desconocer que la cuantificación de los perjuicios es competencia exclusiva de Juez contencioso, dentro de su arbitrium iudicis, considera esta Delegada que habría lugar a confirmar lo que, a su prudente juicio, determinó el a-quo.

En lo que hace con la condena de perjuicios materiales esta debe modificarse, como quiera que fue tasada tomando como base el salario mínimo y no la cifra que realmente dejó de percibir el señor SORIANO COLMENARES, pues aunque para probar este hecho (el de sus ingresos) se allegó copia simple de la certificación expedida por la empresa Cootransaraucana Ltda., debe tenerse en cuenta que se solicitó en la demanda, se libró oficio y la empresa se demoró en contestar, pero a folio 468 del cuaderno del Consejo de Estado obra la certificación requerida la cual no alcanzó a ser tenido en cuenta por el fallador de primera instancia, por tal motivo se le solicita al H. Consejo de Estado tenga en cuenta esta prueba para tasar los perjuicios materiales, puesto que habiendo sido decretada en primera instancia su no recaudo no es culpa de la parte que la pidió (C. P. C. Art. 361-2). Se ha dicho que no es procedente el reconocimiento de perjuicios materiales para quien se encuentra detenido preventivamente, pero esta agencia del Ministerio Público es de opinión contraria, ya que lo indemnizable no es la pérdida de la producción, sino la pérdida de la productividad.

10 REOG

Exp. 37587 Como en el expediente obra prueba sobre cual era el ingreso del señor Soriano Colmenares, para el Ministerio Público debe tomarse como ingreso el certificado por la empresa Cootransaraucana Ltda6 adicionado en el 25% que, se presume, recibiría por concepto de prestaciones sociales. Ingreso que deberá calcularse por el equivalente al tiempo que estuvo injustamente privado de la libertad.

En lo que hace a los perjuicios a la vida de relación respecto resulta ilustrativo el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia – Sala de casación Civil. Magistrado ponente: Cesar Julio Valencia Copete, en sentencia de 13 de mayo de 2008.

Radicación número: 11001-3103-006-1997-09327-01, cuando examinó esta clase de perjuicios: “1. Para abordar el tema es preciso empezar por recordar que, en pretérita ocasión, mucho antes de que fuera promulgada la Constitución Política de 1991, esta Corporación tuvo la oportunidad de aludir al denominado “daño a la persona”, para señalar que consiste en un “… desmedro a la integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad …” (G.J. t.

CXXIV, pag. 58). “Puntualizó además que un daño semejante puede dar origen a múltiples consecuencias relevantes, algunas de ellas con carácter patrimonial como, verbigracia, “… los gastos de curación o rehabilitación …” o “… las ganancias ciertas que por tal motivo ha dejado o dejará de percibir …”, mientras que otras de linaje diverso pueden repercutir en el “… equilibrio sentimental …”, o verse igualmente reflejadas en “… quebrantos transitorios o definitivos, más o menos graves, en la vida de relación del sujeto …”. 6 Sentencia del 6 de junio de 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Radicado. 16064: “En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se tiene que el soldado Olayo Montoya, para la fecha de su muerte era de estado civil soltero y antes de ingresar a

prestar el servicio militar obligatorio, vivía en la casa de sus padres, estudiaba bachillerato y trabajaba como jornalero en las labores del campo y, con lo que por ello ganaba ayudaba económicamente con el sostenimiento de su casa (testimonios a fls. 88 a 97 c.p. y 112, 112 vto., 122 y 122 vto. c. pruebas). Por lo cual, en