PGN - JUSTICIA PENAL MILITAR - Requisitos para que opere el fuero especial

Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros Honorables Magistrados Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación PenalMagistrado Ponente

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

E. S. D.

Ref.: Casación No. 26.137

Procesado: JOSÉ MAURICIO MUÑOZ PLAZA y otros

Delito: Homicidios Agravados.

Honorables Magistrados: El Tribunal Superior Militar, el 27 de febrero de 2006, confirmó la sentencia del 31 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado Doce de Brigada de Primera Instancia con sede en Florencia Caquetá, donde condenó al CT MUÑOZ PLAZA JOSE MAURICIO, al CS ERZO GÓMEZ MARINO ALEXANDER y a los soldados profesionales MARIN

MENDEZ ROBERTO ANTONIO, PABÓN URIBE ABEL, RAMOS SOTO WILSON, POLANÍA CABRERA RUBEN DARIO, GARCIA SARMIENTO REIBISON, TORO PABÓN JAMES Y SANCHEZ MENDOZA JOSÉ VICENTE, a la pena principal de 27 años de prisión y a las accesorias de separación absoluta de las Fuerzas Pública, e interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años, como responsables del concurso homogéneo de homicidio agravado. El apoderado de los procesados presentó demanda de casación la cual fue admitida por la H Corte suprema de Justicia, por reunir los requisitos formales y en consecuencia ordenó correr traslado al Ministerio Público para emitir el concepto

sobre su viabilidad. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 1 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros

1. HECHOS El Juez de primera instancia los relata de la siguiente manera: “De acuerdo a lo informado por el CT Muñoz Plaza Mauricio en las primeras horas del día 23 de enero de 2002, un personal militar al mando del Cabo Segundo Eraso Gómez Marino Alexander sostuvo un enfrentamiento armado en el municipio de Solita – Caquetá con varios civiles y el mismo arrojó como resultado tres (3) muertos: sin embargo estas bajas son cuestionadas debido a que algunos integrantes de la base militar señalan que los occisos fueron retenidos y permanecieron durante el día 22 de enero de 2002 en un hueco que estaba siendo adecuado como búnker para comunicaciones y en horas de la noche sacados de la base y al día siguiente reportados como bajas en enfrentamiento armado.”

2. ACTUACION PROCESAL El Teniente Coronel José Fernando Mejía Araujo, Comandante del Batallón de Infantería No. 34 Juanambu, puso en conocimiento del Juez Penal Militar No. 67, que el día 22 de enero a las 24:30 horas aproximadamente el COT reportó que la compañía Atacador al mando del Cabo Segundo Eraso Gómez Marino Alexander se encontraba en combate con bandoleros de las FARC, después de una hora aproximadamente, el Capitán de la Compañía Muñoz Plaza Mauricio, informó que la

situación estaba controlada y que como resultado se había dado de baja a tres antisociales. Pasado varios días el señor Comandante de la Brigada le informó que había recibido una llamada de una persona del municipio de Solita donde daba cuenta que la bajas del 22 de enero, no eran tan legales, razón para disponer averiguaciones internas sobre estos hechos, concluyendo que las personas muertas fueron asesinados por miembros del ejercito. El Juzgado 67 de Instrucción Penal Militar, mediante providencia del 5 de febrero de 2003, declaró abierta la investigación ordenó la práctica de pruebas y dispuso escuchar a los implicados en diligencia de indagatoria (fl 4,5,6 c.d 1) la que se llevo a Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros efecto, y se les resolvió la situación jurídica el 13 de febrero de 2002 (fl155-179 cd. 1) (fl 373 – 403 cd 2), consistente en detención en preventiva sin beneficio de libertad. La Fiscalía 19 Penal Militar de Brigada, mediante resolución de 16 de agosto de 2002, profirió resolución de acusación en contra del Capitán Mauricio José Muñoz Plaza, como determinador del delito de Homicidio agravado en concurso homegéneo, Cabo Segundo Marino Alexander Eraso Gómez, soldados

profesionales: Roberto Antonio Marín Menéndez, Abel Pabón Uribe, Wilson Ramos Soto, Rubén Darío Polanía Cabrera, Reibinson Garcia Sarmiento, James Toro Pabón y Vicente Sánchez Mendoza, como coautores del delito de Homicidio agravado en concurso homogéneo. Posteriormente, el Juzgado 12 de Brigada, el 31 de agosto de 2005, profirió sentencia condenatoria, en los términos reseñados en la parte inicial, la cual fue apelada ante el Tribunal Superior Militar, la cual fue confirmada y modificada en lo que tiene que ver con la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años.

3. DEMANDA El demandante en representación de los procesados presentó demanda de casación en los siguientes términos: 3.1 Cargo único El demandante propone la demanda de casación al amparo de la casual 3ª del artículo 270 del Código de Procedimiento Penal anterior, toda vez, que existió nulidad por falta de competencia del funcionario que adelantó la investigación y emitió el fallo, pues el proceso ha debido ser investigado y fallado por la justicia ordinaria y no por la justicia Penal Militar.

El censor señala, que en presente caso no hay duda que los nueve procesados tenían la calidad de miembros activos del Ejercito Nacional adscritos a la compañía Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros

“Atacador” del Batallón de Infantería No. 34 “ “Juanambú” y que operaban en la base militar ubicada en el municipio de Solita. Asimismo, el segundo requisito para que la investigación y juzgamiento corresponda a la Justicia Penal Militar, se refiere a que los hechos punibles que se les reprocha a estos miembros de la Fuerza Pública, que sean cometidos en relación con dicho servicio, como lo ha precisado la H. Corte Constitucional en sentencia C-358/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.. Igualmente trae como referencia fallos de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Dice el impugnante, que las sentencias señalan que el 22 de enero de 2002, miembros de la compañía “Atacador” de modo enteramente ilegal capturaron a Edgar Reinaldo Valencia, Robinson Cortes y Juan José Herrera Gutiérrez, quienes fueron conducidos al “hueco” que estaba construyéndose en la base militar para ubicar equipos de comunicaciones. Luego, entrada la media noche un escuadra militar comandada por el Cabo Segundo Marino Alexander Eraso Gómez, sacó a los retenidos que permanecían amarrados de las manos y con cinta pegante en sus bocas, para caminar por un estrecho y al arribar al sector “de los eucaliptos”, cerca la cementerio viejo del municipio de Solita, donde la tropa por ordenes del Capitán Mauricio José Muñoz Plaza les hizo disparos y los mató. Ese actuar repudia la más mínima relación con el servicio, pues la tropa no cumplía ninguna función militar o de fuerza pública. Según la sentencia, así los

militares procedieron como particulares y en consecuencia, es la justicia ordinaria la que constitucional y legalmente debe investigarlos y juzgarlos. El demandante cita varios apartes de las sentencias de primer y segundo grado para argumentar la falta de competencia de estos funcionarios para adelantar y fallar el respectivo proceso. En conclusión, solicita la prosperidad del cargo y como consecuencia se decrete la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, del auto que decreto la clausura de la investigación. Asimismo la libertad provisional de sus representados de acuerdo con el numeral 4º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros

4. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA 4.1. Cargo único El demandante al amparo de la casual 3ª del artículo 270 del Código de Procedimiento Penal anterior, presenta demanda de casación, afirmando, que existió nulidad por falta de competencia de la justicia Penal Militar que adelantó la investigación y emitió la sentencia objeto de este recurso extraordinario.

Respecto de la causal tercera de casación la doctrina de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal ha señalado:1 “La nulidad como motivo para atacar, por vía de casación, el fallo de segunda instancia en “ orden a la técnica propia de este medio extraordinario de confrontación de la legalidad de las sentencias, comporta los mismos niveles de exigencia que son inherentes a las demás causales

dada su especial naturaleza, lo cual significa que de modo insoslayable debe especificarse la causal o motivo de nulidad concurrente, demostrando el carácter sustancial del vicio o la irregularidad acusados y particularmente la etapa o el momento procesal a partir de la cual se hace imperativa la anulación, explicando justificadamente las razones por las cuales no media alternativa diversa que la de invalidar lo actuado”. Es de recordar, que los hechos que fueron investigados y fallados por la Justicia Penal Militar ocurrieron el día 23 de enero de 2002, en el municipio de Solita, cuando por ordenes del Capitán Mauricio Muñoz Plaza un pelotón militar al mando del Cabo Segundo Marino Alexander Eraso Gómez, simuló un enfrentamiento armado con tres civiles, quienes previamente fueron retenidos y luego dados de baja y reportados al mando Militar. Previamente, es pertinente abordar sobre aspectos relacionados con el fuero Militar, con el fin de establecer quien era el funcionario competente para conocer de las diligencias penales que vincularon a miembros de la fuerza pública en servicio activo en el homicidio agravado ocurrido la noche del 23 de enero de 2002, en el municipio de Solita-Caquetá. 1 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. M.P. Jorge Luis Quintero Milanes. Proceso 24328, 6 de abril de 2006 Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros

Sobre este aspecto la Constitución de 1991 en el artículo 221, modificado por el Acto Legislativo 02 de 1991, artículo 1º, señalo lo siguiente: “De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio o en retiro” De la anterior norma constitucional se desprenden dos requisitos para que opere el fuero especial ante la Justicia Penal Militar:

1. La persona investigada o juzgada debe ser miembro de la fuerza pública y estar en servicio activo.

2. Que la conducta delictiva debe tener relación con el servicio de la Fuerza pública.

Se observa, en relación que el primero requisito se encuentra cumplido, toda vez, que el pelotón al mando del Cabo Segundo Eraso Gómez Marino Alexander la fatal noche, pertenecían a miembros activos del ejercito Nacional destacados en la base militar del municipio de Solita en la compañía Atacador, como así se desprende de la denuncia presentada por el Teniente Coronel José Fernando Mejía Araujo, Comandante del Batallón de Infantería No. 34 Juanambu, (fl 1-3 c 1) y demás piezas procesales relacionadas con estos miembros militares. Respecto del segundo requisito es de señalar, que las Fuerzas Militares tienen dentro de su orbita funcional la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, de conformidad con el

artículo 217 de la Constitución Nacional, constituyéndose en un marco jurídico obligado dentro del cual los miembros castrense deben desarrollar su actividad. La controversia surge por las circunstancias modales que rodearon el enfrentamiento que supuestamente sostuvo miembros de la compañía Atacador del ejército nacional con integrantes de las FARC, donde resultaron muertos Edgar Reinaldo Valencia, Robinson Cortes y Juan José Herrera Gutiérrez, de cuyos hechos avocó el conocimiento y dictó sentencia condenatoria la justicia penal militar, en contra de los Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 6 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros militares implicados; circunstancia que no comparte el demandante por cuanto la actividad de esa fuerza pública no tenía relación con el servicio. Bajo esta óptica, se debe establecer si los hechos criminosos imputados a los miembros activos del Ejercito Nacional fueron desarrollados en relación con el servicio que cumplían en la base militar destacada en el municipio de Solita, o si ellos fueron el fruto del desbordamiento de esa actividad que les propuso el marco constitucional. Sobre este tópico la H. Corte Constitucional mediante sentencia de constitucionalidad C-358798 señaló: “2. En los precisos términos de la Constitución Política, la jurisdicción penal militar conoce (1) de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, (2) siempre que ellos tengan "relación con el

mismo servicio". De esta manera, la misma Carta ha determinado los elementos centrales de la competencia excepcional de la justicia castrense, con lo cual limita el ámbito de acción del legislador en este campo y exige un más estricto control de constitucionalidad sobre él, pues, como bien se expresó en la Sentencia C-081/96 de esta Corporación, entre más definida se encuentre una institución por la Carta, menor será la libertad de configuración del Legislador sobre ella. Por ende, la ley que señala cuáles son los delitos que corresponde conocer a esta jurisdicción debe respetar la orden constitucional que impone tanto el contenido esencial del fuero militar como su carácter limitado y excepcional. La extensión de éste, por fuera de los supuestos constitucionales, menoscabaría la jurisdicción ordinaria, que se impone como juez natural general, por mandato de la misma Constitución y, por contera, violaría así mismo el principio de igualdad, el cual sólo se concilia con una interpretación restrictiva de las excepciones a la tutela judicial común2.

3. La expresión "relación con el mismo servicio", a la vez que describe el campo de la jurisdicción penal militar, lo acota de manera inequívoca. Los delitos que se investigan y sancionan a través de esta jurisdicción no pueden ser ajenos a la esfera funcional de la fuerza pública. Los justiciables son únicamente los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando cometan delitos que tengan "relación con el mismo servicio". El término "servicio" alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o

realizar las finalidades propias de las fuerzas militares - defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 2 Diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional han reiterado que el fuero penal militar tiene carácter excepcional y restringido. Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias de la Corte Suprema de Justicia: sentencia del 4 de octubre de 1971, M.P. Eustorgio Sarria, Gaceta Judicial CXXXVIII, p. 408; auto del 22 de septiembre de 1989, M.P. Edgar Saavedra, proceso 4065; sentencia del 14 de diciembre de 1992, M.P. Dídimo Páez, proceso 6750; sentencia del 7 de julio de 1993, M.P. Gustavo Gómez, proceso 7187; sentencia del 26 de marzo de 1996, M.P. Jorge Córdoba, proceso 8827. Entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional ver el auto 012 de 1994, M.P. Jorge Arango, y las sentencias C-399 de 1995 y C-17 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 7 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros constitucional - y de la policía nacional - mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica.

4. La norma constitucional parte de la premisa de que el miembro de la

fuerza pública actúa como tal, pero también se desempeña como persona y ciudadano. El servicio público no agota ni concentra todo el quehacer del miembro de la fuerza pública, como por lo demás ocurre con cualesquiera otra persona. La totalidad de los actos u omisiones del miembro de la fuerza pública no puede, en consecuencia, quedar comprendida dentro del fuero castrense. Para los efectos penales, se torna imperioso distinguir qué actos u omisiones se imputan a dicho sujeto como miembro activo del cuerpo militar o policial, y cuáles se predican de su actividad propia y singular como persona o ciudadano ordinario. La distinción es básica y obligada si se quiere preservar la especialidad del derecho penal militar, que complementa el derecho penal común, pero que en modo alguno lo sustituye.

5. La nota de especialidad del derecho penal militar, que explica su contenido y fija su alcance, la determina la misma Constitución al vincular las conductas típicas sancionadas por este código a la prestación activa del servicio confiado a los integrantes de la fuerza pública. En un Estado de Derecho, la función militar y la policiva están sujetas al principio de legalidad. El ejercicio del monopolio de la fuerza por el Estado, y las condiciones y modalidades en que se desarrolla, sólo son legítimos cuando se realizan conforme a la Constitución y a la ley. Entre las muchas normas que configuran el marco jurídico aplicable al uso y disposición de la fuerza que detenta el Estado, las que se plasman en el Código Penal Militar tienen la mayor relevancia en cuanto que en ellas se imponen deberes de acción o de abstención a los miembros de la fuerza pública. A través del derecho

penal militar se pretende excluir comportamientos reprochables que, pese a tener relación con el servicio, denotan desviación respecto de sus objetivos o medios legítimos.

6. El concepto de servicio corresponde a la sumatoria de las misiones que la Constitución y la ley le asignan a la fuerza pública, las cuales se materializan a través de decisiones y acciones que en últimas se encuentran ligadas a dicho fundamento jurídico. La sola circunstancia de que el delito sea cometido dentro del tiempo de servicio por un miembro de la fuerza pública, haciendo o no uso de prendas distintivas de la misma o utilizando instrumentos de dotación oficial o, en fin, aprovechándose de su investidura, no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal militar. En efecto, la noción de servicio militar o policial tiene una entidad material y jurídica propia, puesto que se patentiza en las tareas, objetivos, menesteres y acciones que resulta necesario emprender con miras a cumplir la función constitucional y legal que justifica la existencia de la fuerza pública. El uniforme del militar, por sí sólo, no es indicativo de que lo que hace la persona que lo lleva sea en sí mismo delito militar; por lo tanto, deberá examinarse si su acción o abstención guarda relación con una específica misión militar. De otro lado, el miembro de la fuerza pública, así se encuentre en servicio activo, ha podido cometer el crimen al margen de la misión castrense encomendada: en este caso, el solo hecho de estar en servicio activo no lo exime de ser sometido al derecho penal común. Las

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Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros prerrogativas y la investidura que ostentan los miembros de la fuerza pública pierden toda relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer delitos comunes, los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado de las mencionadas prerrogativas e investidura, ya que ellas no equivalen a servicio ni, de otro lado, tienen la virtud de mutar el delito común en un acto relacionado con el mismo. Un entendimiento distinto del que se concede a estas hipótesis en esta sentencia, conduciría a desvirtuar la esencia del fuero militar y policial, que de otro modo terminaría por convertirse en privilegio estamental. Repárese que si se aceptara que fueran juzgadas por la justicia penal militar todas las personas a las que se imputa un delito, que haya sido perpetrado haciendo uso de las prendas distintivas de la fuerza pública o utilizando armas de dotación oficial, se estaría admitiendo que el fuero se discierne por la mera circunstancia de que el sujeto activo tenga el carácter de miembro de la fuerza pública sin parar mientes en la relación de su proceder con el servicio castrense objetivamente considerado. El simple hecho de que una persona esté vinculada a la fuerza pública no dota a sus propósitos delictivos de la naturaleza de misión de la fuerza pública. Ellos continúan siendo simplemente la voluntad delincuencial imputable a la persona, desconectada del servicio público de la defensa y de la seguridad públicas, la cual en un

plano de estricta igualdad deberá ser investigada y sancionada según las normas penales ordinarias.

7. Además del elemento subjetivo - ser miembro de la fuerza pública en servicio activo -, se requiere que intervenga un elemento funcional en orden a que se configure constitucionalmente el fuero militar: el delito debe tener relación con el mismo servicio. Lo anterior no significa que la comisión de delitos sea un medio aceptable para cumplir las misiones confiadas a la fuerza pública. Por el contrario, la Constitución y la ley repudian y sancionan a todo aquel que escoja este camino para realizar los altos cometidos que se asocian al uso y disposición de la fuerza en el Estado de derecho, puesto que éste ni requiere ni tolera el recurso a medios ilegítimos para la consecución de sus fines. El servicio está signado por las misiones propias de la fuerza pública, las cuales por estar sujetas al principio de legalidad en ningún caso podrían vulnerarlo… La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o tarea militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental. En este sentido, no todo lo que se realice como consecuencia material del servicio o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la función militar o policiva. El concepto de servicio no puede equivocadamente extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice. De lo contrario, su acción se desligaría en la práctica

del elemento funcional que representa el eje de este derecho especial.” Asimismo, el artículo 2º. De la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar) señaló como delitos relacionados con el servicio, los cometidos por miembros de la fuerza pública Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros derivados del ejercicio de la función militar o policial que le es propia, de conformidad con las pruebas allegadas, aclarando que la autoridad judicial que conoce del proceso determinará la competencia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad de la Fuerza Pública. En igual sentido, la máxima instancia en lo penal tiene establecido: “Sobre la noción conceptual del término “servicio”, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido: “El término servició alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerza militares – defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional – y de la policía nacional – mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercido de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica-” (Sentencia del 21 de febrero del 2001, radicado 12.308, M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego). La conducta punible, entonces, debe ser el resultado de un desbordamiento funcional que en el caso examinado sólo se percibe

aparente. Para determinar si la competencia por comportamientos sancionables cometidos por miembros de la fuerza pública radica en las cortes marciales, no basta acreditar la actualidad del servicio o la exhibición de prendas o distintivos que regularmente los distinguen. Es indispensable que al lado de esas condiciones materiales, se confronte la conducta imputada con miras a establecer su proximidad y relación sustancial con la esfera de funciones inherentes al cargo.” Bajo esa directriz, al examinar el material probatorio se puede establecer que los uniformados no cumplían tareas propias que la Constitución Política les haya encomendado al Ejercito Nacional, como así se desprende de la denuncia y ratificación que hiciera el Teniente Coronel Mejía Araujo, el 5 de febrero de 2002 (fl 114 c 1), donde señala:” llame al cabo ERASO, y le formulé la misma pregunta, que como había pasado la muerte de los tipos, pues me contó que los había sacado, los habían llevado y habían disparado la pistola del capitán y unos revólveres simulando un combate en el pueblo; conociendo yo, algunas detalles de la muerte, le dije al cabo que los habían matado amarrados y él me dijo: no nosotros le pusimos cinta, refiriéndose a cinta pegante que se la pusieron en la boca y en las manos…” Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 10 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros

Asimismo, el Subteniente Duran Duarte Herson Felipe en declaración (fl 114-115 c. 1) señala “ El día 22 de enero siendo un día martes, siendo aproximadamente las tres de la tarde, pasé por un hueco que esta ubicado en la entrada de la base,… mire hacia el hueco y vi a tres sujetos que se encontraban allí en el hueco y tenían un soldado prestando seguridad…al ver los tres muertos yo pensé para mis adentros y me dije: pero esta gente era la que estaba anoche allí en el hueco, ahora ya están muertos, que pasaría, allí donde estaban los muertos llegó gente, población civil y decían pero estos eran los que habían capturado ayer y los mataron…” En igual sentido las declaración del soldado profesional Marco Tulio Sanmartín Echeverry, (fl 118.c.1) quien dice: eran los mismos tipos que tenían allí capturados, al otro día cuando salimos del pueblo se rumoraba que embarrada lo que el ejercito había hecho, que matar esos manes así, me preguntaban a mí que si nosotros los habíamos matado, y yo decía que no sabía nada… al otro día que trajeron esos manes muertos a muchos soldados no les gusto que habían matado a esos manes así, que se los había llevado allí del hueco y los habían matado cuando armaron ese falso hostigamiento o sea la plomacera.” Se debe observar, que las declaraciones del Cabo Tercero Nelson Yamid Gualdrón Barón y Cabo Segundo Heber Gaspar Trejos, son similares en afirmar que las 3 personas retenidas el 22 de enero de 2002, entre las cuales se encontraba una que

apodaban el “mocho”, fueron observadas en un lugar denominado “el hueco” que tenía como futuro destino las comunicaciones de la base militar del ejercito. De otra parte, la declaración de la doctora Davis María Sevilla Herrera, directora del Centro de Salud del municipio de Solita, sostiene lo siguiente: “lo de la muerte del mocho, si se lo comenté porque comentó todo el pueblo, pero tampoco lo vi muerto al MOCHO y lo que se comentó todas las personas era que habían caído en el combate de la noche anterior, lo de las personas si puedo decir que vi en la noche cuando esta persona que le llaman el mocho llevaba una arma en la mano, un arma corta y él iba en la parte de atrás de otras personas, y delante de él caminando había una pareja hombre y mujer, iban amarrados, sujetados de la parte de atrás, iba con otro grupo de hombres, los vi. a todos de espalda y se dirigían por una de las calles principales hacia la playa del río por el lado del puerto, al otro día me llevaron al consultorio la petición de la orden de necropsia para dos personas y eran las mismas Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 11 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación No.26137 José Mauricio Muñoz y otros personas que yo había visto amarradas, es mas le dije al Coronel que este hecho que había presenciado, que uno de ciudadano se siente muy angustiado ya que uno de civil se siente muy seguro con la presencia del ejercito…”. Es claro, de lo anterior, que las tres personas que fueron retenidas el 22 de enero de

2002, por miembros del ejército Nacional de la Base de Solita, son aquellas que fueron ejecutadas por parte de los militares, que fueron procesados por la Justicia Penal Militar. Desde esa perspectiva, como bien lo sostiene El Tribunal Penal Militar, no merece credibilidad la disculpa de los sindicados para justificar su conducta, al señalar los implicados que debieron reaccionar ante un ataque actual e injusto; pues ello emerge del análisis del conjunto de las pruebas de cargo, como es la declaración del Coronel PINZÓN RENGIFO, quien con su basta experiencia militar identificó la falsa información del Capitán José Muñoz Plaza, toda vez, que el enfrentamiento nunca se presentó porque tres sujetos no iban a dar un golpe a una compañía compuesta por más de 130 hombres armados con fusiles, mientras ellos llevaban armas de corto alcance. (fl1998 c 7). Entones, se demostró