PGN - NOTIFICACION POR EDICTO - Inexistencia de la necesidad de realizarlo a través de med

Bogotá, diecisiete 19 de septiembre de dos mil nueve (2009). Aprobado en Acta de Sala No. 28

Radicación No. : 161-4352 (IUS 327873)

Investigados: MAYOR GLADYS OFIR PINEDA FAJARDO

Cargo y Entidad: Policía Nacional

Quejoso: YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA

Asunto: Apelación Archivo.

P.D. Ponente: Dra. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, procede la Sala Disciplinaria a resolver el recurso de apelación presentado por el señor YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA, en su calidad de quejoso, contra la decisión proferida el 30 de junio de 2009, mediante el cual la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional resolvió archivar las diligencias a favor de la Mayor GLADYS OFFIR PINEDA FAJARDO en su calidad de Inspectora Delegada Regional 5 de la Policía Nacional ANTECEDENTES PROCESALES El Subteniente ® YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA, presentó queja por la violación de sus garantías procesales y el debido proceso en el proceso disciplinario N° REGI5-2008-25, adelantado por la Inspección Delegada Regional 5 de la Policía Nacional, en razón a que se celebró una audiencia pública el pasado 28 de noviembre de 2008, en la que se le impuso una multa equivalente a diez (10) días de salario, sin que se le notificara de la diligencia a él o a su apoderada, doctora

MARIBEL MONTES PADILLA.

Mediante auto del 16 de febrero de 2009, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional dispuso la apertura de indagación preliminar, con el fin de determinar si en el presente caso se ejecutó alguna conducta que amerite reproche disciplinario. Mediante decisión del 30 de junio de 2009 la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional resolvió archivar las diligencias a favor de la Mayor GLADYS OFFIR PINEDA FAJARDO en su condición de Inspectora Delegada Regional 5 de la Policía Nacional. El quejoso interpuso y sustentó recurso de apelación contra la decisión de archivo. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Como quedó establecido anteriormente el 30 de junio de 2009, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional profirió decisión de archivo al considerar que está comprobado que la oficial no incurrió en conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente. Rad.161-4352 Consideró la Delegada para dicha decisión que conforme al material recaudado en las presentes diligencias, se pudo establecer que el Coronel OMAR HERNANDO GONZÁLEZ AGUILAR, Comandante del Departamento de Policía Santander, puso en conocimiento de la Inspección Delegada Regional 5 el informe presentado por el Subteniente ANDRÉS TUNJANO MATEUS, en el cual denuncia que estando en servicio, el Subteniente RAFAEL QUIROZ IBATA, no acudió oportunamente, en su calidad de Jefe de Vigilancia, a una solicitud para trasladar un adolescente a una Comisaría de Familia, como era su deber.

Con fundamento en el informe mencionado, la Inspección Delegada Regional 5 de la Policía Nacional, en cabeza de la Mayor GLADYS OFFIR PINEDA FAJARDO, ordenó la apertura de indagación preliminar, por auto del 15 de mayo de 2008, en contra del Subteniente YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA, notificando de esta decisión y de la práctica de las pruebas al implicado, según consta en el acta del 23 de mayo de 2008 (folios 27 y 28). En la providencia se efectúa un recuento del decurso del proceso disciplinario que fue adelantado contra el Subteniente YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA y concluye que una vez visto el desarrollo del proceso que culminó con su sanción, se observa que el mismo estuvo conforme a las normas sobre la materia. Señala que el Grupo de Control Interno Disciplinario de la Región de Policía Número Dos hizo las citaciones que procedían a la dirección que reposaba en la hoja de vida del oficial retirado, llegando esta a su destino. Prueba de esto es que se presentaron a la Oficina citante los hermanos del implicado, quienes manifestaron que éste no se encontraba en la ciudad de Neiva. Agrega que posteriormente, el mismo implicado remite un oficio en el que informa su deseo de ser notificado a través de una abogada de su confianza, pero sin aportar el poder especial correspondiente para que tuviera efectos procesales, por lo que optó por no notificarse personalmente de la actuación y no asistir a dicha audiencia, para lo cual estaba en todo su derecho, mal puede reclamar la existencia de alguna irregularidad, pues está visto que la entidad realizó los trámites que legalmente

correspondían para enterarlo debidamente de ese procedimiento. Expone que la ley disciplinaria ha previsto que el proceso se puede adelantar sin asistencia del investigado, una vez se han surtido los trámites que corresponden para notificarlo, como está demostrado que ocurrió en este caso pues de lo contrario, el proceso quedaría a manos del investigado, quien podría paralizarlo y aún impedir su marcha, no asistiendo a las diligencias. Afirma que si bien es cierto el numeral 2°, del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, reconoce como un derecho del investigado el designar defensor, no es menos cierto que esto debe seguir un formalismo del cual no puede apartarse el implicado por lo que en uso de la integración normativa del artículo 21 del Código único Disciplinario, se acude al artículo 65 y s.s. y 84 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establece que, para que una persona pueda ser representada dentro de un proceso por abogado inscrito, el interesado debe dirigir el poder a la autoridad investigadora, especificando claramente el asunto en que desea ser representado, la aceptación expresa del poder por el designado o por su ejercicio y la presentación personal del mismo ante la autoridad judicial o notario. 2 Rad.161-4352 Manifiesta que en el caso que nos ocupa, no se cumplió con los requisitos antes señalados, razón por la cual no se podía atender el requerimiento del implicado en la investigación para que se notificara a la que él consideraba como su apoderada. Esta fue la razón que motivó la fijación del edicto emplazatorio, ya que el investigado no se presentó a la diligencia de notificación personal.

Por todo lo cual considera que está plenamente demostrado en este caso que no se produjo la violación al debido proceso o a la defensa del quejoso, reiterando que es notorio que la inasistencia del implicado a las diligencias del Despacho investigador, fue voluntaria y de su propia iniciativa, estando legalmente aceptado que nadie puede alegar en su propio beneficio su propia culpa. De otro lado anota que la violación al debido proceso se configura cuando la autoridad ha negado la oportunidad procesal al investigado para que ejerza sus derechos, lo cual no se presentó en esta situación, ya que se siguió estrictamente el ordenamiento y se cumplió el proceso de citación, siendo el implicado quien optó por no acatar este llamado de la Oficina de Control Interno. Concluye la Delegada que la investigada, Mayor GLADYS OFFIR PINEDA FAJARDO, fue totalmente juiciosa en la aplicación del procedimiento, por lo que no hay lugar a imputarle conductas irregulares y por ende no se le puede formular reproche disciplinario, ya que ante la ausencia del disciplinado procedió a emplazarlo por edicto y a nombrarle como defensor de oficio al doctor EMIRO CÁCERES GONZÁLEZ, procedimiento palmariamente reglamentado en la normatividad disciplinaria. En consecuencia, dispuso el archivo definitivo de las presentes diligencias, al constatarse que la Mayor GLADYS OFFIR PINEDA FAJARDO, Inspectora Delegada Regional 5 de la Policía Nacional, no incurrió en ninguna conducta que constituya falta disciplinaria. RECURSO DE APELACIÓN Enterado de la decisión YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA, en calidad de quejoso,

interpuso recurso de apelación dentro de los términos legales el cual sustentó con los siguientes argumentos: Manifiesta el quejoso que la Mayor GLADYS OFIR PINEDA FAJARDO si incurrió en falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el articulo 319 del Código de Procedimiento Civil Decretos NÚMEROS 1400 Y 2019 DE 1970. Sustenta su afirmación en que el 24 de septiembre del 2008 el Oficial Jefe de la Oficina de Control disciplinario Interno de la región Dos de policía, ubicó a su hermano quien es Subintendente de la Policía y lo llamó para notificarlo a él, sin realizar los trámites de ley, que eran el de enviar hasta el lugar de residencia la mencionada notificación; además lo que le manifestó es que simplemente se trataba de una diligencia disciplinaria, y en ningún momento manifestó que se trataba de una citación a AUDIENCIA PUBLICA, situación completamente diferente; aporta copia del documento recibido por sus hermanos ese día 24-09-2008 firmado por el auxiliar disciplinario AG. AVILA MUNEVAR ÓSCAR DARÍO donde en ninguna parte mencionan "AUDIENCIA PUBLICA" y además anexa la declaración juramentada ante notaría por parte de su hermano GUSTAVO ADOLFO QUIROZ IBATA. 3 Rad.161-4352 Expone que en este caso el demandante (sic) la POLICÍA NACIONAL, conocía la ubicación tanto de su apoderada judicial en la Ciudad de Cúcuta y de su residencia aunque admite que es cierto que no se encontraba en la ciudad, pero afirma que era

obligación de la entidad la notificación personal de la audiencia publica y que como ultimo recurso si fuere imposible su ubicación se debería realizar por edicto y tampoco hay constancias legales como están estipuladas de ello, que para este caso se debería realizar en medios de comunicación a nivel nacional y emplazarlo por 3 días en sitio visible en el lugar expuesto y esto si fuere imposible la ubicación, pero como la entidad sí conocía de la ubicación tanto de su residencia como de la de su abogada, no emplearon tampoco el medio que lo exige la ley que es el de correo certificado, por otra parte a sabiendas de que les envió un oficio manifestándoles que cualquier diligencia de carácter disciplinario se la hicieran llegar a su abogada donde aportaba la ubicación de ella y no se tomaron la delicadeza de ubicarla y preguntarle si ella tenia el poder especial o general para el mencionado caso, se puede entrever que la Mayor GLADYS conocía de la mencionada ubicación desconociendo el articulo 92 de la ley 734 donde le tenia que reconocer un abogado de su CONFIANZA mas no un curador ad litem (sic) o abogado de oficio y aduce que el que le fue nombrado posiblemente tenga algún parentesco con el Coronel OMAR HERNANDO GONZÁLEZ AGUILAR quien ordenó la investigación. Expone también que la Mayor GLADYS también incurrió en la falta disciplinaria consagrada en Articulo 34 Numeral 9 de la Ley 1015 de 2006 Estatuto de Disciplina y Ética Vigente para la Policía Nacional, y de carácter procedimental a la ley 734 de 2002, además de otras relacionadas en escrito enviado el pasado 8 de julio del

presente año. Agrega que mal se puede mencionar el artículo 21 del Código Disciplinario Único ley 734 puesto que ésta es para servidores públicos y para la fecha el ya no era servidor público y si bien en la norma prevalecen los principios rectores no exhorta de desconocer los procedimientos del C.P.C. sobre las notificaciones y que además se mencionan los art. 65 y subsiguiente y 84 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que era su obligación ir hasta su oficina y entregar el poder cuando en la norma no habla de ello y más cuando ella era quien debía de haber ubicado y preguntado a su abogada si tenía el poder o no y en su caso notificarla, por lo cual considera que se han malinterpretando las normas citadas. En su opinión en ningún momento los artículos mencionados por la defensa hablan de la obligatoriedad de llevar hasta la oficina el poder cuando ni siquiera fueron pedidos, también que la Mayor omitió la parte de la ubicación de su abogada y solicitarle el poder como era debido, de lo cual concluye que lo que quieren hacer ver en su defensa es una malinterpretación de la norma y tergiversar la investigación, cuando mas bien lo que aducen son mentiras. Agrega que todo ha sido producto de una persecución y que la misma naturaleza de la investigación ha sido evidente la notoria violación del debido proceso en especial el de su derecho a la defensa por omitir el reconocimiento de su abogada de confianza y adelantar todo el proceso nombrando un curador ad litem o abogado de oficio cuando no había lugar a ello. Manifiesta diversos hechos relacionados con la investigación que se adelantó en su contra y resalta que el informe que pasa el Subteniente TUNJANO MARENTES

4 Rad.161-4352 ANDRÉS es de acuerdo a un registro que él hace en el CAÍ La Concordia de Bucaramanga 6 días después de lo ocurrido de los hechos y más grave aún cuando él se encontraba con Vacaciones el día que él realiza el registro que hace a puño y letra en el libro de la minuta de guardia, y que además obliga a firmar al Comandante de guardia del CAÍ y a la patrulla constituyéndose así el Delito de Constreñimiento, por lo que solicita se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente. Concluye que la Mayor Gladys obró de mala Fe en la presente investigación por todos los hechos relacionados y que además cuando su abogada le solicito el poder, le envió el poder GENERAL para todas las investigaciones que la Policía Nacional adelantaba en su contra. Finalmente, solicita que una vez se analicen las pruebas aportadas, reconsideren el archivo de las diligencias y se de aplicación a la norma como debe ser y además decretar la nulidad del proceso REGI5-2008-25 y fallo en mención y se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación por los Delitos tipificados que entraría también el tráfico de influencias contra los que en ellos intervinieron. CONSIDERACIONES DE LA SALA Lo primero, recalcar, que con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, la Sala Disciplinaria es competente para resolver acerca de la admisión del recurso de apelación presentado por el quejoso, contra la providencia del 11 de mayo de 2009, mediante la cual la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional dispuso el Archivo de las diligencias.

Los hechos que dieron origen a la presente actuación disciplinaria se refieren a la posible violación del derecho al debido proceso disciplinario que sufrió el quejoso YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA por parte de la Mayor GLADYS OFFIR PINEDA FAJARDO, Inspectora Delegada Regional 5. Policía Nacional. Visto el contenido de los argumentos de inconformidad frente a la decisión recurrida expuestos por el quejoso YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA la sala observa una gran confusión respecto de las normas y principios que rigen el procedimiento disciplinario adelantado por la Mayor GLADYS OFFIR PINEDA FAJARDO, Inspectora Delegada Regional 5 Policía Nacional y que a la vez sirven de fundamento a la decisión de archivo, por lo cual se estima conveniente hacer una transcripción y análisis de las mismas. Mediante Auto de Septiembre 19 de 2008 (Folios 71 a 81), se dispuso la aplicación del procedimiento verbal previsto en el Título XI, Capítulo I Artículos 175 y ss de la Ley 734 de 2002, así: ARTÍCULO 177. AUDIENCIA. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 5 Rad.161-4352 En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se

suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes. De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella. ARTÍCULO 107. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación. Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia. Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal, previo el procedimiento anterior. ARTÍCULO 17. DERECHO A LA DEFENSA. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del

Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente. De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 en concordancia con el Artículo 107, antes transcritos, la decisión de citación a audiencia pública, se comunicó por medio del Grupo de Control Interno Disciplinario de la Región Dos de Policía que libró oficio el 24 de septiembre de 2008, al Subteniente YOHAN RAFAEL QUIROZ IBATA, a la carrera 28 N° 19 A 03, Barrio Timanco de la ciudad de Neiva (folio 68) y que según el mismo quejoso fue recibido por su hermano quien le informó sobre su existencia y contenido, aunque este se encontraba fuera de la ciudad. En relación con las objeciones presentadas por el quejoso frente a este medio de comunicación es de destacar que el mismo cumplió el objetivo previsto en la norma cual es informar al implicado la existencia de una diligencia disciplinaria que debía ser atendida sin que sea menester especificar en el mismo si se trata de una Audiencia, diligencia de versión libre, etc. Respecto de la formalidad del correo certificado, el Código Único Disciplinario no la prevé para este tipo de comunicaciones, contrario a lo que afirma el recurrente; como se observa, la norma simplemente indica que la citación debe hacerse por un medio eficaz. 6 Rad.161-4352 Ahora bien la eficacia del medio utilizado para citar al quejoso está plenamente demostrada en el expediente, ya que éste tuvo oportuno conocimiento de la existencia de la diligencia disciplinaria, situación distinta es que no se encontrara en la ciudad o que simplemente decidiera no atender la citación hecha.

Tanto es así que, como lo expone la Delegada y lo admite él mismo, el señor QUIROZ IBATA envió un escrito en el cual solicita que las diligencias de carácter disciplinario sean comunicadas a la doctora MARIBEL MONTES PADILLA, pero sin aportar tampoco en esta oportunidad el poder especial correspondiente (folio 70). En relación con la notificación del Auto que citó a audiencia se destaca que después de librada la comunicación, de la cual el quejoso reconoce haber sido enterado y ante la no comparecencia del investigado para ser notificado personalmente, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Región de Policía Número Dos fijó, con fecha del 7 de octubre de 2008, el edicto con el fin de notificar la decisión de citación audiencia pública y el 10 de octubre de 2008 se dejó constancia de su desafijación (folios 82 a 84). Esto significa que la decisión si fue notificada en debida forma, según lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley 734 de 2002, norma que tampoco exige que el edicto se deba publicar en medios de comunicación a nivel nacional, como lo pretende el recurrente. Surtida la notificación por edicto y en cumplimiento de la norma antes citada la Inspección Delegada Regional 5 de la Policía Nacional dispuso el nombramiento de un apoderado de oficio, por auto del 21 de noviembre de 2008, para lo cual se designó al doctor EMIRO CÁCERES GONZÁLEZ (folio 86)a quien se le notificó la citación a audiencia, la cual se programó para el 27 de noviembre de 2008 (folio 89).

Resulta totalmente descabellado y carente de todo sustento jurídico el argumento expuesto en el recurso según el cual era obligación del operador disciplinario ubicar a su presunta apoderada y preguntarle si ella tenía el poder especial o general para el mencionado caso, para los artículos, 17 y 92 de la ley 734, segundo solo reconocen el derecho a designar un apoderado de confianza, es apenas lógico que es el presunto implicado quien debe seleccionarlo, conferir el poder en debida forma y es deber del apoderado aceptarlo y ejercer la defensa técnica en el proceso para el cual se le confirió poder. La obligación que existe para el operador disciplinario es la de designar un defensor de oficio cuando se juzga al investigado como ausente y éste, como en el caso que nos ocupa no se encuentra representado en debida forma por apoderado judicial. Obligación que fue cabalmente cumplida por la investigada. Finalmente en relación con la solicitud de decretar la nulidad del proceso REGI52008-25 y fallo en mención no es a esta instancia a quien corresponde tal pronunciamiento y tampoco se accederá a la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación por no observarse la realización de ninguna conducta que pueda constituir delito. De conformidad con lo antes expuesto, no procede la revocatoria del fallo de primera instancia, más cuando se demostró con el material probatorio que la conducta es atípica de reproche en el campo disciplinario, en consecuencia, 7 Rad.161-4352

RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 30 de junio de 2009, proferida por la

Procuraduría Delegada para Policía Nacional.

SEGUNDO: Por la OFICINA DE ORIGEN COMUNICAR esta determinación a los sujetos procesales de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 109 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoles que contra la misma no procede ningún recurso por la vía gubernativa.

TERCERO: DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previos los registros y desanotaciones a que haya lugar.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS

Procurador Primero Delegado Presidente

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

Procuradora Segunda Delegada Exp161-4352

Proyectó: Dra.

María Clara Cuesta Dávila 8