PGN - NULIDAD - Ausencia de motivación de la resolución de acusación

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demandas de casación promovidas por los defensores de ALBERTO

DE JESÚS VALENCIA GRANADA y OSCAR VILLANUEVA ROJAS (Radicado 31.791).

En cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Procuraduría Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como agente ordinario del Ministerio Público, rendir el respectivo concepto en relación con los recursos extraordinarios de casación interpuestos por los defensores de ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA y OSCAR VILLANUEVA ROJAS contra la sentencia del 10 de septiembre de 2008 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, mediante la cual revocó la proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, que los absolvió de responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y peculado culposo, respectivamente.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE. 1.1. La situación fáctica fue sintetizada en la sentencia de segunda instancia de la siguiente manera: “Con escrito de data 16 de diciembre de 1999 dirigido al Consejo Académico de la Universidad de la Amazonía ALBERTO VALENCIA GRANADA, en su calidad de Rector, solicitó “…concepto favorable con destino al Consejo Superior, del otorgamiento de una comisión para adelantar estudios conducentes al título de Doctor.” Señalando además “Me permito aclarar que el aval de la Universidad

es necesario para el otorgamiento del cupo y he adelantado trámites hasta ahora con la oficina de Cooperación Internacional de la

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS universidad del País Vasco (doctorado en Sociedad Política y Economía en América Latina), Universidad de Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos (Doctorado: Paz y Conflictos, Metodología y Perspectiva Teórica); y con el Centro de estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida.” Similar petición eleva ante (sic) Consejo Superior Universitario con fecha 17 de diciembre de 2000, indicando que la duración es de 4 años a partir del término de sus funciones como Rector. Sobre esta petición con fecha 17 de diciembre de 2000, el decano de la facultad de Ciencias de la Educación ARNULFO CORONADO, refiere el otorgamiento de la comisión previa presentación a dicho consejo de la carta de aceptación del profesor ALBERTO VALENCIA por parte de la Institución donde cursará el Doctorado, tal como se ha procedido con los demás docentes de la Universidad. El comité de currículo programa ciencias sociales emite concepto favorable sobre el otorgamiento de la comisión remunerada al exterior del profesor ALBERTO VALENCIA con documento de fecha 9 de diciembre de 2000. A través del Acuerdo 0002 del 14 de marzo de 2000 signado por LUIS ALBERTO SERRANO MORALES presidente del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía, se concedió comisión de estudios al exterior remunerada, para que cursara estudios de doctorado en

ciencias políticas en Miami Florida, por un término de tres años, prorrogable por otro año en caso de ser necesario; debiendo acreditar por secretaría General todos los requisitos establecidos por los estatutos de la Universidad y normas vigentes para hacer uso de la comisión. El Doctor ALBERTO DE JESUS desde el primero de abril de 2000 hace uso de sus vacaciones, habiendo sido nombrado en su lugar como Rector, por el término de dos años a partir del primero de abril de 2000 al Doctor OSCAR VILLANUEVA ROJAS. El 01 de abril de 2000, se suscribió el Convenio de Estudio No. 1, por valor de $38.061.103.00, por el término comprendido entre el 17 de mayo de 2000 y el 31 de diciembre de 2000, actuando como partes, de un lado el Comisionado VALENCIA GRANADA; y del otro y en representación de la Universidad, el señor OSCAR VILLANUEVA ROJAS, en su calidad de Rector. Pese a las obligaciones del señor ALBERTO DE J. consagradas en el convenio citado, no allega durante este año 200º (sic) ningún informe académico sobre los resultados del Doctorado que supuestamente cursaba. Sin embargo, el 1º de enero de 2001, se firmó el Convenio de Estudio No. 2, por valor de $53.949.247.00 por el período comprendido entre 2

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 suscrito por el

señor Rector OSCAR VILLANUEVA ROJAS y ALERTO VALENCIA GRANADA, por éste último suscriben con rubrica ilegible. Finalmente se produce el convenio No. 3 de 01 de enero de 2001 por valor de $54.613.469 con fecha de iniciación o1 (sic) de enero de 2002 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2002, suscrito por el Rector OSCAR VILLANUEVA ROJAS y en el aparte del comisionado ALBERTO VALENCIA GRANADA no se halla firma. La universidad cumplió en todas sus partes los tres convenidos procediendo (sic) realizar los pagos de los salarios a favor de

VILLANUEVA GRANADA (sic).

Dado que se acreditó que pasados dos años, un mes y cinco días del otorgamiento de la comisión, el profesor ALBERTO VALENCIA GRANADA no se hallaba matriculado como estudiante del doctorado para el cual fue otorgada la comisión remunerada de estudios por cuanto los informes académicos remitidos por él así lo revelaban, mediante Acuerdo no. 14 del 5 de abril de 2002, el Consejo Superior Universitario, revocó la citada comisión de estudios remunerado (sic). Se estableció que al profesor ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA en el tiempo que duró la concesión de la comisión al exterior remunerada, se le canceló la suma de CIENTO DOS MILLNES (sic) QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($102.577.508.oo por parte de la Universidad de la Amazonía con sede en Florencia –Caquetá-, institución oficial de

Educación Superior reconocida mediante ley 60 de 1982 expedida por el Congreso”. 1.2. Por copias remitidas por la Procuraduría Regional del Caquetá con destino a la Dirección Seccional de Fiscalías de Florencia, el 17 de septiembre de 2002 la Fiscalía Séptima respectiva profirió resolución de investigación previa. 1.3. Practicadas algunas pruebas, el 23 de julio de 2003, se dio inicio a la investigación formal y se dispuso la vinculación mediante indagatoria de ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA y OSCAR VILLANUEVA ROJAS. 1.4. Como no fue posible obtener la comparencia a la actuación del primero de los nombrados, fue declarado persona ausente por resolución del 22 de abril de 2004. 1.5. El 22 del mes siguiente, fue definida su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de peculado por apropiación. 3

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS 1.6. En cambio, frente al segundo de los imputados, en decisión del 25 de octubre de 2004, una vez indagado, se abstuvo de hacerlo, toda vez que le imputó el delito de peculado culposo. 1.7. El ciclo instructivo se clausuró el mismo día y el mérito del sumario fue calificado con resolución de acusación del 11 de febrero de 2005 en contra de los sindicados por los punibles señalados 1.8. Recurrida la providencia por VILLANUEVA ROJAS y su defensor, el 18 de

abril del mismo año fue confirmada en su integridad por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Florencia. 1.9. El juicio correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad, quien avocó conocimiento del asunto el 5 de mayo de esa anualidad. 1.10. La audiencia preparatoria se realizó el 14 de junio siguiente y la pública de juzgamiento se surtió en tres sesiones (11 y 22 de agosto de 2006 y 8 de febrero de 2007). 1.11. Por despacho comisorio librado ante el Cónsul de Colombia en MiamiFlorida, el 20 de noviembre de 2006, ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA rindió indagatoria. 1.12. El 20 de septiembre de 2007, el juzgador dictó sentencia absolutoria en favor de ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA y OSCAR VILLANUEVA ROJAS. 1.13. Recurrida la decisión por la fiscalía, fue revocada y en su lugar emitió fallo condenatorio. El primero, en calidad de autor responsable del delito de peculado por apropiación y, el segundo, de peculado culposo. La providencia les impuso las sanciones principales de 80 y 18 meses de prisión y, 300 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente, las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión, la pérdida del empleo público, 4

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA

OSCAR VILLANUEVA ROJAS

inhabilitación hasta por cinco años para desempeñar cualquier cargo público u oficial y, el pago de perjuicios a favor de la Universidad de la Amazonía por $102.577.508 debidamente actualizados a la fecha de cancelación. Así mismo, les negó el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 1.14. Contra la providencia de segundo grado, las defensas de los procesados interpusieron recurso extraordinario de casación que fue sustentado en la oportunidad legal. 1.15. Los libelos fueron admitidos por la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 12 de mayo de 2009.

2. LAS DEMANDAS 2.1. Cuestión previa.

Aunque los recursos de casación fueron sustentados en su orden por el apoderado de ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA y OSCAR VILLANUEVA ROJAS, primero será sintetizado el escrito petitorio del último recurrente, toda vez que el cargo principal, y varios de los subsidiarios invocan la nulidad de la actuación y, en aplicación del principio de prioridad que rige el recurso extraordinario se hace indispensable abordarlo de manera primigenia. Igualmente, a fin de conservar una metodología simplificada y coherente con la extensión de las censuras, la Delegada rendirá su concepto seguidamente a la síntesis de cada reproche. De otra parte, es de ANTICIPAR como reproche común a los cargos planteados por el defensor de OSCAR VILLANUEVA ROJAS que la mayoría de ellos denotan carencia de interés jurídico respecto a ese procesado, toda vez que no ejercen una posición defensiva fundamental a sus intereses, sino a los del coprocesado

ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA. Pero como la demanda fue 5

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS admitida plenamente, habrá de conceptuarse sobre todos aquellos tópicos abordados en la demanda sin atención a tal aspecto. 2.2. A favor de OSCAR VILLANUEVA ROJAS. 2.2.1. Causal tercera. Cargo único. Principal. Nulidad por falta de competencia del funcionario judicial. El censor acusa la sentencia de segunda instancia de haber sido dictada en juicio viciado de nulidad toda vez que en su criterio, fue emitida cuando el fallo de primer grado había cobrado ejecutoria y había hecho tránsito a cosa juzgada. Explica que la decisión de primera instancia fue proferida el 20 de septiembre de 2007 y notificada personalmente a todos los sujetos procesales el mismo día, lo cual no resulta extraño en una población pequeña. En la diligencia de notificación personal, el fiscal consignó la palabra “apelo” debajo de su firma, por lo que debía sustentar el recurso dentro de los cuatro días siguientes a la última notificación, esto es el 26, o máximo el 27, “si se quiere dejar un día para la constancia secretarial” si embargo, ello sólo ocurrió el 5 de octubre siguiente. Aunque la única actuación posible era la declaración de recurso desierto, el juzgado le dio trámite y lo envió al Tribunal, quien finalmente emitió el fallo revocatorio. Dice el censor que “seguramente para darle legalidad a la “sustentación” aparece un edicto que pretendió revivir los términos donde hay una nota de que fue fijado

el 14 de septiembre y desfijado el 28 del mismo mes”, pese a que la sentencia sólo fue dictada hasta el 20 de septiembre. Ante el obstáculo para saber la fecha correcta de fijación del edicto, “pues eventualmente el 24 de septiembre no habían transcurrido los tres días de que habla el artículo 180 del C.P.P., la única posibilidad sería que la fecha real fuese el 6

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS 26 de septiembre, pero a este respecto no encontramos cómo puede confundir un 26 con un 14”. Al respecto, sugiere una vedada colaboración del despacho judicial a la fiscalía a fin de que el recurso fuera “aceptado”. En todo caso, afirma que aunque las constancias fueran correctas, existen otros motivos que niegan validez a las diligencias, pues de una parte, era inoficiosa por inocua la notificación por edicto, pues la realizada personalmente se surtió desde el 20 de septiembre y de otra, no puede señalarse que aquel se fijó para notificar a ALBERTO VALENCIA –quien estaba en Estados Unidospues además que no permanecía detenido, fue declarado persona ausente y en estas circunstancias, “todas las notificaciones a él se entienden surtidas con el enteramiento a su defensor de oficio, quien se notificó personalmente el 20 de septiembre de 2007”. En éste punto, precisa que no por haber sido indagado mediante exhorto comisorio en el juicio era necesario notificarlo de la sentencia, porque para ello debía mediar su detención, pues ésta era la única forma de vincularlo en esta

etapa. Como no ocurrió conservó la calidad de acusado ausente. El vicio es trascendente porque el Tribunal Superior conoció de una providencia respecto de la cual carecía de competencia. El fallo censurado desconoce los artículos 11, 15, 17, 19, 178 y 180 de la Ley 600 de 2000, que regulan los principios de juez natural, celeridad y eficiencia, lealtad procesal, cosa juzgada y los procedimientos de notificación personal y por estado. Reclama casar la sentencia demandada, declarar nulo todo lo actuado dentro del proceso con posterioridad al 20 de septiembre de 2007 y ejecutoriado el fallo de primer grado desde el 1 de octubre siguiente, así como y enviar el expediente al juzgado de instancia para que declare la extemporaneidad de la sustentación de la apelación y archive las diligencias. 2.2.1.1. Concepto del Ministerio Público. 7

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS Sea lo primero recordar que la declaración de nulidad constituye un remedio extremo para sanear la estructura del proceso o salvaguardar las garantías fundamentales de los sujetos procesales. De ésta manera, quien pretenda la anulación de la actuación, además de acreditar con suficiencia la existencia de alguna irregularidad, debe enseñar su carácter sustancial, pues no cualquier defecto puede aducirse para atentar contra la consistencia del proceso. Debe demostrarse entonces, la relevancia del vicio en el resquebrajamiento del proceso, de tal forma que la única ruta posible para garantizar los derechos esenciales de los intervinientes y restablecer la plenitud de las formas propias del

juicio como mecanismo idóneo para obtener la realización de la justicia material, sea la declaración de nulidad. Proclama el artículo 180 de la Ley 600 de 2000 que la sentencia debe ser notificada por edicto, cuando no sea posible la notificación personal dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La norma, igualmente impone al secretario los deberes de fijarlo en lugar visible de la secretaría por tres (3) días y anotar en él, las fechas y horas de su fijación y desfijación, al cabo de la cual se entiende surtida la notificación. Establece el artículo 187 del mismo Estatuto que “Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes”. Por su parte, el artículo 191 ibídem recuerda que el recurso de apelación procede contra la sentencia y el 194, que “vencido el término para recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la sustentación respectiva. Precluido el término anterior, correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cuatro (4) días”. 8

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS Ahora, la no sustentación del recurso, implica su declaración de desierto. En cambio, si es presentado en tiempo y es “viable se concederá en forma inmediata mediante providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se

concede”. Obra constancia en el expediente que la sentencia fue proferida el 20 de septiembre de 2007 y que el mismo día fueron notificados personalmente la mayoría de los sujetos procesales (fiscal, defensores de los acusados, agente del Ministerio Público, apoderado de la parte civil y OSCAR VILLANUEVA ROJAS), salvo el enjuiciado ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA, quien residía en el exterior. La fiscalía interpuso el recurso de apelación el mismo día en que fue notificado de manera personal. En este punto, bien vale la pena precisar que no es posible formular reparo alguno a que haya consignado la palabra “apelo” debajo de su firma, pues no existe ninguna norma procedimental que indique que el sitio donde ha de ser consignada tal expresión es junto o sobre la rúbrica, como parece sugerirlo el demandante. Para la interposición del recurso basta la clara e inequívoca manifestación de inconformidad con la decisión de instancia a efecto de que sea revisada por el superior. Ahora bien, formulado el recurso de apelación, correspondía al despacho correr el traslado de rigor para que lo sustentara; pero para ello, debía asegurarse de que estuvieran debidamente enterados todos los sujetos procesales, pues éste debe surtirse una vez finalizado el término de ejecutoria, es decir tres días después de la última notificación. Aduce el libelista que en el asunto que nos ocupa no era necesario acudir a la notificación por edicto porque todos los interesados habían sido enterados personalmente el mismo día de la emisión de la sentencia. 9

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS Es cierto que la notificación personal a todos los sujetos procesales torna innecesaria y superflua la realizada por edicto, pero este no es el caso, porque tal como lo admite la censura el procesado en libertad ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA no pudo ser enterado de manera personal dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la sentencia, lo que significa que debía acudirse a la notificación por edicto, como en efecto, se hizo. En contra de esta postura, el recurrente señala que bastaba con la notificación personal a su defensor, quien fue enterado del fallo desde el mismo 20 de septiembre con los demás sujetos procesales. En apoyo de esta propuesta recuerda que el enjuiciado fue declarado persona ausente en la instrucción, vivía en el exterior y pese a haber rendido indagatoria en la fase del juicio seguía en libertad. Precisamente, las razones aducidas por el censor para obviar la notificación por edicto, son las que justifican este acto procesal, pues es claro que a la fecha de emisión de la sentencia, VALENCIA GRANADA no tenía la calidad de contumaz, ya que voluntariamente había acudido al proceso a rendir su injurada; luego al permanecer en libertad y ante la imposibilidad de enterarlo personalmente en el lapso de 3 días seguidos a la emisión de la sentencia, es decir entre el 21 y el 25 de septiembre de 2007 –los días 22 y 23 corresponden a sábado y domingola notificación por edicto se hacía indispensable, precisamente para salvaguardar su

derecho de defensa y permitir que tuviera el tiempo suficiente para adoptar alguna postura frente a la decisión adoptada. En ese orden, como la notificación por edicto se produjo entre el 26 y el 28 de septiembre de 2007, día en que fue desfijado; el término de ejecutoria corrió entre el 1 y 3 de octubre siguientes –los días 29 y 30 fueron sábado y domingo-, y la sustentación del recurso que debía efectuarse en los cuatro días siguientes, es decir, entre el 4 y 9 de octubre –los días 6 y 7 fueron días inhábiles (sábado y domingo)-, se hizo el 5 de octubre1, es decir, dentro de la oportunidad legal, es evidente que la irregularidad deprecada por el recurrente no se configuró. 1 Ver folio 368 del cuaderno 4 del expediente 10

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS En este punto, pertinente es destacar que si bien el secretario del despacho incurrió en error al consignar que el edicto había sido fijado el 14 de septiembre de 2007 –antes de que se hubiera proferido la sentencia-, según lo enseña la constancia respectiva2, lo cierto es que ello es un yerro mecanográfico irrelevante que no afecta la validez del proceso, toda vez que existe otra constancia secretarial que da cuenta de la fecha exacta de la fijación del edicto3. Así las cosas, el cargo principal no tiene vocación de prosperidad. 2.2.2. Causal tercera. Primer cargo. Subsidiario. Nulidad por irregularidades

sustanciales que afectan el debido proceso. Ausencia de motivación de la resolución de acusación. Dice el recurrente que la sentencia fue proferida en un proceso en el que la resolución de acusación carece íntegramente de motivación. Si bien en la providencia constan unos títulos que simulan que la decisión está dentro del marco legal, su lectura comprueba que es aparente respecto de VILLANUEVA ROJAS, pues i) éste no es mencionado en los hechos, ii) no aparecen las razones para que de cada prueba se derive alguna acusación en su contra y, iii) sólo es referido para atribuirle un comportamiento negligente, al decir que no son compartidas sus explicaciones y que existe suficiente información en el expediente. Con todo, no precisa la razón para no dar crédito a las justificaciones o cuál es esa información, ni tampoco hace ningún análisis en punto de la calificación jurídica provisional, o de la acción u omisión para atribuirle culpabilidad a su defendido; sólo acude a “una maniobra escapista para no tener que presentar argumentos”. La providencia alude a la negligencia, que no es un hecho, sino una calificación o adjetivo atribuido a una persona. Para hacer esta imputación debió realizar un “recorrido por la situación fáctica” del procesado. No podía asociar el comportamiento doloso al culposo, porque éste le imponía la obligación de 2 Ver folio 366 ibídem. 3 Ver folio 365 ibídem. 11

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS estudiar “la violación del deber objetivo de cuidado y la tipicidad resultante del

análisis de los hechos frente a la acción o a la omisión que se endilgue”. Además de no cumplir con los requisitos sustanciales exigidos en una resolución de acusación, tampoco reúne los formales consagrados en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000, ya que i) no contiene la narración sucinta de las conductas investigadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar porque si no explica cómo la percepción de los salarios por parte de un profesor constituye peculado por apropiación mucho menos indica “cómo fue eso de la violación del deber objetivo de cuidado”, ii) no evaluó las pruebas, y sólo medianamente las indicó pues no entiende cómo una decisión fiscal de segunda instancia puede ser un medio de prueba, iii) afirmó en la calificación jurídica provisional que el mismo análisis jurídico respecto de VALENCIA GRANADA le cabe a VILLANUEVA ROJAS, cuando son conductas diferentes y, iv) respondió a los alegatos de la defensa con un “no está demostrado” que no dice nada. El error resulta trascendente porque esta decisión “fija los derroteros del juicio”. Cuando es inmotivada, el acto tiene vicios insalvables que impiden el desarrollo de un juicio en correcta forma y viola el principio del “debido proceso”. Por lo tanto, los jueces no debieron aceptar la resolución sino regresarla a la fiscalía para que la rehiciera conforme a las pautas legales. Por exclusión, el vicio anotado viola los artículos 13, 397 y 398 del Código de Procedimiento Penal. Solicita casar la sentencia impugnada, decretar la nulidad de la actuación desde la

resolución que calificó el mérito del sumario y disponer el envío del expediente a la fiscalía para lo pertinente. 2.2.2.1. Concepto del Ministerio Público. Cargo así propuesto es contradictorio como quiera que al tiempo que reprocha a la resolución de acusación por ausencia total de motivación, la cuestiona por ser 12

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS incompleta, características excluyentes entre sí, pues es claro que algo no puede ser y no ser a la vez, al punto que se argumente que la decisión no presenta consideración alguna y también que está motivada deficientemente. Con todo, es nítido que ninguno de los aludidos defectos se evidencian en la resolución de acusación. En efecto, pertinente resulta recordar que a fin de salvaguardar las garantías procesales del investigado, la resolución de acusación, además de los requisitos formales y materiales previstos en la ley, debe contener tanto la imputación fáctica como jurídica de la conducta, así como la apreciación de las pruebas en que la decisión se funda, entendiendo por la primera, los hechos constitutivos de la conducta típica objeto de la acción punitiva del Estado y por la segunda, la adecuación del ilícito cometido, o especie delictiva que la conducta realiza. Es así como al tenor del artículo 398 de la ley 600 de 2000, la resolución de acusación debe contener la narración de los hechos jurídicamente relevantes con todas sus circunstancias -imputación fáctica-; el señalamiento y evaluación de las

pruebas allegadas al proceso -análisis probatorio-; la calificación jurídica provisional -imputación jurídicay la respuesta a las alegaciones de las partes. Tales requisitos resultan de indispensable cumplimiento teniendo en cuenta que esta decisión constituye el marco fundamental del proceso en tanto determina el núcleo de imputación fáctico-jurídica respecto del cual ha de defenderse el procesado en el juicio. Al respecto, la Sala de Casación Penal ha dicho4: “En palabras más sencillas, la acusación, para efectos de su verificación y refutación durante la etapa del juicio, debe contener una clara e inequívoca delimitación tanto de los hechos jurídicamente relevantes del caso (imputación fáctica) como de los cargos que en razón de tales acontecimientos se formulan (imputación jurídica) en aras de respetar la estricta legalidad y jurisdiccionalidad del sistema. Y, así mismo, la acusación desde el punto de vista probatorio tiene que “ser completa, es decir, integrada por la información de todos los indicios que la justifican, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutarlos y nada le sea ‘escondido de cuanto se prepare para su daño o de cuanto se hace, o se hará, para reforzar el concepto de su 4 Ver sentencia del 12 de julio de 2007. Radicado. 24.650. 13

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS culpabilidad y destruir la presunción de inocencia, que siempre le asiste’”5.”6. La falta de motivación de la resolución de acusación se presenta entonces,

cuando las razones fácticas y jurídicas que la sustentan están por completo ausentes. Y en cambio, la motivación deficiente supone la existencia de una argumentación que por ser insuficiente, anfibológica, dilógica, ambigua u oscura no permite el ejercicio adecuado del derecho de contradicción. Es así como para acreditar defectos relacionados con la deficiente o ausente motivación que pudieran conducir a la declaración de nulidad impera demostrar que verdaderamente no existe motivación, o que existiendo, es incompleta o aparente, de tal forma que se afectaron las garantías fundamentales del debido proceso o la defensa. No es este el caso, pues revisada la providencia cuestionada no se advierten las deficiencias argumentativas replicadas. En efecto, se observa que pese a que la descripción fáctica introductoria de la providencia no alude a OSCAR VILLANUEVA ROJAS, si lo hace cuando valora las pruebas, de tal forma que la imputación fáctica se hace compatible con la jurídica provisional por el delito de peculado culposo. Realmente, la decisión acusatoria realiza una reseña fáctica pormenorizada de los hechos que dieron lugar a la investigación en contra de los coprocesados, presenta y aprecia coherentemente los medios de convección allegados a la actuación, adecua la conducta desplegada por los acusados en los tipos penales de peculado por apropiación y peculado culposo y da respuesta suficiente a los alegatos de las partes. No son sólo los títulos de los acápites de la decisión los que demuestran que ella está dentro del marco legal. Contrario a lo dicho por el censor, además del retrato

5 Ibídem, pág. 607, citando a Carrara, o. c., tomo II, § 892, pág. 364 6 Sentencia de 21 de enero de 2004, radicación 15787. 14

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ALBERTO DE JESÚS VALENCIA GRANADA OSCAR VILLANUEVA ROJAS de la situación fáctica y la relación de las pruebas en que se apoya, explica el valor dado a ellas, aunque no en el sentido que lo espera el libelista, esto es, en estricto orden sucedáneo sino en una concatenada línea argumentativa que describe la conducta culposa del agente. Ninguna incidencia tiene que el órgano instructor haya enunciado entre los medios probatorios objeto de valoración, la decisión fiscal de segunda instancia proferida en contra del procesado, pues no tuvo injerencia en el proceso de aprehensión probatorio, ni en la imputación fáctica o jurídica realizada en disfavor de aquel. Evidentemente, la negligencia no puede ser tratada como un hecho, y no lo fue, al punto que es a partir del relato de los supuestos fácticos, que el comportamiento negligente de VILLANUEVA ROJAS resultó sometido a un juicio de reproche. Así lo plasmo la resolución7: “Con relación al señor OSCAR VILLANUEVA ROJAS, se tiene que en calidad de rector de la Universidad de la Amazonía, debió realizar los trámites pertinentes para evitar que se le siguieran pagando, irregularmente salarios al señor VALENCIA GRANADA, dado que no cumplió con el convenio pactado con la Universidad, si