PGN - NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL - Violación al régimen de inhabilidades para ejercer

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Violación al Régimen de inhabilidades para ejercer el cargo de alcalde por haber contratado dentro del año anterior a la elección INHABILIDAD DE ALCALDE-Suscripción de contratos con entidades estatales dentro de los 12 meses anteriores a la elección Así pues, este concepto se abordará conforme a las condiciones en que debe configurarse la causal de inhabilidad deprecada, esto es, la suscripción de contratos con entidades estatales dentro de los 12 meses anteriores a la elección, bajo la condición de que ellos hayan debido ser ejecutados o ejecutables en el municipio en el que el demandado fue elegido como Alcalde y, si dicha constatación requiere o no su ejecución material en dicho municipio, o, si con la simple posibilidad de su ejercicio se configura la misma. INHABILIDAD DE ALCALDE-Causales según regulación legal INHABILIDAD DE ALCALDE-Requisitos indispensables Conforme la literalidad de la norma, y en lo que respecta específicamente a la causal de inelegibilidad alegada, esto es, celebración de contratos, se tiene como requisitos indispensables para su materialización los siguientes: i) La Celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel; ii) La celebración del contrato debe hacerse en interés propio o de terceros; iii) La celebración del contrato debe hacerse dentro del año anterior a la elección; y iv) El o los contratos celebrados deben ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Los requisitos i), ii) y iii) que se requieren demostrar para la configuración de la causal de inelegibilidad en estudio no serán objeto de pronunciamiento en el presente concepto,

toda vez que ellos no son susceptibles del recurso de alzada y, tal como lo dispuso el A Quo, ellos se encuentra debidamente acreditados, en atención a que el ciudadano demandante, en nombre propio suscribió contrato de prestación de servicios con el Departamento de Córdoba el 26 de febrero de 2015. INHABILIDAD DE ALCALDE-Para su configuración debe demostrarse el contrato o contratos celebrados/INHABILIDAD DE ALCALDE-Contrato celebrado dentro del año anterior a la elección no requiere que se ejecute Conforme lo anterior y respecto del cuarto requisito para la configuración de la inhabilidad en estudio, el Legislador patrio consideró que para efectos de darse esa inhabilidad, debe demostrarse que el contrato o los contratos celebrados deban (no requiere que efectivamente se haya ejecutado, pues en esta causal no debe tenerse en cuenta los actos post-contractuales o de ejecución), se reitera, ejecutarse o cumplirse en el mismo municipio. De allí que el elemento conforme al cual se predica que el contrato celebrado que sirve de fundamento de la inhabilidad, no requiere que se haya ejecutado efectivamente, puesto que el verbo rector usado por el Legislador permite establecer correctamente que lo que se predica es que el contrato se ejecute o deba ser ejecutado en el territorio del municipio.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co INHABILIDAD DE ALCALDE-Contrato celebrado en el municipio donde es electo según jurisprudencia del Consejo de Estado

INHABILIDAD DE ALCALDE-Requisito de configuración de la causal de inhabilidad no requiere la constatación efectiva de ejecución contractual Continuando con el análisis es preciso señalar que este requisito de configuración de la causal de inhabilidad en estudio, no requiere la constatación efectiva de que el contrato se haya ejecutado en el respectivo municipio en el que fue elegido el demandante, sino que, conforme al objeto contractual, este tenga la potencialidad de ser ejecutado allí, independientemente de que finalmente allí no se ejecute. Precisamente, permitir que la causal de inhabilidad por la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, en interés propio o de terceros, siempre que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio efectivamente sea ejecutado o cumplido en el respectivo municipio, es desnaturalizar la proscripción, pues ella se materializa con la sola suscripción del contrato, independientemente de su ejecución o no. ACTOS DE MERA EJECUCIÓN DEL CONTRATO-No se requieren para la materialización de la inhabilidad Acordémonos que los actos postcontractuales o de mera ejecución del contrato no deben ser tenidos en cuenta para la materialización de la inhabilidad en estudio, por tal razón, tampoco puede ser aceptado el hecho de que el contrato debe efectivamente ser ejecutado dentro del territorio donde es elegido el demandado, ya que lo que se prohíbe es que éste tenga la potencialidad o virtualidad de ser ejecutado en dicho municipio. ACTOS DE MERA EJECUCIÓN DEL CONTRATO-No requieren para la materialización de la inhabilidad según jurisprudencia del Consejo de Estado CAUSALES DE IHNABILIDAD-Deben ser interpretadas de manera restringida

Conforme lo anterior y en atención a que las causales de inhabilidad deben ser interpretadas de manera restringida y decantado como está que el legislador no dispuso únicamente que los contratos deben ejecutarse obligatoriamente en el respectivo municipio, sino que abarca la posibilidad de que ellos deban ejecutarse allí, sin que sea necesaria la materialización o su ejecución, para que se configure ésta basta la posibilidad o virtualidad dentro del objeto contractual de que ellos puedan ser ejecutados en un municipio sin necesidad de que efectivamente se ejecuten allí, reiteramos. … Así pues, para que se configure la causal de inelegibilidad estudiada basta con la suscripción del contrato y que el suscriptor tenga la virtualidad de ejecutarlo en el municipio en donde aspire a ser elegido Alcalde Municipal, toda vez que en nada afecta si este fue o no efectivamente ejecutado allí.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., Junio 17 de 2016 Concepto No. 0046 Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio

H. Magistrado ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 23001233300020150046102

Radicado interno: 2015-0461.

Actor: Carlos Mario Isaza Serrano.

Demandado: Salim Hamed Chagüi Flórez.

Asunto: Apelación de la sentencia del 26 de abril de 2016, proferida por

el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda de nulidad incoada contra el acto de elección del señor Salin Hamed Chagüi Flórez como Alcalde municipal de Cereté-Córdoba.

Respetado señor Consejero: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 20 de mayo de 2016 y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  La demanda y sus pretensiones El ciudadano Carlos Mario Isaza Serrano en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección del señor Salim Hamed Chagüi Flórez como Alcalde municipal de Cereté- Córdoba para el periodo 2016-2019. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «1. Que se declare nulo el acto administrativo de elección señor SALIM HAMED CHAGÜI PLOREZ, como Alcalde del Municipio de Cereté (Córdoba), de fecha 1 de noviembre de 2015, contenido en el formulario E-26 ALC expedido por la Comisión Escrutadora Municipal para el periodo comprendido entre el 2016 y

2019.

2. Que una vez en firme la declaratoria de nulidad de la elección, se cancele la respectiva credencial y se proceda mediante un nuevo escrutinio a la exclusión de los votos computados en favor del señor SALIM HAMED CHAGÜI FLOREZ, por haber concurrido en él una causal de inhabilidad legal que lo hacía inelegible e impedía que en su favor se contabilizara voto alguno, para que en su lugar, se cuenten únicamente los votos depositados en favor del candidato que obtuvo la primera votación hábil: CAMILO ANDRÉS MEJÍA PADILLA.

3. Que como resultado del nuevo escrutinio se haga una nueva declaración de elección de Alcalde Municipal de Cereté, Departamento de Córdoba, para el resto del periodo 2016-2019, la cual deberá recaer en el señor CAMILO ANDRÉS MEJÍA PADILLA, a quien se la expedirá una nueva credencial que lo acredite como tal, en reemplazo de la credencial expedida por la Com,isión Escrutadora Municipal al señor SALIM HAMED CHAGÜI FLOREZ, la cual debe quedar sin valor ni efecto y se libren las comunicaciones a las autoridades que deban conocer de tal novedad.

Subsidiarias: (…).» Hechos de la demanda Señala el demandante que el 25 de octubre de 2015 se realizaron las elecciones de Alcaldes y Gobernadores, entre otras autoridades Departamentales, Distritales y Municipales en todo el territorio nacional.

Asevera que en el municipio de Cereté Córdoba se inscribieron cuatro (4)

candidatos a la Alcaldía entre ellos el señor Salim Hamed Chagüi Flórez, quien se hizo elegir con plena violación del régimen de inhabilidades contenido en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, puesto que, dentro del año anterior a dicha elección celebró contrato con el Departamento de Córdoba, el cual debía cumplirse, entre otros, en ese municipio. Precisa que dentro del contrato se observa que éste se suscribe para fortalecer la gestión de los proyectos relacionados con el plan Departamental de Aguas que es ejecutado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento, es decir, su ejecución fue en todo el Departamento.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Indica igualmente el actor que el Consejo Nacional Electoral en una “cuestionable decisión” denegó la solicitud de revocatoria de la inscripción de este ciudadano como candidato a la Alcaldía Municipal de Cereté-Córdoba, con lo cual se apartó notoriamente de la Jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 13, 29 y 206 de la Constitución Política de Colombia.  Los artículos 2 y 275-5 del CPACA.  El artículo 37-3 de la Ley 617 de 2000. Violación de las normas en que debía fundarse y expedición irregular

Afirmó el demandante que la elección demandada incurrió en una flagrante violación al orden superior al haberse permitido la inscripción y consecuente elección de un candidato en quien concurrían una tacha de orden legal para ser investido en la dignidad que lo fue. Precisó que la intervención en celebración de contratos inhabilita para ser elegido como Alcalde Municipal, siempre que dichos contratos deban ser ejecutados o cumplirse en el respectivo municipio; considera que dicha inhabilidad no solamente se aplica en aquellos eventos donde su ejecución coincida con el lugar donde efectivamente tiene lugar esa elección, sino cuando se haya pactado la posibilidad de cumplirse o ejecutarse en el municipio para el cual fuere elegido el demandado, o sea que sin que importe el hecho que las obligaciones efectivamente hayan sido cumplidas en dicha territorialidad. Continúa el demandante diciendo que al haberse suscrito por el demandado un contrato dentro de los 12 meses anteriores a su elección, es claro que a él se le otorgaron una serie de ventajas y prerrogativas que terminaron fragmentando los principios de transparencia e igualdad en el acceso a los cargos públicos en contravención y perjuicio de los demás candidatos al mismo cargo público.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Finaliza expresando que independiente de que el contrato se hubiere ejecutado o no en el municipio de Cereté-Córdoba, este estaba inhabilitado ya que el contrato

permitía la posibilidad de ejecución en dicho municipio.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba en sentencia del 26 de abril del corriente año, dispuso declarar probadas las excepciones de “inexistencia de la causal de nulidad” y “legalidad de los actos administrativos enjuiciados” propuestas por la parte demandada y como consecuencia denegó las pretensiones de la demanda incoada. Señaló que los presupuestos de prosperidad de la causal de inhabilidad estudiados son: i) Que dentro del año anterior a la fecha de la elección se haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terneros; y ii) que el contrato debe ejecutarse en el respectivo municipio donde se debe realizar la respectiva elección del Alcalde. Consideró que el primer requisito de estructuración de la inhabilidad se encontraba configurado, en atención a que el demandado el 26 de febrero de 2015, esto es, 12 meses antes de la elección (25 de octubre del mismo año) celebró un contrato con el Departamento de Córdoba. Por otro lado, consideró el Tribunal que el segundo requisito no se configura en atención a que si bien la norma exige que el contrato haya debido ejecutarse en el respectivo municipio donde resultó elegida la persona, es decir, más allá del lugar donde efectivamente se ejecutó el contrato se debe acreditar que conforme el objeto contractual éste podía ser ejecutado allí, esta situación no fue probada por el actor. Se indicó por el Tribunal de Instancia que de la lectura del objeto contractual consignado en la cláusula primera del contrato suscrito entre el demandado y el

Departamento de Córdoba, se extrae tres elementos que circunscriben su

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co ejecución espacial así: i) el apoyo y seguimiento hecho por el profesional contratado se limitaba a los diseños, proyectos y obras ejecutadas en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba; ii) tales diseños y obras debían corresponder al proyecto denominado “asesoría, acompañamiento, y seguimiento a los proyectos de aguas y saneamiento básico para la prosperidad en el Departamento de Córdoba”; y iii) que mediare siempre la designación para tal fin por parte del Secretario de Infraestructura. Bajo ese entendido señaló que el ámbito territorial del contrato, conforme su objeto y las obligaciones específicas pactadas, se circunscribió a los municipios comprendidos dentro de las obras asignadas a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba, en el proyecto denominado “asesoría, acompañamiento, y seguimiento a los proyectos de aguas y saneamiento básico para la prosperidad en el Departamento de Córdoba”, que para el caso del demandado, para su ejecución debía contar con la designación previa del Secretario de Infraestructura Departamental, observándose que estas no incluían al municipio de Cereté-Córdoba. Por lo anterior, concluyó que el contrato suscrito no debía ejecutarse en el municipio en el que el demandado fue elegido como Alcalde Municipal.

 Apelación de la sentencia de primera instancia El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de instancia, solicitando que sea revocada en atención a que se encuentran configurados los elementos para su prosperidad. Indica que los lugares donde se ejecutó o cumplió el contrato no son todos los lugares donde ha debido ejecutarse o cumplirse éste y, por tal motivo, la acreditación de nuevos lugares como centro de proyección del objeto contractual, configura la inhabilidad en estudio pues esta no hace referencia a la ejecución material en determinado municipio, sino a la posibilidad de hacerlo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Asevera el impugnante que el campo de proyección del contrato suscrito por el demandado era el de todos los municipios del Departamento de Córdoba, dentro de los cuales obviamente se encuentra el de Cereté-Córdoba donde éste resultó elegido como Alcalde municipal. Precisa que el objeto contractual hace referencia a todos los proyectos y obras que se fueren a ejecutar en el Departamento, allí no se limitó a algunos municipios en particular como mal lo entendió el A Quo. Finalmente indica que obra certificación expedida por la Gerente de Aguas de Córdoba, en el sentido de que esa entidad gestionó varios proyectos en el municipio de Cereté con lo cual queda demostrado que el contratista Salim Hamed Chagüi Flórez, apoyó la revisión técnica de esos proyectos tal como se desprende de sus obligaciones contractuales.  Admisión del recurso

Mediante auto del 31 de mayo de 2016 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 26 de abril del mismo año proferida por el Tribunal Administrativo del Córdoba.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada.

El presente concepto será abordado para resolver única y exclusivamente los argumentos de la apelación, es decir, los argumentos conforme a los cuales considera el apelante se debe revocar el fallo de instancia. Así pues, este concepto se abordará conforme a las condiciones en que debe configurarse la causal de inhabilidad deprecada, esto es, la suscripción de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co contratos con entidades estatales dentro de los 12 meses anteriores a la elección, bajo la condición de que ellos hayan debido ser ejecutados o ejecutables en el municipio en el que el demandado fue elegido como Alcalde y, si dicha constatación requiere o no su ejecución material en dicho municipio, o, si con la simple posibilidad de su ejercicio se configura la misma. La norma que se considera infringida en su tenor literal señala: «Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de

1994, quedará así: "Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio. (…)» (Subrayas de la Delegada para especificar la causal de inhabilidad alegada).

Conforme la literalidad de la norma, y en lo que respecta específicamente a la causal de inelegibilidad alegada, esto es, celebración de contratos, se tiene como requisitos indispensables para su materialización los siguientes: i) La Celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel; ii) La celebración del contrato debe hacerse en interés propio o de terceros; iii) La celebración del contrato debe hacerse dentro del año anterior a la elección; y iv) El o los contratos celebrados deben ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Los requisitos i), ii) y iii) que se requieren demostrar para la configuración de la causal de inelegibilidad en estudio no serán objeto de pronunciamiento en el presente concepto, toda vez que ellos no son susceptibles del recurso de alzada

y, tal como lo dispuso el A Quo, ellos se encuentra debidamente acreditados, en atención a que el ciudadano Salim Hamed Chagüi Flórez, en nombre propio

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co suscribió contrato de prestación de servicios con el Departamento de Córdoba el 26 de febrero de 2015. Pues bien, está probado sin que permita discusión en el fallo de instancia, el hecho de que el demandado celebró un contrato con una entidad territorial Departamental y lo hizo en su propio interés y dentro del año anterior a su elección como Alcalde Municipal de Cereté-Córdoba. La controversia que aquí se suscita gira entorno a la configuración o no del cuarto requisito previamente señalado, pues, en sentir del demandante, este también se encuentra configurado, tesis contraria a lo que razonó el Tribunal de instancia. En este orden consideró el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Córdoba que el contrato No. 023 de 2015 suscrito entre el Departamento de Córdoba y el señor Salin Chagüi Flórez no incluía su ejecución en el municipio de Cereté, en otro sentido afirma el apelante, es decir, que el contrato sí incluía dicho ente territorial municipal. Conforme lo anterior y respecto del cuarto requisito para la configuración de la inhabilidad en estudio, el Legislador patrio consideró que para efectos de darse

esa inhabilidad, debe demostrarse que el contrato o los contratos celebrados deban (no requiere que efectivamente se haya ejecutado, pues en esta causal no debe tenerse en cuenta los actos post-contractuales o de ejecución), se reitera, ejecutarse o cumplirse en el mismo municipio. De allí que el elemento conforme al cual se predica que el contrato celebrado que sirve de fundamento de la inhabilidad, no requiere que se haya ejecutado efectivamente, puesto que el verbo rector usado por el Legislador permite establecer correctamente que lo que se predica es que el contrato se ejecute o deba ser ejecutado en el territorio del municipio. Tal aseveración fue hecha por el Consejo de Estado al indicar: «iv.- Que el contrato deba cumplirse en el respectivo departamento

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Lo que indica este postulado es que el objeto contractual deba desarrollarse dentro del territorio del departamento dentro del cual se llevó a cabo la elección del Diputado a la Asamblea. No puede exigirse que sea en la totalidad de ese territorio –lo que sería absurdo-, pues basta que ello tenga lugar en cualquiera de sus municipios1.» (negrillas fuera del texto original) Posteriormente se dijo: «Se reitera que el elemento de la causal de inhabilidad aducida, que refiere a que la intervención en la celebración de contratos que inhabilita es aquella que se verifica en procesos contractuales que arriban a la suscripción de contratos,

siempre y cuando éstos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento, propende por evitar que las actividades materiales que se ejecutan para efectos celebrar o de cumplir un contrato estatal doten al candidato de una especial preponderancia o notoriedad frente a los electores en la medida en que se erige en quien, finalmente, provee o atiende las necesidades de la población. Asimismo que las inhabilidades en cuanto limitaciones (que además de razonables han de ser proporcionales) deben interpretarse en forma restrictiva y para el efecto al operador jurídico le corresponde apoyarse en principios como el “pro homine” o “favor libertatis” lo que se traduce, en el caso concreto, en la imposibilidad de interpretar el elemento territorial de la causal de inelegibilidad que se estudia de una forma diferente a aquella que refiere que los contratos que se suscriben en el correspondiente proceso contractual deben cumplirse in situ, o lo que es lo mismo, en el territorio del “respectivo departamento”. En suma, la sentencia apelada am¿erita ser confirmada porque la demandante no demostró que el accionado hubiera intervenido en celebración de contratos ante entidad pública, en interés particular propio o de terceros, que debieran cumplirse o ejecutarse en el departamento de Sucre.2» Continuando con el análisis es preciso señalar que este requisito de configuración de la causal de inhabilidad en estudio, no requiere la constatación efectiva de que el contrato se haya ejecutado en el respectivo municipio en el que fue elegido el demandante, sino que, conforme al objeto contractual, este tenga la potencialidad de ser ejecutado allí, independientemente de que finalmente allí no se ejecute.

Precisamente, permitir que la causal de inhabilidad por la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, en interés propio o de terceros, siempre que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio 1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Fallo del treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013). Radicación número: 5000123-31-000-2011-00688-01. Actor: LIBIA CECILIA ROJAS CARRILLO. 2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente: MAURICIO TORRES CUERVO. Fallo del seis (06) de mayo de dos mil trece (2013). Radicación

70001233100020110226900. Demandante: Sthefhany Baquero Sandoval. Demandado: Jorge Mario Hernández Merlano (Diputado de la Asamblea de Sucre, periodo 20022015)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co efectivamente sea ejecutado o cumplido en el respectivo municipio, es desnaturalizar la proscripción, pues ella se materializa con la sola suscripción del contrato, independientemente de su ejecución o no. Acordémonos que los actos postcontractuales o de mera ejecución del contrato

no deben ser tenidos en cuenta para la materialización de la inhabilidad en estudio, por tal razón, tampoco puede ser aceptado el hecho de que el contrato debe efectivamente ser ejecutado dentro del territorio donde es elegido el demandado, ya que lo que se prohíbe es que éste tenga la potencialidad o virtualidad de ser ejecutado en dicho municipio. Sobre el particular ha indicado la Sección Quinta del Consejo de Estado: «La Sala no entrará a examinar si los contratos están o no vigentes porque ello no tiene trascendencia para el asunto en estudio puesto que el legislador definió en forma clara el momento constitutivo de la inhabilidad -intervención en la celebración o la propia celebración del contrato-, no en las etapas subsiguientes como su ejecución, cumplimiento o su liquidación. Asumir una posición contraria es hacer una interpretación extensiva de la norma, a partir de la cual se crean nuevos hechos para su configuración que la disposición no prevé. Al respecto debe recordarse, que en materia de inhabilidades no le es dable al operador jurídico, la aplicación analógica o extensiva, conforme al principio de la taxatividad que rige estas normas3» Posteriormente y siguiendo la misma línea aseguró: «La jurisprudencia de la Sección ha entendido por intervención en la celebración de contratos la participación personal y activa del demandado en actos conducentes a consolidar un contrato que efectivamente se celebró, participación ya como parte o ya como tercero, siempre que develen un claro interés en tal sentido. Ha señalado igualmente que lo que constituye causal de inhabilidad es la intervención en la “celebración” del contrato y no su ejecución, que dicha causal se configura aunque el objeto contractual no se cumpla o

ejecute y que su finalidad es evitar una confusión entre los intereses privados de quienes han intervenido en nombre propio o de terceros en la celebración de un contrato con la administración y el interés que compete al elegido de preservar los intereses públicos; igualmente, impedir que quien tiene acceso a los beneficios de la contratación estatal pueda utilizarlos rompiendo el equilibrio frente a quienes compiten por el acceso a los cargos públicos»4 De igual criterio ha sido la Sección Primera del Consejo de Estado que al resolver sobre pérdidas de investidura, ha indicado: 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Rad.: 2008 – 0042. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Torres Cuervo. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 19 de febrero de

2009. Rad.: 2007 – 0700. Magistrada Ponente: Dra. Susana Buitrago de Valencia.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «Los demás presupuestos de la norma encajan en dicha causal, puesto que el contrato se suscribió con una entidad pública municipal para ejecutarse en el municipio de Bello - Antioquia, departamento en el cual el diputado demandado fue elegido y se celebró el 28 de junio de 2007, es decir cuatro meses antes de la elección, esto es, dentro del periodo inhabilitante. Como bien lo considera el

Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, no es de recibo el argumento del diputado en el sentido de que en la etapa de ejecución del contrato otra persona asumió la representación, puesto que de la lectura de la inhabilidad, la cual es taxativa, se prohíbe la suscripción del contrato durante el periodo inhabilitante, lo cual de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 se da cuando se logra el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleva a escrito, lo que ocurrió el 2