PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Inhabilidad por parentesco con funcionaria que en l

Bogotá D.C. Marzo de 2007 Concepto No. 017/2007 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M. P. Dr. FILEMON JIMENEZ OCHOA

E. S. D.

Referencia: Proceso 730012331000200500020 02

Radicado interno: 2005-0020; 2005-0027

Actor: SILVIA NUBIA VARON REYES Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del señor Efraín Ricardo Acosta Zarate, como alcalde del municipio de San LuísTolima para el período 2004-2007.

I-ANTECEDENTES 1.- La demanda de la señora Silvia Nubia Varón Reyes (2005-0020) La ciudadana Silvia Nubia Varón Reyes, en nombre propio y en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima, para que previos los trámites del los artículos 228 y ss. Del Código Contencioso Administrativo, se efectúen las siguientes declaraciones: “PRIMERO: Se decrete la nulidad de la inscripción como candidato ser elegido alcalde del municipio de San Luís para el período comprendido del 29 de noviembre de 2004 – al 31 de diciembre del 2007 contenida en el acta E-2 AG, así mismo, SEGUNDO: Se declare la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor EFRAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE,

como alcalde del Municipio de san Luís, Tolima, para el período LJBB/eag 1 constitucional 2005-2007, contenido en el acta de escrutinio, formulario E-26 AG, expedida por la Comisión Escrutadora del Municipio de San Luís, Tolima.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, al decretarse la nulidad del acto de inscripción, se ordene a la ORGANIZACIÓN ELECTORAL REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN LUISCOMISION ESCRUTADORA realizar un nuevo escrutinio para declarar electo al candidato inscrito dentro del término legal que le hubiere seguido en votación al inhabilitado EFRAIN RICARDO

ACOSTA ZARATE.

CUARTO: Ordénese la cancelación de la inscripción y del acto de la credencial respectiva y la comunicación al gobernador del departamento del Tolima y demás las autoridades electorales para que dispongan de las medidas necesarias para hacerla efectiva.” a) Hechos Como hechos de la demanda refirió la actora que el señor Efaín Ricardo Acosta Zarrate se inscribió como candidato al cargo de alcalde del Municipio de San Luís, resultando elegido como alcalde de esa municipalidad en los comicios celebrados el 28 de noviembre de 2004.

Que el elegido alcalde se encontraba inhabilitado para inscribirse ser elegido y ejercer el cargo de alcalde del municipio de San Luís, toda vez que era hermano de la señora Ruth Vivian Acosta Zarrate, quien durante los doce meses anteriores a su elección, se desempeñó como Directivo

Docente al servicio del magisterio, al ostentar el cargo de Rectora de la Institución Educativa Oficial “San Luís Gonzaga” con sede en el municipio de San Luís; hecho que en su sentir configuraba la causal de inhabilidad prevista en el artículo 37 numeral 4 de la ley 617 de 2000, en armonía con la Ley 715 de 2001 art. 10 y el artículo 190 de la ley 136 de 1994. b) Normas violadas y concepto de la violación Cita la actora como normas violadas las siguientes:  El artículo 37 numeral 4 de la ley 617 de 2000 LJBB/eag 2  La Ley 715 de 2001 art. 10  El artículo 190 de la ley 136 de 1994. Luego de transcribir el contenido de las normas citadas, señaló que para que se configure la aludida inhabilidad, era preciso determinar el grado de parentesco que existía entre el electo alcalde y la Rectora de la institución Educativa; si el Rector o Directos de la Institución ejercían autoridad administrativa; y si dicha autoridad se ejerció en el respectivo municipio. Sobre el particular, indicó que de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento de los señores Efraín Ricardo Acosta Zarrate y Ruth Bivian Acosta Zarrate, aportados como prueba con la demanda se demostraba el parentesco existente entre ellos; esto es, que eran hermanos legítimos consanguíneos por ser hijos de Efraín Acosta Molina y Carola Zarrate Peña, quedando demostrado el primer requisito para que se configure la inhabilidad. En cuanto al segundo aspecto, define el concepto de autoridad y transcribe

el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 que consagra, entre otras funciones, las asignadas a los Rectores o Directores de Instituciones Educativas, entre las cuales destaca los numerales 2,3,7,9,10,11,y 16, concluyendo que en su calidad de Rectora, la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate ejerció autoridad administrativa. Más adelante, a título de ejemplo indicó que la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate celebró las órdenes de prestación de servicios números 033 a 061 del 4 de diciembre de 2003 y la orden de trabajo 001 del 20 de enero de 2004, mediante las cuales en su calidad de Rectora, contrato a diferentes personas para que prestaran sus servicios como docentes en varias especialidades; contratos que se ejecutaron en ese municipio y que le permitieron ejercer influencia sobre el electorado. Por último, manifestó que se encontraba demostrado que el señor Efaín Ricardo Acosta Zarrate fue elegido alcalde del Municipio de San Luís, y LJBB/eag 3 que la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate se desempeñó como rectora de la Institución Educativa “San Luís Gonzaga” en el mismo municipio dentro los doce meses anteriores a la fecha de elección de su hermano; cargo en el que ejerció autoridad administrativa. c) Solicitud de suspensión provisional En escrito separado, la actora solicitó la suspensión provisional del acto acusado con fundamento en el artículo 152 del C.C.A. Como sustento de la medida indicó que de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, se encontraba demostrado que la hermana del elegido alcalde ejerció

autoridad administrativa dentro de los doce meses anteriores a su elección. 1.2.- Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de febrero 14 de 2005, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y denegó la suspensión provisional al considerar que se hacía necesario un estudio de fondo para determinar si efectivamente la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate ejerció autoridad administrativa; así mismo, señaló que la parte actora no se había demostrado el perjuicio si quiera sumario producido por el acto demandado. Apelado el auto que denegó la suspensión provisional, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante auto de 25 de mayo de 2005 confirmó la decisión del Tribunal. No obstante, aclaró que si bien era cierto que en esta clase de acciones no se requería demostrar el perjuicio causado -tal como lo sostuvo la parte apelante-, puesto que el interés es objetivo, los documentos públicos aducidos con la solicitud, no resultaban suficientes para demostrar la violación al régimen de inhabilidades. LJBB/eag 4 1.3.- Contestación de la demanda El señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate, por conducto de apoderado judicial contestó la demanda y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones. Como razones de defensa sostuvo que no había lugar a la inhabilidad que pretendía la demandante, toda vez que la misma se fundamentaba en el hecho de que la hermana del elegido alcalde se había desempeñado como Rectora del Colegio San Luís Gonzaga del Municipio de San Luís, en cuyo

cargo ejerció autoridad civil y administrativa; y que sobre hechos similares, el Honorable Consejo de Estado ya se había pronunciado en sentencia de julio de 2002, dentro de la demanda de nulidad de la elección de la Alcaldesa de ArroyohondoBolívar, de la cual transcribe apartes. En ella, entre otros aspectos, destacó: que correspondía al juez determinar en cada caso concreto si un servidor público ejercía o no autoridad civil o administrativa; que debía estudiarse el carácter funcional del cargo y el grado de autonomía; que no estaba dentro de las funciones de los Rectores de establecimientos educativos la facultad de celebrar contratos, ni que los mismos tuvieran poder de mando para exigir obediencia por medio de la fuerza o coacción; que no nombraban ni removían docentes adscritos a la institución, ya que de acuerdo con las leyes 115 de 1994 y 60 de 1993, esas funciones correspondían a los alcaldes; que tampoco tenían la facultad para sancionar a los empleados de su dependencia, comoquiera que el artículo 153 de la ley 115 de 1994 señalaba que la administración municipal de la educación implicaba el poder de sancionar a los docentes; que la facultad de mando que tienen los rectores sobre los docentes era limitada, ya que se circunscribía a la autorización de permisos y novedades, y que incluso la facultad de investigar las faltas cometidas por los estudiantes estaba limitada a lo expresamente señalado en los manuales de convivencia. LJBB/eag 5 De conformidad con el anterior pronunciamiento concluye que, siendo las

funciones de los Rectores de resorte legal y por consiguiente aplicable en todo el territorio nacional, no podía predicarse de la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate, en su calidad de Rectora del Colegio San Luís Gonzaga, el ejercicio de autoridad civil o administrativa. Que si bien las funciones de los rectores o directores de establecimientos educativos reguladas en el Decreto 1860/94 se encontraban vigentes para la época en que dictó la citada sentencia, las nuevas disposiciones, esto es, la Ley 715 de 2001 eran idénticas a las anteriores, resultando por tanto aplicables a las nuevas disposiciones, las consideraciones precisadas en esa oportunidad por el Consejo de Estado. Así las cosas, sostuvo que las facultades de dirigir la preparación del proyecto educativo institucional, presidir el consejo directivo y académico de la institución, representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar, formular planes de acción, dirigir el trabajo de los docentes, administrar y controlar al personal docente y administrativo, participar en la definición de perfiles, distribuir asignaciones académicas, evaluar el desempeño de los docentes, suministrar información al departamento o municipio, responder por la calidad del servicio, rendir informes al consejo directivo, administrar el fondo de servicios educativos y publicas horarios y carga docente, no le otorgaban al Rector la facultad de exigir por la fuerza el cumplimiento de la ley y la Constitución, propio del ejercicio de la autoridad civil. De otra parte, señaló que si bien el numeral 10-11 del artículo 10 de la ley 715 de 2001 otorgaba la potestad al Rector de imponer sanciones

disciplinarias; facultad que igualmente se asignaba en el Decreto 1860/94, dicha facultad, -según pronunciamiento del Consejo de Estado-, estaba referida a las faltas y sanciones contempladas en el manual de convivencia y no a la aplicación del Código Unico Disciplinario, ya que dicha competencia la tenían las autoridades municipales cuando se trataba de municipios certificados o el departamento cuando se trataba de municipios LJBB/eag 6 no certificados. Que para el caso específico, la potestad de aplicar el Estatuto Disciplinario Unico estaba asignada a la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Tolima, por tratarse de un establecimiento público del orden departamental. Agregó, que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, para establecer si un funcionario ejerce o no autoridad, debía examinarse la estructura orgánica del empleo, entendido bajo el cual de conformidad con el decreto Departamental 369 de 6 de julio de 2001, por el cual se fija la estructura orgánica del departamento del Tolima, los cargos de los Rectores dependían de la Dirección de Administración Educativa, los cuales a su vez dependían de las Secretarías de Educación, no encontrándose por tanto en el nivel directivo ni ejecutivo en la estructura orgánica del Departamento. Por último, propuso las excepciones de Nulidad absoluta de los contratos, excepción de cosa juzgada y excepción de inaplicabilidad de la primera parte del numeral cuarto del artículo 37 de la ley 617 de 2000. Al respecto, manifestó que los contratos celebrados por la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate, fueron suscritos con la intención de inhabilitar a su

representado y que los mismos se encontraban viciados de nulidad absoluta, toda vez que los Rectores de Establecimientos Educativos no tenían facultad para celebrar contratos, extralimitándose en sus funciones; que por consiguiente dichos contratos no producían efecto alguno. En cuanto a la excepción de cosa juzgada señaló que el asunto en cuestión ya había sido resuelto por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la demanda de nulidad de la elección del señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate como alcalde del Municipio de San Luís para el período 1998-2001, en la que igualmente se alegó el parentesco con la señora Ruth Biviana Acosta Zarrate, quien se desempeñó como Rectora del Colegio San Luís Gonzaga; decisión del Tribunal Administrativo del Tolima que denegó las pretensiones de la demanda, confirmada por la Sección Quinta del H. Consejo de Estado, ante lo cual se estaría frente a una sentencia que hace LJBB/eag 7 transito a cosa juzgada debiendo la corporación abstenerse de proferir decisión de fondo. Finalmente en relación a la excepción de inaplicabilidad de la primera parte del numeral 4 del artículo 37 de la ley 617 de 2000, adujo que dicha inhabilidad se ocasiona por un acto o hecho totalmente ajeno a la voluntad del impedido, y que ningún ordenamiento jurídico positivo puede imponer sanción alguna a la persona que no haya realizado acciones u omisiones externas e intersubjetivas que produzcan consecuencias en la comunidad, ya que por el contrario se estaría frente al fuero interno del individuo.

Que en el asunto en examen, la inhabilidad alegada por la parte actora fue orquestada contra la voluntad del señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate, ya que nunca antes la Rectora del colegio, durante los más de 20 años de servicio había celebrado contrato alguno, haciéndolo curiosamente dentro del término previsto en la ley como inhabilitante. Que el señor Guillermo Ignacio Alvira Estrada, quien participó en el mismo debate electoral resultando perdedor, era el compañero permanente de Edna Emilce Acosta Zarrate, hermana del demandado; hecho que ocasionó una profunda enemistad entre los mismos, quienes acudieron a todos los mecanismos para inhabilitar a su prohijado. Así las cosas, señaló que quedaba demostrada la inconstitucionalidad de la norma citada en cuanto genera una prohibición y sanción por hechos o actos totalmente ajenos a la voluntad del afectado, quebrantando valores como el del trabajo, la justicia, la libertad proclamados en el preámbulo de la Carta. 1. 4.- Alegatos de conclusión Dentro del término el apoderado de la parte demandada presentó escrito de alegatos, reiterando las consideraciones esbozadas en el escrito de contestación. LJBB/eag 8 2.- La demanda del señor Guillermo Ignacio Alvira Estrada (20050027) El ciudadano Guillermo Ignacio Alvira Estrada actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral presentó demanda de nulidad electoral ante el tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, para que previos los tramites de los artículos 84 y 228 del C.C.A.

se efectúen las siguientes declaraciones: “1.- La de nulidad del acto administrativo de carácter electoral contenido en el Acta de Escrutinios del departamento del Tolima formulario E-26-AG que hemos hecho referencia anteriormente y que igualmente es recogido y aclarado en el acta general de escrutinio municipal de San Luís Tolima del 30 de noviembre de 2004 a través de la cual se dispuso declarar elegido como alcalde de San Luís en el departamento del Tolima a EFAIN RICARDO ACOSTA ZARRATE del partido Conservador Colombiano para el período del 29 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2007. 2.- Como consecuencia de la anterior declaración se ordene cancelar la credencial expedida por la correspondiente autoridad electoral, a EFRAÍN RICARDO ACOSTA ZARRATE identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.004.475 de San Luís (Tolima) como alcalde de San Luís (Tolima) para el período 29 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2007. 3.- En firme la sentencia que ponga fin al presente proceso, comuníquese al señor Gobernador del departamento del Tolima y al presidente del Consejo Nacional Electoral con el propósito de que adopten las medidas administrativas que correspondan en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.” a) Hechos Refirió el actor que el día 28 de noviembre de 2004 se realizaron elecciones para alcalde en el municipio de San LuísTolima, inscribiéndose los señores Efraín Ricardo Acosta Zarrate y Guillermo Ignacio Alvira

Estrada. Que el primero de los nombrados resultó elegido alcalde de esa municipalidad, no obstante encontrarse incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 37 de la ley 617 de 2000, toda vez LJBB/eag 9 que se tenía parentesco en segundo grado de consanguinidad con la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate, quien ostentaba autoridad administrativa dentro de la jurisdicción del municipio de San Luís; circunstancia que le otorgó ventaja en la medida en que resultó elegido. De igual forma resaltó que era un hecho de público conocimiento que la hermana del elegido alcalde se desempeña desde 1979 como directora de la institución Educativa Estatal de carácter Departamental San Luís Gonzaga, cuya sede queda precisamente en la cabecera del municipio de San Luís. Que en ejercicio de su cargo y de conformidad con la Ley 715 de 2001 la señora Ruth B. Acosta Zarrate desempeñó funciones de carácter administrativo, todas ellas inherentes a su investidura de directora, tales como celebrar contratos administrativos, actos administrativos, formulación de planes, manejo de personal, cupos para estudiantes; actividades que directa o indirectamente fortalecieron la candidatura de su hermano. Luego de transcribir el artículo 10 de la ley 715 de 2001, concluye que en desarrollo de sus funciones, la hermana del elegido alcalde celebró dentro de los doce meses anteriores a su elección, contratos de carácter administrativo con diferentes personas naturales en el municipio de San Luís, los cuales señala a folio 45 a 48 del expediente.

b) Normas violadas y concepto de violación Como único cargo, señaló el actor la violación del artículo 37-4 de la Ley 617 de 2000. Como concepto de violación, manifestó que de conformidad con el acerbo probatorio allegado con la demanda, se demostraba el vínculo de parentesco que existía entre el elegido alcalde y quien se desempeñara como Rectora del Colegio San Luís Gonzaga; que así mismo como requisito temporal se encontraba demostrado el ejercicio de funciones propias de LJBB/eag 10 una autoridad administrativa dentro de los doce meses anteriores a la elección, la cual se deducía de los múltiples contratos celebrados por la hermana del elegido alcalde; y por último, que dentro del requisito funcional requerido para la configuración de la causal, se encontraba demostrada las funciones ejercidas por la pariente del candidato, de conformidad con las funciones asignadas por la Ley 715 de 2001, las cuales indiscutiblemente eran civiles y administrativas, a la luz de los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994. De otro lado, trae a colación pronunciamientos del Consejo de Estado en torno al tema de autoridad civil y administrativa, concluyendo que el presente, era un caso típico del ejercicio de funciones civiles y administrativas. 2.2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 1 de febrero de 2005, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley. 2. 3.- Contestación de la demanda El señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate, contestó la demanda por conducto

de apoderado, y éste lo hizo en los mismos términos de la demanda precedente, razón por la cual se omite su trascripción. 3.- Acumulación de procesos El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 19 de agosto de 2005 decretó la acumulación de los procesos con radicado interno 0027/05 y 0020/05. LJBB/eag 11

4. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 19 de octubre de 2006 denegó las pretensiones de la demanda.

Como primera medida analizó el Tribunal la relación de parentesco existente entre el señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate, elegido alcalde del Municipio de San Luís para el período 29 de noviembre de 2004 a 31 de diciembre de 2007, y la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate, quien se había posesionado como Directora del Colegio departamental San Luís Gonzaga el 17 de febrero de 1979, con base en los documentos aportados al proceso, los cuales de conformidad con las normas que rigen para probar los hechos relacionados con el estado civil de las personas, constituían prueba idónea del parentesco. Luego, entra a analizar si el desempeño de la función de Director o Rector de un establecimiento educativo comportaba el ejercicio de autoridad civil o administrativa, recurriendo al concepto que sobre el particular establecen los artículos 190 y 188 de la ley 136 de 1994, y a las funciones de los Directores de establecimientos educativos previsto en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001, y concluye que, dentro de las funciones de los

Rectores no estaba la facultad de celebrar contratos y que el ejercicio de autoridad civil no sólo estaba referido a las facultades que tiene el empleado público respecto de sus subalternos, sino también en relación con los particulares sobre los que ejerce función de mando, y la función administrativa se refería al poder de mando, facultad decisoria y dirección propios de la función administrativa. Que en el presente caso para demostrar el ejercicio de autoridad se allegaron al proceso copias de órdenes de prestación de servicios de docentes suscritas por la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate como Rectora de la institución San Luís Gonzaga, así como copia de la evaluación anual del desempeño de un docente. De otra parte, fueron anexadas constancias suscritas por la Secretaria de la Institución educativa, en donde se dice LJBB/eag 12 que la rectora no celebró contratos de prestación de servicios, ni adelantaba investigación disciplinaria contra docentes o funcionarios administrativos. Que igualmente se allegaron al proceso los testimonios de varias personas que afirman constarles la enemistad entre los hermanos por razones de índole político; y los Decretos en donde se señala que la institución educativa San Luís Gonzaga no se encuentra certificada por el departamento del Tolima, rigiendo para éste la Ley 715 de 2001. De acuerdo con ello, indicó el Tribunal que los Rectores de las instituciones educativas no certificadas no pueden nombrar ni remover docentes, ya que dicha facultad la ejercen los gobernadores; que tampoco tienen la facultad de sancionar a los empleados, por ser esta una función asignada a la Dirección de Control Unico Disciplinario de la Gobernación; y

que si bien la Rectora suscribió varios contratos cuando no estaba facultada por ley, no se podía afirmar que por ese hecho ejerció autoridad civil, ya que además resultaba indispensable demostrar que dichos contratos fueron suscritos para atraer electorado a favor de su hermano; circunstancia que como se desprende de los testimonios no se hizo con la intención de favorecer su hermano, no configurándose la causal alegada. 5.- Recurso de apelación Inconforme con la decisión de primera instancia, los actores interpusieron recurso de apelación, solicitando que se revocara la decisión del A-quo y en su lugar se declarara la nulidad del acto acusado. Indicaron, que existían pruebas suficientes dentro del proceso que demostraban el ejercicio de autoridad administrativa de que estaba investida la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate , en razón de la cual como ordenadora del gasto celebró diversos contratos de prestación de servicios, los cuales constituían suficiente evidencia probatoria. LJBB/eag 13 II-CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede este Despacho a emitir el respectivo concepto de rigor. En el asunto en examen pretenden los actores que se declare la nulidad del acto que declaro la elección del señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate como alcalde del municipio de San Luís-Tolima, para el período 20052007, porque se encontraba inmerso en la causal de inhabilidad prevista

en el artículo 37-4 de la ley 617 de 2000. 1.- De las excepciones propuestas El apoderado de la parte demandada propuso las excepciones de Nulidad absoluta de los contratos, excepción de cosa juzgada y excepción de inaplicabilidad de la primera parte del numeral cuarto del artículo 37 de la ley 617 de 2000. Respecto del primero indicó que los contratos celebrados por la señora Ruth Bivian Acosta Zarrate, fueron suscritos con la intención de inhabilitar a su hermano y que los mismos se encontraban viciados de nulidad absoluta, toda vez que los Rectores de Establecimientos Educativos no tenían facultad para celebrar contratos. Esta Delegada en diversas oportunidades ha manifestado que en los procesos electorales no tienen cabida las excepciones previas, no obstante las propuestas por la parte demanda, se analizan como impedimentos procesales. LJBB/eag 14 Así las cosas, se tiene que el contencioso electoral no tiene por objeto el análisis de la nulidad o no de los contratos referidos en la demanda, toda vez que dicha pretensión es objeto de otra clase de acción, pues en ella, lo que se mira es la preservación de la legalidad del proceso eleccionario, así como la pureza del sufragio como soporte del régimen representativo democrático. Dicha acción, se origina entonces por la trasgresión de las normas que regulan los procesos y decisiones electorales, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afecten a los elegidos, más no por la trasgresión de las normas sobre contratación. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, señaló el apoderado que el

asunto en cuestión ya había sido resuelto por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la demanda de nulidad de la elección del señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate como alcalde del Municipio de San Luís para el período 1998-2001, en la que igualmente se alegó el parentesco con la señora Ruth Biviana Acosta Zarrate, quien se desempeñó como Rectora del Colegio San Luís Gonzaga. Esta Delegada considera que dicha excepción no está llamada a prosperar, toda vez que si bien es cierto que la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada “erga Omnes”, también lo es, que para que la misma proceda se requiere que el otro proceso tenga el mismo objeto, la misma causa y que exista identidad jurídica de partes; elementos que no se presentan en caso en cuestión, ya que además de no existe identidad jurídica de partes, tampoco se demandó el mismo acto administrativo, así las causas por las que se solicita la nulidad del acto que declaró la elección del señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate como alcalde del Municipio de San Luís para el período 2004-2007 sean las mismas. Finalmente en cuanto a la excepción de inaplicabilidad de la primera parte del numeral cuarto del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, considera esta Delegada que no esta llamada a prosperar; la norma en sentir de esta Delegada se encuentra ajustada a la Constitución, en donde el Constituyente defirió al legislador la potestad para establecer un régimen de inhabilidades que constituyen el mínimo de garantías para los

LJBB/eag 15 administrados de que quienes regenten los destinos públicos con personas probas de cualidades morales intachables, dignas de la representación de que se les inviste que garantizan la prestación de un servicio acorde con los postulados y principios que informan la actividad de la administración; por lo demás este régimen de inhabilidades materializa el principio de igualdad entre los distintos candidatos independientemente de los factores subjetivos que puedan aducirse, las que son irrelevantes para el caso. 2.- El asunto de fondo. La norma que citan los actores como violada es del siguiente tenor literal: ARTICULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE: El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: "Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (…)

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.

Pues bien, para poder alegar la nulidad de la elección con fundamento en la norma citada, es preciso demostrar como primera medida, que existe

vinculo o parentesco entre el elegido alcalde, y un funcionario que dentro de los doce meses anteriores a la elección, haya ejercido autoridad, bien sea, civil, administrativa, política o militar en el respectivo municipio; así LJBB/eag 16 mismo, con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio. Para el caso específico, según los hechos aducidos en la demanda, se requiere que se demuestren los siguientes presupuestos: a) La elección del señor Efraín Ricardo Acosta Zarrate como alc