PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL - Inhabilidad por condena a pena privativa de la lib

Bogotá D.C. 7 de junio de 2005 Concepto No. 083 / 2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 54001233100020040000402

Radicado Interno número: 3812

Actor: PROCURADURÍA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual declaró la nulidad del acto de elección del señor JULIO CÉSAR VÉLEZ TRILLOS, como Concejal del Municipio de San José de Cúcuta, para el período 2004-2007.

IANTECEDENTES

1. La demanda La Procuraduría General de la Nación, por medio de la representante del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de Norte de Santander, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para que previos, los trámites del proceso electoral, efectuara las siguientes declaraciones: “ PRIMERA: Se disponga la nulidad parcial del acto por medio del cual se declaró la elección de Concejales del Municipio de Cúcuta, contenido en el formulario E-26 AG, proferido el día 14 de noviembre de 2003 por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, en cuanto determinó que la elección comprendía el nombre de Julio César Vélez, por el hecho de encontrarse inhabilitado para ejercer el cargo, para el período

comprendido entre el 1º de enero del 2004 y el 31 de diciembre del 2.007.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se cancele la correspondiente credencial expedida por las autoridades electorales”

1 A) Hechos La actora refirió que el 26 de octubre de 2003 se realizaron en el municipio de Cúcuta elecciones para designar los miembros del concejo municipal y que luego de los escrutinios la Comisión Escrutadora Municipal, declaró formalmente la elección del señor JULIO CÉSAR VÉLEZ, como concejal para el período 20042007. Señaló que el electo concejal se encontraba inhabilitado para dicha época, como quiera que había sido condenado por el delito de estafa por el Juzgado 6º Penal del Circuito, sentencia condenatoria confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en el año 1999; agregó que se le seguían otros procesos en varios despachos judiciales, según el denunciante, algunos con medida de aseguramiento vigente. Afirmó la servidora del Ministerio Público, que dicha elección se hizo con clara inobservancia de lo establecido en el régimen de prohibiciones establecido en la Constitución y en la ley. B) Normas violadas y concepto de violación La Procuraduría General de la Nación indicó como normas fundamento de la pretensión las siguientes:  El artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000  El articulo 43 de la Ley 200 de 1995  El artículo 38 de la Ley 734 de 2002

 El artículo 84 del Código de Contencioso Administrativo 2 Como concepto de violación hizo una trascripción del contenido de los artículos arriba citados e indicó que para el caso en estudio el día 26 de octubre del 2003, el señor Julio Vélez Trillos, elegido concejal en el municipio de Cúcuta, se encontraba inhabilitado no sólo para ejercer el cargo, sino para inscribirse y ser elegido, en razón de que había sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad por un delito que no era político o culposo, con anterioridad a la elección, sin limitación en el tiempo, apoyando su posición en la sentencia de la Corte Constitucional C-111 de 1999. De igual manera, consideró que se vulneró el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, que se refiere a otras inhabilidades en general para desempeñar cargos públicos, entre otras, la condena a pena privativa de la libertad mayor de 4 años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se tratara de delito político. En ese orden de ideas, consideró que se configuraba la causal de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto que el acto demando infringió la norma en que debió fundarse, causal de nulidad que puede ser alegada en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, ya que dicho acto era de naturaleza administrativa y no escapa a que sea juzgado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo considerando las causales generales de nulidad de los actos administrativos. 2.- Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, admitió la demanda y ordenó

hacer las notificaciones de ley. Mediante auto de veintinueve (29) de abril de dos mil cuatro (2004), esa la Corporación designó como curador ad-litem al doctor Autberto Camargo Díaz, aplicando para ello lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 30 de la Ley 794 de 2003, aplicable al caso, según lo indicó, por razón de la remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. 3

3. Contestación de la demanda El señor Julio César Vélez Trillos, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones. En cuanto a los hechos de la demanda admitió algunos como ciertos, frente a otros dijo que lo eran parcialmente.

El demandado, después de hacer un resumen de todos y cada uno de los temas tratados por la actora y de transcribir el contenido de las normas citadas por éste, propuso las excepciones, que a continuación se explican:  Inaplicabilidad del artículo 40-1 de la Ley 617 de 1994, en virtud del principio de aplicación general e inmediata de la ley, sumado al principio de favorabilidad en virtud del cual debe aplicarse el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, norma posterior derogatoria del artículo 40 – 1 de la Ley 617 del 2000, y que establece dos condiciones para que se tipifique la inhabilidad: primera: una condena a pena privativa de la libertad “mayor de cuatro años por delito doloso”, y segunda: dentro de los diez años anteriores, entendidos estos, a la vigencia de la ley. Así las cosas,

concluye que fue condenado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cúcuta el 28 de octubre de 1998, a pena de dieciocho (18) meses de prisión, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Cúcuta el diecinueve (19) de enero de 1994 y la misma no fue casada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 12 de octubre de 1999; en consecuencia, consideró que no se cumplía la primera condición “condena superior a 4 años” y la segunda “dentro de los diez años anteriores” tampoco, por cuanto la condena se profirió el 28 de octubre de 1993. Concluyó manifestando que la normatividad aplicable para el caso en estudio es el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, norma esta modificatoria 4 de las anteriores y que permite poner en práctica el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 inciso tercero de la Constitución Política, aplicable también al régimen de inhabilidades.  Inconstitucionalidad por derogatoria tácita y en bloque del orden legal imperante, una vez entró a regir el Acto Legislativo 001 de 9 de enero de 2004, en el que la inhabilidad intemporal es sólo para delitos contra el patrimonio público. Adujo el demandando que como no se trataba de una condena contra el patrimonio público del Estado, no existía la inhabilidad accesoria en razón de que no se violentó el régimen jurídico protegido en la norma, es decir el Patrimonio Público del Estado, definido en la Ley 734 de 2002, norma

declarada exequible con la Sentencia C-064-2003 -que origina la obligatoria consulta para efectos de la inhabilidad del artículo 122 Constitucionalde lo dispuesto en el artículo 38, parágrafo 2º de la Ley 734 de 2002, infiriendo que como no ha operado lesión al patrimonio del estado la inhabilidad es inexistente, por lo que no habría lugar a la nulidad electoral.  Ausencia de legitimación por activa cuando los presupuestos de derecho esgrimidos en la demanda desaparecieron del ejercicio funcional principal por ausencia de debate jurídico frente a la postura procesal exhibida.

4. Alegatos de conclusión El demandado presentó escrito contentivo de sus alegatos, en el que reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

La actora, por su parte, señaló que la condena de la cual se deriva la inhabilidad, fue puesta en conocimiento de la Procuraduría por un ciudadano que formuló una queja, que ésta quedó probada en el plenario, y que configuraba la causal de 5 inhabilidad contenida en el artículo 40 la Ley 617 de 2000. Que sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha sido reiterativo en la calificación de dicha causal como constitutiva de nulidad de la elección de concejales, siempre y cuando se pruebe la existencia de sentencia condenatoria en la forma indicada por la demanda planteada.

Manifestó además: Con respecto a la “... tercera excepción propuesta por el ilustre apoderado del señor Concejal de ausencia de legitimación por activa cuando los presupuestos de la demanda, desaparecieron del ejercicio funcional

principal por ausencia de debate jurídico frente a la postura procesal exhibida, si bien la misma no constituye una excepción, con todo, aceptando en gracia de discusión, el fallo disciplinario de segunda instancia de que se pide su inclusión en el plenario, se dirá que contiene una contención diferente, relativa a la aplicación del parágrafo 2º del art. 38 del CDU, que desarrollo el art. 122 de la Carta y por esa razón su aplicación era obligatoria en un proceso de naturaleza disciplinaria, como el que temerariamente se trae a colación con el fin de deslegitimar la contención que ocupa la atención de la Sala etc., ...” Agregó que el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 se refiere a inhabilidades diferentes a las señaladas en la Ley 617. Finalmente, trajo a colación la sentencia C-391-02 en la cual se precisan dos aspectos relacionados con el tema de la acción electoral y la acción disciplinaria, en la que se concluye que la acción electoral es una acción pública especial de legalidad o de impugnación de un acto administrativo electoral que puede ejercerse por cualquier persona en el plazo indicado por la ley, que procede contra actos de elección y de nombramiento y cuyo conocimiento incumbe a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la acción disciplinaria, es una acción pública que se orienta a garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la función pública; que se trata de dos acciones diferentes que apuntan a propósitos distintos, en el primero a cuestionar la legalidad de un acto de elección o nombramiento y el 6 segundo a cuestionar la responsabilidad disciplinaria de un agente estatal por

infringir sus deberes funcionales. Por su parte, el agente del Ministerio Público ante el Tribunal presentó dentro del término sus alegatos y en ellos señaló que estaba probado que el señor Julio César Vélez Trillos fue elegido Concejal del Municipio de Cúcuta para el período 2004-2007, que se encontraba incurso en la inhabilidad para ser elegido como tal -pues a través del acervo probatorio se demostró que fue condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad por el delito de estafa-, transgrediendo así el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por medio del cual se modificó el artículo 43 de la ley 136 de 1994, que señaló en forma expresa como inhabilidad para ser inscrito o elegido concejal municipal, la condena por sentencia judicial, a la pena privativa de la libertad excepto por delitos políticos o culposos. De igual manera, trajo a colación el análisis hecho por la Corte Constitucional, sobre la exequibilidad del numeral 1º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, en el que concluyó que la inhabilidad intemporal para el ejercicio de funciones públicas aplicables a las personas condenadas penalmente no se limitaba única y exclusivamente a los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, tal como lo sostuvo el apoderado del Concejal Vélez Trillos, ya que la especificación establecida en el Acto Legislativo No. 001 de 2004, se dirige exclusivamente a intensificar la protección y cuidado del patrimonio del Estado, pero de ninguna manera impide que esta misma causal sea referida para otra clase de delitos, tal

como lo sostuvo el H. Consejo de Estado -Sección Quinta-, en sentencia de fecha 5 de agosto de 2002 (M.P. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón). Frente al otro argumento esgrimido por el demandado, según el cual el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, tampoco debía ser de recibo en consideración de la Procuraduría, pues el mismo hacía referencia a otra clase de inhabilidades. 7 De acuerdo con lo anterior, arguyó el Procurador Judicial que el artículo 38, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en ningún momento modificó o derogó las inhabilidades de carácter expreso que recaen sobre los concejales, las cuales se encuentran consagradas en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que son de aplicación preferente dado su carácter especial. En ese orden de ideas concluyó que no era aplicable el principio de favorabilidad reclamado por el demandado, solicitando a la instancia la nulidad de la elección del señor Julio César Vélez Trillos, como Concejal del Municipio de San José de Cúcuta, para el período 2004-2007 y en consecuencia decretara la cancelación de su respectiva credencial.

5. Fallo del Tribunal El Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad del acto de elección del señor Julio César Vélez Trillos, como concejal del Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander para el período 2004-2007, contenida en el

Acta Parcial de Escrutinio Formulario E-26 AG proferido el 14 de noviembre de 2003 por los Miembros de la Comisión Escrutadora de San Jose de Cúcuta y ordenó la cancelación de la credencial que lo acreditaba como tal, en sentencia calendada el 14 de febrero de 2005. Realizó un análisis detallado del material probatorio allegado al plenario y de los argumentos esbozados por cada una de las partes. Acogió el concepto del agente del Ministerio Público, consideró que las súplicas de la demanda estaban llamadas a prosperar, por los siguientes motivos: En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, que se relaciona con las inhabilidades de los Concejales, en su numeral 1º, dispone que no puede ser inscrito como candidato ni elegido como concejal quien haya sido condenado a pena privativa de la 8 libertad por delito doloso. Para el caso en estudio el elegido concejal fue condenado a 18 meses de prisión, como autor del delito de estafa, hecho demostrado con las providencias que se encontraban en firme al momento de su inscripción y elección, encontrandose inhabilitado para ocupar dicho cargo. Que la citada norma no establecía límites de temporalidad para su aplicación, ni en cuanto al tiempo de la condena, ni en cuanto a la fecha misma de la condena, y sólo excluía las condenas para los delitos políticos o culposos, por lo anteriormente expuesto adujo que se encontraban frente a una inhabilidad de las denominadas intemporales. Apoyo su decisión en un pronunciamiento del

Consejo de Estado de 12 de octubre de 2001 Sección Quinta Expediente 2678 M.P. Darío Quiñones Pinilla, que se relaciona con el contenido del numeral 1º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, la cual reconoce un carácter intemporal a la prohibición que consagra. De otra parte, respecto a que la defensa alega que sea aplicada la Ley 734 de 2002, la Sala no compartió el anterior argumento porque, respecto a la aplicación de dicha ley en materia de inhabilidad por condena judicial, señaló el Consejo de Estado que en asuntos relacionados con el caso en estudio no se podía dar aplicación al principio de favorabilidad porque el proceso disciplinario va encaminado a sancionar la infracción al régimen de inhabilidades y el presente caso busca la nulidad del acto de elección. De igual manera señaló que no se podía considerar que el artículo 38 de la ley 734 de 2002 derogó las inhabilidades en la Ley 617 de 2000, dado que la primera consagra inhabilidades genéricas para los funcionarios públicos y esta última consagra inhabilidades específicas para ser elegido concejal.

6. Recurso de apelación El demandado Julio César Vélez Trillos, por intermedio de apoderado judicial, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación contra el fallo del a-quo.

9 En la sustentación del recurso, la parte demandada concluyó que la causal de inhabilidad en la que se fundó la decisión del a-quo no podía considerarse intemporal y solicitó del Consejo de Estado la aplicación del precedente jurisprudencial sentado al decidir la acción de nulidad de la elección del Diputado

Ferney Tabasco (con ponencia de la Magistrado Dra Miren de la Lombana de Magyaroff).

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no observando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta agencia del Ministerio Público a emitir el concepto que resulta de rigor en el caso presente.

Se ha declarado la nulidad de la elección del elegido Concejal del municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander), señor Julio César Vélez Trillos, con fundamento en el hecho de considerar que se encontraba inhabilitado para ser elegido por razón de la condena a pena privativa de la libertad que le fuera impuesta por el punible de estafa, por medio de sentencia ejecutoriada, la cual fue señalada en dieciocho (18) meses de prisión, hecho que no fue desvirtuado en el curso del proceso. La causal de inelegibilidad que se predicó del elegido concejal se consagra en el artículo 40 de la Ley 617 del 2000, modificatorio del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, en los siguientes términos: “Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994, quedará así: Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido concejal municipal o distrital: 10

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal;

o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas” De conformidad con la norma, esta Procuraduría Delegada considera que para efectos de la configuración de la causal de inhabilidad se requiere de la demostración de los presupuestos que a continuación se señalan, con el agregado de que los mismos deben presentarse conjuntamente, so pena de no configurarse la causal de inhabilidad. Tales requisitos son:  Que el candidato elegido hubiere sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,  Que se trate de condena por hechos punibles diferentes de los de naturaleza culposa o política,  Que la sentencia que impone la condena se encuentre debidamente ejecutoriada, en términos de la Norma Superior  Que la sentencia que impone la condena sea anterior a la elección De conformidad con los medios de prueba allegados al plenario, se tiene que por sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cúcuta, calendada a 28 de octubre del 1993, se determinó condenar al señor Julio César Vélez Trillos, por la comisión del punible de estafa, a la pena principal de 18 meses de prisión y multa de diez mil pesos (10.000). La decisión anterior fue objeto de confirmación por el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Penal de Decisión -, mediante sentencia de enero 19 de 1994. Por último la H. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal–, mediante sentencia del 8 de octubre de 1999, decidió el recurso extraordinario de casación interpuesto contra

la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cúcuta, determinando no casar el fallo impugnado, es decir, manteniendo incólume la sentencia condenatoria. 11 Ahora bien, el hecho que se hubiere otorgado el subrogado penal de la condena de ejecución condicional en la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cúcuta, en nada afecta la configuración de la condición analizada, porque el supuesto fáctico estudiado es la condena, la cual no se desnaturaliza con el otorgamiento del beneficio frente a la pena, diferente de aquella. Resultan absolutamente claras y diferentes las nociones de condena y pena, tanto desde el punto de vista del derecho penal, como desde la óptica del derecho administrativo, y en particular en el derecho electoral. Lo anterior permite considerar como demostrado el primero de los presupuestos, es decir, el referido con la condena por sentencia judicial a pena privativa de la libertad. Los delitos por el cual se condenó al señor Julio César Vélez Trillos, fue el de estafa, es decir, que se trata de un tipo penal que no está expresamente excepcionado, dada su esencia dolosa, cumpliéndose así el segundo presupuesto, es decir, que se trate de condena por hechos punibles diferentes de los de naturaleza culposa o política. El tercer requisito hace relación con el carácter definitivo que debe tener la sentencia, es decir, que ésta debe ser intangible e inmodificable, imposible de ser impugnada ni revisada por vía de los recursos ordinarios o extraordinarios. Esta

condición se encuentra también acreditada puesto que la sentencia de segunda instancia fue objeto de recurso extraordinario de casación y la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penaldeterminó mediante sentencia definitivainmodificable por constituir la Corporación la ultima posibilidad de estudio y decisiónno casar el fallo impugnado. El ultimo de los requisitos para efectos de la configuración de la inhabilidad, referido al hecho de que la sentencia condenatoria a la pena privativa de la libertad debe ser anterior a la elección, que en el asunto sub-examine, igualmente se configura. En efecto, la elección de Concejal del municipio de San José de Cúcuta se llevó a cabo el 26 de octubre del 2003, y la declaratoria de la elección 12 se efectuó por los Delegados del Consejo Nacional Electoral el 14 noviembre del

2003. De otro lado, la sentencia condenatoria adquirió la condición de definitiva e intangible a partir de la ejecutoria del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal – calendada a 8 de octubre de 1999, es decir, con antelación a la fecha de elección.

Visto lo anterior, como los requisitos enunciados se cumplen en su integridad, la causal invocada en el petitum se configura, debiéndose con fundamento en ella considerar demostrada la causal de inelegibilidad invocada por el actor y concluir en la nulidad de la elección, como lo entendió el juez de primera instancia. Ahora bien, en relación con los argumentos del escrito de apelación esta Agencia del Ministerio Público reitera el precedente jurisprudencial que sobre el tema ya

ha sido acogido por esa Corporación -Sección Quinta-. Sobre la facultad del legislador para establecer los denominados requisitos negativos la Corte Constitucional dijo lo siguiente: “Sobre el establecimiento del régimen de requisitos negativos o causales de inelegibilidad, se ha dicho lo siguiente: “ Al establecerse los requisitos negativos, es decir, las causales de inhabilidad, cuya ocurrencia implica la inelegibilidad de la persona en quien concurren, se exige que ella no se encuentre en determinada situación previa al momento de efectuarse la elección. Tal como ocurre por ejemplo, con la condena por delitos comunes, la interdicción judicial, las sanciones disciplinarias, el ejercicio de jurisdicción o autoridad o el desempeño de cargos públicos que son precisamente algunas de las que consagra el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 para el caso de los alcaldes. La Constitución Política se ocupa en determinar las incompatibilidades e inhabilidades de los congresistas (artículos 179, 180 y 181 C.P.) y autoriza a la Ley para señalar el régimen correspondiente para los diputados a las asambleas departamentales (artículo 299 C.P.) y las aplicables a los miembros de los concejos municipales (artículo 312 C.P.). El artículo 293 de la Constitución indica con claridad que, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la Ley determinará las calidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las 13 vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales.

El Legislador tiene mayor discrecionalidad para prever dichas causales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. A él le corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno delos hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas”.1 En relación con la intemporalidad de la pena, la misma Corte Constitucional, citada por el Consejo de Estado -Sección Quintaal decidir el expediente número 2678, señaló lo siguiente: “Tampoco podría calificarse de inconstitucional el carácter intemporal que la norma le reconoce a la prohibición allí prevista, pues, tal como lo ha venido afirmando esta Corporación y ahora se reitera, las causales de inhabilidad sin “límite de tiempo”, estructuradas a partir de la existencia previa de antecedentes penales, esto es, de sentencias condenatorias por delitos no políticos ni culposos, no conllevan un desconocimiento del Estatuto Superior – particularmente del principio de imprescriptibilidad de las penas – toda vez que el fundamento de su consagración no reposa en la salvaguarda de derechos individuales, sino en la manifiesta necesidad de garantizar y hacer prevalecer el interés general. Es así como la propia Constitución Política le reconoce efectos intemporales a esta causal de inhabilidad –la referida a la existencia de sentencia judicial condenatoria-, cuando directamente la regula para los congresistas (art. 179 – 1), el Presidente de la República (art. 197) y el Contralor General (art. 267).

En realidad, las normas que prohíben el ejercicio de cargos públicos a quienes han sido condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo, -lo ha dicho la Corte-, antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, deben evaluarse desde la perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio del cargo, pues de esto modo no sólo se logra conservar incólume la idoneidad del servidor público en lo que toca con el desarrollo y ejecución de sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad un cierto grado de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno” 2 1 Corte Constitucional-Sala Plena. Sentencia C-149/95, de 4 de mayo de 1995. M.P. Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. 2 Sentencia C-209/00, proferida por la H. Corte Constitucional, ponencia del H.M. Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA, citada por la Sección Quinta del H. Consejo de Estado al decidir el expediente identificado con el Radicado interno número 2678. 14 En relación con la preexistencia de condenas por delitos, el Consejo de EstadoSección Quinta-, al variar su interpretación y reiterada jurisprudencia sobre el tema, la cual precisamente se encuentra señalada en el precedente jurisprudencial a que alude el apelante en el escrito de sustentación, como uno de los fundamentos para modificar la reiterada jurisprudencia, precisó el siguiente:

“Ahora bien, ya la Corte ha definido que la preexistencia de condenas por delitos, concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sín límite en el tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la Constitución –que prohíbe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad-, puesto que el objeto de normas como la demandada, más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del ejercicio profesional. Los preceptos de esa índole deben apreciarse desde la perspectiva del requisito que exige el cargo, en guarda de la inobjetabilidad del servidor público (especialmente en cuanto se trate de funciones de gran responsabilidad) y como estímulo al mérito, para que la sociedad sepa que quienes conducen los asuntos colectivos, o cumplen una actividad de manejo de intereses generales, no han quebrantado el orden jurídico, lo que permite suponer, al menos en principio, que no lo harán en el futuro”.3 Y esta Agencia del Ministerio Público en el concepto rendido ante esa Corporación, en el proceso radicado bajo el número de orden interno 2678, concluyó de la siguiente forma: “De conformidad con los apartes de las sentencias citadas, sin lugar a equívocos, se concluye que la sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad, dentro

de los parámetros establecidos en la Ley, genera inhabilidad; y que el hecho de que ésta se refiera a situaciones pasadas no implica en este orden de ideas desconocer el principio de imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad que consagra el artículo 28 de la Carta Política. Además, la forma en que se encuentra redactada la disposic