PGN - NULIDAD ELECTORAL - Con fundamento en lo expuesto, la procuradora séptima delegada a

NULIDAD ELECTORAL-Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicita que se NIEGUE la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto mediante el cual se llamó a ocupar curul a XXX como Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 24 de marzo de 2023 Concepto No. 2023-03-NE-042 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2023-00012-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011

C.P.A.C.A., ARTÍCULO 275-5)

DEMANDANTE: WILLIAM TARRA ALVEAR

DEMANDADO: ÁNGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ –

REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE

BOLÍVAR

TRÁMITE: MEDIDA CAUTELAR

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

COMO EDIL NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD PARA SER

ELEGIDO CONGRESISTA Respetado Magistrado: Dentro del término concedido por auto del 15 de marzo de 2023, intervengo como Agente

del Ministerio Público descorriendo el traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto del acto electoral1, de llamamiento a ocupar curul, a la señora ÁNGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ como Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos. 1 Resolución No. 0001 del 13 de enero de 2023, expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de la República de Colombia

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.1. El 13 de marzo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso de la República período 2022-2026. 1.1.2. El ciudadano Yamil Hernando Arana Padaui, fue elegido Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento de Bolívar, por el partido Conservador Colombiano, para el período 2022-2026. 1.1.3. Mediante escrito radicado el 28 de diciembre de 2022 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, Arana Padaui presentó renuncia a su investidura o representación popular como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de Bolívar. 1.1.4. La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, mediante Resolución 3380 de 28 de diciembre de 20222, aceptó la prenotada renuncia de Yamil Hernando Arana Padaui.

1.1.5. Por Resolución MD 0001 de 2023, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, llamó a ÁNGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ, quien había ocupado el siguiente lugar en votación -quintode la lista inscrita a la Cámara de Representantes por la Circunscripción electoral de Bolívar, por el Partido Conservador Colombiano, para que tomara posesión como Representante a la Cámara en remplazo de Yamil Hernando Arana Padaui, para lo que restaba del período constitucional 2022-2026. 1.1.6. El 13 de enero de 2023, la ciudadana ÁNGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ tomó posesión como Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar. 1.1.7. Contra la Resolución MD 0001 de 2023, el ciudadano WILLIAM TARRA ALVEAR, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó dicho acto, solicitando en el cuerpo de su escrito y como medida cautelar, la suspensión del mismo. 1.2. Argumentos y normas en que se sustenta la solicitud de medida cautelar. 2 Por la cual se acepta la renuncia a un Representante a la Cámara. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 El medio de control de nulidad electoral, promovido por WILLIAM TARRA ALVEAR tiene por objeto que se acceda a las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se DECLARE PROBADA LA CAUSAL NULIDAD ELECTORAL ALEGADA EN EL CAPITULO 5 DE LA PRESENTE DEMANDA, en la cual incurrió la Señora ANGELA MARIA VERGARA GONZALEZ, en virtud de los supuestos facticos esgrimidos a continuación.

SEGUNDO: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo de llamamiento, contenido en la Resolución No. 0001 del 13 de Enero de 2023, expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de la República de Colombia, por medio de la cual se hace un llamamiento a la Señora ANGELA MARIA VERGARA GONZALEZ, para suplir una falta absoluta y posesionarse como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento de Bolívar, para lo que resta del periodo constitucional 2022-2026.

TERCERO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la cancelación de la credencial que acredita a la Señora ANGELA MARIA VERGARA GONZALEZ, como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento de Bolívar para el período constitucional 20222026.

CUARTO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, con fundamento en el artículo 278 de la Ley 5 de 1992, se comunique al Presidente de la Cámara de Representantes de la República de Colombia, llamar al siguiente candidato no elegido en la lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Departamento de Bolívar, por el Partido Conservador Colombiano para el periodo constitucional 2022-2026, según el orden del resultado de votación para que se le

entregue la correspondiente credencial y ocupe la curul vacante”. Sostiene el extremo actor que la ciudadana ÁNGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ no puede ser Representante a la Cámara, toda vez que contra ella existe un fallo desfavorable decretado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 25 de noviembre de 2020, decisión que fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 3 de febrero 2022, en la que se decretó su perdida de investidura como Edil del Distrito de Cartagena de Indias, al haber violado el régimen de conflicto de intereses. Indica que desde el año 2020 se presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por los mismos hechos que llevaron a que se decretara la perdida de investidura de la demandada, pero afirma que a la fecha no se ha dado trámite a la misma. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 4 Expone que la sanción de pérdida de investidura contra VERGARA GONZÁLEZ, conlleva a que se encuentre impedida para “para entablar una relación jurídica con el estado en lo atinente a poder inscribirse y ser elegida en cargos de elección popular”, en los términos del artículo 275.5 del CPACA, actuar con el que también se “violan” un “basto conglomerado normativo de Principios, Deberes, Prohibiciones”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de la señora ÁNGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ como Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) el mecanismo de la suspensión provisional; y ii); el caso concreto. 2.1.1. El mecanismo de la suspensión provisional La Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control. El Consejo de Estado, y más concretamente la Sección Quinta, ha analizado a profundidad el asunto para señalar las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia. En ese orden, por ejemplo, se indicó que, si bien, tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Igualmente, el legislador no previó un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de medida, antes de ordenar la admisión de la demanda, para escuchar a unos y otros sujetos procesales sobre la procedencia de esta, la cual se debe decidir en el auto admisorio. Por tanto, se ha acudido al artículo 233 del CPACA para ordenar el traslado allí previsto. Fue así como mediante Auto de unificación del 26 de noviembre/2020, señaló que al demandado debe correrle traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a fin de garantizar su derecho a la defensa, garantía de la cual solo se puede prescindir ante una situación de urgencia debidamente sustentada, que justifique que la referida petición se resuelva de plano3 y, luego decide sobre la misma en el auto admisorio. En cuanto a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral indicó recientemente4:

1. Petición de parte debidamente sustentada. (art. 229 del CPACA) ii. Debe elevarse en la demanda y resolverse en el auto admisorio (artículo 277

CPACA), sin embargo, ha aceptado, criterio del cual se ha apartado esta Delegada, que pueda ser presentada en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad5. iii. Se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud

1. Se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente en la misma. 3 Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad No. 44001-23-33000-2020-00022-01, Auto del 26 de noviembre de 2020. 4 Consejo de Estado, Sección Quinta C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-202100009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021. 5 Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 1300123-33-0002016-00070-01, Sentencia del 3 de junio de 2016. Reiterado, recientemente, en Consejo de Estado, Sección Quinta CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-28-000-2021-00009-00, Sentencia del 4 de marzo de 2021.

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1. Sustentación específica y propia o una expresa remisión en el sentido que la solicitud se soporta en el mismo concepto de violación. vi. Cuando la solicitud se sustente en uno de los cargos de la demanda, el estudio se focaliza en este planteamiento, pero en aquellos eventos en los que no se refiera, en

concreto, a cargo específico, se analizarán las censuras de la demanda. vii. Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza. viii. No cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto, debe analizarse, en cada caso concreto, la implicación de este con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas, su legalidad. ix. No implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente.6 Así mismo, ha señalado que uno de los aspectos más destacados de la reforma, en contraste con la legislación anterior, se encuentra en el título XI, dedicado a las medidas cautelares procedentes en el marco de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, las cuales: (i) revisten naturaleza instrumental, provisional y mutable; (ii) se sustentan en la apariencia de buen derecho y el riesgo de la mora, con excepción de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, cuyos requisitos específicos se encuentran previstos en el inciso primero del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; y (iii) tienen por finalidad garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo7. Bajo estos parámetros, esta delegada del Ministerio Público analizará la procedencia o no

de la suspensión de los efectos del acto acusado. 2.2. Análisis del caso concreto. 6 Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 19001-23-33-000-2015-00044-01. Auto de 09 de abril de 2015. 7 Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. No. 17001-23-33-000-201900551-01, Sentencia del 27 de febrero de 2020. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 La petición de suspensión del acto demandado se sustenta puntualmente en que la accionada, con ocasión de la pérdida de investidura como Edil del Distrito de Cartagena decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, decisión confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 3 de febrero 2022, no puede ser congresista, toda vez que con dicha sanción se prohíbe el desempeño de otro cargo de elección popular. A su juicio, tal situación conlleva a que se incurra en la causal de anulación electoral establecida en el artículo 275.5 del CPACA, la cual establece que: “ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este

Código y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”. Referente a la figura de pérdida de investidura, la misma se constituye en una acción pública que comporta un juicio de naturaleza ética con carácter judicial sancionatorio, cuyo propósito es proteger la dignidad del cargo que ocupan los integrantes de los cuerpos colegiados y permite imponer como sanción, no solo la desvinculación de un funcionario o empleado de su cargo de elección popular, sino también, la imposibilidad futura de que vuelva a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si este llega a incurrir en alguna de las causales señaladas en la Constitución y la Ley. Con lo anterior, el interrogante que se debe dilucidar es si el hecho que la accionada hubiese sido sancionada con la perdida de su investidura como Edilesa del Distrito de Cartagena, conlleva que la misma se encontrase inhabilitada para postularse y ser elegida Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar. Para absolver este asunto, se debe traer a colación cuál ha sido la interpretación y aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, criterio que ha sido expuesto en precedencia por esta Delegada en otros conceptos8. 8 Entre otros ver Concepto No. 2023-02-PI019 de 08 de febrero de 2023 rendido en el radicado 11001-0315-000-2022-05841-00 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Página 8 Sobre el particular, se ha expuesto que el constituyente y el legislador tienen la discrecionalidad para prever las causales de inhabilidad e incompatibilidad para el acceso o desarrollo de un cargo público. Es decir, que a estos órganos de naturaleza jurídicopolítica les corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas. En la sentencia C-200 de 2001, la Corte Constitucional estableció que el legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder y ejercer la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente a la situación del operador jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad o incompatibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder y a ejercer los cargos públicos y, por tanto, cualquier interpretación en contra se entenderá contraria al artículo 40 constitucional y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En ese sentido, el constituyente derivado, fijó las inhabilidades para los ciudadanos que aspiren a ser congresistas las consignadas en el artículo 179 constitucional; esto es, que no

podrán serlo: “1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma

fecha.

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

Lo cual fue recogido en los mismos términos por el Legislador en el artículo 280 de la Ley 5 de 1992; es decir, en el reglamento del Congreso. En el que también se definió a las inhabilidades como todo acto o situación que invalida la elección de congresista o impide serlo. Siendo un concepto que se acompasa con el designio de la Corte Constitucional, cuando señala que las inhabilidades son “circunstancias objetivas que impiden que una persona sea nombrada o elegida en un determinado cargo público”9. Esto es, que se trata de restricciones fijadas por el constituyente o por el legislador para acceder al ejercicio de cargos o funciones públicas10. Son requisitos negativos para ejercer, con los cuales se busca tener un servicio público transparente, imparcial, moralmente legítimo y socialmente igualitario. Con lo que se busca como propósito o finalidad, que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa en representación del pueblo actúen consultando la justicia y el bien común, tal y como lo señaló el constituyente en el artículo 133 de la Carta Política. Para la aplicación de estas disposiciones, es necesario recurrir a los postulados del Consejo de Estado sobre cómo se deben interpretar y aplicar las inhabilidades e incompatibilidades, esto es, que: “…en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen

constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el 9Sentencia C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, también en Sentencia C-1001 de 2007. 10 Sentencias C-380-97, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-200-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C1212-01, M.P. Jaime Araujo Rentería. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.) y, además, hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio”11. (negrilla adicional) Criterio que permite señalar, por un lado, que la Constitución no agotó el catálogo de inhabilidades aplicables a los congresistas, pues el legislador, acogiendo los preceptos constitucionales, podía introducir nuevas causales obligatorias y, por el otro, queda explícito e imperativo que las inhabilidades, por tratarse de aspectos negativos para el ejercicio de la función pública, son sólo en los términos en que lo establezca la

Constitución o la ley, dentro de las condiciones que las normas hayan precisado, por lo que se deben excluir las interpretaciones analógicas y extensivas. Por consiguiente, para la aplicación de las inhabilidades para aspirar al cargo de Congresista de la República, se debe tener en cuenta su carácter taxativo y restrictivo. Se itera, que no puede darse bajo interpretaciones extensivas o analogías, salvo en lo que favorezca al accionado. Valga recordar entonces, que la Sección Quinta del Consejo de Estado, referente a la perdida de investidura como causal de inhabilidad de los congresistas, ha señalado que: “La pérdida de investidura de los miembros de corporaciones públicas de elección popular no conlleva automáticamente, por si, como consecuencia de la misma, la inhabilidad para desempeñar funciones públicas distintas a las correspondientes a las del cargo cuya investidura se pierde. Esa inhabilidad, como lo anota la señora Procuradora Décima Delegada ante esta corporación, se produce únicamente en los casos señalados expresamente en la constitución o en la ley. Así, en relación con los congresistas se encuentra señalada, precisamente, en el artículo 179, numeral 4º, en cuanto no puede ser congresista quien igualmente con antelación haya perdido esa investidura.” 12 Con ello, se puede concluir de forma preliminar, que la pérdida de investidura como Edilesa del Distrito de Cartagena decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 25 de noviembre de 2020, no genera la inhabilidad de ANGELA MARÍA VERGARA

11 Sentencia proferida dentro del Expediente N°:11001-03-15-000-2010-00990-00(PI) Demandante: Cesar Julio Gordillo Núñez. 12 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación No. 2293 del 9 de septiembre de 1999 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 11 GONZÁLEZ para ser elegida Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar, toda vez que por mandato constitucional -179.4para dicho cargo, ÚNICAMENTE se proscribe el haber perdido la investidura como congresista. Mismo criterio expuso el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien ante una consulta de Consejo Nacional Electoral13, referente a si “1. ¿Las personas que, hayan perdido la investidura de Concejal, Diputado o miembro de JAL pueden inscribirse o presentarse como candidatos en elecciones populares al Congreso de la República (Senadores/Representantes a la Cámara)? (Entiéndanse con “perdido la investidura”, la sanción de desinvestidura producto del respectivo proceso y surtidas las 2 instancias que corresponden de acuerdo con la Ley) y en caso de respuesta positiva, ¿las personas que, hayan perdido la investidura de Concejal, Diputado o miembro de JAL, en el caso de resultar elegidas como Congresistas, podrían posesionarse como tal?”, concluyó: “Con base en los textos legales y jurisprudenciales expuestos, esta Dirección

Jurídica concluye lo siguiente:

1. Las personas que, hayan perdido la investidura de Concejal, Diputado o miembro de JAL pueden inscribirse o presentarse como candidatos en elecciones populares al Congreso de la República (Senadores/Representantes a la Cámara) y en caso de resultar elegidas pueden posesionarse como miembros del Congreso ya que, ni la Constitución ni la Ley consagraron esta desinvestidura como causal de inhabilidad para ser elegido Congresista.

(…)

4. Sin ser la pérdida de investidura de Concejal, Diputado o miembro de JAL una causal de inhabilidad para acceder a los cargos de Congresista y Presidente de la República, aquella no puede ser fundamento para solicitar la nulidad del acto que acredita su elección”14.

No obstante, debe mencionarse que, para esta Delegada, es claro que en este momento procesal se tiene un escenario probatorio parcial, en la medida que solo se cuenta con los 13 Mediante oficio No. CNE-AJ-2022-0398 del 31 de marzo de 2022 14 Concepto 154551 de 2022. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=195211#:~:text=1.-,Las%20personas %20que%2C%20hayan%20perdido%20la%20investidura%20de%20Concejal%2C%20Diputado,Congreso %20ya%20que%2C%20ni%20la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 medios remitidos por la parte demandante, sin que se conozcan las evidencias de la parte demandada y de los terceros con interés en el asunto; razón por la cual, se debe esperar el abordaje del proceso para valorar y decidir de forma eficaz, así como, de manera congruente con la realidad procesal y la verdad factual. 2.4. Síntesis del concepto.

La solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de ANGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ como Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar, debe ser negada, toda vez que, en este momento procesal, lo allegado y analizado no tiene la entidad y contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico.

III. CONCLUSIÓN Con fundamento en lo expuesto, la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicita que se NIEGUE la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto mediante el cual se llamó a ocupar curul a ANGELA MARÍA VERGARA GONZÁLEZ como Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar.

Respetuosamente, ( Original Firmado )

IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ

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