PGN - NULIDAD - Los actos administrativos modificaron y restringieron la calificación de b

1 ACCIÓN DE NULIDAD-Actos transgresores de normas superiores POTESTAD REGLAMENTARIA-El gobierno tiene la facultad para expedir actos administrativos de contenido general y abstracto Los anteriores referentes normativos, en especial el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, nos permiten concluir que el Gobierno Nacional tenía competencia para expedir, en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, actos administrativos de contenido general y abstracto que permitieran la aplicación del citado artículo. Ahora bien, acierta el actor cuando indica que son las asambleas departamentales a quienes les corresponde crear, transformar, fusionar, suprimir, o modificar, establecimientos públicos (como lo son los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional), así como establecer las normas básicas para su funcionamiento. También es claro que fue el mismo legislador el que se ocupó de reglamentar el manejo de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, sustrayendo del conocimiento (y eventual regulación) de dichas asambleas (y de los reglamentos internos de los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional) este tópico. NULIDAD-Los actos administrativos modificaron y restringieron la calificación de bajo riesgo crediticio En su concepto, los actos administrativos están viciados de nulidad, toda vez que al reglamentar el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, lo tocante a la colocación y captación de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales en los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, modificó y restringió la calificación de bajo riesgo crediticio

contenida en la norma legal, circunscribiéndola únicamente a la segunda mejor calificación y no a todo el espectro de calificaciones comprendidas dentro del grado de inversión, como expresión amplia que denota bajo riesgo crediticio. Manifiesta el actor que de la comparación de los actos administrativos demandados, con la ley que le da sustento, se extrae un desbordamiento de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, puesto que, en su concepto, es absolutamente innecesario reglamentar el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2.003, en el sentido de determinar cuáles son las calificaciones que a largo y a corto plazo permiten a los mencionados institutos de fomento y desarrollo acreditar un bajo riesgo crediticio, precisándolas además como las segundas mejores calificaciones, respectivamente. En consecuencia, la noción de bajo riesgo crediticio contemplada en el parágrafo del artículo 17° de la Ley 819 de 2003, para efectos de la calificación de los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, como entidades habilitadas para recibir y manejar excedentes de liquidez de los entes territoriales, debe asimilarse a la noción de grado de inversión, en razón a que ambas expresiones apuntan a lo mismo: revelar una adecuada o satisfactoria calidad crediticia de la entidad calificada. Imponer, en relación con los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, una calificación disímil de aquella que se aplica a los establecimientos de crédito, en los cuales también pueden invertirse los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, contraviene el artículo 13 de la

Constitución Política. Expediente No 110010324000 2011 00429 00

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PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 22/02/13 Alegato No. 028/13

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González Ref.: Expediente No 110010324000 2009 00639 00

Actor: ASOINFIS

Demandado: La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito

Público Acción Acción de Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales. ANTECEDENTES 1.- La demanda La ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS FINANCIEROS DE FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL – ASOINFIS –, actuando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contenida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las siguientes disposiciones, expedidas por el Gobierno Nacional: (i) Parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008; (ii) artículos 1° y 2° del Decreto 4471 de 2008; y (iii) artículos 1° y 2° del Decreto 2805 de 2009 (en lo

que modifica a los parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008), por trasgredir los artículos 1°, 189 (numeral 11°), 287° y 300° (numeral 7°) de la Carta Política; 253, 261 y <<263 a 265>>2 del Código de Régimen 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. 2 Fl 129 del expediente. Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González

3 Departamental; 2°, 68 y 69 de la Ley 489 de 1998; 17° de la Ley 819 de 2003; 2.3.2.1 y 2.3.2.2 de la Resolución 400 de 1995, con base en los siguientes argumentos: 1.1.- […] IV. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN […] 4.1. Primer cargo:

EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVO IMPUGNADOS POR

FUNCIONARIOS INCOMPETENTES […] EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA Y SU MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 1°, 287 Y 300 NUMERAL 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 253, 261 Y 263

A 265 DEL CÓDIGO DE RÉGIMEN DEPARTAMENTAL; Y 2°, 68 Y 69 DE LA

LEY 489 DE 1.998; PUES CARECEN DE COMPETENCIA PARA

REGLAMENTAR LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, FUNCIONAMIENTO,

ORGANIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE UNA ENTIDAD DESCENTRALIZADA

DEL ORDEN TERRITORIAL, CREADA POR ORDENANZA DE UNA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, POR VÍA DEL NUMERAL 11 ARTÍCULO 189

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA […] 1.2.- […] Concluyendo, es dable afirmar que por medio de los parágrafos 5° y 6° del Decreto 1525 de 2008, con sus sucesivas modificaciones, el Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria, determinó las funciones de una dependencia de la administración departamental, como lo son los INFIS, establecimientos públicos del orden territorial creados por ordenanza departamental, adscritos a dependencias de la Gobernación del Departamento o de la Alcaldía Municipal; al reglamentar en qué condiciones podían los referidos institutos de fomento y desarrollo regional acceder a la captación, colocación y administración de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales respecto de los cuales están adscritos, quienes constituyen sus principales – si no, sus únicos – clientes. […] 1.3.- […] De la misma forma, el Gobierno Nacional, en ejercicio de la referida potestad, con lo dispuesto en tales actos administrativos, se propuso añadir, por medio del reglamento arriba reseñado, una causal de extinción de los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, de creación de las Asambleas Departamentales. Si se considera que la presentación del plan de desmonte

ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO supone que los INFIS no han alcanzado la segunda mejor calificación en los riesgos a corto y a largo plazo, como sinónimo absoluto de un bajo riesgo crediticio –según sea el caso-, y que por tal motivo dejan cesan (sic) en el manejo de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, tal situación necesariamente conduce a su extinción; porque la mayor parte de los recursos que son manejados por los INFIS para la promoción y desarrollo socioeconómico local y regional provienen bien de los excedentes de liquidez del departamento al cual están adscrito, bien de los excedentes de liquidez de las demás entidades descentralizadas del mismo orden. […] Se pone de relieve, con el acostumbrado respeto, para fines ilustrativos, que los excedentes de liquidez son aquellas sumas de dinero de las entidades territoriales no afectadas por un pago u obligación a corto plazo, pero Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González 4 destinadas a la cancelación de las exigibilidades a cargo de la correspondiente entidad. […] 1.4.- […] Tales determinaciones, que terminaron sancionadas en los actos administrativos hoy impugnados, conllevan de forma inexorable a la invalidez de los mismos, toda vez que fueron adoptadas por el Señor Presidente de la República y por el Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público sin tener poder constitucional ni legal para ello; en franco desconocimiento de las atribuciones propias de las Asambleas Departamentales, como autoridades administrativas

del orden territorial, para crear, determinar las funciones y decretar la supresión de las INFIS. Los titulares de las demandas, en este caso –no queda duda-, han hecho uso de la potestad reglamentaria respecto del artículo 17 de la Ley 819 de 2.003 no en ejercicio de sus derechos de reforma o anulación sino desposeyendo a Corporaciones territoriales de su competencia constitucional y legal. […] En otras palabras, no le es dable al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, establecer límites a la autonomía territorial; ni tampoco invadir la autonomía administrativa propia de las entidades territoriales – que por mandato constitucional y legal son descentralizadas -, desplazándola en su competencia, para determinar la estructura administrativa de los establecimientos públicos departamentales y los aspectos relativos a su funcionamiento. […] 1.5.- […] Ahora bien, aterrizando al caso de simple nulidad que hoy nos ocupa, en punto de las competencias que le asigna la Constitución Política y la ley a las asambleas departamentales frente al régimen jurídico de los establecimientos públicos del orden departamental, de conformidad con el numeral 7° del artículo 300 de la Constitución Política, tenemos que “Corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas: (…)

7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias (…); crear los establecimientos públicos (…)” […] En igual sentido, en el artículo 253 del Decreto-Ley 1222 de 1986 (Código de Régimen Departamental) se encuentra la potestad de las Asambleas departamentales

para crear o para autorizar la creación de entidades descentralizadas del orden departamental; entre ellas, los establecimientos públicos. Así, “Los establecimientos públicos son organismos creados por las asambleas departamentales, encargados principalmente de atender funciones administrativas, conforme a las reglas del derecho público. También pueden ser creados por los gobernadores cuando para ello estuvieren precisa y debidamente autorizados por las asambleas” […] 1.6.- […] La norma se replica en el artículo 69 de la Ley 498 de 1.998, al establecer que “Las entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o por el acuerdo, o con su autorización (…)” […] En consonancia con lo anterior, el artículo 261 del Código de Régimen Departamental establece que, de forma exclusiva, “Corresponde a las asambleas, a iniciativa de los gobernadores, crear, transformar, fusionar, suprimir o modificar, establecimientos públicos (…)” […] Por último, en lo atinente a la regulación de las normas sobre organización y funcionamiento de las entidades descentralizadas del orden territorial creadas Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González 5 por ordenanza de Asamblea Departamental, el artículo 263 del Código de Régimen Departamental estatuye que ”Las entidades descentralizadas se someten a las normas del presente estatuto y a las disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias, expidan las asambleas y demás autoridades seccionales, en lo atinente a su definición y naturaleza jurídica, características,

organización, funcionamiento, régimen de sus actos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de sus juntas directivas, de los miembros de éstas y de sus representantes legales” […] No se olvide tampoco que el Legislador, mediante ley, en virtud de la cláusula general de competencia de legislar de los artículos 150 y 287 Superiores, puede en todo momento introducir modificaciones a las normas aplicables a los establecimientos públicos del orden territorial. […] 1.7.- […] En lo que concierne al control de tutela de los actos mediante las cuales se crea, se modifica en su organización o funcionamiento o se suprime una entidad descentralizadas del orden departamental, según el propio artículo 300 superior y los artículos 263 a 265 del decreto comentado, éste le corresponde al Gobernador del Departamento y a la secretaría o departamento administrativo al cual se halla adscrita o vinculada la entidad. Esto sin excluir, por supuesto, la facultad que tiene el Gobernador de objetar los proyectos de ordenanzas que considere ilegales y las que ostentan aquel y las autoridades administrativas centrales de demandarlos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme al artículo 149 del Código Contencioso Administrativo. […] Finalmente, para lo que aquí interesa, recuérdese que la Constitución Política confiere expresamente la facultad de suprimir y modificar las entidades descentralizadas del orden territorial a los Gobernadores siempre y cuando se haya dispuesto alguna de tales medidas por ordenanza de la Asamblea Departamental. Respecto de las entidades descentralizadas departamentales, el numeral 8° del artículo 305 Superior establece “Son atribuciones del Gobernador: (…) 8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de

conformidad con las ordenanzas”. […] 1.8.- […] Por tal motivo, se colige que el Señor Presidente de la República y el Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la potestad reglamentaria, no pueden expedir actos administrativos de carácter general que modifiquen las normas relativas a la organización, al funcionamiento y a la supresión de los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional como entidades descentralizadas del orden departamental, con el pretendido fin de ejecutar cumplidamente una ley orgánica en materia de presupuesto, transparencia y responsabilidad fiscal; ya que dicha atribución, como la de quienes ejercen el control de tutela de dichas entidades territoriales descentralizadas. […] 1.9.- […] 4.2. Segundo cargo: INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE LOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS DEBEN FUNDARSE […] EN LOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS EXISTE UNA ABIERTA VIOLACIÓN DEL NUMERAL 11 ARTÍCULO 189 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 819 DE 2003 Y DE LOS ARTÍCULOS 2.3.2.1 Y 2.3.2.2 DE LA RESOLUCIÓN 400 DE 1995, EN RAZÓN A QUE EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EXCEDIERON DESPROPORCIONADAMENTE EL LÍMITE DE SU POTESTAD Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González

6 REGLAMENTARIA […] De acuerdo con los actos administrativos impugnadas, los Institutos de Fomento y Desarrollo Territorial están obligados a cumplir con una calificación de emisores a corto y a largo plazo equivalentes, en ambos caso, la segunda mejor calificación, de acuerdo con las escalas y las metodologías vigentes en la respectiva sociedad calificadora de riesgos; con el fin de poder acreditar el “bajo riesgo crediticio” que les exige el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 para poder manejar los excedentes de liquidez de las entidades territoriales. […] No obstante, el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 establece que para que los INFIS puedan seguir administrando los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, éstos están obligados a acreditar, únicamente, mediante la respectiva calificación, un bajo riesgo crediticio, dentro del año siguiente a la expedición de dicha ley. […] 1.10.- […] Sin embargo, es la posición de la parte demandante, y se afirma con responsabilidad y firmeza, sostener que existe un vicio de nulidad por violación de la Constitución Política y de la ley con los decretos reglamentarios impugnados; toda vez que el Señor Presidente de la República, en compañía de su Ministro de Hacienda y Crédito Público, al reglamentar el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 en lo tocante a la colocación y captación de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales en los INFIS, modificó y restringió, inopinadamente, la calificación de bajo riesgo crediticio contenida en la norma legal; circunscribiéndola únicamente a la segunda mejor calificación y no a

todos el espectro de calificaciones comprendidas dentro del grado de inversión, como expresión amplia que denota bajo riesgo crediticio. En las líneas que restan, se explicarán las razones, una a una, que permiten cimentar la pretensión de declaratoria de invalidez de los actos administrativos impugnados, por contravenir abierta e injustificadamente las normas jurídicas en que deben fundarse. […] 1.11.- […] En primer lugar, del simple cotejo de los actos administrativos demandados con la ley que le da sustento se extrae un desbordamiento injustificado de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, pues se observa, de forma abierta, que es absolutamente innecesario reglamentar el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2.003, en el sentido de determinar cuáles son las calificaciones que a largo y a corto plazo permiten a los mencionados institutos de fomento y desarrollo acreditar un bajo riesgo crediticio, precisándolas además como las segundas mejores calificaciones respectivamente. De la expresión “bajo riesgo crediticio” que se consigna en la ley, se infiere, de la labor de integración sistemática normativa fruto de la hermenéutica, sin ambages, una calificación de las obligaciones a corto y a largo plazo dentro del grado de inversión y por encima de los grados de no inversión o de especulación, de acuerdo con las normas vigentes en materia de calificación de valores, de emisores y de riesgos financieros.[…] 1.12.- […] Una vez comprendido lo anterior, confrontemos las normas reglamentarias en comento con la ley que reglamentan. Obsérvese que el

artículo 17 de la Ley 819 de 2003 sólo exige de las INFIS una calificación de bajo riesgo crediticio, sin sujetarla impertinentemente y sin fundamento alguno – como lo hacen los reglamentos demandados – a que sea la máxima o la segunda mejor: […] Visto lo anterior, puede inferirse sin temor a equívocos que Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González 7 en ningún momento el tenor literal del parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, sobre la calificación que deben obtener los INFIS para seguir recibiendo y administrando excedentes de liquidez de las entidad territoriales, es oscuro, impreciso o condicional; de tal suerte que amerite semejante reglamentación desproporcionada, lesiva de la autonomía territorial de las entidades territoriales y contraria a la descentralización administrativa y al ejercicio de las competencias propias de las autoridades territoriales. […] 1.13.- […] No es oscuro, porque su mandato es claro e inteligible: consiste en exigir a los INFIS una calificación de bajo riesgo crediticio para poder continuar con el manejo y aprovechamiento de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, con el fin de otorgar un parte de confianza sobre la capacidad de pago a sus clientes de conformidad con la normatividad vigente.

No es impreciso, porque aunque se refiere a la obligación de los INFIS de obtener una calificación de “bajo riesgo crediticio”, el sentido y alcance verdadero de la ley impone circunscribir dicha calificación a todas las categorías que se encuentran por encima del grado de especulación o no inversión; es

decir, aquellas que no manifiestan una calidad crediticia relativamente vulnerable y un mayor grado de incertidumbre frente a la capacidad de pago de la entidad calificada, frente a las exigencias de la propia Ley 819 de 2.003. Esto por cuanto que el interés particular de las entidades territoriales y la buena marcha de la administración pública en todos los niveles del Estado exigen que los dineros sean colocados y captados por intermediarios con solidez patrimonial, solvencia económica y liquidez para el pago. Tampoco es condicional, puesto que no incluye ni lleva consigo condición o requisito alguno. La calificación realizada por la sociedad calificadora se efectúa con arreglo a las normas reglamentarias sobre la materia, bajo las metodologías y escalas adoptadas por el Comité Técnico y aprobadas por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA: teniendo en cuenta que la denominación “bajo riesgo crediticio”, en la realidad, corresponde a cualquier categoría que se encuentre dentro del grado de inversión, siendo ésta una nota satisfactoria otorgada por la correspondiente calificadora.[…] En estas condiciones, el mandato de la ley comentada no requiere de desarrollo alguno por el Señor Presidente de la República; y cualquier reglamento en ese sentido se convierte, indefectiblemente, en inocuo. […] 1.14.- […] En tercer lugar, la calificación de bajo riesgo crediticio que contiene la ley reglamentada y que es aplicable a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional, por causa de la naturaleza de la actividad que desempeñan, de su régimen legal aplicable y de los recursos que reciben y manejan, no puede

restringirse o limitarse por el reglamento de manera tal que se haga imposible, en condiciones normales y razonables, su consecución; o de tal forma que se haga nugatorio, eventualmente, y de forma injustificada, el acceso de los INFIS al manejo de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales.[…] Empezaré por definir la expresión “bajo riesgo crediticio” contenida en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2.003. Al respecto, hay que decir que no existe ninguna definición legal expresamente consagrada sobre el particular, y que dicha definición debe ser construida mediante la utilización de los diferentes métodos de integración normativa y de interpretación jurídica consagrados por el ordenamiento jurídico vigente. […] Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González 8 1.15.- […] Considérese el tenor literal de los artículos 2.3.2.1 y 2.3.2.2 de la Resolución 400 de 1.995 de la antigua SUPERINTENDENCIA DE VALORES, subrogado por el artículo1° del Decreto 1.076 de 2.007; que regulan lo concerniente a los procedimientos de calificación y a las metodologías empleadas para ello por parte de las sociedades calificadoras de valores. […] De conformidad con lo anterior, se tiene que la determinación del bajo riesgo crediticio en el caso de los INFIS depende exclusivamente de las metodologías y escalas aprobadas por el Comité Técnico y autorizadas por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, de acuerdo con los criterios técnicocientífico-financieros que se definan para tal efecto, y que les son aplicadas a las calificadas de manera acorde con su particularidades intrínsecas y extrínsecas. Todas las metodologías y escalas coinciden en considerar como un síntoma de adecuada calidad crediticia ubicarse dentro del grado de inversión, y, contrariamente, como un síntoma de pobre calidad crediticia, el hacerlo dentro del grado de especulación. […] En resumidas cuenta, y volviendo al caso de autos, la noción de bajo riesgo crediticio contemplada en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2.03 (sic), para efectos de la calificación de los INFIS como entidades habilitadas para recibir y manejar excedentes de liquidez de los entes territoriales, debe asimilarse, sin ninguna limitación o distingo, a la noción de grado de inversión; en razón a que ambas expresiones apuntan a lo mismo; a revelar una adecuada o satisfactoria calidad crediticia de la entidad calificada. […] 1.16.- […] Por lo mismo, imponer por decreto reglamentario a los INFIS una calificación disímil a la establecida para los establecimientos de crédito depositarios de los títulos en que también pueden invertirse los excedentes de liquidez de las entidades territoriales, como instituciones del sistema financiero que sí captan, colocan y administran recursos del público y que sí hacen parte del sistema financiero –a diferencia de los primeros-, contraviene el principio de igualdad de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. […] Si la propia Ley 819 de 2.003 permite a las entidades territoriales invertir sus excedentes de liquidez en títulos que sean depositados en entidades

financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio, ¿por qué motivo debe ampliarse o extenderse con mayor onerosidad la calificación de bajo riesgo crediticio también asignada a los Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial para tal efecto; máxime cuando no son entidades financieras y no asumen la misma responsabilidad que las misma responsabilidad que las mismas frente a los recursos que manejan? […] En cuarto lugar, recuérdese que la obligación impuesta por el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2.003 no tiene como propósito, per se, excluir a los Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial del manejo de los recursos de las entidades territoriales, ni mucho menos buscar su supresión indirecta. Por el contrario, lo que se persigue es que el manejo de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales sea también hecho por entidades públicas orientadas a la intermediación financiera, pero que posean una adecuada calidad crediticia respecto de otras del país. De tal modo, sólo podrán acceder al manejo de tales recursos territoriales quienes logren estar dentro del llamado grado de inversión, como indicador del bajo riesgo crediticio, en sus deudas a corto y a largo plazo. […] Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González 9 1.17.- […] Los INFIS – hemos venido sosteniendo incansablemente – son establecimientos públicos del orden territorial, cuyos únicos clientes los constituyen la entidad territorial a la cual se encuentran adscritos o vinculados y los demás entes descentralizados del orden territorial. Asimismo, se ha venido

haciendo énfasis en que los recursos captados, colocados y administrados por tales institutos, de conformidad con la ley y el reglamento, son de las entidades territoriales a las cuales están adscritos y de las entidades descentralizadas del mismo orden que constituyen su clientela; si que les sea dable captar recursos del público. […] Esencialmente, los catorce (14) INFIS que existen en la actualidad fueron creados para la prestación de servicios financieros y asistencia técnica a todas las entidades públicas de la entidad territorial a la cual están adscritas o vinculadas, con el fin de contribuir a la promoción del desarrollo económico, social y cultural de sus regiones. Esta labor, debido al carácter regional de los INFIS, se ha concentrado al interior de las mismas, en sus municipios, en los entes descentralizados de la región y en las empresas públicas y privadas que promuevan la realización de obras comunitarias especialmente importantes para la respectiva localidad. […] 1.18.- […] Vista la evolución del proyecto de ley a lo que en últimas quedó sancionado como Ley de la República, en la que el propio Ministro del Gabinete demarca cuál es la finalidad del artículo en comento frente a las expectativas en el manejo de los excedentes de liquidez por los INFIS, en la que los Congresistas ponentes destacan que la calificación que los INFIS han de obtener es la correspondiente al grado de inversión, y en la que se observa que el texto del proyecto de ley – tal como fue concebido desde el principio – permaneció incólume hasta su aprobación final, por hallarse ajustada a la finalidad y al alcance que recién se acaba de exponer; pregunta la parte

demandante, con humildad pero con decisión, ante este Honorable Despacho, ¿cómo más podría el Gobierno Nacional, sin modificar, restringir o ampliar el alcance y sentido originario del artículo 17 de la Ley 819 de 2.003, de forma ilegal, reglamentar el significado de la expresión “bajo riesgo crediticio”, imponiendo la necesidad de obtener la segunda mejor calificación de calidad crediticia, tanto en el largo como el corto plazo, y – por tanto – sustituyendo la noción legal que asimila tal expresión al grado de inversión? […] 2.- Contestación de la demanda por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, contestó la demanda, en la cual se opuso a las pretensiones de la misma, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] 4. Argumentos de la defensa […] 4.1. CON LAS NORMAS ACUSADAS NO SE EXCEDE LA POTESTAD REGLAMENTARIA […] Los artículos cuya nulidad se demanda, son normas expedidas con base en las Expediente No 110010324000 2011 00429 00

Consejero Ponente: Dra. María Elizabeth García González 10 facultades otorgadas por la Constitución, al Presidente de la República, para definir con razonabilidad y proporcionalidad lo relacionado con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial dentro del marco de lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal

y se dictan otras disposiciones”, y en particular, lo relacionado con la colocación de excedentes de liquidez en los Institutos de Fomento y Desarrollo y la calificación requerida para que éstas últimas puedan recibir tales