PGN - NULIDAD - Por la incongruencia que advierte entre la imputación y la acusación

M. P. doctor Julio Enrique Socha Salamanca

Radicado Número 32422

HECHOS: Con el clarísimo propósito de defraudar el patrimonio económico de todo aquél que se arrimare a ellos, Patricia Acosta Acosta estuvo al frente, desde el año de 2006, del maléfico grupo de personas que vendían la idea de radicarse en el Canadá, como asilados políticos, como refugiados del gobierno colombiano, o dentro del programa de colonización territorial de ese país.

Era ella para la época la gerente de la oficina ‘Empyre Tour’ radicada en la ciudad de Cali. A ese programa se vincularon su cónyuge Pablo Sánchez Guerrero y los también cónyuges Luis Alberto Guevara Díaz y Diana Inés Vaca Ortiz. Igual hicieron el abogado Juan Carlos Millán Gómez, Alma Torres y José Luis García Ortiz. Recibieron millonarias sumas de dinero para enviar a varias personas y a varios grupos familiares a ese país. Con el pago de la mitad del valor pactado, las múltiples víctimas entregaban documentos de variada índole y naturaleza, y hasta se sometían a exámenes y reconocimientos médicos en lugares que en Bogotá no estaban ciertamente autorizados por la embajada del Canadá. Asistieron incluso a varias reuniones en lugares un tanto selectos en esta capital. El abogado Millán Gómez llegó incluso a presentar en la fiscalía varios escritos que contenían denuncia penal por conductas inherentes a persecuciones políticas a cargo de grupos generadores de violencia en el país. Para que operara el distractor necesario, involucraron al malhadado programas a la fundación Ángeles de la calle y algunas organizaciones Casación número 32422

Patricia Acosta Acosta. no gubernamentales. Igual hicieron conocer que varios de ellos eran funcionarios de la embajada Canadiense en el país y hasta de la presidencia de la República. Finalmente nada obtuvieron esas personas. Al término de tantas y tan sospechosas excusas y justificaciones por el no cumplimiento del anhelado programa de migración, todas ellas terminaron por aceptar que los habían defraudado. Nadie empero denunció formalmente, aunque en el mes de agosto de 2007 alguien afectado envió un anónimo al CTI en esta ciudad informando sobre toda esa delincuencial parafernalia sin dejar a la zaga el tipo de mujer violenta que ha sido Patricia Acosta y el temor que infunde su cónyuge Luis Alberto Guevara Díaz, un exoficial de las fuerzas armas de Colombia. En el informe ejecutivo la policía judicial transcribe los términos de la delación, y en concreto éstos que son bastante significativos: “NO HUBO VIAJE PARA NADIE EN SEMANA SANTA” (f. 277 del cuaderno número 1); “YO ME SENTI ESTAFADA” (f. 276 ibídem); “A TODO EL MUNDO LE PROMETIERON MARAVILLAS Y A NADIE LE CUMPLIERON (f. 274 ib.). Esos datos fueron suficientes para poner en marcha la pertinente actividad de inteligencia y de indagación penal a cargo del CTI en Bogotá, al término de la cual se verificó que, en efecto, se trataba de conductas penalmente relevantes. ACTUACIÓN PENAL DERIVADA DE LA INDAGACION: Patricia Acosta y cinco más de aquellas personas fueron capturadas el

20 de diciembre de 2007; en la misma fecha fueron vinculados por vía de formulación de imputación como coautoras de los delitos de “tráfico 2 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. de migrantes”, ‘estafa’ agravada por la cuantía y ‘concierto para delinquir’ (código penal, artículos 1881, 246 y 267, numeral 1, y 3402). Esa imputación, obra de la titular de la fiscalía 329 seccional de Bogotá, fue libre, consciente y voluntariamente aceptada por la mujer Acosta Acosta, y con ello el rompimiento de la unidad de proceso para dar paso a la sentencia anticipada proferida el 19 de enero último por el titular del juzgado 13° penal del circuito de la ciudad, declaratoria de responsabilidad penal por supuesto, y condenatoria a purgar setenta y dos (72) meses de prisión de ejecución inmediata. Por apelación interpuesta por los apoderados de las víctimas y la titular de la defensa técnica, conoció en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá que mediante sentencia del 22 de abril pasado confirmó la recurrida, pero modificó la pena impuesta a la acusada para que en definitiva purgue noventa y cuatro (94) meses de prisión.

LA DEMANDA: El titular de la defensa pública ha formulado demanda de casación en la que consigna tres cargos, así: El primero: causal segunda (Ley 906 de 2004, artículo 181, numeral

2). NULIDAD por la incongruencia que advierte entre la imputación y la acusación, por aplicación indebida de los artículos 188, 246 y 340 del

código penal, razón por la cual dejó de aplicar el artículo 448 de la ley 906 de 2004. 1 Modificado por el artículo 1 de la ley 747 de 2002 2 Modificado por el artículo 8 de la ley 733 de 2002 3 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. Denuncia el demandante que la acusación se circunscribe a hechos no planteados en la imputación. Se dijo, por ejemplo, que en la imputación: .- No se comunicó que en el mes de agosto se recibió el escrito anónimo. .- No se aludió a la constatación de parte del CTI de los términos de la imputación. .- No se adujo que la imputada era gerente de la oficina Empyre Tours. .- No se dijo que las personas podían acudir allí con distintas opciones (como asilados políticos; como refugiados del gobierno colombiano; en el programa de colonización territorial de ese país), ni se detallaron los beneficios que habrían de tener. .- No se concretó que el costo dependía del número de personas que se involucrarían en el programa. .- No se determinó que el valor debía ser entregado a Patricia Acosta. .- No se discriminaron cuantías ni se relacionaron víctimas. .- No se concretaron las cuantías de las estafas. A esas específicas situaciones llama el demandante “HECHOS NUEVOS” “…y algunos contradictorios en la acusación” (hoja 14 de la demanda).

El segundo: causal segunda (Ley 906 de 2004, artículo 181, numeral 2).

4 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. NULIDAD por afectación del proceso debido (artículo 181:2) por

incongruencia entre la situación fáctica y la respuesta jurídica suministrada, por indebida aplicación del artículo 188 lo que condujo a la inaplicación de los artículos 6 y 9 del Código Penal, y el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004). La acusada no pudo haber cometido el delito de “tráfico de migrantes”, ni en concreto pudo haber promovido la salida del país de ninguna personas, sin el cumplimiento de los requisitos legales, dado que esa conducta precisamente es la constitutiva del engaño propio de la estafa. El demandante expresamente reconoce que la promesa de salir al Canadá era una fachada, un engaño, una venta ficticia, la idea de embaucar (cfr. hoja 17 de la demanda) que utilizaba el grupo de delincuentes para provocar que las personas creyeran en ellos y les entregaran varias sumas de dinero, como en efecto sucedió. Se solicita entonces la declaración de nulidad desde la demanda de acusación con miras a que la fiscalía “…formule acusación por los hechos por los cuales se allanó en la audiencia de formulación de imputación y sobre éstos se realice un adecuado encuadramiento típico de su conducta” (hoja 19 de la demanda).

El tercero: causal segunda (Ley 906 de 2004, artículo 181, numeral 2): NULIDAD por afectación del proceso debido, por aplicación indebida del artículo 246 y el numeral 1 del artículo 267 del código penal, lo que condujo a la inaplicación del artículo 74 del código de procedimiento penal.

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Patricia Acosta Acosta. Cada estafa ha debido ser valorada independientemente porque no se trata del delito masa, tanto que en la imputación y en la acusación se adujo expresamente por parte de la fiscalía que se trataba de un concurso delictual homogéneo y heterogéneo. Hay lugar a casar la sentencia, dice el demandante, para que se anule la actuación desde la demanda de casación y se posibilite un adecuado encuadramiento típico. La libertad provisional se impone de conformidad con la preceptiva del artículo 317:5 de la ley 906 de 2004.

EL CONCEPTO: 1.- Sobre el primer cargo: No tiene razón el demandante.

La congruencia interna se predica de la armonía entre la parte motiva y la resolutiva de una providencia interlocutoria o sentencia. La congruencia externa, por el contrario, aunque demanda exactamente la misma armonía, se predica entre la acusación (pretensión punitiva) y la sentencia que la debe resolver. Surge de esa manera el primer motivo de tacha a lo planteado por la demandante pues quiere ver declarada la nulidad de lo actuado, por incongruencia que aprecia entre los términos de la imputación y la acusación. El segundo motivo de tacha consiste en que acá ciertamente no se ha dado variación alguna del aspecto fáctico, que es uno de los soportes tanto de la imputación como de la acusación y aún de la sentencia. 6 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. La imputación determina la iniciación de la investigación a cargo de sus dos órganos, fiscalía y defensa. Pero su construcción y formulación,

esencialmente movible, está a cargo exclusivamente de la fiscalía, y tiene por fundamento basilar la inferencia razonable que éste debe exponer al juez de control de garantías, en términos de intervención criminal (autoría o participación)3. Empero, cualquier posibilidad de movilidad tiene inexorablemente que comunicarse a la defensa, por supuesto dentro del término de investigación4, en audiencia preliminar ante juez de control de garantías, so pena de afectar sensiblemente la garantía de defensa que, como se sabe, integra con otros elementos el Proceso Debido. En efecto, es obvio entender que la dirección de la defensa ha de perfilarse de la manera como resulta formulada la imputación. Ahora bien, si esa tal movilidad no se cumple y, en efecto, en la acusación se plantea una hipótesis distinta, se resiente sin duda la garantía de defensa y con ella el proceso debido, y cabría por supuesto la idea de la declaratoria de nulidad no por violación a la congruencia externa sino por afectación de la garantía de defensa como acaba de hacerse ver. No fue esa, es claro, la actitud del demandante. Ahora bien, en referencia al caso concreto, es cierto que en la demanda en la cual la fiscal 329 seccional de Bogotá consigna la pretensión punitiva hay algunas referencias no hechas en la imputación, pero de ninguna manera ellas son el núcleo esencial de la acusación misma. Son, por el contrario, aspectos claramente circunstanciales, por ejemplo la referencia al mes en que se recibió el escrito anónimo, o las constataciones que pudo haber hecho el CTI durante la indagación, o el dato según el cual Patricia Acosta era la

3 Cfr. artículos 286 y 287 de la ley 906 de 2004 4 Artículos 175 y 294 ibídem 7 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. gerente de la oficina Empyre Tours, o las razones por las cuales las personas podían viajar al Canadá, o la concreción del costo total del programa y la manera de cancelarlo, o la cuantía de las estafas o, en fin, la relación de las víctimas. Tales agregados circunstanciales se justifican y no son nada extraños en la práctica judicial, si se recuerda que la acusación demanda mayor exigencia en los niveles de racionalidad que la imputación. El cargo, pues, no prospera. 2.- Sobre el segundo cargo: Prospera como se verá, pero de manera oficiosa como se le pedirá a la Honorable Corte Suprema, porque el cargo ha debido formularse por las causales 1 (violación directa) o 3 (violación indirecta), dependiendo de la argumentación jurídica que habría de ofrecer el libelista, por tratarse de un error in iudicando. Visualizado a plenitud el programa criminal en que se empeñó con otras personas Patricia Acosta, hay que decir que ella cierta y definitivamente no tenía el propósito de enviar a nadie al exterior, y menos sin el cumplimiento de los requisitos de ley. El tipo penal es del siguiente tenor: “El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para si u otra

persona, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y una multa de cincuenta (50) a (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria” (artículo 188 de la ley 599 de 2000, modificado por el 1 de la ley 747 de 2002). 8 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. Por supuesto que para que una persona se comprometa con la construcción objetiva del tipo penal previsto en el artículo 188 del código penal, jurídicamente denominado “tráfico de migrantes”, es menester que tenga la intención o el propósito (dolo) de promover, inducir, constreñir, facilitar, financiar o colaborar en la entrada o salida del país de una persona o de un grupo de ellas, además sin el cumplimiento de los requisitos legales. Sus actos han de estar encaminados a ese propósito. En el campo fenomenológico puede suceder, como acá por ejemplo, que la persona prepare esos actos pero alejado del propósito que finalmente se sanciona, esto es, la salida o entrada al país sin el lleno de los requisitos legales. Otros propósitos distintos pueden acompañar a quien realiza esos actos, por ejemplo el de embaucar o engañar a alguien para que le entregue una suma de dinero o cualquier otra especie, en cuyo caso la conducta abandona los linderos del injusto de tráfico de migrantes y se torna típica de estafa. Conforme lo reconoce el mismo demandante, esa idea de enviar al Canadá a las personas que adquirían el paquete que ellos ofrecían, no es más que una fachada, un engaño, una venta ficticia, la idea de

embaucar (cfr. hoja 17 de la demanda). Aunque recibían la documentación pedida, jamás actuaron absolutamente nada en ese entorno, pues se trataba de quedarse con el dinero que las personas entregaban convencidos de que esos maleantes en verdad habrían de cumplir lo prometido. El ardid, que hace parte del ámbito objetivo del tipo, está pues cumplido a partir de la presentación que hizo la acusada Acosta como gerente de la oficina Empyre Tour y con la presentación del programa general a través del cual esas personas terminarían en el Canadá. 9 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. Empero, nunca hicieron nada por comenzar ese logro, menos por agotarlo. En el informe ejecutivo está transcrito, se reitera, lo expresado anónimamente por alguien en todo caso muy empapado de esa actividad delincuencial: “NO HUBO VIAJE PARA NADIE EN SEMANA SANTA” (f. 277 del cuaderno número 1); “YO ME SENTI ESTAFADA”

(f. 276 ibídem); “A TODO EL MUNDO LE PROMETIERON

MARAVILLAS Y A NADIE LE CUMPLIERON (f. 274 ib.).

Un dato adicional con el que se refuerza la idea de que Patricia Acosta y sus secuaces tenían claro que lo de la salida del país y subsiguiente radicación en el Canadá era apenas una maniobra engañosa, consiste en que merced a la diligencia de registro en la residencia de aquella las autoridades de la policía judicial hallaron muchos sobres de manila que contenían la totalidad de la documentación que todas aquellas personas les habían entregado conjuntamente con varios millones de pesos.

El problema que ciertamente afecta el orden jurídico y las garantías, que es el empeño Constitucional de la Delegada, es precisamente el hecho de que en la imputación quedó formulado el cargo por la realización de esa conducta que definitivamente no se dio (cfr. CD 2, minuto 1:17:12), y de cara al cual la imputada manifestó culpabilidad (CD 3, minuto 24:15). Los jueces de instancia no repararon en que la conducta no se dio y procedieron a declarar la responsabilidad penal. Esa decisión oficial no es cierta y definitivamente justa y, por lo tanto, no se debe mantener muy a pesar de la actitud asumida por Patricia Acosta. Con el principio lógico de unidad procesal se ha construido la manera de ser de la estructura de la actuación penal que debe cumplirse de 10 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. extremo a extremo, salvo los casos de agotamiento anticipado5, entre ellos la manifestación de culpabilidad voluntaria que ha de ser consciente y libre a cargo del imputado, pero que además reclama la estricta comprobación del hecho cuya autoría o participación se acepta, porque de lo contrario sería tolerar que la institución funcione de manera perversa o de manera injusta. En términos de la Corte Constitucional, “sólo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad” (C-1195 de 2005). En esa oportunidad la Corte Constitucional fue enfática en reiterar que la manifestación de culpabilidad “no podrán comprometer la presunción de inocencia y sólo procederán si hay un mínimo de

prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”. Esa plausible y edificante línea jurisprudencia está sin duda iluminada por el pensamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia según el cual “La legitimidad de las decisiones judiciales descansa en el respeto por las garantías fundamentales, entre las cuales se incluye el debido proceso, entendido como un método para aproximarse a la verdad y aplicar la ley sustancial”6 El problema planteado no es de incongruencia como erradamente lo hace ver el demandante (hoja 16 de la demanda). Ni se debe resolver como él lo solicita, esto es, decretando la nulidad de lo actuado “… desde la presentación del escrito de acusación inclusive, para que se le formule acusación por los hechos por los cuales se allanó en al audiencia de formulación de imputación y sobre éstos se realice 5 Desistimiento; preclusión; principio de oportunidad; manifestación de culpabilidad acordada y justicia restaurativa 6 Enero 19 de 2006, radicado 15613 11 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. un adecuado encuadramiento típico de su conducta” (hoja 19 de la demanda). Consultando el estado actual del proceso jurisdiccional, no hay alternativa distinta a la de casar parcial y oficiosamente la sentencia acusada para revocarla en lo atinente a la declaración de responsabilidad penal por el delito de ‘tráfico de migrantes’, y reiterar la condición de inocencia de la acusada Acosta. La jurisprudencia de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de justicia ha avanzado de tal manera que, en eventos como el presente,

no obstante la regla de la irretractabilidad, “cuando se trate de la protección de garantías fundamentales de repercusiones sustanciales que se hubieran materializado como errores in iudicando, la Sala Penal de la Corte, cuando se trate de sentencias anticipadas que se impugnen en vía extraordinaria, deberá casar la sentencia ya sea de manera rogada u oficiosa como aquí se hace al encontrar que la violación se ha materializado de manera evidente” (Radicado 31531 del 8 de julio de 2009). Hay lugar entonces a casar parcialmente la sentencia para revocar el fallo condenatorio por el delito de estafa y absolver en consecuencia a Patricia Acosta Acosta. 3.- El tercer cargo: Nulidad por afectación del proceso debido por haberse involucrado en la actuación los delitos de estafa sin que se hubiese presentado la correspondiente querella. 12 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. Para tal efecto el demandante insiste en que los delitos de estafa de ninguna manera fueron planteados por la fiscalía como un solo delito MASA y por lo tanto la cuantía de la defraudación no puede ser la suma de todas. Puesta la mirada en la imputación y en la acusación, asuntos que son del resorte exclusivo de la fiscalía, la verdad es que el episodio criminal si fue planteado en términos de concurso delictual, HOMOGENEO en referencias al número plural de estafas, y HETEROGENEO para comprender los atentados al patrimonio económico, el tráfico de migrantes y el concierto para delinquir. No hubo, pues, consideración

alguna sobre el delito masa que difiere sustancialmente del tema del concurso delictual. La judicatura hizo en ambas instancias exactamente el mismo manejo. De ahí que para los efectos de dosificación punitiva, no se tuvo en cuenta para nada la regla prevista por el legislador en el parágrafo del artículo 31. En conclusión, fiscalía y judicatura siempre aludieron al concurso homogéneo y heterogéneo de delitos. La fiscalía cometió un error al formular la imputación por el delito de estafa, y la jueza de control de garantías lo avaló con su silencio. En efecto, en esa audiencia preliminar aludió a la cuantía de estafa, por encima de los seiscientos millones de pesos, pensando en el delito masa y no en el concurso homogéneo de estafas que ya había planteado. No puede ser que para los efectos de ver superada la exigencia de la querella y de la conciliación, se visualice el atentado al patrimonio económico como un delito de estafa masa, pero para los efectos de la acusación y posterior sanción punitiva se le reconozca como un concurso homogéneo. Ha debido captar la jueza de control de garantías que ante ella estaba la fiscal imputando no un delito masa sino un 13 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. concurso homogéneo de estafas, y ha debido imponer el señalamiento de la cuantía en cada caso para, según fuere, exigir o no la querella y el acta de no conciliación. Ese doble presupuesto de la imputación de cara a los delitos de estafa querellables es sin duda una garantía establecida por la ley, por

supuesto sin distingos de ninguna naturaleza, y al quebrantarla la fiscalía o la judicatura sobreviene para el afectado el derecho a reclamar, como por ejemplo se hace en este instante por vía de casación pues ese recurso tiene además por finalidad, en los términos del artículo 180 de la ley 906 de 2004, “el respeto de las garantías de los intervinientes”. Pues bien, a este instante de la actuación, lo cierto es que todas esas conductas de estafa, al menos las reseñadas en la sentencia de primera instancia y refrendadas por el Tribunal, son sin duda querellables, bien que hallan ocurrido durante el año de 2006 ó 2007. El Salario mínimo mensual legal en el año 2006 fue de cuatrocientos ocho mil pesos ($408.000.oo), y de cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ($433.700.oo) en el 2007. “Para iniciar la acción penal (SIC) será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable o la persona haya sido capturada en flagrancia: “(…) “2. …estafa de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 14 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. 246)” (artículo 4 de la ley 1142 de 2007, modificatorio del artículo 74 de la ley 906 de 2004). En la sentencia de primera instancia, a la cual por supuesto se incorporó el resultado final del incidente de regulación de perjuicios, se

reseñan veinte (20) personas que, engañadas con el embeleco ese de ayudarles a salir del país, entregaron a Patricia Acosta, o a otro de los integrantes de ese maléfico y delincuencial grupo, dineros en diferentes cantidades, bien para el trámite individual o familiar. El mínimo de esas cantidades es de cinco millones ($5.000.000.oo)7 y el máximo de cincuenta y dos millones ochocientos mil pesos ($52.800.000.oo)8. De regreso a la norma instrumental, serían entonces querellables las estafas en cuantía entre cuatro millones ochenta mil ($4.080.000.oo) y sesenta y un millones doscientos mil pesos ($61.200.000.oo), para el año 2006, y entre cuatro millones trescientos treinta y siete mil ($4.337.000.oo) y sesenta y cinco millones cincuenta y cinco mil pesos ($65.055.000.oo) para el año 2007. Hecha la anterior constatación, no puede menos que aceptarse, con el demandante, que para poder formular la fiscalía seccional la imputación por el delito de estafa, ha debido presentarle antes al juez de control de garantías sendas querellas y el acta de no conciliación que son sin duda alguna presupuestos básicos de la imputación, o condición de procedibilidad, por esa ilicitud, conforme la preceptiva de la ley, así: “La querella y la petición especial son condiciones de procesabilidad (léase procedibilidad) de la acción penal (entiéndase investigación penal)” (artículo 70 de la ley 906 de 2004). 7 Jimy Rojas y Edgar Yuri Castellanos, por ejemplo. 8 Magali Lozano Martínez 15

Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. “La conciliación en los delitos querellables. La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal (entiéndase investigación penal), cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal” (primer inciso del artículo 522, ibídem). Conviene hacer ver que durante la audiencia preliminar en la cual la fiscalía hizo legalizar la captura de Patricia Acosta y cinco más de sus compinches, imputó y solicitó imposición de medida de aseguramiento, concretamente en el CD número cuatro ella alude a una querellas que identifica con números de radicación (minuto 1:24:19), pero nada tiene que ver ellas con el presente caso dado que se trata de actuaciones penales seguidas contera las mismas personas en la ciudad de Cali. Igual sucede con las referencias que hace la fiscal a actos de conciliación, pues igualmente corresponden a sindicaciones radicadas en esa ciudad (minutos 1:02:49 a 1:04:03). La querella es un acto formal de denuncia, con sujeto calificado, esto es, el sujeto pasivo del delito, el representante legal del incapaz o de la persona jurídica, los herederos, el defensor de Familia, el agente del Ministerio Público, los perjudicados directos o el Procurador General de la Nación, según fuere el caso (cfr. artículo 71 ib.). “…sólo la persona legitimada para el efecto, señala la Honorable Corte Constitucional, puede autorizar la intervención del Estado para investigar las

conductas que son reprochables penalmente. La querella, entonces, constituye una excepción a la regla general según la cual al Estado corresponde adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar de oficio la investigación de los hechos que tienen las características de un delito” (C-425 de 2008). 16 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. Cumple señalar que la entrevista regulada en el artículo 206 de la ley 906 de 2004, que sirve para verificar cuanto puede sabe una persona de lo sucedido, y perfilarse entonces como víctima, perjudicado o eventual testigo, de ninguna manera se puede confundir ni equiparar con la querella que, como la denuncia, tiene entonces que satisfacer las exigencias contenidas en el artículo 69 de la ley 906 de 2004. El hecho de haber aceptado voluntariamente culpabilidad la imputada Patricia Acosta no se habilita o supera la omisión que se viene reseñando. La querella, recuérdese, está concebida como opción dada al sujeto pasivo (querellante legítimo) para que permita o no la iniciación de la investigación penal. Cabe entonces afirmar que la fiscalía no satisfizo los presupuestos de la imputación en materia del delito de estafa, esto es, la querella y el agotamiento de la audiencia regulada en el artículo 522 de la ley 906 de 2004, todo lo cual significa que la investigación nunca pudo haberse iniciado, y menos aún haberse ejercido la acción penal por parte de la fiscalía. No se respetó entonces la garantía de la forma propia del juzgamiento que es un elemento que, con otros, integra el proceso debido, y esa sensible afectación sería suficiente para fundamentar el

decreto de la nulidad de lo actuado que es como lo reclama el demandante. De contera, cabe hacer las siguientes tres advertencias: 1).- Conviene hacer ver que durante la audiencia preliminar en la cual la fiscalía seccional hizo legalizar la captura de Patricia Acosta y cinco más de sus compinches, imputó y solicitó imposición de medida de aseguramiento, concretamente en el CD número cuatro, ella alude a unas querellas que identifica con números de radicación (minuto 1:24:19), pero nada tiene que ver ellas con el presente caso dado que se trata de actuaciones penales seguidas contera las mismas personas 17 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. en la ciudad de Cali. Igual sucede con las referencias que hace la fiscal a actos de conciliación, pues igualmente corresponden a sindicaciones radicadas en esa ciudad (minutos 1:02:49 a 1:04:03). 2).- Cumple señalar que la entrevista regulada en el artículo 206 de la ley 906 de 2004, que sirve para verificar cuanto puede saber una persona de lo sucedido, y perfilarse entonces como víctima, perjudicado o eventual testigo, de ninguna manera se puede confundir ni equiparar con la querella que, como la denuncia, tiene entonces que satisfacer las exigencias contenidas en el artículo 69 de la ley 906 de 2004. 3).- El hecho de haber aceptado voluntariamente culpabilidad la imputada Patricia Acosta no se habilita o supera la omisión que se viene reseñando. La querella, recuérdese, está concebida como opción dada al sujeto pasivo (querellante legítimo) para que permita o no la

iniciación de la investigación penal. Prospera entonces el cargo.

PETICION: La Procuraduría General de la Nación, a través de la delegada primera para la casación penal, con fundamento en lo planteado en precedencia, invoca a la Honorable Corte Suprema de Justicia lo siguiente: 1.- CASAR de manera parcial y de oficio la sentencia acusada, conforme al segundo cargo planteado, y en consecuencia revocar la declaración de responsabilidad penal por el delito de ‘trafico de migrantes’, proferida contra la acusada Patricia Acosta Acosta, y en su lugar absolverla.

18 Casación número 32422 Patricia Acosta Acosta. 2.- CASAR de manera parcial la sentencia acusada, conforme al tercer cargo planteado, y decretar entonces la nulidad de todo lo actuado en referencia al injusto de estafa, a partir incluso del instante en que, por esos delitos en concurso homogéneo, se formuló imputación a Patric