PGN - NULIDAD - Por violación del principio de juez natural

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

E. S. D.

Ref: Recurso de casación interpuesto por los defensores de los procesados Hugonel Sará Marrugo y Orlando Sará Figueroa contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que los condenó por el delito de homicidio agravado.

Rad. No.28.626 El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Turbaco (Bolívar) dictó sentencia el 6 de abril de 2005 en la que absolvió a los señores Orlando Sará Figueroa y Hugo Nel Sará Marrugo de la sindicación de homicidio agravado. Apelada la anterior providencia por el apoderado de la parte civil, correspondió decidir la apelación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala de Justicia y Paz -, conforme a las facultades otorgadas por el Acuerdo PSAA07-3935 del 22 de febrero de 2007 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que en fallo de 19 de abril de 2007 revocó la sentencia absolutoria y en su lugar condenó a Orlando Sará Figueroa y a Hugo Nel Sará Marrugo a la pena principal de 322 meses más 15 días de prisión al encontrarlos responsables de la comisión del delito de homicidio agravado en calidad de autores. En la misma providencia también fueron condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el periodo de 20 años. Los defensores de los procesados interpusieron el recurso extraordinario de

casación los que fueron sustentados con demandas que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, encontró ajustadas a las exigencias de ley. Conforme con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada en lo Penal, emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

HECHOS: En el predio rural denominado “El Polón”, municipio de Turbana (Bolívar), propiedad de Ignacio Domingo Julio Díaz le mañana del día viernes 24 de octubre de 1997, unos semovientes de su propiedad pasaron a los predios de su vecino Orlando Sará Figueroa, por lo que procedió a retirarlos del lugar y, en desarrollo de esa actividad, recibió un disparo de escopeta que le produjo la muerte, arma que portaba Hugo Nel Sará Marrugo quien se encontraba apostado de manera oculta en árbol de uvito. De allí también salieron su padre Orlando Sará Figueroa, quien sufrió una grave herida cortocontundente (machetazo) en su antebrazo derecho, con fractura abierta de cubito y radio y un trabajador de éstos de nombre Robinsón Quintana.

Los colindantes sostenían un conflicto, por cuanto que el occiso Ignacio Domingo le había prestado un toro a su vecino Orlando Sará Figueroa para cubrir algunas vacas; luego de transcurridos tres o cuatro meses, el primero solicitó la devolución del semoviente, ante lo cual el segundo, condicionó su restitución a la cancelación de una suma no determinada de dinero que representaba el valor del pasto que el animal había consumido durante este

periodo. Esta situación generó una tensión entre las partes que motivó a la señora Colombia Díaz – madre de la víctima Ignacio Domingo Julio Díaz-, a entregarle la suma de treinta ($30.000,oo) mil pesos a Orlando Sará Figueroa, luego de lo cual retiró el toro del predio vecino, sin embargo, quedó la enemistad seguida de constantes reclamos por el paso del ganado, sin lograr un acuerdo para reparar el cerco divisorio, que debiendo tener 3 o 4 cuerdas de alambre, apenas tenía una. CONSTANCIAS PROCESALES Practicadas las primeras diligencias por miembros de la Policía Nacional, la Fiscalía recibió denuncia de Geovanny Muentes Julio, sobrino de la víctima, y luego de legalizar la captura, las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía 34 de la Unidad Seccional con sede en Cartagena. El acusado Orlando Sará Figueroa rindió indagatoria el 28 de octubre de 1997, diligencia en la que estuvo asistido por un defensor de confianza; lo propio hizo Hugo Nel Sará Marrugo el día 29 de octubre de 1997. La situación jurídica fue resuelta mediante interlocutorio de 31 de octubre de 1997, en el que se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de Orlando y Hugo Nel Sará. Robinsón Manuel Quintana Quintana rindió indagatoria el 25 de noviembre de 1997, persona que estuvo asistida por un defensor de oficio, siéndole definida su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por un delito contra la vida.

La investigación fue carrada con sustanciatorio de 17 de marzo de 1998 y calificado el mérito de sumario con resolución de 17 de marzo de 1998 en la que profirió resolución de acusación en contra de Robinsón Manuel Quintana Quintana por delito de homicidio, providencia en la que también decretó la ruptura de la unidad procesal. El expediente fue enviado a la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena que mediante resolución de 8 de junio de 1998 calificó el mérito de la investigación y profirió acusación contra Orlando Sará Figueroa y Hugo Nel Sará Marrugo en calidad de coautores del delito de homicidio agravado en la persona de Ignacio Domingo Julio Díaz. Apelada la anterior providencia conoció del recurso la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena que confirmó la resolución recurrida con pronunciamiento de 18 de junio de 1999. La etapa del juicio correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena quien dio inicio a la audiencia pública el 13 de diciembre de 1999 y culminó luego de sucesivas suspensiones el día 5 de agosto de 2004, luego de lo cual fue dictada sentencia de primera instancia el 6 de abril de 2005 con los resultados conocidos. SÍNTESIS DE LAS DEMANDAS DE CASACIÓN Demanda presentada a nombre de Hugonel Sará Marrugo y de Orlando Sará Figueroa En atención a que el texto de las demandas en la elaboración de los cargos, resulta análogo, su resumen y contestación se hará de manera conjunta a lo cual se procede en los términos que a continuación se relacionan.

Nulidad Con apoyo en la causal tercera de casación, acusa la sentencia de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, en atención a que el Consejo Superior de la Judicatura en desarrollo de la ley 975 de 2005 conocida como de Justicia y Paz creó los Tribunales Superiores Especial de Bogotá y Barranquilla para adelantar los hechos punibles establecidos en la misma disposición. Alega que el Consejo Superior de la Judicatura no podía asignar el presente asunto, en segunda instancia, a los miembros del Tribunal Especial de Barranquilla para la ley de Justicia y Paz, en tanto que su competencia únicamente fue establecida para comportamientos realizados por grupos al margen de la ley, luego se violó el principio de juez natural, el de legalidad, así como el debido proceso, en tanto que la segunda instancia únicamente podía adelantarla el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Para fundamentar el cargo cita varios pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y concluye que la Sala Especial del Tribunal Superior de Barranquilla no podía fallar esta causa, por lo que impone declarar la nulidad de los actuado a partir de la sentencia impugnada y que sea el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena quien desate el recurso de apelación y se ordene la libertad inmediata de Hugonel Sará Marrugo, al haberse violado de manera flagrante los derechos y garantías fundamentales. Cita como normas violadas el bloque de constitucionalidad, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la

Convención Americana de Derechos Humanos, así como los artículos 13, 28, 29 y 93 de la Constitución Política, así como el artículo 11 del decreto 100 de 1980, el artículo 19 de la ley 906 de 2004, el artículo 306 de la ley 600 de 2000 y demás normas concordantes. Violación indirecta Con apoyo en la causal primera de casación cuerpo segundo, el demandante plantea la violación indirecta de norma sustancial, luego de lo cual pasa a resumir la noción de los diversos errores que se dan por este motivo, y sostiene que la providencia atacada es pobre en motivación y es así como transcribe un aparte de la sentencia en la que el fallador concluye que los únicos autores intelectuales y materiales son Orlando Sará Figueroa y su hijo Hugo Nel Sará Marrugo, afirmación que contrasta con la realidad y que permitió la ocurrencia de una injusticia en tanto Robinsón Manuel Quintana, en otro proceso, fue condenado por este mismo hecho. Plantea que el proceso está lleno de conjeturas, suposiciones e hipótesis sobre la ocurrencia de los hechos, que incluye la tipicidad, pues al comienzo se hizo referencia a un homicidio simple con reconocimiento de un estado de ira para luego cambiar la situación fáctica y jurídica y concluir que se trataba de un homicidio agravado sin analizar los elementos del tipo, ni las justificantes o atenuantes. Afirma que de los testimonios oídos poco después de ocurridos los hechos, ninguno relaciona la presencia de testigos diferentes a los procesados, en tanto que ni en la denuncia, ni en las indagatorias, así como sus respectivas

ampliaciones, ni al resolverse la situación jurídica se hizo referencia a este tema, el que solo se produjo hasta el 10 de noviembre de 1997 cuando la parte civil pidió oír las versiones de Luis Herrera Pérez y Pedro Pineda García. Error de hecho por falso juicio de existencia por omisión Plantea el recurrente que hubo olvido de valorar la indagatoria rendida por Robinsón Manuel Quintana Quintana el día 25 de noviembre de 1997 en la que refiere la forma como sucedieron los hechos que de haberlo tenido en cuenta otra hubiese sido la conclusión a que habría llegado el tribunal, luego desfiguró los criterios de la sana crítica e infringió el contenido del artículo 238 aplicado indebidamente el artículo 232 y dejando de aplicar el artículo 7° de la ley 600 de 2000, pide casar la sentencia. Error de hecho por falso raciocinio En este cargo el demandante expone que referente a las declaraciones de Luis Enrique Herrera Pérez y Pedro Pineda García el tribunal sostuvo que existía la posibilidad de un acuerdo para declarar engañosamente en contra de Orlando y Hugo Nel Sará, lo cual se infiere de la capacidad que tiene el primero de los nombrados, en atención a que Carlos Manuel Solano Jiménez lo denunció al haberse quedado con un dinero cobrado, lo que dio inicio a un proceso penal. Resalta la manifestación de arrepentimiento hecha por Luis Herrera, durante la diligencia de audiencia pública, en la que aceptó haber mentido por determinación de Serafín Ballestas Julio, fenómeno que tuvo repetición en la declaración de Pedro Pineda García, testimonios que fueron solicitados solo hasta el 10 de noviembre de 1997, para luego aparecer de forma extraña y

sorpresiva en el recaudo probatorio. Plantea que el ad quem omitió tener en cuenta una serie de factores con los cuales demostrar que los supuestos testigos nunca estuvieron en el sitio de los sucesos, como la constancia dejada en la denuncia de Geovanny Muentes Julio quien aseveró no conocer testigos, en tanto que la víctima se encontraba sola en su finca, la indagatoria de Orlando Sará quien asegura que ninguno de sus hijos, incluido Hugo Nel Sará, se encontraba en el sitio de los acontecimientos; que tampoco se fijó en que la demanda de constitución de parte civil presentada el 28 de octubre de 1997, no relaciona como pruebas los testimonios de Luis Herrera Pérez, ni Pedro Pineda García; tampoco en la declaración de Miguel Enrique Castaño Ballestas quien narra la forma como Robinsón Quintana le pidió ayuda para llevar al herido a la cabecera municipal, lo que así hizo posteriormente; que tampoco tuvo en cuenta la declaración de Colomba Díaz, quien jamás mencionó a Luis Herrera Pérez o a Pedro Pineda García y dijo haberse enterado por información de Hugo Nel Sará Marrugo. Insiste que Jesús Muentes Julio en su declaración jamás mencionó a los citados testigos, ni tampoco lo hizo Aldrin Gregorio Ballestas Julio quien sostuvo no haber observado ninguna persona por los alrededores del sitio de los acontecimientos; destaca también que el Inspector de Policía que efectuó el levantamiento de cadáver niega haber visto al señor Pedro Pineda, luego considera que ni Herrera, ni Pineda se encontraban en ese sitio, por manera que no podían servir de testigos , y de este modo el tribunal cometió un error

por falso raciocinio al catalogarlos como espectadores de los acontecimientos. Concluye en que ni Luis Herrera Pérez, ni Pedro Pineda García estuvieron en el teatro de sucesos de modo que el tribunal incurrió en un error por falso raciocinio cuando omite valorar en conjunto todos y cada uno de los medios de prueba asignados pues de haberlo hecho hubiera arribado a otra conclusión frente a su defendido Hugo Nel Sará Marrugo quien habría sido absuelto del hecho punible imputado por no encontrarse en el sitio o haberle reconocido la duda y no aplicar el artículo 232 del Código Penal. Falso juicio de identidad Plantea que el tribunal tergiversó el verdadero contenido del testimonio rendido por Mariluz Ramos Barrios al sostener que como compañera de Robinsón Quintana sostuvo que Orlando Sará pernoctó en la finca – costumbre que no tenía-, y que a las 5:00 de la mañana llegó Hugo Nel en una yegua colorada, luego llamó a su esposo, quien estaba ordeñando y le reclamó la escopeta y una vez entregada procedió a limpiarla, la cargó con uno de los cartuchos que llevaba en el bolsillo y junto con su padre salieron. Aclara que su compañero Robinsón los siguió y luego de acontecidos los sucesos, éste le contó lo que había pasado. Para el demandante el ad quem se limitó a analizar lo dicho en la diligencia de audiencia pública, sin tener en cuenta las afirmaciones hechas por Mariluz Ramos el 2 de febrero de 1998, en la que narró que en la mañana del 24 de octubre de 1997, el señor Hugo Nel no se encontraba en la finca, motivo por

el cual no analizó la totalidad de la declaración, pues de haberlo hecho, no habría deducido responsabilidad penal, con lo que falseó la verdad. Finaliza con la tesis de que estos tres errores de no haberse cometido habrían permitido la absolución de Hugo Nel, motivo por el que solicita casar la sentencia para que sea dictado un fallo en este sentido. Considera como normas violadas los artículos 13, 28, 29 y 93 de la Constitución Política, los artículos 7 y 232(sic), 232, 277, 284, 285, 286 y 287 de la ley 600 de 2000 y aplicación indebida del artículo 103 y el 104-7 del Código Penal. Violación directa Plantea el demandante que en el afán de condenar a Hugonel Sará Marrugo por interpretación errónea porque al momento de definirse la tipicidad, el sentenciador, solo atinó a decir que se trataba de un homicidio agravado sin motivarla, pero señalando como fundamento la coparticipación de los sindicados y la colocación del occiso en estado de indefensión física. Plantea que la coparticipación genera por sí mismo indefensión o inferioridad, pues en el caso concreto fue el occiso quien dio inicio a los actos de agresión al cortar la mano de Orlando Sará Figueroa, luego se produjo una violación directa del artículo 104-7 por interpretación errónea. Incongruencia Plantea de forma subsidiaria la falta de consonancia entre la resolución de acusación y la sentencia, pues en la resolución de acusación fue reconocido el estado de ira e intenso dolor, situación que desconoce el tribunal, por manera que no hubo consonancia o concordancia.

Insiste que la fiscalía durante la audiencia pública solicitó la absolución que fueron acogidas para favorecer a Hugo Nel Sará, las que no reconoció el tribunal al desatar la segunda instancia, motivo por el que solicita casar la sentencia y dictar la de reemplazo para absolver a su prohijado.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA EM LO

PENAL Nulidad Ninguna razón les asiste a los demandantes al sostener que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa-, no podía mediante acuerdo comisionar al Tribunal Especial del Distrito Judicial de Barranquilla para conocer de la segunda instancia en el proceso que nos ocupa. En efecto, mediante auto de 22 de febrero de 2007 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, ordenó remitir a través de la Dirección Seccional de Administración Judicial, el proceso que nos ocupa al Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, de acuerdo a lo consagrado en el acta PSAA 07-3935 del 22 de febrero de 2007 del Consejo Superior de la Judicatura en la que adoptó medidas de descongestión. Al respecto debe indicarse que al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa -, le fue otorgada la facultad de formular políticas de descongestión que son materializadas a través de acuerdos que tienen como propósito lograr una pronta y rápida administración de justicia. Esta facultad quedó instituida en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 63 de la ley 270 de 1996 o ley Estatutaria de la Administración de Justicia que para la época de los hechos había sido reformado por el artículo 10 del decreto 2637 de 2004,

establecía lo siguiente: “ARTÍCULO 10. El artículo 63 de la Ley 270 de 1996 quedará así: Artículo 63. Descongestión, depuración y liquidación de causas, procesos e inventarios. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los eventos previstos en el artículo 7o. de la presente ley, así como en los casos de congestión y/o atraso de los juzgados o tribunales, podrá redistribuir los asuntos que se tengan para fallo entre aquellas corporaciones y despachos cuya carga laboral, a juicio de la misma Sala, lo permita. Asimismo, podrá seleccionar y redistribuir los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones y demás diligencias, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban encargarse de su evacuación ya sea que correspondan o no a la misma sede, especialidad o jurisdicción. Igualmente podrá crear, con carácter transitorio, cargos de empleados, jueces o magistrados que tramiten, sustancien, fallen y/o asuman íntegramente el conocimiento de procesos, quienes podrán tener un régimen salarial y prestacional especial o ad honorem. Las actuaciones necesarias para la ejecución material de las decisiones proferidas por quienes administran justicia, podrán ser atendidas por los empleados judiciales de los despachos, salas y secciones, de conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura también podrá crear, con carácter transitorio cargos de jueces

o magistrados de trámite o sustanciación, de fallo o que cumplan ambas funciones, y salas y jueces de plena competencia y/o itinerantes de descongestión, descongestión y/o depuración para la práctica de pruebas y, eventualmente, trámite y fallo de los procesos, de acuerdo con la ley de presupuesto. Los nominadores harán los nombramientos con base en los Registros de Elegibles vigentes para los cargos transitorios a proveer y no podrán designarse funcionarios o empleados que estén ocupando en propiedad otros destinos en la Rama Judicial, salvo que formen parte del respectivo Registro de Elegibles.” (Subraya el Delegado) Resulta entonces evidente que la facultad con la cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al disponer mediante el acta PSAA 07.3935 de 22 de febrero de 2007 el envío del presente expediente a conocimiento para fallo de segunda instancia al Tribunal de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla, tenía fundamento jurídico no solo legal sino constitucional y en consecuencia ningún desconocimiento o vulneración al principio del juez natural fue cometido por el comisionado al proferir la sentencia de segunda instancia. Sobre este tópico, además la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado:

1. Primer cargo (segundo de la demanda). Causal tercera, nulidad por violación del principio de juez natural.

Comienza por reseñar el demandante que el postulado del juez natural está referido al hecho de que el juzgador ha de estar instituido por ley ordinaria o especial con antelación a la ocurrencia de la conducta, por lo que no está permitida la

creación de células judiciales con posterioridad a la comisión del injusto, como también ocurre con el procedimiento, pues ello atenta contra los derechos fundamentales de un acusado. En lo que respecta al caso concreto, aduce que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó tanto al Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión, como la Sala de Descongestión anexa del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, “despachos que conocieron, juzgaron, fallaron y sancionaron sin consideración a que su creación y discernimiento de funciones lo fue con posterioridad a la ejecución de los supuestos de hechos punibles contenidos en el paginario procesal que nos ocupa”, en armonía con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C1541/01, en donde se regulan las facultades de la primera Corporación aludida, a la luz de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996. Adicionalmente, señala el actor que también se contrarió el contenido del artículo 91 de la misma ley, en cuanto a los fines que deben orientar la creación de despachos de descongestión y porque tal circunstancia generó que su defendida tuviera que asumir una causa en una ciudad distante de donde reside. De conformidad con lo expuesto, solicita se declare la nulidad, puesto que “esta irregularidad tiene el carácter y la condición de sustancial por ser lesiva de normas legales y supralegales”. Para el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal este reparo no tiene vocación de prosperidad, pues si bien la competencia para conocer de los delitos por los que se

dictó condena a GENOVEVA TROMP, tanto en el estatuto procesal penal de 1991, como en el de 2000, está atribuida en primera instancia a los Jueces Penales del Circuito y en segunda instancia a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del correspondiente Distrito Judicial, por razones de orden constitucional que indican que la justicia debe ser pronta y eficaz, el legislador otorgó competencia con carácter transitorio a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para descongestionar los despachos judiciales, en los términos señalados en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996. Acota que en virtud de esa facultad, dicha Corporación expidió los Acuerdos No. 1799 del 14 de mayo de 2003, por medio del cual dictó normas tendientes a descongestionar los Juzgados Penales del Circuito y el No. 2573 de fecha 25 de agosto de 2004, a través de los cuales adoptó medidas de descongestión para la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en relación con los recursos de apelación interpuestos contra sentencias y autos en procesos penales adelantados por delitos asociados con el proceso de liquidación de la Empresa Puertos de Colombia “COLPUERTOS” y del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia “FONCOLPUERTOS”, vigencia que se ha prorrogado, entre otros, a través de los Acuerdos No. 2562 del 10 de agosto de 2004 y 2740 del 21 de diciembre del mismo año. De conformidad con lo anterior, colige el Procurador Delegado que “para la época en la que se profirieron los fallos

de primera y segunda instancia en este proceso, continuaba vigente el programa de descongestión adoptado mediante estas disposiciones”. En esa medida, estima que el Consejo Superior de la Judicatura respetó el principio de Juez Natural, pues no varió la competencia por los factores objetivo y funcional, de acuerdo con los parámetros establecidos en el estatuto procesal penal, ya que simplemente expidió normas de descongestión sin desconocer las garantías de los asociados, como así también lo ha señalado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por lo anterior, sugiere que el cargo no está llamado a prosperar. Como acertadamente lo destaca el señor Procurador Delegado en su concepto, el reproche que concita la atención de la Sala no tiene posibilidad de éxito, por no verificarse vulneración alguna del principio de Juez Natural según lo expone el casacionista. La competencia tanto del Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá para adelantar el trámite de la presente causa y proferir el fallo de primer grado, como la de la Sala de Descongestión del Tribunal Superior el Distrito Judicial de Bogotá al desatar el recurso de apelación que promovió el defensor de la procesada GENOVEVA BEATRIZ TROMP THOWINSON mediante la sentencia objeto de impugnación, sobre lo cual recae el peso argumentativo del cuestionamiento comprendido en este reparo, no sólo goza de sustento legal, sino que, además, encuentra soporte en las normas constitucionales. Desde la perspectiva constitucional, es necesario precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Carta Política, “La Administración de Justicia es función

pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo” (subrayas fuera de texto). De lo anterior deviene que la propia Carta Fundamental reconoce que la Administración de Justicia debe ceñirse a los postulados de prontitud y eficacia. En ese cometido, faculta al Consejo Superior de la Judicatura, para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 257, numerales 2-3 ibídem, como máximo ente a cuyo cargo radica la gestión administrativa de la Rama Judicial, cumpla con las siguientes funciones: “2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia….

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”

(subrayas fuera de texto). Bajo ese marco constitucional, el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, otorgó facultades especiales a la Sala Administrativa de dicha Corporación con el fin de adoptar medidas de descongestión, cuyo propósito fundamental es el de alcanzar los fines referidos de prontitud y eficiencia inherentes a la Administración de

Justicia. Dispone tal preceptiva lo siguiente: “La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los Despachos Judiciales, podrá regular la forma como las Corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los Tribunales y Despachos Judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el Juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces. Igualmente, podrá crear, con carácter transitorio, cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto”. En ejercicio del control previo de constitucionalidad dispuesto en el artículo 153 de la Carta Fundamental para este tipo de leyes, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de este precepto1, bajo el entendido de que “El presente artículo constituye una interpretación del principio constitucional de que la administración de justicia debe ser pronta y eficaz, el cual ya ha sido analizado en esta sentencia. Es con este propósito, que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá redistribuir los asuntos pendientes para fallo entre los distritos tribunales o despachos judiciales, función ésta que se podrá llevar a cabo siempre y cuando no se alteren las garantías procesales con que cuentan los asociados para la resolución de sus conflictos” (subrayas fuera de texto). Pues bien, acorde con las atribuciones constitucionales y legales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura, como bien lo señala el Procurador Delegado y así lo ha precisado con antelación la Corte2, expidió los Acuerdos Nos. 1799 del 14 de mayo de 2003 y 2573 del 25 de agosto del año siguiente, cuya vigencia fue prorrogada a través de los Acuerdos No. 2562 del 10 de agosto de 2004 y 2740 del 21 de diciembre del mismo año, por medio de los cuales adoptó medidas de descongestión en relación con los procesos penales asociados al proceso de liquidación de la Empresa Puertos de Colombia (COLPUERTOS) y del Fondo de Pasivo Social de esa misma entidad (FONCOLPUERTOS). Dichas medidas de descongestión tienen sustento en las pautas establecidas por esa misma Corporación en el Acuerdo No. 738 de marzo 14 de 2000 que, a su turno, se soporta en la facultad conferida en el mencionado artículo 63 de la Ley 270 de 1996. En el aludido artículo 5° del Acuerdo No. 2573, se dispuso la creación transitoria de una Sala Penal de Descongestión en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 1 ? Sentencia C-037-96 del 5 de febrero de 1996. 2 ? Autos de fechas 4 de mayo y 15 de noviembre de 2005, rads. 24466 y 23550, respectivamente. Bogotá, para asumir el trámite de los recursos de apelación dentro de los procesos referidos. En tal normativa se señala lo siguiente: “La Sala de Descongestión creada por el artículo primero de este Acuerdo, conocerá exclusivamente de la sustanciación

y fallo de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias y autos en procesos penales adelantados por del