PGN - NULIDAD - Violación del debido proceso por errónea calificación jurídica

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal M.P.: Dr. Julio Enrique Socha Salamanca Ref: Casación interpuesta por el defensor de María Deisy Piratoba Quintero, procesada por el delito de peculado por apropiación. Rdo.26952.

Honorables Magistrados: Procede esta representación del Ministerio Público a conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 26 de septiembre de 2006 proferida por el Tribunal Superior de Pereira, mediante la cual confirmó integralmente el fallo emitido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la misma ciudad, contra María Deisy Piratoba Quintero a quien le impuso 96 meses de prisión y $445.806.503.33 de multa y como sanción accesoria la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. En la misma decisión, condenó a la acusada al pago de $334.354.879, más los intereses legales causados a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por concepto de indemnización.

Recurrida en casación la sentencia de segundo grado por el defensor de la procesada y declarada ajustada a derecho la demanda, corresponde a esta Delegada rendir concepto de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del

C. de P. Penal.

I. CUESTION FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Los hechos fueron resumidos por el Tribunal Superior en los términos siguientes:

Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. “ Los hechos jurídicamente relevantes se contraen a que por razón de haberse

practicado sendas diligencias de ocupación del inmueble ubicado en la Avenida 30 de agosto Nº 41-37 de esta ciudad y embargo y secuestro del establecimiento comercial Hotel Torreón que allí funciona, realizadas el 22 de noviembre de 1999, por orden de una Fiscalía de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, radicada en Bogotá, D.C., la funcionaria judicial comisionada para su ejecución designó como depositaria y secuestre a la entonces Gerente del segundo María Deisy Piratoba Quintero, quedando ambos bienes a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la que debía rendir cuentas y los informes respectivos sobre su gestión. Con base en la existencia de un contrato escrito de arrendamiento celebrado el 12 de octubre de 1999 entre Ramiro de Jesús Zuluaga López –arrendatarioy el establecimiento comercial Hotel Torreón – arrendador- , de propiedad de los hermanos Rubén Darío y Fernando Ospina Montoya – representado por la encartada en su calidad de Gerente- , ésta, en su condición de depositaria y secuestre , después de la práctica de las referidas medidas cautelares reales, sin mediar la correspondiente autorización judicial o administrativa, procedió a pagar el respectivo canon a aquelque pasó a ser propietario de la edificación objeto del contrato a partir del 12 e noviembre del mismo año-, el cual inicialmente fue de $10.309.278.00 y luego se redujo a $5.000.000, hasta el mes de julio de 2002, cuando fue requerida por la Dirección Nacional de Estupefacientes por su indebida

conducta y le exigió la consignación de la suma correspondiente a ese período por tal concepto a la cuenta corriente número 011-060-068 del Banco Popular, sin que lo hubiera hecho. Por tal motivo fue denunciada, vinculada a ese proceso, acusada y finalmente sentenciada en primera instancia como autora del reato en mención”. Informa el proceso a través de prueba documental (acta que contiene la diligencia de embargo y secuestro unidad comercial Hotel Torreón) que tras resolución proferida por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo en Pereira el 19 de noviembre de 1999, diligencia de secuestro de la unidad comercial Hotel Torreón y fue designada como secuestre del mismo a María Deisy Piratoba Quintero, quien para esa fecha se desempeñaba como gerente del mencionado establecimiento (fl. 13, c.o.1). La Fiscalía 14 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira adelantó la investigación originada en la denuncia y el 10 de marzo de 2004 profirió resolución de acusación contra María Deisy Piratoba Quintero en su calidad de “secuestre y depositaria” por el delito de peculado por apropiación en la 2 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. modalidad de continuado”, decisión que fue confirmada en todas sus partes por la Fiscalía Uno Delegada ante el H. Tribunal Superior de Pereira el 2 de septiembre de 2004. Rituada y concluía la etapa del juicio, el 23 de noviembre de 2005, el Juzgado

Sexto Penal del Circuito de Pereira profirió sentencia condenatoria contra la procesada por el mismo delito deducido en la Resolución de Acusación, decisión que al ser apelada por el defensor de la acusada, fue confirmada integralmente por el Tribunal Superior de Pereira, mediante el fallo que es ahora objeto de casación.

II. DEMANDA Según el casacionista se profirió sentencia en un proceso viciado de nulidad por violación al debido proceso, por errónea calificación jurídica y por ello formula un cargo subsidiario. A su vez y como cargo principal considera que se violó indirectamente la ley sustancial por error de derecho (falso juicio de legalidad).

Primer Cargo Según el demandante, violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho (falso juicio de legalidad) al tener como legítima la designación forzosa de María Deisy Piratoba Quintero en calidad de “secuestre y/o “depositaria provisional” de los bienes ocupados y secuestrados. Aduce el censor que la Fiscalía designó de manera arbitraria a Deisy Piratoba Quintero, porque en ningún momento le explicó a la ahora procesada sus deberes o funciones en forma detallada, “sino que se limitó a espetárselos de modo genérico y sentencioso”. Que su nombramiento “jamás obtuvo visos de legalidad porque el cargo fue impuesto y no consultado”. Precisó el defensor que la Fiscalía para efectos del nombramiento debió recurrir a la lista oficial de secuestres acreditados en los despachos judiciales del Distrito Judicial de Pereira, pues las mismas normas sobre extinción de dominio señalan que las diligencias atinentes al embargo y secuestro de bienes se tramitan de

conformidad con el Código de Procedimiento Civil. El demandante, da a entender que su defendida prácticamente se vio obligada a aceptar el cargo “arrinconada por la autoridad y el poder irresistible e inevitable de 3 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes, que además de acometerla en forma sorpresiva… no tenía otra salida que aceptar y cumplir las órdenes que se le impartieran en ese momento. De allí que ni siquiera se ocuparan de responder la oposición que en forma inmediata formular con respecto a la diligencia”1. De otra parte, refiere el casacionista que su defendida tuvo que atender las diligencias de secuestro del establecimiento comercial (Hotel Torreón) como el de ocupación del inmueble en forma simultánea y a la misma hora, lo que adicionalmente constituyó una presión sicológica en su contra. Que del texto del acta se evidencia que “no se le ofreció el cargo ni se le dio oportunidad de expresar que no lo aceptaba, con lo cual se vulneró seria y efectivamente su libertad, de suerte que el nombramiento era esencialmente nulo por el vicio de coacción o fuerza y por la violación de derechos fundamentales de la persona coaccionada”, a más de que no se dio trámite alguno a la oposición a la diligencia de embargo que solicitara Deisy Piratoba Quintero. Frente a la posible ilegalidad de la designación y posesión de Piratoba Quintero, como secuestre, el demandante cita y transcribe en lo pertinente casación del 13 de noviembre de 1990 en la que se considera que “la designación arbitraria de las

personas que son auxiliares de la justicia..hace que la misma se torne en inexistente, desapareciendo el elemento probatorio”. En estas condiciones, según el demandante, resulta evidente que en la designación y posesión de Deisy Piratoba Quintero, como “secuestre” y “depositaria provisional” se desconoció lo previsto en la Constitución y el Código de Procedimiento Civil, pues la voluntad, dignidad, libertad, derecho a la igualdad y derechos procesales de la aquí procesada “fueron frontal y groseramente conculcados, y que al tenor del artículo 29 de la Carta Fundamental, tales nombramientos son “nulos de pleno derecho”, más todavía inexistentes, y por lo tanto no podía la consideración a esos ilícitos cargos surtir efectos necesarios como los que surtió con respecto a la culpabilidad de la acusada al tenerla como sujeto activo del delito de “peculado por extensión”, precisamente por su supuesta e irregular calidad de “secuestre” y “ depositaria provisional” de los bienes incautados”. En apoyo a sus planteamientos el casacionista se refiere a jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia relacionadas con la declaratoria de ilegalidad en la aducción y producción de pruebas por la vulneración o desconocimiento de 1 Fl. 50, del c. de la Demanda de Casación. 4 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. derechos y garantías fundamentales lo que conlleva su declaratoria de inexistencia y exclusión procesal.2 El casacionista señala como normas vulneradas los artículos 13, 23 y 29 –inciso primero, de la Carta Política, artículo 6, 8 y 9 del C. de P. Civil por falta de

aplicación, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 133 y 138 del Decreto 100 de 1980. Por lo anterior, solicita a la Corte se case la sentencia impugnada y en su lugar se profiera el fallo de reemplazo disponiendo la absolución de María Deisy Piratoba Quintero. Causal Tercera Cargo Único Para el demandante la sentencia objeto de impugnación se produjo dentro de un proceso viciado de nulidad por violación directa de normas sustanciales en la tarea de calificación de los hechos al aplicar indebidamente los artículos 138 y 133 de la Ley 100 de 1980 y dejar de aplicar las normas legítimamente llamadas a resolver el asunto, cuales eran los artículos 250 de la Ley 599 de 2000 y 78 de la Ley 600 de 2000 que le resultaban más favorables.

1. En el desarrollo del cargo, el recurrente sostiene que los secuestres “ no asumen ni ejercen funciones públicas y que, por lo tanto, son particulares que tienen bajo su custodia bienes recibidos por la simple autoridad del Estado...” Porque según lo expresa el artículo 250-1 del Código Penal, desempeñan “funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública, cuidándose de utilizar el término “delegadas” seguramente para diferenciar estas potestades atribuidas a simples particulares de las que se confieren a otros que sí asumen el ejercicio de funciones públicas de manera permanente o transitoria y a quienes, obviamente, cobijan y afectan las presiones del delito de ‘peculado’”.

Entonces, el demandante y a contrario de lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación del 27 de febrero de 2003, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Rdo.17837, considera que los secuestres “no reciben funciones delegadas” por autoridad pública, sólo funciones “discernidas, reconocidas o 2 Casación de marzo 02 de 2005, Mag. Ponente Dr. Edgar Lombana Trujillo, Radicado N° 18.103 y Casación de abril 06 de 2005, Mag. Ponente Dr. Mauro Solarte Portilla. Rdo. 21.483. 5 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. confiadas”. De allí que su responsabilidad penal se diferencia de los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria (C. Penal, artículo 20) y coexiste separadamente con la de estos. Por lo tanto, sólo deben responder de ‘Abuso de confianza calificado’ cuando se apropian de bienes que administran o custodian, en provecho suyo o de un tercero, ‘Abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública”. Precisa el censor que en la casación señalada (17837), la Corte no se ocupó de analizar la noción de “función pública”, concepto que a espacio ha decantado la Corte Constitucional al resolver acciones públicas de inconstitucionalidad iniciadas contra las normas que para fines penales, contractuales o disciplinarias dan la categoría de servidor público al particular que transitoriamente cumple funciones públicas, para establecer que la responsabilidad penal o disciplinaria, queda condicionada a que efectivamente cumplan funciones públicas, porque no siempre

ocurre que la vinculación de un particular con el Estado, conlleva la calificación de servidor público pues, por ejemplo no siempre que un particular contrata con el Estado, aquel adquiere perse funciones públicas. A manera ilustrativa el demandante señala y transcribe en lo pertinente en primer lugar la sentencia C-563 de 1998, mediante la cual se decidió la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993 y 18 de la Ley 190 de 1995. De igual modo, trae a colación lo consagrado en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 respecto a los particulares como sujetos disciplinables en casos en que “ cumplan labores de interventoría en los contratos estatales, que cumplan funciones públicas, en lo que tienen que ver con éstas, presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política, administren recursos de éste, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado”.

2. Aduce el casacionista que la Corte Constitucional en sentencia C-037 del 28 de enero de 2003 reiteró que: “ (…) Según la idea que fluye del artículo 123 de la Constitución, servidor público es en este sentido toda persona que ejerce a cualquier título una función pública y, en tal virtud, ostentan dicha condición los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (C.P. arts. 123 y 125).

6 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero.

“Así las cosas, la noción de ‘función pública’ atañe al conjunto de funciones que cumple el Estado, a través de los órganos de la ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. “Empero, debe la Corte señalar que la posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica no sólo de las personas que se vinculan con el Estado mediante elección o nombramiento y la posesión de un cargo, sino también los particulares que, en los casos taxativamente señalados en la Constitución y la ley, puedan investirse de la autoridad del Estado y desempeñar funciones públicas o administrativas (arts. 123-3, 210-2, 267-2) o funciones públicas judiciales (art. 1183)” En este orden de ideas, para el casacionista “el auxiliar de la justicia no es un funcionario judicial, vale decir, no cumple esta especie de funciones públicas. Su “oficio, como lo denomina el Código de Procedimiento Civil, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no es asimilable a ‘función pública’ en los términos del derecho constitucional”3.

3. De otra parte, con base en el artículo 28 de la Constitución Nacional y artículo 1° de la Ley 270 de 1996, recuerda el demandante que la administración de justicia es función pública. Señala que el artículo 13 de última normatividad enseña que el ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares estos “Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en

la Constitución Política...3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas, los árbitros según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o equidad”. Por ello, para el censor, resulta válido afirmar que “sólo los particulares que administran justicia permanente o transitoriamente podrán tener la calidad de servidores públicos en los términos del art. 20 del Código Penal, como sería el caso de los árbitros, conciliadores, conjueces, jueces de paz, autoridades indígenas, entre otros”. A juicio del casacionista y siguiendo lo preceptuado en el Código de Procedimiento Civil4 los auxiliares de la justicia, no administran justicia, sino que les fueron transferidas actividades meramente materiales, nunca jurídicas. 3 Fl. 64 de la Demanda (c. 2ª. inst.). 7 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. Es claro entonces, para el censor que: Si la administración de justicia es una función pública a cargo del Estado, impera afirmar que sólo los particulares que de manera permanente o transitoria estén investidos de esta potestad Estatal pueden ser sujetos de cualquiera de los delitos contra la administración pública. En este orden de ideas, los secuestres, como auxiliares de la justicia, no tienen funciones judiciales, como no las tienen los técnicos judiciales de la fiscalía, ni los asistentes de los magistrados de las altas Cortes, ni los secretarios de los

Tribunales o de los juzgados, etc. Aquellas apenas colaboran a los funcionarios judiciales en la realización de tareas propias de la actividad judicial, pero no administran justicia; es decir, no cumplen funciones públicas5. Ahora con apoyo en criterios de la Corte Constitucional6, sostiene el demandante que se puede afirmar válidamente que el secuestre “es apenas un auxiliar, colaborador o instrumento de la actividad judicial para la realización del oficio que interesa a los fines de la administración de justicia, pero no es un delegatario o depositario de funciones judiciales…en consecuencia, su actividad no queda involucrada en el supuesto de hecho de que trata el artículo 207 del Código Penal. En casos como el presente si algún comportamiento doloso existiere, NOS ENCONTRARIAMOS FRENTE A UNA DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO, NO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” (fl. 67 y 68 de la demanda, c.o 2ª inst.).

4. Con apoyo en los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional y los señalado en la casación Nº 3266 de enero 23 de 1991 de la Corte Suprema de Justicia, siendo M. P., el Dr. Dídimo Páez Velandia, el demandante se acoge a las consideraciones que conllevan a determinar que no solo por la relación del agente con la función o el servicio público se adquiere la calidad de empleado oficial, sino que “debe establecerse , con independencia de la naturaleza que dentro de la nomenclatura propia del derecho administrativo se dé al acto por el cual se establece el ejercicio de la función o se otorga el encargo del servicio, si dentro

A 4 Código de Procedimiento Civil . rtículo 8° se refiere a la “ Naturaleza de los cargos: Los cargos de auxiliares de la justicia son OFICIOS PÚBLICOS....9°. Designación. Custodia de bienes o dineros; 11. Sanciones....pero no le traslada facultades de administrar justicia...”. 5 Fl. 67 de la Demanda (c.o 2ª inst). 6 Según criterio de la Corte Constitucional “el contratista se constituye en un colaborador o instrumento de la entidad estatal para la realización de las actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos, pero no es delegatario o depositario de funciones pùblicas”. 7 El artículo 20 del C. Penal de 2000, señala que: “para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos…los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria”. 8 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. de las atribuciones del ente que las confiere, la función o el servicio le son propios y, si por medio de ese acto hace la DELEGACIÓN…”8.

5. Con fundamento en los anteriores postulados el casacionista reitera que si bien el artículo 8º del C. de P. Civil preceptúa que “Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos”, el interprete no puede asimilar el oficio a la función, cuando la ley hay querido que sean figura o instituciones diferentes.

4. El censor se aparta de los criterios expuesto por la Corte Suprema de justicia en casación del 27 de febrero de 2003, porque la función de “vigilancia, custodia y

protección” de bienes privados no es función propia del Estado ni de la Jurisdicción, al punto que el secuestre carece de vigilantes propios o contratados y bodegas suyas o alquiladas para esa tarea y, por lo tanto, al carecer de esa función le es imposible trasladarla o Delegarla como de consuno lo exige la autoridad de la Corte Constitucional y lo prohíja el fallo de casación Penal Nº 3266 de enero 23 de 1991, el cual transcribe en lo pertinente a folios 69 a 72 de la demanda de casación. De otro lado, destaca el censor que resulta contradictorio a la naturaleza y esencia de la función, el servicio público y la relaciones jurídicas en general, que el Estado frente a los posibles actos ilegales del secuestre, sea un simple observador irresponsable, que frente a las “funciones” de éste sólo tenga la potestad, pero ninguna responsabilidad, porque ello contradice el principio de que no puede haber derechos sin obligaciones, y sean las partes las que asuman el pago del secuestre y los interesados los que constituyan la póliza de seguros que es la única garantía real o tentativa que ofrece indemnizar el deterioro o la pérdida de los bienes en manos del secuestre.

5. Para el censor los jueces y magistrados no tienen la facultad de designar un secuestre para determinado proceso confiriéndole una función pública porque no les ha sido atribuida esa potestad por la Constitución o la ley. “ De aquí que el artículo 8º del C. de P. Civil deba puntualizar con toda precisión que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos, no empleos ni cargos en el sentido jurídico-administrativo, porque los nominadores son ayunos de la facultad de

generar esas categorías”.

6. De igual forma, para el recurrente no existe norma expresa que señale quiénes ejercen funciones públicas para efectos del artículo 20 del C. Penal ni esta regla lo 8 Fl. 72 de la demanda.

9 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. expresa, reduciéndose así a una NORMA EN BLANCO que precisa de complementación en otra ley positiva que para el caso de los auxiliares de la justiciay específicamente de los secuestresno se ha producido9.

7. Por lo anterior, considera el casacionista que su defendida María Deisy Piratoba Quintero “ no podía ser considerada como particular que transitoriamente hubiese sido investida de funciones públicas, sino como un mero particular que para un caso determinado y en circunstancias excepcionales recibió un bien del Estado, a título ambiguo de secuestre o depositaria, para custodiarlo y administrarlo, razón por la cual la violación deliberada y consciente de sus deberes sólo podía encajar en las previsiones del artículo 250 de la Ley 599 de 2000, como “abuso de confianza calificado”, del cual son sujetos activos los particulares que se apropien en provecho suyo o de un tercero de bienes muebles “abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública” y de la Fiscalía General de la Nación sólo recibió un oficio público de naturaleza contingente, sin funciones propias del servicio público ni de los fines políticos o sociales de la administración pública o de justicia10.

Por las anteriores consideraciones y con apoyo en lo expuesto en la casación del 11 de Marzo de 2003, en que la Corte Suprema de Justicia, precisó que la Ley 599

de 2000, dejó de considerar el delito de peculado por extensión, pues reservó el tipo de peculado “únicamente para cuando es cometido por servidores públicos; y, en cambio, ubicó esa conducta, cuando es cometida por un particular, en los delitos contra el patrimonio económico, como circunstancia agravante del abuso de confianza calificado” delito defraudatorio del patrimonio económico del Estado, sin relación alguna con la función pública. Postura de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró en casación del 6 de mayo de 2004 y 8 de septiembre del mismo año (Rdo.20.371). Así las cosas, asevera el recurrente que los funcionarios judiciales que conocieron del proceso incurrieron en violación directa de la normatividad sustancial al calificar, enjuiciar y condenar a la procesada por el delito de peculado por apropiación por vía extensiva, cuando debió ser por abuso de confianza calificado de que trata el artículo 250 del C. Penal de 2000, normatividad vigente para todos esos momentos procesales. 9 Fl. 75 de la Dda. 10 Fl.77 Dda. 10 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero. Y ahora en razón a que la cuantía de lo apropiado individualmente no sobrepasaba los 50 salarios mínimos legales mensuales, no obstante que las faltas de apropiación reiteradas fueron consideradas como delito continuado, lo cual no autoriza la suma de todas las apropiaciones como una sola para efectos de la cuantía, por más que los hechos punibles como tales se consideren como un

solo delito para efectos de la sanción, el conocimiento de los delitos sería de la competencia de los Jueces Penales Municipales en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 del C. de P. Penal de 2000. Aunque reconoce el censor que durante buena parte de la comisión de los ilícitos estuvo vigente el artículo 138 de la Ley 100 de 1980, la defensa considera más favorable tanto el artículo 250 de la Ley 599 de 2000 como la Ley 600 del mismo año en cuanto al contenido sustantivo de sus previsiones, “pues el artículo 138 del derogado Código Penal autorizaba la remisión al artículo 133 ibídem, que además de partir de seis (6) años de prisión disponía a su vez un aumento punitivo de “hasta la mitad”, mientras que el artículo 250 de la nueva codificación parte de un mínimo de tres (3) años de prisión en tanto que su artículo 267 autoriza un incremento ‘de un tercera parte a la mitad’, estableciendo un mínimo forzoso para el juzgador”. Por lo anterior, el recurrente solicita a la Corte decrete la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de acusación para que se proceda a la adecuada calificación de los hechos como “abuso de confianza calificado” y se remita luego el expediente al conocimiento de los señores Jueces Penales Municipales de Pereira. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DELEGADA Pese a que el demandante solicitó, de manera subsidiaria, la nulidad de lo actuado desde la resolución de acusación por cuanto, según él, se incurrió en errónea calificación, pues dada la condición de particular de María Deisy Piratoba

Quintero, no podía ser acusada, enjuiciada y condenada por un delito contra la administración pública, y en concreto de peculado por apropiación, sino de abuso de confianza calificado, como delito continuado contra el patrimonio económico en cuantía inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales de competencia de los jueces penales municipales, se tiene que atendiendo al principio de prioridad, entra la Delegada en primer lugar a estudiar el cargo que debió ser planteado como principal. 11 Cas. 26952 María D. Piratoba Quintero.

1. Las pruebas acopiadas señalan a través de prueba documental (acta que contiene la diligencia de embargo y secuestro unidad comercial Hotel Torreón) que tras resolución proferida por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo en Pereira el 19 de noviembre de 1999, diligencia de secuestro de la unidad comercial Hotel Torreón y fue designada como secuestre del mismo a María Deisy Piratoba Quintero, quien para esa fecha se desempeñaba como gerente del mencionado establecimiento (fl. 13, c.o.1).

En la diligencia de secuestro la Fiscal de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho del Dominio y contra el Lavado de Activos, según consta en el acta de embargo y secuestro de la unidad comercial (Hotel Torreón) declaró “legalmente secuestrado el establecimiento comercial. Y se le hizo saber a la señora María Deisy Piratoba Quintero que se le ha designado como secuestre de

los bienes relacionados, haciéndosele saber cuáles son sus obligaciones y deberes, entre ellas la de informar sobre su gestión durante los cinco primeros días de cada mes a la Dirección Nacional de Estupefacientes…a disposición de quien queda el mismo, a partir de este instante y quien dispondrá lo de su cargo con la designación y queda así posesionada al efecto. Se le hace saber que deberá responder por el inventario, los ingresos, egresos, en general la administración del establecimiento de comercio para que siga cumpliendo su objeto social, además rendirá cuentas a la Dirección Nacional de Estupefacientes y se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 681 y 682 numeral 6 del C.P. C, se le advierte además que no puede disponer de los bienes que conforman el inventario del establecimiento. Se le recuerda además que en el evento de no cumplir con las obligaciones legales dará lugar a que se le remueva del cargo y demás acciones penales y administrativas a que halla lugar. En el evento en que se aparte de sus obligaciones, las que conservará mientras la Dirección Nacional de Estupefacientes lo remueva del cargo y/o decida sobre su destinación provisional conforme a los parámetros normativos indicados en el decreto 306 de febrero 13 de 1998 y demás normas concordantes… En desarrollo a lo dispuesto en la Ley 333 de 1996 y estando presente la doctora Juliette Astrid Valencia Gaviria … en su calidad de representante de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se procede a hacer entrega de los bienes muebles descritos en la presente acta…”. El 22 de noviembre de 1999, la Fiscalía comisionada en cumplimiento de la resolución de 19 de noviembre del mismo año, adelantó diligencia de ocupación

sobre el inmueble ubicado en la Av. 30 de agosto cls 41 y 42 Nº 41 y 42 Nº 41-37 (Hotel Torreón) y en el acta correspondiente se dejó constancia que el abogado representante del propietario del bien (Ramiro de Jesús Zuluaga) interpuso 12 Cas. 26952 María D. Pir