PGN - RECURSO DE APELACION - Debe contener las razones de hecho y derecho que caracterizan

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación #: 162-44213-00

Disciplinado: María Ángela Muñoz Moncayo Cargo y entidad Alcaldesa de Florencia (Cauca) Quejoso Alonso López Rojas Fecha Queja 8 de mayo de 1999

Fecha Hechos 15 y 23 de diciembre de 1998 Asunto Proferir fallo de segunda instancia Bogotá D.C., 08 de Abril de 2002 ASUNTO Se procede a desatar el recurso de apelación, sustentado oportunamente por la señora MARÍA ÁNGELA MUÑOZ MONCAYO, Alcaldesa de Florencia (Cauca). DECISIÓN CONFUTADA Mediante resolución 002, del 21 de febrero de 2000, la Procuraduría Regional del Cauca dictó fallo de primera instancia absolviendo, de una parte, a la señora María Ángela Muñoz Moncayo y, de otra, sancionándola, por hallarla disciplinariamente responsable de los cargos consistentes en: “SEGUNDO CARGO Destinar o utilizar indebidamente dineros que egresaron del presupuesto para pagar una obligación comercial con la ferretería Golass, para cancelar en efectivo parte del precio de un inmueble que el municipio había adquirido con el señor Jair Muñoz, según hechos ocurridos en el es (sic) de diciembre de 1998. TERCER CARGO Expedir una constancia de elementos de obra recibidos de la ferretería Golass, el 17 de diciembre de 1998, constancia que riñe con la verdad pues tales elementos nunca fueron adquiridos por el municipio. Al actuar así infringió el artículo 40

numeral 21 de la Ley 200 de 1995”1. La conducta atribuida a la señora MUÑOZ MONCAYO fue imputada a título de dolo y calificada como grave, con fundamento en lo cual se le impuso la sanción de suspensión de funciones sin remuneración por noventa (90) días. La Procuraduría Departamental del Cauca absolvió a la señora MARÍA ÁNGELA MUÑOZ MONCAYO, por el cargo consistente en: “Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo al apropiarse presuntamente de la suma de $965.000 que le fueron entregados por el docente Carlos 1 Folio 106 cuaderno principal Humberto Gualguan Luna, Rector del Núcleo y desarrollo educativo de Florencia, dinero que fue sacado del presupuesto municipal para pagar una obligación comercial ficticia con la ferretería Golass, según hechos ocurridos en diciembre de 1998”. Al dictar fallo absolutorio por el cargo trascrito, el a quo consideró que el mismo había sido desvirtuado con las pruebas aportadas por la disciplinada en sus descargos. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN En el escrito de sustentación del recurso de apelación, la señora MARÍA ÁNGELA MUÑOZ MONCAYO solicitó, la revocatoria del fallo sancionatorio, para que en su lugar sea exonerada de los cargos endilgados y de la sanción impuesta, por las siguientes razones:  No se le ha aplicado el principio de favorabilidad porque actuó en estricto cumplimiento de un deber legal y con pleno conocimiento de que no estaba

infringiendo norma alguna.  La primacía del interés general sobre el particular.  La ausencia de dolo en sus actuaciones.  La posible existencia de cometer errores de forma pero no de fondo para dar cumplimiento al interés general. En desarrollo de tales argumentos señala: - La administración municipal adquirió el predio para la ampliación y cerramiento de la escuela las Cuchillas, por petición y en beneficio de la comunidad; con el fin dejar un patio para la escuela y poder cerrarla, para así darle seguridad a los niños, fue necesario comprar el lote contiguo. En este punto la impugnante se dedica a transcribir las normas que considera respaldas su actuación, en especial aquellas relacionadas con el principio de la eficiencia en el desempeño del cargo y en beneficio de la administración municipal - Afirma que es posible que por cumplir los postulados constitucionales y legales, haya cometido errores de forma, pero fue para cumplir las obligaciones adquiridas como primera autoridad del municipio. - Está demostrado, como lo dijo el investigador, que en su conducta hay ausencia de dolo, por eso fue exonerada de responsabilidad disciplinaria, por parte de la Procuraduría Regional del Cauca, y fiscal, por parte de la Contraloría General del Departamento, cuando consideró que no hubo menoscabo al patrimonio económico del municipio de Florencia – Cauca. - Existe la posibilidad de haber cometido algunas fallas de forma, como las siguientes:  No es cierto lo de la vigencia porque los recursos fueron asignados en 1998, el compromiso de la compra del lote se celebró en diciembre y el dinero se entregó físicamente en 1999.

 La expedición de la constancia de recibo de los materiales no se hizo de mala fe, sino para viabilizar que se tramitara el pago total a la Ferretería y poder cancelar la mitad de ese valor al dueño del lote en mención, con lo cual se lograba efectuar la operación con el compromiso de que los materiales restantes permanecían en la bodega para después hacer el cerramiento de la escuela. - Hay declaraciones como la del concejal VÍCTOR ERAZO BENÍTEZ, quien señala como correctas las actuaciones de la alcaldesa.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

DE LA CONSULTA

1. El grado de consulta ha sido establecido como un mecanismo procesal para la defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales2. En el caso sometido a examen, la Procuraduría Regional del Cauca absolvió a la señora MARÍA ÁNGELA MUÑOZ MONCAYO, por el considerar desvirtuado el cargo formulado, el cual se concretaba a haber derivar un evidente e indebido provecho patrimonial en ejercicio de su cargo, al apropiarse de $965.000 pesos.

Es claro, como bien lo adujo el a quo, que el monto según el cual la disciplinada había incrementado su patrimonio, en realidad no ingresaron a su peculio, porque los novecientos sesenta y cinco mil pesos ($965.000,00) que según el pliego de cargos ella se había apropiado, fueron entregados al señor RICARDO EMIRO

GÓMEZ LASSO.

Lo anterior se comprueba con el recibo firmado por el señor GÓMEZ y con lo dicho en su declaración, según la cual, la alcaldesa le pagó en efectivo los 87 bultos de

cemento, 2 tablas y 2 libra y media de clavos, en la suma antes dicha. Considerando que el cargo fue contundente y claro, al establecer evidente e indebido incremento patrimonial por parte de la señora MARÍA ÁNGELA MUÑOZ MONCAYO, es inexorable impartir confirmación a la decisión de absolución tomada por la Procuraduría Regional del Cauca, por estar en consonancia con los hechos y con el derecho. Ahora, es necesario precisar lo siguiente. En el fallo confutado el a quo expreso: “Con estas pruebas aportadas en descargos se desvanece la primera imputación pues el evidente e indebido provecho patrimonial por parte de la alcaldesa MUÑOZ MONCAYO, el apropiarse de la suma de $965.000 desaparecen pues tal dinero, aunque en forma extemporánea e irregular, si fue entregado al dueño de la Ferretería Golass para el pago parcial de los materiales que inicialmente se compraron mediante la orden de pedido 0410 y las facturas 0136 por valor de $2.000.000”3 (Subrayas y cursivas de la Delegada). 2 Artículo 109 Código Disciplinario Único. 3 Tercer párrafo del folio 101 cuaderno principal. Al considerar irregular el comportamiento de la disciplinada en el punto relacionado con la entrega extemporánea del dinero, al dueño de la Ferretería Golass, es claro que el comportamiento en tal sentido debía ser objeto de reproche disciplinario, como en efecto lo fue en los dos cargos por los cuales fue sancionada, porque salta de bulto lo anormal del comportamiento de la señora MUÑOZ MONCAYO, al

dirigirse a la residencia del proveedor a llevarle, en efectivo, el valor de los materiales que debía suministrar a la administración municipal. En estas condiciones, como se dijo, la absolución dictada a favor de MARÍA ÁNGELA MUÑOZ MONCAYO será confirmada, por vía del grado de consulta que ocupa la atención de esta instancia.

DE LA IMPUGNACIÓN

2. Sobre las premisas necesarias para la procedencia del recurso de apelación la Corte ha dicho: “...No existe una sustentación que se amolde al querer del legislador en lo dispuesto en la Ley 2ª de 1984, por cuanto el recurrente no aporta ningún elemento crítico respecto de la providencia contra la que interpone su recurso, es decir, no se exponen las razones de hecho y derecho que caracterizan la discrepancia. La mención expresa de que en escrito anterior al auto impugnado se habían hecho algunas argumentaciones antagónicas, carece de fuerza procesal, pues de lo que se trata es de realizar un análisis, así sea somero, sobre el contenido del proveído recurrido, lo cual compromete a quien lo interpone en el deber de exponer los puntos de crítica, de tal manera, que en el juez de segunda instancia quede la plena certeza de que se trata, no de un elemento dilatorio, sino de un aporte serio al debate judicial de que se trata, lo cual contribuye a la economía procesal y a la guarda de la majestad de la justicia.

La H. Corte ha advertido tal situación cuando dijo: “...No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se

indiquen en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria”. (Subraya la delegada. Auto, sep. 11/84). Lo anterior nos enseña que el memorial donde se interpone el recurso debe contener un desarrollo cuya premisa mayor es el fallo o auto a controvertir, la menor, la verdad en los términos y concebidos por el recurrente, y la conclusión, que es la petición de reforma o revocatoria. Argumentos que, como se dijo, no deben ser ampulosos, aunque no por ello carentes de rigorismo lógico; la libertad que se plantea para el memorialista radica en la forma de expresión, en su extensión, pero no en la estructura conceptual del argumento...”4. 4 En auto de diciembre 11 de 1984, la Corte Suprema de Justicia transcribió las observaciones formuladas por el Procurador Segundo Delegado en lo Penal, Dr. Álvaro López Dorado, y que la Corte compartió. En lo relacionado con la sustentación, se ha escrito: “Es un plausible avance el legislador patrio… subordinó la admisibilidad del recurso de apelación al cumplimiento por el recurrente del deber de sustentarlo. Y sustentar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa mantener, es decir, en la acepción más afín con la materia regulada, “defender o sustentar una opinión o sistema”. Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión esta derivada de la voz latina impugnare, que significa “combatir, contra

decir, refutar”, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación. Esta es y tiene que ser justamente, a juicio de la Corte, la filosofía jurídica que contiene el precitado artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y con ese criterio debe interpretarse; otra interpretación de esta norma significa, a más de un análisis exegético del precepto, distorsionar su propia y peculiar etiología. Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, “si hay prueba de los hechos”, “no están demostrados los hechos”, u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógicojurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado”.5 Es justamente lo ocurrido en el en el sub judice: la apelante anunció su inconformidad frente a la decisión sancionatoria del a quo y se anticipó a solicitar la revocatoria del fallo, para que en su lugar se le exonere de responsabilidad, pero olvidó sustentar su pedimento con razones de hecho y de derecho, no se defendió ni sustentó su criterio, no expresó las razones concretas por las cuales disentía de los argumentos expuestos en el fallo de primera instancia y por las que debía ser revocado, de modo que sobre este tópico es necesario declarar desierta la alzada y no entrar en disquisiciones sobre la responsabilidad de la funcionaria sancionada.

3. En efecto, la señora MUÑOZ MONCAYO, a lo largo de su escrito, se dedicó a expresar las razones de interés general que la llevaron a adquirir un predio contiguo 5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de agosto 30 de 1984. a la escuela municipal de Florencia (Cauca), cómo hizo la negociación, cuáles normas justifican su proceder, pero olvidó que en el caso in examine no se investigó irregularidad alguna relacionada con la compra de inmuebles, sino a la destinación que se le dio a unos recursos y a lo espurio de una constancia por ella expedida.

En el escrito de censura no se encuentran las razones que combatan los argumentos expuestos en forma clara y concreta por el fallador de primera instancia: solo se presentan explicaciones de orden moral que no pueden ser de recibo para

este Despacho como sustento de la impugnación, pues es su deber como apelante exponer los puntos de crítica, de tal manera, que el fallador de segunda instancia quede con plena certeza de que se trata, no de un elemento dilatorio, sino de un aporte serio al debate procesal. Entrar en debate sobre la responsabilidad de la investigada, sería tanto como aceptar que el escrito de censura está adecuadamente sustentado y como se dijo, el pedimento de revocatoria no tiene fundamento alguno, por lo que la censura formulada será declarada desierta, como en efecto se decidirá. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado de la Moralidad Pública, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero del fallo absolutorio consultado, proferido por la Procuraduría Regional del Cauca, mediante resolución 002, del 21 de febrero de 2000, por las razones expuestas en esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR desierta la impugnación del fallo sancionatorio proferido contra la señora MARÍA ÁNGELA MUÑOZ MONCAYO, en su condición de Alcaldesa del Municipio de Florencia (Cauca), según lo expuesto en la parte motiva de este pronunciamiento.

TERCERO: Por el a quo se harán las comunicaciones de rigor.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y

DEVUÉLVASE AL DESPACHO DE ORIGEN

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Procurador Delegado JFRC/Cptf. 25/02/2002