PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Mandamiento orden de pago

RECURSO DE APELACIÓN-Contra la decisión de archivo definitivo a favor de la gerente del hospital Reina Sofía de España de Lérida, por presunto incumplimiento de la orden del mandamiento de pago ordenada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué RECURSO DE APELACIÓN-Procedencia COMPETENCIA-Sala disciplinaria ordinaria de juzgamiento RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Proscrita en materia disciplinaria 1

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO

Radicado N° 1618238 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Aprobado en Acta de Sala N° 26 Radicación IUS-E-2018-314548/ IUC-D-2018-1142208 (161-8238) Disciplinados: FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO Cargos y entidad Gerente Hospital Reina Sofia de España – E.S.E – del Municipio de Lérida en Tolima. Quejoso Jaime Alberto Leyva Fecha queja 26 de febrero de 2018

Fecha de los hechos: Durante la vigencia de 2017

Asunto: Se decide recurso de Apelación – Confirma Archivo.

P.D. PONENTE: ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Jaime Alberto Leyva, contra la decisión emitida el 31 de agosto de 2020 por la Procuraduría Regional del

Tolima que archivó las diligencias durante la etapa de investigación disciplinaria.

II. HECHOS Se iniciaron las presentes diligencias con ocasión de las copias remitidas desde la Contraloría Departamental del Tolima, que allegó la queja del 23 de febrero de 2018, formulada por el abogado Jaime Alberto Leyva, apoderado judicial de la firma SERVISUAL S.A.S, quien denunció presuntas irregularidades cometidas por la Gerente del Hospital Reina Sofía de España del municipio de Lérida – Tolima, por el posible incumplimiento de la orden del mandamiento de pago ordenada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué mediante auto del 22 de marzo de 2017 dentro del proceso ejecutivo con radicación 73001-33-40-0102016-00301-00.

III. ANTECEDENTES PROCESALES Frente a los hechos denunciados, la Procuraduría Regional del Tolima mediante auto del 14 de septiembre de 2018 dispuso adelantar indagación preliminar1 en contra de la señora Fanny Gómez, en su condición de gerente del Hospital Reina Sofía de España del municipio de Lérida – Tolima, con el fin de agotar los parámetros de la Ley 734 de 2002 en el artículo150, ordenando allí la práctica de pruebas.

Agotada dicha etapa, mediante auto del 21 de junio de 2019 se inició formal investigación disciplinaria en contra de FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO, como gerente del mentado hospital municipal, ordenando la práctica de otras pruebas orientadas a esclarecer los hechos objeto de denuncia.

1 Folios 106 a 108 Cuaderno principal. 2

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Radicado N° 1618238 Durante aquella etapa, se pudo constatar los siguientes aspectos: -. La condición de gerente en ese hospital de la disciplinable Fanny Yaneth Gómez Pacheco, desde el 16 de diciembre de 2016, allegándose constancia de su nombramiento y acta de posesión (fls. 117 al 119). -. Fue allegada la certificación del 26 de septiembre de 2018 expedida por la auxiliar administrativa responsable del área de presupuesto y tesorería del mentado hospital, donde indicó que durante las vigencias de 2017 y 2018 dentro del rubro gastos de funcionamiento 2.1.03, transferencias corrientes 2.1.03.98, otras transferencias 2.1.03.98.07 sentencias y conciliaciones del presupuesto de la vigencia 2018 fue de $20.153.164,oo. -. Mediante el oficio 1604 del 18 de julio de 2019 el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué informó que la fecha precisa en que se libró el mandamiento de pago fue el 22 de marzo de 2016, es decir, con anterioridad a la posesión de la funcionaria investigada y a la presentación de la demanda, lo que indica que al parecer se trataba de un error de digitación. -. También se informó sobre las actuaciones desarrolladas en el trámite del proceso ejecutivo, adjuntando en medio magnético – Cd romcontentivo de cinco (5) archivos en formato PDF, correspondientes al expediente del proceso ejecutivo adelantado en contra del Hospital municipal Reina Sofía de España de Lérida –

Tolima. (fls. 161 a 163). -. Se allegó escrito del 26 de julio de 2019, mediante el cual, la disciplinable Fanny Yaneth Gómez Pacheco, remitió fotocopia de las providencias emitidas por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 23 de enero de 2018, y diera cuenta de la proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima del 02 de mayo de 2019 que revocó la del a quo. -. El manual de funciones del cargo de gerente del Hospital Reina Sofía de España, durante la vigencia del 2017, la hoja de vida y constancia de tiempo de servicio de la investigada en ese cargo, así como del contrato de prestación de servicios suscrito entre ese hospital y el abogado William Javier Rodríguez Acosta, quien asumió la representación judicial de la entidad para el año 2017, quien frente a su gestión presentó los respectivos informes. Es así como, luego de recaudar todas las pruebas ordenadas en dicha etapa procesal, la procuraduría Regional del Tolima mediante decisión del 31 de agosto de 2020, dispuso la terminación de la actuación y el archivo definitivo de la investigación disciplinaria2, al verificar que ante los hechos investigados no existió irregularidad alguna que constituya falta ni afectación al deber sustancial respecto de la funcionaria Fanny Yanet Gómez Pacheco. Inconforme con dicha determinación el quejoso Jaime Alberto Leyva dentro del término legal presentó recurso de apelación que fue concedido mediante proveído del 2 de octubre de 20203. 2 Folios 21al 221 ídem

3 Véanse folio 245 ídem. 3

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Radicado N° 1618238 La alzada fue remitida ante la procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz, quien mediante auto del 03 de agosto de 20214, remitió el asunto ante esta Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, dada las nuevas competencias internas que se nos asignaran.

IV. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA La procuraduría Regional del Tolima mediante decisión del 31 de agosto de 2020 ordenó la terminación de la actuación y dispuso el archivo definitivo del proceso por cuanto al valorar el material probatorio recaudado, no observó irregularidad alguna que constituya falta disciplinaria.

Luego de precisar aspectos concernientes al principio de legalidad y debido proceso constitucional, evaluar las pruebas y verificar si existió alguna irregularidad con relación a la supuesta omisión en el pago ordenado el 22 de marzo de 2016 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, se constató que el hecho presuntamente anómalo estaba relacionado con el conflicto o litis suscitado a propósito de la presunta obligación insoluta por parte del hospital Reina Sofía de España E.S.E de Lérida – Tolima a la demandante SER VISUAL S.A.S, con ocasión de las sumas adeudadas de la liquidación bilateral de los contratos de prestación de servicios profesionales números 226 y 410 del año 2015. Situación aquella que no constituye falta disciplinaria alguna, por cuanto, se trata

de un proceso ejecutivo en el que la disciplinable como gerente y representante del hospital, demostró siempre su actuar diligente para evitar afectación al patrimonio de la institución a su cargo. Fue así como, mediante apoderado judicial desplegó todos los actos defensivos en favor de la entidad, logrando no solo que se ajustara el monto de la obligación, sino que los recursos se utilizaron con el propósito de evitar mayores perjuicios al hospital, como embargos de sus cuentas y retención de dinero. Actuaciones que conforme las providencias aportadas como prueba, dieron cuenta de una defensa judicial activa que produjo como resultado que el Tribunal Administrativo del Tolima mediante decisión del 2 de mayo de 2019 revocara la decisión del 13 de febrero de 2018 por medio de la cual, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué había decretado una medida cautelar de embargo y retención de dineros en contra de la ejecutada entidad prestadora de salud. Se constató además, que la mora en el pago del monto adeudado no obedeció a un actuar caprichoso de la encartada, sino que fue producto de dificultades financieras por el déficit en el recaudo de cartera y la falta de presupuesto para cubrir algunas obligaciones, pues, así se observó de la constancia emitida por la auxiliar administrativa responsable del área de presupuesto y tesorería quien certificó que la asignación presupuestal para pago de sentencia en esa entidad 4 Folios 275 ídem. 4 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618238 correspondió a la suma de $24.988.971 para el año 2017 y de $20.153.164

durante el 2018. Concluyendo que resultaba imposible a la gerencia de esa entidad prestadora de salud disponer de recursos inexistentes para saldar dicha obligación; tampoco, que la gerente investigada estaba obligada a responder con su peculio por una obligación financiera de la institución adquirida antes de su posesión como gerente en el mentado hospital. Motivos por los cuales, al verificarse que no se presentara un hecho constitutivo de falta disciplinaria que pudiese endilgarse a la servidora Fanny Yaneth Gómez Pacheco como Gerente del Hospital Reina Sofía de España de Lérida – Tolima, para la época de los hechos, se aplicó lo reglado en la Ley 734 de 2002 (Artículos 4, 23 y 73), referente a que solo deben ser investigados y sancionados sus destinatarios por comportamientos descritos en esa normativa al momento de su realización y cuando no existen motivos fundantes para ello, se debe proceder a archivar y terminar la actuación, como en efecto se procedió. Es así como concluyó que frente al acervo probatorio allegado a la investigación no se demostró los requisitos indispensables para estructurar la afectación del deber funcional desde la óptica sustancial, tampoco se observó una conducta dolosa o culposa; razón por la cual, dispuso el archivo y terminación de la actuación.

V. ARGUMENTOS DEL RECURSO.

Manifestó el quejoso, que existió un hecho omisivo por parte de la gerente denunciada al no acatar lo dispuesto dentro del proceso ejecutivo (Rad. 301 de 2016) promovido por la empresa SERVISUAL S.A.S en contra del hospital, dado el incumplimiento a la orden del mandamiento de pago

(Art.488 C.P.C) emitida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué sin que se hiciera efectiva por más de cuatro años, no existiendo justificación alguna para evadirla. Advierte que, durante el decurso del proceso ejecutivo el apoderado del hospital no se opuso a las pretensiones de la demanda y no presentó excepciones de mérito; motivo por el cual, el despacho judicial ordenó seguir con la ejecución ordenando el pago de la obligación sin acatar la orden dada por la judicatura. Señala que con la postura del a quo, resultaría fácil para cualquier gerencia evadir el cumplimiento de las decisiones judiciales argumentando dificultades financieras por el difícil recaudo de cartera y la falta de presupuesto para cumplir con sus obligaciones y de paso dejar de cumplir con el deber funcional. Indica que en el decurso procesal no se observó que se haya incluido en el presupuesto del hospital el rubro correspondiente para cumplir la orden judicial durante los años 2016 al 2020, inclusive. 5

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Radicado N° 1618238 Adujo que se actuó en contravía de lo establecido por los artículos 192 y 195 del CPACA (Ley 1437 de 2011), demás normas complementarias y que regularon el pago de los valores dispuestos en sentencias judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones, hasta tanto entrara en funcionamiento el fondo de contingencia señalado en el artículo 194 Ibidem; es decir, que entratándose de una Empresa Social del Estado del orden Departamental debió adelantar dicho procedimiento que nunca se hizo y su conducta

siempre fue evasiva puesto que, pese de existir una sentencia judicial nunca fue cumplida. Manifiesta que es errada la postura del a quo cuando dispuso el archivo bajo el argumento que la ejecutada no contaba con recursos, situación que no tiene respaldo probatorio por cuanto recibe ingresos mensuales directos desde ADRES antes FOSYGA, pero nunca se tuvo el propósito de llegar a un acuerdo conciliatorio, mucho menos de cancelar lo adeudado. Por ese motivo, asegura que la conducta de la gerente es dolosa, por cuanto durante su trayectoria en otras entidades de salud conoce que el hecho de no cumplir una decisión judicial es constitutivo de falta disciplinaria, su incumplimiento trasgrede la ilicitud y a pesar de tener presupuesto no hizo nada para cumplir la decisión judicial, actuar que afianzó mediante el abogado que contrató para ejercer la defensa de la entidad. También adujo que se presentó un actuar omisivo y negligente (culposo) por parte de la gerente por no realizar las gestiones financieras y administrativas ante la junta directiva que preside el Gobernador del Tolima e incluir dentro del presupuesto de la entidad el pasivo para cumplir la orden dada dentro del mentado proceso ejecutivo. Concluyo señalando que el artículo 39 de la Ley 734 de 2002 establece como un deber de los funcionarios públicos “cumplir las decisiones judiciales”, e incumplirlas constituye no solo falta disciplinaria, sino que configura el delito de fraude a resolución judicial por la burla dada a la orden judicial. Esos, entre otros argumentos planteados por el recurrente por los cuales solicita sea revocada la decisión por cuanto la conducta desplegada por la

disciplinable raya con los deberes de todo servidor público y demostrado está el incumplimiento de la sentencia judicial que estaba debidamente ejecutoriada.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia. 6

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Radicado N° 1618238 Esta Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de archivo proferida por el procurador Regional del Tolima el 31 de agosto de 2020 con fundamento en la designación especial dispuesta por el viceprocurador general(e) con funciones de Procurador General de la Nación, mediante la Resolución interna 138 del 29 de abril de 2022, aclarada por la resolución 183 del 2 de junio de la misma anualidad5 Resoluciones que formaran parte de esta decisión. (se adjunta fotocopia de cada una de ellas). 6.2. Análisis del caso. La Sala decidirá el recurso verificando si por parte de la servidora Fanny Yaneth Gómez Pacheco actuando como Gerente del Hospital Reina Sofía de España -E.S.E.- del Municipio de Lérida – Tolima, se incurrió en algún acto omisivo al no cumplir con la orden de mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo 010-2016-0301 que adelantó el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué; o, por el contrario, su actuar se encuentra justificado por cuanto se hizo en defensa de los intereses del hospital. Indiquemos en primer lugar que el recurso de apelación según lo señala el artículo 115 Ley 734 de 2002 procede únicamente contra las decisiones “…

que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia…”. Atendiendo la queja presentada por el ciudadano Jaime Alberto Leyva, desde la procuraduría Regional del Tolima se inició indagación preliminar, cuya finalidad conforme lo establece el artículo 150 ibídem, fue: “verificar la ocurrencia de la conducta, y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”. Luego se inició formal investigación, se practicaron pruebas en ambas etapas procesales a fin de esclarecer los hechos objeto de averiguación. Fue así como se allegó fotocopia de todo lo actuado dentro de la demanda ejecutiva, observándose la decisión emitida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué del 22 de marzo de 20166 que ordena a la gerencia de la Empresa Social del Estado Reina Sofía de España realizar el pago del título ejecutivo en favor de SERVISUAL S.A.S, y que posteriormente, el 26 de julio de 2017 el mismo despacho judicial ordenara continuar adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago dado el silencio de la parte pasiva. 5 Aclarada mediante Resolución No. 183 del 2 de junio de 2022 en el sentido que esta Sala Disciplinaria de Juzgamiento conocerá como funcionario especial en segunda instancia los procesos señalados en el artículo primero de esa misma mentada resolución, incluido el asunto bajo estudio. 6 Folios 46 al 52 ídem. 7

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Radicado N° 1618238

Luego de producirse algunas constancias y trámites secretariales, el despacho ejecutor mediante decisión del veintiséis (26) de julio de 20177 dispuso que las partes presentaran la liquidación del crédito en la forma indicada por el artículo 446 del C.G.P; así lo hizo el representante de la parte actora el 29 de mayo de 20178, seguidamente se liquidaron y aprobaron las costas procesales en favor de la parte actora mediante proveído del seis (6) de diciembre de 2017. Después se corrió traslado por el término de tres días (Art. 446 Inc. 2° del C.G.P) de la liquidación del crédito, trámite secretarial realizado durante los días 19 de diciembre de 2017; 11 y 12 de enero de 2018, respectivamente. (folio 73). Atendiendo el traslado de la liquidación del crédito, el representante legal del Hospital Reina Sofía de España – E.S.Ede Lérida – Tolima, mediante su apoderado judicial William Javier Rodríguez Acosta presentó objeción dentro del término legal, al considerar que la parte demandante incurrió en inconsistencias que afectaban el patrimonio del hospital; es decir, se presentó un cobro por una suma de casi el doble del capital como intereses causados en dos años9. Por tal motivo, el despacho cognoscente mediante decisión del 23 de enero de 2018 tras revisar ambas liquidaciones decidió modificar el crédito en la suma de $102.244.516.16, disminuyendo la suma presentada por la parte ejecutante10. Inconforme con aquella decisión, la parte ejecutada presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación al considerar que la actualización del capital no corresponde a la realidad11. Del recuento procesal realizado en precedencia, contrario a lo señalado por el quejoso y recurrente, observa la Sala que todos las actuaciones surtidas al interior del proceso civil se realizaron conforme al procedimiento regulado por esa normativa; también los actos que desplegó el representante del hospital designado para defender los intereses y capital de la Empresa Social del Estado se hicieron dentro del marco procesal, al punto que, el juzgado nunca los rechazó, tampoco tildó como actos dilatorios o temerarios. La sala además considera, que si no se canceló en su momento la suma pretendida por la empresa SERVISUAL S.A.S dentro del cobro ejecutivo, es dada las peticiones que se realizaron por ambas partes, así como los demás actos procesales; incluso, el tiempo que se agotó en el trámite de la ob7 Véase folios 65 al 66 ídem. 8 Mírese los folios 67 al 70 ídem. 9 Folios 74 al 78 ídem. 10 Folios 84 al 85 ídem. 11 Folios 86 al 88 ídem. 8 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618238 jeción propuesta por esta última en donde por parte del superior funcional que debía indicar finalmente cual era la liquidación que debe cancelar la parte pasiva. Pues es más que evidente que para que se cumplan las decisiones judiciales deben estar debidamente ejecutoriadas, agotándose todos los recursos y actos procesales que resulten procedentes y viables de acuerdo con los

intereses que cada parte representa. Destaca esta colegiatura, que las distintas actuaciones conforme a las providencias emitidas dieron suficiente cuenta de una defensa y estrategia jurídica activa que produjo como resultado que el Tribunal Administrativo del Tolima mediante decisión del dos de mayo de 2019 revocara la decisión del 13 de febrero de 2018 por medio de la cual el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué había decretado una medida cautelar de embargo y retención de dineros en contra de la ejecutada entidad prestadora de salud. La Sala itera que el tiempo transcurrido desde que se libró el mandamiento ejecutivo son propios de la actividad litigiosa y postura que en cada momento procesal ejerció cada una de las partes, sin que con ello se observe un actuar doloso o culposo por parte de la disciplinable para evadir el cumplimiento de la orden judicial, precisamente; por el hecho de que, lo que la normativa exige para el pago definitivo es que la sentencia esté debidamente ejecutoriada. Sumado a lo anterior, también se pudo verificar que la mora del pago sobre el monto adeudado no obedeció a un actuar caprichoso de la disciplinable, sino que fue producto de dificultades financieras por el déficit en el recaudo de cartera y la falta de presupuesto para cubrir algunas obligaciones, situación de la cual dio cuenta la auxiliar administrativa responsable del área de presupuesto y tesorería quien certificó la asignación presupuestal para pago de sentencia con la cual contaba esa entidad durante los años 2017 y

2018. Concluyendo, que resultaba imposible para la gerencia de esa entidad disponer de recursos inexistentes para saldar dicha obligación para

la época que debía hacer efectivo el pago de la deuda. Motivos que para la Sala resultan más que justificados y per se no se configura acto negligente u omisivo por parte de la gerente del hospital Reina Sofía de España para evadir cumplir con la orden judicial, mucho menos, sustraerse de sus obligaciones legales; por el contrario, se advera que su actuar fue siempre en procura y defensa de salvaguardar los recursos públicos y no permitir que se cancelaran sumas no ajustada al capital e intereses realmente adeudados. 9

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Radicado N° 1618238 Contrario a lo señalado por el recurrente, no se puede afirmar que existió detrimento al patrimonio público por la mora en pagar la deuda; mucho menos, incumplimiento de la sentencia cuando se demostró que para aquella época la misma no estaba debidamente ejecutoriada. De allí que no se presente ni deviene responsabilidad disciplinaria alguna por el actuar debidamente ajustado a los deberes funcionales que desplegó la gerente. En cuanto al dicho del quejoso que la materialidad de la conducta se estructura por el solo hecho de haberse ordenado por parte del Juez el pago de la obligación, con el material probatorio allegado al proceso se verificó que ese acto fue atacado por la parte adversa, además, como bien es sabido, para que se estructure la afectación a los deberes funcionales, no solo debe observarse la materialidad del acto que constituiría la responsabilidad objetiva, sino también la ilicitud sustancial de la conducta, el aspecto subjetivo.

Como fundamento de lo anterior, esta Sala12 ha venido señalando que para la verificación de la afectación del deber funcional descrito en el artículo 5° del estatuto disciplinario, y con relación al reparo efectuado por el quejoso apelante ha de tenerse en cuenta que: “(…) En materia disciplinaria no basta con demostrar que se está en presencia de una conducta de acción o de omisión que se aparte objetivamente del deber funcional, es decir, el análisis no puede reducirse solamente a la categoría de la tipicidad, sino que es menester para la configuración de la ilicitud sustancial, que se acredite, además, que ese resultado carece de una explicación jurídica atendible. En otras palabras, como lo sostiene la doctrina «aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial», y, por lo tanto, ello no puede traducirse en la imposición de una sanción disciplinaria, en razón a que está proscrita la responsabilidad objetiva. Igualmente resulta válido el argumento del a quo, en el sentido que, si de la evaluación probatoria se evidenciare la existencia de circunstancias que justifiquen lo acontecido, o, cuando menos, surge duda razonable a favor del servidor investigado, no se habrá configurado el requisito de ilicitud sustancial, y de este modo, el comportamiento típico no podrá ser objeto de responsabilidad disciplinaria…” Por lo anterior, con suficiencia se ha dado cuenta sobre la actuación y

postura que desplegara Fanny Yaneth Gómez Pacheco, en su condición de Gerente de la E.S.E - Hospital Reina Sofía de España en Lérida - Tolima frente a la orden de pago emitida por un Juez de la República en garantía y defensa de los recursos públicos, advirtiendo que con dicho actuar en ningún momento se desconoció la normativa disciplinaria frente a la sustancialidad de la ilicitud como presupuesto indispensable de infracción 12 Decisión de sala Extraordinaria No. 46 del 19 de julio de 2018 – Rad. (161-6685)- D.P Jaime Mejía Ossman. 10 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618238 que merezca realizar algún reproche conforme lo solicita el quejoso y recurrente por parte de esta instancia. Por último, destaquemos que en materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, por lo tanto, si en el caso sub examine no fue posible probar incumplimiento del deber funcional, es decir, si no se demostró la sustancialidad de la ilicitud, a todas luces resulta imposible atribuir alguna responsabilidad o reproche a título de dolo o culpa, sin elemento que así lo pueda constatar, olvidándonos de paso, que constitucional y legalmente debemos siempre presumir (Art. 29 C.N y 9° Ley 734 de 2002) la inocencia de quien se investiga, so pena de transitar por el terreno de una responsabilidad objetiva que como se ha venido mencionando se encuentra proscrita en sede disciplinaria según lo establece el artículo 13 ibídem.

Los anteriores motivos son más que suficientes para que esta Sala confirme de manera integral la decisión proferida por la Procuradora Regional del Tolima el pasado 31 de agosto de 2020, mediante la cual, decidió archivar las diligencias en etapa de investigación, al no advertir ninguna actuación irregular que constituya falta disciplinaria respecto de la servidora encartada Fanny Yaneth Gómez Pacheco. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

RESUELVE: PRIMERO: Confirmar en todas sus partes, la decisión proferida por la procuraduría Regional del Tolima el 31 de agosto de 2020, mediante la cual, ordenó el archivo y la terminación de la investigación disciplinaria adelantada en contra de Fanny Yanet Gómez Pacheco, identificada con la cedula número 65.758.580 expedida en Purificación – Tolima, en su condición de gerente del hospital Reina Sofía de España de Lérida, con ocasión de la queja interpuesta por Jaime Alberto Leyva, conforme se dijo en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala comunicar esta decisión a todos los sujetos procesales, incluyendo al quejoso, a quien se puede ubicar en la

dirección calle 51 # 4B52 Edificio - la Reserva de Piedra Pintada – Apto 905 correo electrónico, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

TERCERO: Devuélvanse las presentes diligencias a la Procuraduría Regional del Tolima en donde tuvieron su origen, para efectos de su archivo

final.

CUARTO: Por la Secretaría de la Sala comunicar la presente decisión a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,

11 SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO Radicado N° 1618238 para lo de su cargo, y registrar las constancias de rigor.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Segundo Delegado Presidente LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO Procuradora Primera Delegada EXP: (161-8238) IUS-E-2018-314548 / IUC-D-2018 -1142208

EMSH/LEGF/JGMB.

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