PGN - RECUSACIÓN - Nulidad elección rector UPC

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-De Rector (E) de Universidad Popular del Cesar al expedirse en forma irregular por violación de Constitución, ley y falsa motivación AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Reglas que se deben tener en cuenta para que se presente según Constitución Política AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Se concreta en libertad académica, administrativa y económica de las Instituciones según sentencia de la Corte Constitucional AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Alcance según la jurisprudencia de la Corte Constitucional La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 1996, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites según jurisprudencia de la Corte Constitucional Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 2018 en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) auto-organización “darse sus directivas” y la de ii) auto-regulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución. RECUSACIÓN-Del trámite de este por parte de miembros de Consejos Superiores

de Universidades Públicas según Jurisprudencia del Consejo de Estado ORDENAMIENTO JURÍDICO-Se encuentra vulnerado en el sub exámine En ese sentido, el Ministerio Público considera que la irregularidad alegada y acreditada, es de carácter sustancial, trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o sentido del acto definitivo de elección, por cuanto el resultado hubiera podido variar si se aceptaban los argumentos de la recusación por parte de la Procuraduría General de la Nación. Dicha circunstancia tiene incidencia sustancial y trascendental en el acto demandado; esto es, que tiene un efecto útil para desvirtuar la presunción de legalidad de la designación de……como Rector encargado de la Universidad Popular del Cesar; por lo tanto, dicho cargo está llamado a prosperar. Por consiguiente, al existir claridad sobre las recusaciones y sobre el actuar irregular de los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar de continuar con un trámite que debía estar suspendido, se avizora vulnerado el ordenamiento jurídico y, en especial, se desconoció el trámite previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-; esto es, la suspensión de la actuación administrativa por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en relación con la designación de…. como Rector encargado de la

Universidad Popular del Cesar. En ese sentido, se advierte materializada la vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de la elección de….como Rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, en lo que respecta al desconocimiento del artículo 12 del CPACA y las subreglas desarrolladas sobre el particular por parte de la Sala Electoral del Consejo de Estado. NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-De Rector (E) de Universidad Popular del Cesar se debe declarar mientras esté vigente medida cautelar de suspensión provisional Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 2 Bogotá D.C., 19 de agosto de 2021 Concepto No. 2021-08-NE-160 Doctor

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2021-00002-00 11001-03-28-000-2021-00005-00

DEMANDANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO DEMANDADO: JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE -RECTOR ENCARGADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESARMEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de nulidad del acto de elección de JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE como Rector

encargado de la Universidad Popular del Cesar.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 16 de diciembre del 2019 mediante Acuerdo No. 036, se designó a DARLING FRANCISCA GUEVARA GÓMEZ como Rectora en propiedad de la Universidad Popular del Cesar, para el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2019 y el 19 de diciembre de 2023. 1.1.2. Contra el Acuerdo No. 036 del 16 de diciembre del 2019 se interpusieron dos demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. 1.1.3. Mediante providencia del 2 de abril de 2020, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del radicado 11001-03-28000-2020-00040-00, Magistrada Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, dispuso: "DECRÉTASE la suspensión provisional de los efectos del acto declaratorio de elección de la señora DARLlNG FRANCISCA GUEVARA GÓMEZ, en calidad de Rectora de la UPC, período 2019-2023, contenido en el Acuerdo 036 de 16 de diciembre de 2019". 1.1.4. Mediante Providencia del 26 de Marzo del 2020, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del radicado 11001-0328-000-2020-00023-00, Magistrado Ponente Carlos Enrique Moreno Rubio, dispuso: "Decretar la suspensión provisional del Acuerdo 036 de 16 de diciembre de 2019, por medio del cual se designó a la señora DARLING FRANCISCA GUEVARA

GÓMEZ, como rectora de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2019-2023". Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 1.1.5. Mediante el Acuerdo No. 013 del 02 de julio de 2020, el Consejo Superior Universitario, teniendo en cuenta el acatamiento de las providencias proferidas por el Consejo de Estado de fechas 26 de marzo del 2020 y 02 de abril del 2020, según el efecto de la suspensión provisional del Acuerdo 036 de 16 de diciembre de 2019, realizada por medio del Acuerdo No. 012 del 02 de Julio de 2020, procedió a designar como Rector encargado a RAÚL ADOLFO GUTIÉRREZ MAYA, quien para ese momento ostentaba el cargo de Secretario General de la Universidad Popular del Cesar. 1.1.6. El 3 de noviembre de 2020, en sesión del Consejo Superior Universitario en la que se discutía sobre la continuidad de RAÚL ADOLFO GUTIÉRREZ MAYA como Rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, este presentó recusación contra tres integrantes del cuerpo colegiado. 1.1.7. El 18 de noviembre de 2020, los tres integrantes del Consejo Superior Universitario recusados, citaron a sesión extraordinaria el 19 de noviembre de 2020. 1.1.8. El 19 de noviembre de 2020, el Consejo Superior Universitario, en sesión

extraordinaria, con fundamento en el Artículo 10 del Acuerdo No. 038 del 31 de Julio del 2004, decidió que mientras esté vigente la medida cautelar de suspensión provisional interpuesta contra el Acuerdo No. 036 de 16 de diciembre de 2019, se encargaba en el cargo de Rector de la Universidad Popular del Cesar a JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE. 1.1.9. El 25 de febrero de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del proceso 11001-03-28-000-2021-00002-00 decretó medida cautelar, por lo que suspendió los efectos del acto de elección de JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE como Rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, por encontrarlo contrario a le Ley. 1.2. Cargos de las demandas La Sala Electoral del Consejo de Estado, mediante providencia del 9 de julio de 2021, ordenó la acumulación de los procesos electorales radicados con los números 11001032800020210000200 y 11001032800020210000500, teniendo en cuenta la identidad de sujeto, acto y cargos. 1.2.1. En el caso de la demanda que dio origen al proceso 11001-03-28-0002021-0002, los cargos son los siguientes: El apoderado del Ministerio de Educación Nacional presentó solicitud de nulidad del acto por medio del cual se encargó en el cargo de Rector de la Universidad Popular del Cesar, a JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE, mientras esté vigente la medida cautelar de suspensión provisional interpuesta contra el Acuerdo No.

036 de 16 de diciembre de 2019 por parte del Consejo de Estado, al considerar que el acto desatendió las normas en las que debía fundarse; se expidió con violación de la Constitución y la Ley, y, se profirió “sin ausencia de motivación y falsa motivación”(sic). 1.2.1.1. El acto desatendió las normas en las que debía fundarse Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 4 El actor recurrente manifiesta que no se cumplió con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar para llevar a cabo la sesión del 19 de noviembre de 2020, en la que se hizo la designación del Rector encargado, por cuanto: i). La convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, fue remitida a través del correo electrónico despacho@gobcesar.gov.co de la Gobernación del Cesar por Sue Gnecco de la Rosa, -Asistente del despacho del Gobernador del Cesar-, cuando el artículo 32 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario establece que las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias se deben hacer a través de la Secretaría del Consejo Superior Universitario. ii). El artículo 25 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario señala que las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuando el Presidente del

Consejo Superior o el Rector la convoquen; sin embargo, la sesión de fecha 19 de noviembre de 2020 fue convocada por 3 miembros del Consejo Superior Universitario, pese a que el parágrafo segundo de la norma precitada, establece que las sesiones podrán ser convocadas por cuatro miembros del Consejo Superior, siendo cinco la totalidad de miembros activos de dicho cuerpo colegiado. iii). No hay claridad respecto de quien fungió como Presidente del Consejo Superior Universitario al momento de celebrar la sesión de fecha 19 de noviembre de 2020, pues el artículo séptimo del Reglamento Interno de dicha corporación establece que lo presidirá el delegado del Ministerio de Educación Nacional, en ausencia de este el delegado de Presidencia de la República y, en ausencia de estos, los miembros asistentes, designarán a uno de los miembros para que presida la sesión; sin embargo, en el acuerdo No. 27 del 19 de noviembre de 2020 se advierte que quien fungió como Presidente fue el señor SERGIO JOSÉ BARRANCO NÚÑEZ, quien no hace parte de los estamentos activos del Consejo Superior Universitario, sino el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento del Cesar. iv). Hubo inconsistencias entre la convocatoria y el desarrollo de la reunión, pues en la sesión del Consejo Superior Universitario que se llevó a cabo el día 19 de noviembre de 2020, se adicionaron y trataron los siguientes temas: a) el análisis y decisión de procesos de elecciones de estamentos ante los diferentes cuerpos colegiados de la Universidad Popular del Cesar y b) la legalización del período por el cual fue encargado como Rector el señor RAÚL GUTIÉRREZ MAYA, y su

continuidad. v). El artículo 32 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario señala que la citación para las sesiones ordinarias debe realizarse con una anticipación no inferior a 3 días; no obstante, se evidenció como irregularidad que el correo mediante el cual se convocó a la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, se remitió el 18 de noviembre de 2020 a las 5:41 p.m., lo cual evidencia una irregularidad, en la medida que los miembros del Consejo Superior Universitario fueron notificados de manera tardía de la convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 vi). En el correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2020, con el que se envió la convocatoria de fecha 18 de noviembre de 2020 para la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, no se evidencian documentos que sustenten los puntos 3 y 4 del orden del día que serían discutidos en la sesión extraordinaria convocada para el día 19 de noviembre de 2020. vii). La Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, en el marco de sus funciones de hacer respetar la autonomía universitaria, según lo señalado en el artículo 3 de la Ley 1740 de 2014, remitió el oficio No. 2020-EE232656 de fecha 19 de noviembre de 2020, con el que le solicitó y/o ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, que se abstuvieran de llevar a cabo la sesión extraordinaria convocada para el día 19 de noviembre de 2020, hasta tanto se verificaran la ocurrencia o no de presuntas irregularidades que pudieran comprometer la legalidad de dicha convocatoria, lo cual no fue atendido. 1.2.1.2 Expedición del acto con violación de la Constitución y la Ley El demandante sostiene que se vulneró la Constitución y la Ley, por cuanto pese a que el Rector encargado RAÚL ADOLFO GUTIÉRREZ MAYA, el 3 de noviembre de 2020, recusó a los integrantes del Consejo Superior Universitario, CARLOS DARÍO MORÓN CUELLO, representante de los ex rectores; JOAQUÍN MANJARREZ MURGAS, representante del sector productivo y PAMELA GARCÍA MENDOZA, delegada de la Gobernación del Cesar, así como, JACKELINE GONZÁLEZ PADILLA, en calidad de delegada de la Presidencia de la República se declaró impedida sobre la discusión de la continuidad o no del Rector encargado; no se declaró suspendida la actuación administrativa, conforme lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-. Considera que dichas actuaciones se remitieron a la Procuraduría General de la Nación y, sin que se hubiera decidido la actuación de fondo, se continuó con la actuación, por lo que se expidió un acto de designación viciado de nulidad.

1.2.1.3. En cuanto a la “ausencia de motivación y falsa motivación” Manifestó la parte actora que como consecuencia de la inaplicación de los preceptos normativos establecidos para adelantar el trámite de las recusaciones e impedimentos, particularmente lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, así como la inobservancia de lo señalado en el reglamento interno del Consejo Superior Universitario, existe una manifiesta irregularidad en la expedición del acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 demandado, por lo que se concluye que dicho acto administrativo fue proferido con una falsa motivación, en el entendido que por un lado se sustenta en un concepto que no tiene fuerza vinculante y que además se considera como una simple fuente de interpretación del ordenamiento jurídico, y por otro, justifica la designación como Rector encargado con la mera apreciación de una hoja de vida, sin tener en cuenta el análisis soterrado de los requisitos que señala el reglamento interno del órgano de gobierno, de manera que no media como tal una justificación legal que acredite su validez. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 1.2.2. En el caso de la demanda que dio origen al proceso 11001-03-28-0002021-0005, los cargos son los siguientes: El ciudadano HUGO ARMANDO TOLOZA BOLIVAR, presentó solicitud de

nulidad del Acuerdo No. 027 de 19 de noviembre de 2020, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar designó a JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE como Rector de esa institución educativa, mientras esté vigente la medida cautelar de suspensión provisional interpuesta contra el Acuerdo No. 036 de 16 de diciembre de 2019 por parte del Consejo de Estado. Lo cual argumentó de la siguiente manera: i). El acuerdo 038 de 2004, en su artículo 2, establece las calidades y requisitos para ser rector de la Universidad Popular del Cesar, entre ellas la estipulada en el numeral 3 “Acreditar experiencia académica en educación superior no inferior a 5 años”; requisito que no cumple el señor JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE. ii). En la citada sesión del diecinueve (19) de noviembre de 2020, participaron las siguientes personas: SERGIO BARRANCO NÚÑEZ (Delegado de la Gobernación del Departamento del Cesar), JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES (Representante suplente de los ex rectores), el miembro principal CARLOS MORÓN se encontraba recusado, y ARNULFO COTES SILVA (Representante del sector productivo), el miembro principal JOAQUÍN MANJARRÉS MURGAS se encontraba recusado. Se precisa que el señor COTES SILVA no podía participar como suplente del representante del sector productivo, debido a que no estaba posesionado por el Ministerio de Educación Nacional, quien preside el Consejo Superior, conforme al artículo106 del Acuerdo No. 001 de 1994 -Estatuto General-, razón por la cual, presuntamente ejerció funciones de Consejero sin tener tal

calidad y sus decisiones en el máximo órgano presuntamente se encuentran viciadas por su falta de capacidad para actuar. iii). El artículo 25 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario (Acuerdo No. 009 de 2016), señala que el Consejo Superior se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y, extraordinariamente, cuando el presidente del Consejo o el Rector la convoquen. Las sesiones podrán ser convocadas por cuatro (4) miembros del Consejo Superior. iv). Artículo 32 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, establece que la convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias se hará a través de la Secretaría del Consejo, mediante comunicación vía correo electrónico u otros medios, dirigida a las direcciones registradas por los Consejeros para tales efectos. La convocatoria contendrá la agenda con las temáticas a tratar, el orden del día con sus respectivos soportes, la fecha, hora y el sitio de la sesión. Las citaciones para sesiones ordinarias deben hacerse con una anticipación no inferior a tres (3) días. v). El artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, dispone que “en caso de impedimento, el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento, la actuación con escrito motivado al Superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al Procurador Regional en el caso de las autoridades Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 territoriales. La autoridad competente decidirá́ de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. (...) La actuación administrativa se suspenderá́ desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo”. vi). El artículo 3°de la Ley 1437 de 2011, señala que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem.

En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. vii). El proceder de algunos miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, presuntamente desconoció e inobservó el quórum requerido, así como normas sustanciales y procedimentales de sus propios reglamentos que, en ejercicio de la autonomía universitaria, la propia Universidad se otorgó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992. viii). Otro aspecto a cuestionar respecto a la sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2020, corresponde al funcionamiento y reglamentación de las suplencias, por cuanto, una vez efectuada la revisión normativa institucional se echa de menos la existencia de disposición especial que regule de manera clara y expresa el asunto, debiéndose realizar interpretaciones del vacío legal con la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 intención de tomar decisiones delicadas de Gobierno Institucional, siendo que las recusaciones de los miembros principales están en conocimiento del Despacho del señor Procurador General de la Nación para su resolución, sobre temas puntuales a discutir de la sesión del 3 de noviembre y reanudada el 19 de noviembre de 2019.

Sobre el particular, llama la atención que el artículo 119 del Acuerdo No 001 de 1994, estableció que lo concerniente a las suplencias debería ser reglamentado por el Consejo Superior Universitario. En orden a lo anterior, mediante Acuerdo No. 004 de 1997, se estableció en el artículo 4º, que los aspirantes a ocupar cada uno de los organismos de gobierno de la Universidad Popular del Cesar, deben tener su respectivo suplente. Posteriormente, a través del acuerdo No 014 de 1999, se modificó el citado artículo, el cual quedó así: “Los aspirantes a ocupar cada uno de los organismos de gobierno de la Universidad Popular del Cesar, inscribirán lista no mayor de cuatro (4) nombres ante la Secretaría General de la Universidad, y se elegirán según lo reglamentado para este fin.” Así las cosas, no se observa claridad en lo referente a la existencia y funcionamiento de las suplencias al interior del Consejo Superior Universitario y los antecedentes normativos en cita permiten inferir que el tratamiento actual se ciñe a las listas, tal y como funcionaría en el Congreso de la República, mismas

que no pueden ser equiparadas al primero en los sistemas (suplencias). De conformidad con las normas citadas, no es claro si las suplencias pueden ser utilizadas para obviar los trámites de recusaciones y/o impedimentos formulados a los miembros del Consejo Superior. Así mismo se preguntó el libelista, ¿cuántos delegados pueden tener un miembro del Consejo Superior para una misma sesión?. 1.3. Traslado para alegar de conclusión Por auto de 29 julio de 2021, el magistrado sustanciador, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, literales a) y d), adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, en atención a que no era necesario practicar pruebas, pero sÍ desatar las excepciones previas que se presentaron dentro del proceso 11001-03-28-000-2021-0005-00, resolvió: (i) declarar probada la probada la excepción previa de inepta demanda, en lo que se refiere al cargo de incumplimiento del requisito de experiencia específica, por falta de carga argumentativa; (ii) tener como prueba los documentos allegados con las demandas y las contestaciones; (iii) negar las pruebas solicitadas en los expedientes 2021-00002 y 2021-00005; y, (iv) ejecutoriada la decisión, correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 2.1. Problema jurídico Corresponde determinar si es procedente la nulidad del acto de designación de JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE como Rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, al considerar que el acto presuntamente desatendió las normas en las que debía fundarse y se expidió de forma irregular (trámite para adelantar la convocatoria); se expidió con violación de la Constitución y la Ley (irregularidad en las recusaciones y quórum requerido) y, se profirió “sin ausencia de motivación y falsa motivación” (no tener en cuenta las reglas para citar).

Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) las reglas de la autonomía universitaria; ii) las reglas para las recusaciones al interior de los Consejos Superiores Universitarios y; iii) luego analizará los fundamentos de las demandas en puntos de orden en el presente caso. 2.2. La autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la

Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 19961, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la

1 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 19932, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio3, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito