PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD - Con los soldados que prestan servicio militar obligator

Procuraduría General de la Nación

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Título
PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD - Con los soldados que prestan servicio militar obligator
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por enfermedad adquirida por un soldado mientras prestaba servicio militar obligatorio DAÑO ANTIJURÍDICO-La enfermedad fue adquirida por los pesados ejercicios de instrucción que le fueron impuestos además de los maltratos físicos Este Despacho se pronuncia en concordancia con los argumentos expuestos en la apelación presentada por el apoderado del actor, al considerar que efectivamente el a quo al negar las pretensiones, desconoció la actividad probatoria llevada a cabo por los demandantes, para acreditar los elementos que configuran la responsabilidad de los demandados, por la enfermedad que adquiriera el soldado, cuando prestara el servicio militar obligatorio, ya que de las obrantes surgen las necesarias para determinar que, el señor al encontrarse prestando el servicio militar obligatorio contrajo la grave enfermedad denominada “Enfermedad ulcerosa gástrica o duodenal crónica no modificable por tratamiento” la cual adquirió a consecuencia de los pesados ejercicios de instrucción y operativos que le fueron impuestos, además de los maltratos físicos por sus superiores, que le ocasionaran sufrimientos en su integridad física y quebrantos de salud que deterioran su calidad de vida, tal y como se puede corroborar en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se evidenció la enfermedad, además, lo concluido en la Junta Médica Laboral de fecha 10 de enero de 2001, que a través del Acta No. 002-01, dictamina que la enfermedad padecida por el “exmilitar señor fueron

adquiridas en servicio pero no por causa y en razón del mismo”, determinando una incapacidad laboral permanente parcial del 35.5%, por lo tanto no apto para la actividad militar. TEORÍA DEL DEPÓSITO-Deber del Estado de devolver a los soldados regulares en el mismo estado de su ingreso al servicio militar Se advierte, que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, impera para la resolución de estos casos la “teoría del depósito”, la cual establece a cargo del Estado la obligación de devolver a la vida civil - a aquellos que por ley se ven obligados a prestar el servicio militar como soldados conscriptos - en un estado similar al que tenían cuando ingresaron. Para su incorporación a la vida militar el actor tuvo que presentar exámenes de aptitud psicofísica que validaran su perfecto estado de salud para dichos efectos, resulta apenas lógico que, luego de su admisión, cualquier ineptitud declarada durante la prestación del servicio, de la cual no se pruebe que su ocurrencia obedece a causa extraña que exima de responsabilidad al Ejército, tiene como causa el servicio, y rompe el balance de cargas que los soldados regulares deben soportar, en los casos que, como el presente, el conscripto sea devuelto a la vida civil con una incapacidad laboral permanente. TEORÍA DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA-Corresponde probar un hecho a la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo Ante la ausencia de la tarjeta de inscripción e incorporación de conscriptos dentro del acervo probatorio como parte integral de la Historia Clínica a efectos de demostrar por

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo parte de los accionados, el estado psicofísico en que ingresaba el soldado hoy actor a prestar el servicio militar; la que concretamente nos llevaría a dilucidar si efectivamente la enfermedad dictaminada dentro del examen dermatológico practicado al exsoldado hoy actor, era crónica y con evolución de dos años, es lo que deja sin fundamento a la Junta Médica Laboral, para después de diagnosticar la Psoriasis vulgar padecida por el señor, y que le generara una incapacidad relativa permanente, calificara dicha afección como una “enfermedad común”, siendo que la realidad probatoria demostraba que el padecimiento físico sufrido por el soldado regular, fue por y con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, motivo más que suficiente para que este Despacho deba manifestarse en desacuerdo con dicha decisión, ya que de acuerdo a la teoría de la carga dinámica de la prueba, corresponde probar un hecho a la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, siendo claro que en este caso esa parte es Fuerza Aérea Colombiana, ya que se trata de un documento de expedición exclusiva del mismo, generado por la misma institución en un documento que se equipara a la historia clínica y

que ha debido aportar en aras del esclarecimiento de la situación de salud del soldado al momento de ser evaluado para su ingreso al servicio. Así las cosas, siendo la Fuerza Aérea quien le examinó a través de sus médicos y en consecuencia si había ingresado al servicio militar obligatorio, era porque se encontraba en óptimas condiciones. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por los perjuicios causados al soldado por la enfermedad adquirida durante el servicio militar Para esta Delegada, los perjuicios irrogados al soldado como consecuencia de la enfermedad que adquiriera al prestar el servicio militar obligatorio en la escuela de aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali (Valle), constituyen el deber objetivo la Fuerza Aérea, quien lo incumplió, de devolver al soldado conscripto en condiciones similares de salud a las que este presentaba cuando fue reclutado. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que las entidades demandadas son administrativamente responsables de los perjuicios irrogados al actor por la enfermedad sufrida durante el servicio militar que desencadenara en una incapacidad relativa permanente, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del caso objeto de estudio. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Con los soldados que prestan servicio militar obligatorio según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo CONCEPTO No. 238 / 2013 Bogotá, D.C 20 de noviembre de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200101670-01(47798)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Luis Alberto Ramírez Chavarro DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia apelada. / De las pruebas obrantes emerge la necesaria para reconocer que el daño se sucedió en el servicio militar obligatorio, por lo tanto la falla del servicio en cabeza de la accionada / Teoría del depósito de conscriptos / Carga dinámica de la prueba / Responsabilidad por daños a soldados regulares.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Los hechos

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo El Señor Luis Alberto Ramírez Chavarro, quien funge como víctima y actuando en nombre propio mediante apoderado judicial, instaura demanda de Acción de Reparación Directa contra la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a la víctima, por las lesiones físicas y daños a la salud sufridos, por el señor Luis Alberto Ramírez Chavarro, mientras prestaba el servicio militar obligatorio, en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali(Valle), y que le ocasionara una incapacidad relativa y permanente con un porcentaje del 35.5%, que le generara una situación de frustración en su vida, y cambio en su cotidianidad, incidiendo y afectando a toda su familia.

Como hechos relata:

1. El demandante ingresó a la Fuerza Aérea Colombiana el día 14 de julio de 1997, en buenas condiciones de salud.

2. Que durante la jornada militar, debido a los pesados ejercicios de instrucción y operativos que le fueron impuestos, además de los maltratos físicos por sus superiores, sufrió en si integridad física periódicos quebrantos de salud que deterioraron su calidad de vida.

3. Que su licenciamiento y baja se produjo por incapacidad relativa y permanente en el servicio, el día 10 de enero de 2001, según Junta Médico Laboral, retornando a su hogar en mal estado.

4. Como consecuencia de los traumatismos contraídos durante la prestación del servicio militar obligatorio, ha requerido de continuos y delicados tratamientos

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo médicos, cuyos costos ha tenido que asumir de su propio pecunio o del de su familia, pues al final del periodo de conscripto, continuó padeciendo los rigores de la grave lesión sin que haya sido posible su recuperación. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, a través de Apoderado Judicial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas por la parte actora, manifestando que las acusaciones hechas por el apoderado demandante, deber ser debidamente acreditadas, pues considera que carecen de fundamento. Agrega al respecto que, la ley y la jurisprudencia exigen prueba convincente para demostrar la falla en el servicio de la entidad demandada y en ese caso no se ha presentado evidencia alguna, solo la narración de los hechos de la parte actora. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca se niega a declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana por la incapacidad relativa permanente parcial del señor Luis

Alberto Ramírez Chavarro, derivada de la disminución en su salud cuando prestaba el servicio militar obligatorio y en consecuencia no accede a las pretensiones de la demanda, Manifestado en resumen lo siguiente: Se denota inobservancia al principio de la carga de la prueba, radicada en el accionante frente a los hechos alegados como soporte de la demanda, en aplicación de los artículos 174 y 177 del C.P.C. tornando en irrealizable para la Sala, abordar la solución del tema de la responsabilidad, ante la ausencia de 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo prueba idónea de la alegada intervención estatal, acusada de ser la fuente de los perjuicios ocasionados al demandante. A éste respecto dice que el accionante incurrió en una falta a su deber de colaboración prevista en el artículo 71-6 del C.P.C., por lo que no es posible atribuir responsabilidad alguna a la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea, y en consecuencia deniega las pretensiones. 1.4. Argumentos de la apelación. 1.4.1. El apoderado de la parte demandante dentro del proceso referido, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente para demostrar que si existe el

nexo causal entre el hecho y el daño, que materializa la responsabilidad del demandado (fls. 196 a 203 del cuaderno del Consejo de Estado):  Conforme a reciente y reiterada jurisprudencia la tesis que se ha venido imponiendo de consenso es aquella que se refiere a la “Responsabilidad del Deposito frente a los Conscriptos” que implica para el demandado un deber ineludible y de resultado en el sentido de devolver a la vida particular en condiciones similares de su ingreso a las filas militares, a los conscriptos, y cuando ese evento no sucede, recae en aquél una responsabilidad de resultado que constituye falla presunta del servicio, frente a la cual para eximirse de responsabilidad sólo es dable probar por la demandada la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero.  Ante el hecho, de no surgir en el proceso ninguna de las causales eximentes de responsabilidad, cuya carga probatoria correspondería al ente demandado, por tanto, el título de imputabilidad prevalece, ante el hecho incontrovertible y 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo debidamente probado acerca del daño originado en la prestación del servicio militar obligatorio, tal y como se desprende del acta médico laboral, que

determina una discapacidad laboral del 35.5%, al diagnosticar una “Enfermedad ulcero gástrica o duodenal crónica o modificable por tratamiento”.  Dice que es entendible, que si su procurado fue declarado apto a su ingreso a la Fuerza Aérea Colombiana para la prestación del servicio militar obligatorio, habiendo superado las pruebas de rigor estrictas para su incorporación, se infiere entonces que se encontraba en óptimas condiciones de salud, las cuales no daban lugar a ningún tipo de discapacidad laboral, que de no ser así no hubiera sido declarado apto para la prestación del servicio militar.  Sin embargo, como lo establece el Acta Médica, después de haber sido incorporado a la Fuerza aérea se le determinó una disminución de su capacidad laboral del 35.5%, situación que sin mas preámbulos , consideró que es suficiente para concluir que dicha afectación a su salud fue producto de esa carga pública, situación que a su sentir es absolutamente real y que por consiguiente no debe desconocerse bajo ningún punto, además de que se encuadra perfectamente en los elementos axiológicos de la falla del servicio presunta, en cuyo contenido se encuentra comprendida dicha responsabilidad de resultado por la obligación de a cargo de la entidad demandada cual es la de haber devuelto al soldado en buenas condiciones de salud a su vida particular.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo 2.1. Problema Jurídico. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿El Estado en cabeza del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana debe o no responder administrativa y patrimonialmente por la enfermedad sufrida por el hoy actor señor Luis Alberto Ramírez Chavarro, que le ocasionara una incapacidad relativa permanente, y que según su sentir la adquirió mientras prestó el servicio militar obligatorio? 2.1.2. ¿Podía el A-quo fallar negativamente a las pretensiones basado en la falta de una prueba que por su naturaleza correspondía presentar - o en su defecto pedir - al demandado? 2.1.3. ¿Presentó el demandado prueba de algún eximente de responsabilidad que lo liberara de la obligación de devolver a la vida civil al actor en las mismas condiciones en las que ingresó a prestar el servicio militar obligatorio? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo

La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. El H. Consejo de Estado respecto del concepto conducencia y pertinencia de la prueba dijo: Existe diferencia entre los conceptos de conducencia y pertinencia de la prueba. "La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de que, con la comparación que se haga se pueda saber si el hecho se puede

demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio. La pertinencia es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso." 3 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo Es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y que ese medio probatorio solicitado no esté prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar. En tanto que la pertinencia se refiera a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar." (Subrayado y negrilla fuera del texto). De conformidad con lo anteriormente expuesto se tiene que la Ley otorga libertad en cuanto a los medios de prueba que pueden ser aportados por las partes dentro de un proceso, siempre que sean útiles para la formación del convencimiento del Juez, toda vez que la decisión que tome este último debe fundarse en las pruebas que se alleguen. 2.2.3. Régimen de responsabilidad con los soldados conscriptos Cuando se habla de “conscripto”1, se hace referencia al soldado que recibe la instrucción militar obligatoria. Pero cuando se habla de soldado profesional se

hace referencia al que se alista voluntariamente y a cambio recibe remuneración o contraprestación, gozando de una protección de carácter salarial y prestacional, por este motivo también son reconocidos como “soldados voluntarios” La ley 48 de 1993, reglamentó el Servicio de Reclutamiento y Movilización, señalando como modalidades y tiempo de prestación de servicio militar obligatorio 2 las siguientes en su artículo 13: i) Soldado regular de 18 a 24 meses, 1 Diccionario Pequeño Larousse ilustrado. Edición 2002. Página 277 2 Es decir conscriptos u obligatorios 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo ii) soldado bachiller, de 12 meses, iii) auxiliar de Policía bachiller de 12 meses y iv) del soldado campesino de 12 hasta 18 meses. . 2.2.4. Frente a la responsabilidad extracontractual del Estado, la diferencia de vínculo, genera también diferencias a su vez del régimen a aplicar. Veamos que nos dice el Consejo de Estado: “Esta Sección del Consejo de Estado, a partir de la legislación y la ponderación de la naturaleza y alcances de tales vínculos, ha concluido que frente al soldado profesional la inexistencia de responsabilidad civil extracontractual en relación con los daños sufridos por éstos con ocasión de la exposición a los

riesgos inherentes a su actividad laboral, dirigida ésta a la protección del Estado y de sus instituciones porque tales riesgos están cubiertos por la ley, en la cual se prevé la obligación para el Estado de indemnizar a su servidor público, por los daños sufridos con ocasión y razón del servicio y que cobra vigencia en forma automática, cuando se produce “el siniestro” que se ampara legalmente. Y exceptúa del régimen indemnizatorio anotado, los daños provenientes de la falla del servicio o del sometimiento del soldado a un riesgo distinto al que asumió voluntariamente, eventos en los cuales cobra vigencia el régimen de responsabilidad contenido en el artículo 90 de la Constitución. En efecto: Tratándose de daños sufridos directamente por los Agentes públicos vinculados laboralmente con el Estado (colaboradores permanentes) la indemnización adquiere características especiales, toda vez que la ley prevé para ellos una legislación que predetermina la indemnización –a for fait-, que resarce el daño causado dentro de los riesgos propios que debe asumir el servidor, como inherentes al servicio prestado. Esa predefinición legal de indemnización en materia de riesgos profesionales, hace que el terreno de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrita sólo a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, o sea los daños derivados de la conducta falente o culposa del Estadopatrono, o los daños producidos por el sometimiento del Agente al un riesgo distinto al asumido a su ingreso al servicio, con violación al principio de igualdad frente a las cargas públicas. En relación con el conscripto la jurisprudencia ha dicho que si bien éstos

pueden sufrir daños con ocasión de la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, consistentes en la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad etc. Ellos no devienen en antijurídicos, porque dicha 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo restricción proviene de la Constitución; pero que pueden sufrir otros daños que si devienen en antijurídicos y que si tienen su causa en dicha prestación, cuando ocurren durante el servicio y en cumplimiento de las actividades propias de él, que les gravan de manera excesiva, en desmedro de la salud y de la vida, los cuales deben indemnizarse por el conglomerado social a cuyo favor fueron sacrificados dichos bienes jurídicos, porque se da quebranto al principio de igualdad frente a las cargas públicas. Ahora pese a que la ley ha venido, paulatinamente, reconociendo el derecho del conscripto que ve disminuida su capacidad psicofísica o laboral o fallece con ocasión y por razones del servicio, a ser indemnizado y en algunos casos a recibir pensión de invalidez, como se verá a continuación, esa protección dista mucho de la que se prevé para los agentes públicos vinculados laboralmente al Estado (colaboradores permanentes), ya que no es integral, no proviene de una

relación laboral y por tanto no está llamada a generar que el campo de responsabilidad civil extracontractual quede circunscrito a los daños por fuera del ámbito de protección de esa legislación, como si sucede con la indemnización a for fait”3 Para los conscriptos, el vínculo se deriva del deber constitucional contenido en los artículos 216 a 227 Capítulo II del Título VII, de la Carta Política, en donde se prevé la conformación de la Fuerza Pública, su finalidad, su regulación y la obligación que todos los colombianos de estar dispuestos a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, depositando en la ley las condiciones que eximen del servicio militar. Como se anotó en el numeral que antecede, los conscriptos son definidos legalmente. Aún antes de la vigencia de la Constitución de 1991, ya se preveía el régimen de responsabilidad y la obligación del Estado de responder por la salud e integridad de las personas que prestan el servicio militar obligatorio, tal como lo recuerda el Consejo de Estado. “Desde antes de la entrada en vigor de la Constitución 1991, la ley civil y la jurisprudencia de la Sala –con base en la doctrina extranjera– señalaba y estudiaba, respectivamente, que el daño debía tener las siguientes características: ser cierto, particular, anormal y recaer sobre un derecho 3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de Agosto de 2005, radicado 16.205. Consejera Ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo protegido jurídicamente. Por consiguiente, cuando ingresan al Estado, por su decisión imperativa, varones para la prestación del servicio militar obligatorio, en primer término, nacen para el Estado, entre otras, las obligaciones de vigilancia y seguridad en la salud del conscripto y, en segundo término, nace para el conscripto el derecho correlativo a obtener las prestaciones debidas (protección jurídica). Ese derecho del conscripto, correlativo a la obligación del Estado de su vigilancia y seguridad, si no se satisface adecuadamente crea unas lesiones, ciertas y particulares, a situaciones que tienen protección jurídica, como son la vida y la salud, que exceden los inconvenientes inherentes a la prestación de ese servicio, y que dan lugar al aparecimiento de la lesión antijurídica o daño antijurídico”4 2.3. Las Pruebas obrantes. Sobre la ocurrencia de los hechos que se relatan en la demanda, se destacan las siguientes pruebas allegadas al plenario: Dentro del proceso se allegaron las siguientes pruebas:  De (fls. 27-28 c.1) respuesta a derecho de petición formulado por el apoderado de la víctima directa, en donde el Brigadier General Jorge Ballesteros Rodriguez, Director de la escuela Militar de aviación Marco Fidel Suarez, informa que: “El exsoldado Ramírez Chavarro Luis Alberto, CM 12198099 integrante del Segundo Contingente de 1997, durante su permanencia en esta Unidad, desempeñó funciones como Soldado Regular, presentando enfermedad

física, por lo que se le practicó Junta Médico Laboral, se envió al Hospital Militar Central, para llevar a cabo su tratamiento y se traslado a la Base 4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente

12648. Consejera Ponente Dra María Elena Giraldo Gómez. Se reitera en los mismos términos en la sentencia del 2 de Mayo de 2002. Expediente 13247.

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.47798 (760012331000200101670-01) Evo Aérea de mantenimiento de Madrid, por el tiempo que permaneció en el Hospital Militar, faltándole dos (02) meses para su licenciamiento”.  Acta de Junta Médico Científica No. 01, del 06 de noviembre de 1998 de donde se extrae (Folios 30 a 32, C.1.): "(. . .)

11. ANTECEDENTES:

A. Al paciente le fue efectuado un examen psicofísico general para la presente diligencia la cual se verifica de acuerdo al concepto y la intervención personal del Servicio de Medicina Interna y la sección de Medicina

Asistencial. Niega Juntas o Tribunales Médicos Laborales previos.

B. Paciente quien inició consultando desde el pasado 17 de noviembre de 1997 por cuadro de dolor abdominal asociado a hematoquexia, melenas y

hematemesis sin repercusiones hemodinámicas, recibió manejo intrahospita/arios en múltiples ocasiones con mejorías parciales. Posteriormente comienza a asociarse a su cuadro epistaxis importantes que incluso han requerido taponamientos nasales anteriores con mejoría parcial de su cuadro. En diciembre de 1997 fue trasladado al Hospital Militar Central para continuar estudio, siendo manejado por el servicio de Medicina Interna, luego de 35 días de hospitalización, contrarremiten con diagnóstico de Síndrome constitucional secundario a diarrea crónica, colitis amebiana en tratamiento, gastritis crónica antrocorporal en tratamiento ty desnutrición marasmática. Colonoscopia con hemorroides internas congestivas y eritema focal rectal, endoscopia de vías digestivas altas en dos ocasiones que mostraron únicamente gastritis crónica moderada, HIV (-), naso/aringoscopia sin evidencias de sangrado. Posteriorme

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