PGN - REPARACION DIRECTA - Término de caducidad

REPARACIÓN DIRECTA-Contra el Distrito de Buenaventura por los perjuicios causados por la omisión en insertar en la escritura pública el gravamen de patrimonio de familia en cumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Ley 41 de 1948, que regulan la adjudicación de predios ejidales, dejando el bien inmueble desprotegido CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-Noción En otras palabras, la caducidad consiste entonces, en la extinción del derecho a ejercer el medio de control, por vencimiento del término concedido para ello, institución que se justifica ante la conveniencia de señalar un plazo invariable, para que quien se pretende titular de un derecho opte por ejercitarlo o renunciar a él, fijado en forma objetiva, sin consideración a situaciones personales del interesado, no susceptible de interrupción ni de renuncia por parte de la administración. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN-Según la jurisprudencia del Consejo de Estado REPARACIÓN DIRECTA-Término de caducidad Como se señaló anteriormente la responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, norma que es desarrollada por el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011. De acuerdo con estas normas, el Estado es responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Marco constitucional

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Marco legal

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Requisitos esenciales para

su prosperidad Ahora bien, el régimen subjetivo y el objetivo de imputación tienen en común que en los dos se aplican los siguientes tres requisitos para que se configure la responsabilidad del Estado: La acreditación del daño, que éste resulte imputable a una entidad estatal, y el nexo de causalidad entre estos dos elementos. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Sistemas de imputación

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

CONCEPTO No. 031 / 2022

Bogotá D.C., 07 de abril de 2022.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 76001-23-31-000-2012-00658-02 (67.658)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR Y OTROS DEMANDADO: DISTRITO DE BUENAVENTURA Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / Operó el fenómeno de la caducidad del medio de control interpuesto de que trata el Artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 / Obra prueba idónea para determinar que el medio de control de reparación directa fue presentada después de los dos (2) años que señala la norma / El término de caducidad en la acción de reparación directa, en el caso sub examine se contabiliza a partir del día siguiente de la fecha que se efectuó la diligencia

de secuestro del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 de Buenaventura ordenada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali dentro del proceso ejecutivo seguido en contra del señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES

1.1. Objeto del litigio: Los señores AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR, LILIAN TABARES GIRALDO, LUZ DARY GARCÍA RIASCOS, SANDRA RUBIELA GARCÍA RIASCOS, NELCY ROCIO GARCÍA RIASCOS Y DIEGO FERNANDO GARCÍA RÍOS, en nombre propio; SONIA MILENA 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

GARCÍA TABARES en nombre propia y en representación del menor de edad DANIEL FELIPE GARCÍA TABARES; y el señor DIEGO FERNANDO GARCÍA TABARES quien

actúa en nombre propio y en representación de DANIELA GARCÍA OSORNO, radicaron medio de control de reparación directa ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en contra del DISTRITO DE BUENAVENTURA, por considerarlo responsable de los perjuicios morales y materiales que han sufrido como consecuencia de la omisión en dar cumplimiento a los artículos 7 y 8 de la Ley 41 de 19481, que regulan la adjudicación de predios ejidales y ordena la constitución automática de gravamen de patrimonio de familia, el cual no fue insertado en la Escritura Pública de compra venta No. 2000 del 21 de octubre de 1983, dejando el bien inmueble desprotegido, el cual fue afectado por vía judicial dentro de un proceso ejecutivo, siendo embargado el día 11 de julio de 1990 y secuestrado el día 07 de septiembre de 1990 y posteriormente rematado. Como pretensiones de la demanda la parte actora estimó las siguientes, que fueron expuestas en el fallo de primera instancia impugnado y que fuera emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de fecha 16 de junio de 2021, así: “Por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1000 salarios mínimos legales vigentes para el señor AGUSTIN GARCÍA SALAZAR; el equivalente a 500 salarios mínimos legales vigentes para la señora LILIAN TABARES GIRALDO (esposa); el equivalente a 300 salarios mínimos legales vigentes para SONIA MILENA GARCÍA TABARES (hija), DIEGO FERNANDO

GARCÍA TABARES (hijo), LUZ DARY GARCÍA RIASCOS (hija), SANDRA RUBIELA GARCÍA 1 “Artículo 7º. Para adquirir lotes procedentes de terrenos ejidos urbanos y beneficiarse, por tanto, de los precios y facilidades de pago fijados en el artículo anterior, el adquirente deberá reunir los siguientes requisitos: a) Que sea reconocidamente pobre; b) Que tenga bajo su cuidado una familia a la que deba alimentos; c) Que sea oriundo de la ciudad, o que, al menos, haya vivido en ella durante cinco (5) años; d) Que no tenga casa propia; e) Que con anterioridad al momento de la adquisición no haya sido adjudicatario, en propiedad, de lote alguno ejidal con destino a la construcción de casa de habitación. f) Que el lote sea destinado exclusivamente para construcción de la casa para la familia que dependa del comprador, y que en ningún caso se destine para arrendamiento o para otro negocio cualquiera; g) Que tanto el lote materia de la negociación como el edificio que se construya sobre él, se constituyan en patrimonio de familia no embargable, a favor del mismo adquirente, de su esposa y de los demás miembros de su familia que vivan con él y a sus expensas. Para la constitución de este patrimonio no se requieren las formalidades de que tratan los artículos 10 y siguientes de la ley 70 de 1931, y basta para ello la simple aceptación del contrato por parte del ejidatario. Artículo 8º. Son absolutamente nulos los contratos de compraventa de terrenos ejidos urbanos que se

celebren con incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 5o., 6o. y 7o. de esta ley.” (Subrayado fuera de texto) 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

RIASCOS (hija), NERLCY ROCIO GARCÍA RIASCOS (hija); el equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes para DIEGO FERNANDO GARCÍA RIOS (nieto), DANIELA GARCÍA

OSORNO (nieta) y DANIEL FELIPE BARROS GARCÍA (nieto).

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el equivalente a $2.300.000 por concepto de honorarios de abogados, más $1.368.501 por concepto de pólizas judiciales. Adicionalmente, 1000 SMMLV para el señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR “por concepto de pérdida de sus negocios ocasionada como consecuencia del deterioro de su situación económica y de su familia”. Y en la modalidad de lucro cesante, la suma de $660.000.000, en virtud de los frutos dejados de percibir al no haber podido ejercer el derecho de uso y goce sobre el bien inmueble, lo que impidió que se pudiese seguir habitando como albergue suyo y de su

familia o en su defecto se pudiese haber arrendado desde el momento en que se efectuó la diligencia de secuestro; daños y perjuicios que se confirman con la decisión judicial que declaró la nulidad de la escritura No. 2000 del 21 de octubre de 1983, por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.” 1.1.1 Hechos del caso. El señor AGUSTIN GARCÍA SALAZAR, adquirió del entonces Municipio de Buenaventura, a través de la Personería de Ejidos y Vivienda, hoy Unidad Técnica de Vivienda, por medio de escritura No. 2000 del 21 de octubre de 1983, un lote de terreno cuya ubicación es el barrio Juan XXIII en la calle 4 No. 36-66-68, registrada en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 de Buenaventura, aquella adquisición se realizó con fundamento en lo preceptuado en la Ley 41 de 1948. La citada ley establecía que sobre el bien adquirido se constituía patrimonio de familia no embargable, a favor del adquirente, de su esposa y de los demás miembros de su familia que vivan con él y a sus expensas. Posteriormente, Bancafé le otorgó al señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR crédito el cual fue garantizado mediante hipoteca realizado al bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 crédito que no canceló y por tal razón el bien fue objeto de embargo, secuestro y remate. El señor Agustín García Salazar, ante las afectaciones económicas y morales sufridas,

inició acción de nulidad absoluta de la escritura No. 2000 del 21 de octubre de 1983, la cual prosperó en segunda instancia, declarando la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga en sentencia del 19 de noviembre de 1997 la nulidad absoluta de la referida Escritura Pública, así como también ordenó la restitución del inmueble con sus mejoras al 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

Municipio de Buenaventura, y el reconociendo por concepto de mejoras al señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR la suma de $141.994.800. 1.1.2. La postura de la parte demandante es que habiéndose realizado la transacción con fundamento en lo preceptuado en la Ley 41 de 1948, que dispone la constitución automática de gravamen de patrimonio de familia sobre el inmueble vendido, tal previsión legal no se tuvo en cuenta por parte de la entidad territorial, razón por la cual dicha restricción de Ley no quedó consignada en la escritura, pese a estar ordenada por el literal g) del artículo 7 de la referida ley. Que como consecuencia de la omisión por parte de la entidad territorial, el bien inmueble

quedó dentro del comercio, siendo susceptible de afectación por vía judicial, la que en efecto se inició por parte del Banco Cafetero (Bancafé), dando lugar a un embargo, secuestro y remate del inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 de Buenaventura. Que pese a la decisión judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga que en sentencia del 19 de noviembre de 1997 declaró la nulidad absoluta de la Escritura Pública No. 2000 del 21 de octubre de 1983, ordenó la restitución del inmueble al Municipio de Buenaventura y reconoció por concepto de mejoras al demandante la suma de $141.994.800, el Municipio de Buenaventura no ha ejercido el derecho reconocido en la sentencia, no ha interpuesto acción reivindicatoria contra el tercero poseedor del bien inmueble, así como tampoco ha pagado la totalidad de las mejoras reconocidas al señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR en la Sentencia, ni los respectivos intereses. Que el señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR, con ocasión de la omisión por parte del ente territorial, debió pagar arriendo por más de 15 años; además sufrió daños morales y sociales pues los hechos afectaron su vida política (exconcejal de Buenaventura y exdiputado Principal). 1.1.3. La postura de la entidad demandada es que el embargo, secuestro y remate del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 es consecuencia de un préstamo 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02 que Bancafé le otorgó al señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR, el cual fue garantizado mediante hipoteca sobre el citado bien, crédito del cual se benefició el demandante y no canceló, por lo tanto, el DISTRITO DE BUENAVENTURA no tiene obligación ni culpa alguna para con los hechos y condenas solicitadas por el actor. Que respecto de la omisión de la inscripción de la afectación de patrimonio de familia en el bien adujo, que no existe un nexo de causalidad, pues los supuestos daños y perjuicios sobrevinieron, según el propio escrito de demanda, con el embargo y remate del inmueble, ello en razón al proceso ejecutivo iniciado por Bancafé en contra del actor. Propuso como excepciones de fondo inexistencia de la obligación, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero, ausencia de nexo causal, buena fe, compensación e innominada. 1.1.4. El representante del Ministerio Público no realizó intervención en el presente medio de control en primera instancia. 1.2. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, despacho que mediante sentencia de primera instancia No. 005 de fecha 16 de junio de 2021 declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa; en consecuencia expreso:

El Tribunal indicó que la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Que sobre el caso en comento ha indicado el Consejo de Estado que excepcionalmente, debe tenerse en cuenta que el término de caducidad, por alguna de esas conductas administrativas, se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia, precisamente, porque el hecho no se hizo visible. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

Que en el caso en comento, estimó el Tribunal que si bien la parte actora debió percatarse de la falencia alegada en la Escritura Pública , consistente en la omisión de la constitución de gravamen de patrimonio de familia sobre el inmueble, al momento de constituir voluntariamente la hipoteca sobre el referido inmueble, queda claro que la parte actora tuvo conocimiento del supuesto daño al momento del embargo del bien y en última medida, con la diligencia de secuestro del inmueble entonces de su propiedad. Que de acuerdo con lo consagrado en los artículos 44 inciso 4° del C.C.A., la firmeza de los actos

de registro se produce el mismo día en que se efectúa la respectiva anotación. Que por lo anterior, para el juzgador de primera instancia, el término de 2 años para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de reparación directa en el presente asunto debía contabilizarse a partir de la diligencia del secuestro del bien con matrícula No. 372-4035, la cual se llevó a cabo el día 07 de septiembre de 1990, extendiéndose, por tanto, el plazo para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa hasta el 07 de septiembre de 1992. Lo anterior como quiera qué en aquélla fecha el actor conoció de la medida de embargo y secuestro que fuera declarada contra el bien, lo anterior como quiera que las condiciones materiales para su conocimiento se ejecutaron al momento de la diligencia en cita. Que dado que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada ante la Procuraduría 165 judicial II ante el Tribunal Contencioso Administrativo el 7 de abril de 2011, declarándose fallida la misma mediante acta No. 331 del 11 de mayo de 2011; y que la demanda fue presentada el 31 de mayo de 2012, resulta evidente que se radicó extemporáneamente. Por lo cual estimó el Tribunal que al operar el fenómeno de la caducidad de la acción en el presente medio de control no es procedente efectuar un pronunciamiento de fondo en el asunto objeto de debate. 1.3. El recurso de apelación interpuesto: Inconformes con la decisión de primera instancia la parte actora interpuso recurso de

apelación contra la sentencia de primera instancia y al respecto señaló: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

Que la omisión por parte del demandado existe en el mismo momento que no insertó la cláusula de Patrimonio de familia en la Escritura Pública No. 2000 del 21 de octubre de 1983. Indica el apelante que si bien el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de 2 años, los cuales, por regla general, empiezan su conteo desde el momento de la ocurrencia del hecho dañoso pues se presume que ahí se tiene conocimiento del daño, en aplicación de reglas y principios constitucionales sea comprendido que dicho conteo no puede aplicarse de manera inflexible o rígida pues en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso pueden admitirse ciertas flexibilizaciones necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las víctimas. Que respecto a los hechos que se discuten en el presente medio de control, el apelante señaló: “Respecto a los hechos que nos ocupan, los efectos perjudiciales se vislumbran y dejan secuelas permanentes, aún si la parte demandada continúa con la omisión del agenciamiento del bien que

constituye la naturaleza de los perjuicios causados, plenamente reconocidos por una autoridad judicial dentro de la firmeza correspondiente (sic) a la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de noviembre de 1997 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, dentro del proceso ordinario de nulidad del contrato iniciado por el señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR en contra del Municipio de Buenaventura y Banco Cafetero, a través de la cual se revocó la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, y en su lugar se declaró la nulidad absoluta de la Escritura Pública No. 2000 del 21 de octubre de 1983 de la Notaría Única de Buenaventura, suscrita entre la Personería de Ejidos y Vivienda Popular Municipal de Buenaventura (INVIBUENAVENTURA) y el señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR, cuando a la fecha existe un tercero poseedor del bien y el demandado no ha realizado el más mínimo procedimiento, para acatar una orden judicial, continuando con el daño causado. Es bueno hacer saber, que la contabilización del termino (sic) de caducidad de la acción se inicia el día siguiente al hecho que lo genera al tenor de lo dispuesto en el literal i), numeral 2 del artículo 164 de la ley 1437 de 2011. Por el contrario al tratarse de casos relacionados con daños que solo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador – esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba de contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tuvo del daño, agregar además

que durante el momento en que queda en firme la sentencia anteriormente enunciada, se procede hacer los respectivos acercamientos con la Administración, hasta quedar temporalmente suspendido cualquier acción por acogerse a la Ley 550 de 1999 la cual queda saneada en el año 2010.” (Subrayado fuera de texto) 1.4. Alegatos de conclusión: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

Mediante auto de fecha 03 de marzo de 2022, el Consejo de Estado corrió término para que las partes presentaran alegatos de conclusión, término durante el cual la parte actora presento escrito en el cual expone que se ratifica en los argumentos expuestos en el escrito de apelación. El extremo pasivo de la litis no efectuó ningún pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: Atendiendo la regla de caducidad para la reparación directa prevista en el artículo 164 de

la Ley 1437 de 2011, ¿operó la caducidad del presente medio de control por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, por cuanto la omisión constitutiva del daño endilgado al MUNICIPIO DE BUENAVENTURA se presentó el 07 de septiembre de 1990 y la demanda fue presentada hasta el 31 de mayo de 2012? ¿Se encuentra probado dentro del proceso los motivos facticos por los cuales el término de caducidad de la acción de reparación directa se prolongó hasta el año 2010, atendiendo los argumentos expuestos por la parte actora en su escrito de alzada? 2.2. Análisis fáctico y probatorio. En el expediente existe material probatorio, el cual correspondió valorar al Ministerio Público. Una vez revisado este material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto:  Escritura Pública No. 2000 del 21 de octubre de 1983 de compraventa de un terreno ejido entre el entonces Municipio de Buenaventura, a través de la 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

Personería de Ejidos y Vivienda, hoy Unidad Técnica de Vivienda, y el señor

AGUSTIN GARCÍA SALAZAR ubicado en el barrio Juan XXIII en la calle 4 No. 3666-68, registrada en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 de Buenaventura.  Despacho Comisorio No. 100 emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, librado dentro del dentro del proceso ejecutivo propuesto por la sociedad Comerciamos LTDA contra la sociedad AGUSTIN GARCIA SALAZAR CIA LTDA y el señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR que efectuó la diligencia de secuestro del inmueble registrada en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 el día 07 de septiembre de 1990.  Sentencia de segunda instancia proferida el 19 de noviembre de 1997 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, dentro del proceso ordinario de nulidad del contrato iniciado por el señor AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR en contra del Municipio de Buenaventura y Banco Cafetero, en la cual se declaró la nulidad absoluta de la Escritura Pública No. 2000 del 21 de octubre de 1983 de la Notaría Única de Buenaventura. 2.3. Análisis jurídico. Procede esta Delegada, a emitir concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar que se CONFIRME la sentencia No. 005 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de fecha 16 de junio de 2021, dentro del medio de control de reparación directa adelantado en contra del MUNICIPIO DE

BUENAVENTURA por los señores AGUSTÍN GARCÍA SALAZAR, LILIAN TABARES

GIRALDO, LUZ DARY GARCÍA RIASCOS, SANDRA RUBIELA GARCÍA RIASCOS, NELCY ROCIO GARCÍA RIASCOS Y DIEGO FERNANDO GARCÍA RÍOS, en nombre propio; SONIA MILENA GARCÍA TABARES en nombre propia y en representación del menor de edad DANIEL FELIPE GARCÍA TABARES; y el señor DIEGO FERNANDO GARCÍA TABARES quien actúa en nombre propio y en representación de DANIELA GARCÍA OSORNO, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02

Es necesario mencionar que en los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual), los hechos y sus sustentos probatorios deben ser analizados conforme lo establece el Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el tema, y el cual establece puntualmente: " ... Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas... " Advierte esta Delegada del material probatorio antes referido, que el día 21 de octubre de 1983 el señor AGUSTIN GARCÍA SALAZAR junto con Municipio de Buenaventura,

suscribieron escritura No. 2000 de compraventa a favor de GARCÍA SALAZAR de inmueble identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035 y ubicado en el barrio Juan XXIII en la calle 4 No. 36-66-68. Dadas las características del bien adquirido en la Escritura Pública No. 2000 y lo normado en el literal g del artículo 7 de la Ley 41 de 1948, se debió constituir patrimonio de familia no embargable a favor del adquirente y de su familia, lo cual se omitió. El señor AGUSTIN GARCÍA SALAZAR fue beneficiario de un crédito otorgado por el banco BANCAFE y para el cual constituyó como garantía el inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 372-4035, crédito que no fue pagado y a través de un proceso ejecutivo singular promovido por el acreedor, se decretó el embargo del inmueble el cual fue registrado el día 11 de julio de 1990 y secuestrado el 07 de septiembre de 1990. Atendiendo la medida judicial antes referida, el señor GARCÍA SALAZAR radicó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en procura de lograr judicialmente la declaratoria de nulidad de la escritura No. 2000 del 21 de octubre de 1983, la cual fue decretada en sede de segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga en sentencia del 19 de noviembre de 1997, al considerar que dicho acto era nulo al desatender los postulados del artículo 7 y 8 de la Ley 41 de 1948 y omitir en su contenido

establecer que sobre el bien se debía constituir un patrimonio de familia no embargable; así el fallo judicial determino que al acá actor se le debía reconocer por concepto de mejoras la suma de $141.994.800 y se debía restituir al bien al municipio. El daño que acá pretende el actor sea reparado, se constituye en la presunta omisión por parte del DISTRITO DE BUENAVENTURA al no constituir el patrimonio de familia en la 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67658) 76001-23-31-000-2012-00658-02 protocolización de la Escritura Pública No. 2000 del 21 de octubre de 1983 originada de la compraventa de un terreno ejido entre esa entidad y los demandantes. 2.3.1 Responsabilidad extracontractual del Estado. Como se señaló anteriormente la responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, norma que es desarrollada por el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011. De acuerdo con estas normas, el Estado es responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades. Pues bien, debe tenerse en cuenta que el término “antijurídico” que aparece en el texto normativo del artículo 90 de la Constitución, ha dado lugar a varias interpretaciones, que

hacen necesario precisar que no sólo tiene las características de antijuridicidad el daño proveniente de una acción u omisión reprochable de la entidad pública, sino también aquel daño que recibe un sujeto pasivo que no se encontraba en el deber jurídico de soportarlo, aun cuando el daño provino del actuar conforme a derecho de la autoridad estatal. Se ha considerado la aplicación de dos sistemas de imputación de responsabilidad del Estado2, conformados por el régimen subjetivo – modalidad falla del servicio - y el régimen objetivo - modalidades de daño especial y riesgo excepcional. Por ello, el régimen de imputación de responsabilidad del Estado no es uniforme, sino que se aplica aquel que resulte más adecuado para las peculiaridades del caso concreto3. 2 En efecto, el Consejo de Estado, en Sentencia del 19 de abril de 2012, Radicación 19001-23-31-000-199900815-01(21515), M.P. Doctor Hernán Andrade Rincón, ha destacado que la intención del constituyente al consagrar el artículo 90 de la Constitución fue la de permitir la aplicación de diversos regímenes de imputación. En la sentencia citada, el Consejo de Estado destaca el siguiente aparte de la ponencia del constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero ante la Asamblea Nacional Constituyente: “Por otra parte, conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no se limita a su mera consagración expresa a nivel constitucional, sino que, además incorpora los más modernos criterio