TA ANT - Sentencia 05001-33-33-029-2021-00325-02 (24-02-2025)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONDENA EN COSTAS

Síntesis del caso: La Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro de Antioquia – COOMITAN promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de carácter no laboral, contra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el propó sito de obtener la nulidad parcial de dos resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Distrital mediante las cuales se autorizaron, con modificaciones, las tarifas del establecimiento educativo privado Colegio Militar José María Córdoba para el año lectivo 2021. La parte actora alegó que los actos administrativos fueron expedidos de manera extemporánea, con falsa motivación y sin cumplir el procedimiento normativo aplicable, lo que —a su juicio— generó un perjuicio económico derivado de la devolución de sumas cobradas a padres de familia. En primera instancia, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones, mantuvo la presunción de legalidad de los actos demandados y condenó en costas a la parte demandante, fijando las agencias en derecho en el 4 % de la cuantía, equivalente a $4.967.920.

Extracto: […] De esta forma, se entiende que la condena en costas contiene una obligación procesal que se impone contra el patrimonio de la parte vencida y en beneficio del vencedor, a efectos reintegrar, al menos en parte, los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir. […] En los anteriores términos, la fijación de las expensas y el monto de las agencias en derecho se realiza teniendo en cuenta las tarifas que establece el Consejo Superior de

gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir. […] En los anteriores términos, la fijación de las expensas y el monto de las agencias en derecho se realiza teniendo en cuenta las tarifas que establece el Consejo Superior de la Judicatura y solo si en dicho Acuerdo se establece un mínimo, o un mínimo y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales del proceso. […] En ese acuerdo, como viene de decirse, el Consejo Superior de la Judicatura, precisó las tarifas de agencias en derecho para los procesos declarativos que se tramitan en varias jurisdicciones, entre ellas, la de lo contencioso administrativo y específicamente en cuanto a los de primera instancia de mayor cuantía, dispuso que las agencias en derecho habrían de ser fijadas entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […] Esa suma, se encuentra entre los límites que fueron determinados en el Acuerdo No. PSAA-16 10554 de 2016, de ahí que resulte inoficioso recurrir a los criterios de graduación establecidos en el artículo 2, lo cual procede cuando se opta por un porcentaje d iferente que no fue lo que aconteció en este contencioso y así lo ha indicado el Consejo de Estado.

Decisión: El Tribunal confirmó la decisión de primera instancia en cuanto a la fijación de las agencias en derecho, al concluir que el 4 % aplicado se encuentra dentro del rango permitido para procesos declarativos de mayor cuantía, conforme al Acuerdo PSAA16 -10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala precisó que, cuando el

concluir que el 4 % aplicado se encuentra dentro del rango permitido para procesos declarativos de mayor cuantía, conforme al Acuerdo PSAA16 -10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala precisó que, cuando el porcentaje fijado se ubica entre los límites mínimo y máximo previstos normativamente, no resulta obligatorio acudir a los criterios de graduación adicionales del artíc ulo 2 del acuerdo, y reiteró que la determinación de las agencias corresponde al juez de primera instancia una vez ejecutoriada la sentencia. Adicionalmente, el Tribunal se abstuvo de imponer condena en costas en segunda instancia, al no encontrarse acreditada su causación en el expediente, en aplicación del criterio objetivo-valorativo desarrollado por el Consejo de Estado.RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – NO LABORAL

DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES RETIRADOS DE ANTIOQUIA

DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

MAG. PONENTE: LILIANA P. NAVARRO GIRALDO

Medellín, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia N.º 019 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho – No Laboral Demandante Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro de AntioquiaCOOMITANDemandado Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho – No Laboral Demandante Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro de AntioquiaCOOMITANDemandado Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Radicado 05001 33 33 029 2021 00325 02 Decisión Confirma sentencia. Asuntos Condena en costas y agencias en derecho. Tarifas del Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de agencias. Instancia Segunda

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín , el 30 de junio de 2022, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, se impuso condena en costas a cargo de la parte vencida y se fijaron las agencias en derecho.

I. ANTECEDENTES.

1. La demanda y su objeto.

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA, en adelante COOMITAN, formuló demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter no laboral , contra el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, en adelante DISTRITO DE MEDELLÍN, con la finalidad de que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:

• Resolución No. 202150004900 del 1 de febrero de 2021, mediante la cual se autorizó la adopción del régimen libertad regulada y las tarifas del establecimiento

actos administrativos:

• Resolución No. 202150004900 del 1 de febrero de 2021, mediante la cual se autorizó la adopción del régimen libertad regulada y las tarifas del establecimiento educativo privado denominado Colegio Militar José María Córdoba, para el período escolar que inició en el año 2021.

• Resolución 202150040488 del 20 de abril de 2021 , que modificó parcialmente la Resolución del 01 de febrero de 2021, en su artículo cuarto.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al Distrito de Medellín, el reconocimiento y pago de todas las sumas de dinero que hubiere devuelto a los padres de familia y/o acudientes por concepto de reclamaciones durante el trámite del proceso y las que se hagan a futuro, hasta la suma de $124.198.005.RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

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3 De manera subsidiaria, solicitó que se le ordene a la entidad demandada aprobar las tarifas de los otros cobros periódicos para el año 2021, en la forma presentada por a la Secretaría de Educación y que en la misma resolución de cumplimiento a la sentencia, se autorice al establecimiento educativo a adelantar las acciones de recobro o reembolso a cada padre de familia y/o acudiente por concepto de la suma devuelta durante el trámite del proceso y a futuro, más los respectivos

la sentencia, se autorice al establecimiento educativo a adelantar las acciones de recobro o reembolso a cada padre de familia y/o acudiente por concepto de la suma devuelta durante el trámite del proceso y a futuro, más los respectivos intereses legales a partir de la fecha de recobro, has ta por valor de $124.198.0051.

2. Los hechos.

Los supuestos fácticos del medio de control ya referenciado son los que a continuación se sintetizan:

2.1. El Ministerio de Educación, a través de la Resolución 018959 del 7 de octubre de 2020, estableció los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar 2021.

2.2. El Colegio Militar José María Córdoba, siguió rigurosamente todo el procedimiento establecido en esa Resolución para la fijación de las citadas tarifas, siendo aprobada la propuesta por el Consejo Directivo, por lo que el 16 de octubre de 2020, presentó a nte la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, la propuesta de los costos educativos para el año 2021, a través de la plataforma EVI, que fue dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional y el 7 de diciembre de ese año, inició el proceso de m atrículas para el período lectivo de 2021.

2.3. La Secretaría de Educación, expidió la Resolución No. 202150004900 del 1 de febrero de 2021, autorizando la adopción del régimen libertad regulada y las

de 2021.

2.3. La Secretaría de Educación, expidió la Resolución No. 202150004900 del 1 de febrero de 2021, autorizando la adopción del régimen libertad regulada y las tarifas del establecimiento educativo privado, para el período escolar iniciado en el 2021, pero en ell a incurrió en tres irregularidades, a saber: (i) emitió el acto por fuera del término indicado en el artículo 17 de la Resolución No. 018959 del 07 de octubre de 2020, es decir, luego de iniciado el proceso de matrículas en el colegio para el año lect ivo 2021; (ii) disminuyó los valores del concepto otros cobros periódicos, sin indicar ningún motivo y omitió los presentados por el colegio, sin realizar un requerimiento previo para su modificación; y (iii) no objetó las tarifas, pese a que es un requisi to previo para su modificación, conforme lo indicado en el parágrafo del artículo 2.3.2.2.3.9 del decreto 1075 de 2015.

2.4. Contra esa decisión, fue incoado recurso de reposición, siendo resuelto por medio de la Resolución No. 202150040488 del 20 de abril de 2021, modificando el artículo cuarto del acto recurrido, en el sentido de adicionar al final del listado, un concepto para otro cobro denominado acto de clausura preescolar por valor de $48.400.

2.5. En esas condiciones, los actos acusados fueron expedidos de forma irregular, con falsa motivación y con una clara extemporaneidad.

3. La posición de la entidad demandada en primer grado.

de $48.400.

2.5. En esas condiciones, los actos acusados fueron expedidos de forma irregular, con falsa motivación y con una clara extemporaneidad.

3. La posición de la entidad demandada en primer grado.

1 Cfr. A folios 1 y 2 del archivo digital No. 2.RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

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El Distrito de Medellín, se opuso a las pretensiones ventiladas en su contra al considerar que los actos administrativos acusados fueron expedidos con apego a la normativa que regula el tema y sin incurrir en vicio de nulidad, por lo que su presunción de legalidad se mantiene incólume.

Refirió que la Secretaría de Educación en ejercicio de su facultad de vigilancia y control, expidió el acto administrativo mediante el cual definió los costos que el Colegio Militar estaba autorizado a cobrar con relación a la propuesta presentada, pero fue objeto de ajustes porque algunos de los cobros no correspondían a los previstos en la resolución expedida por el Ministerio de Educación.

Indicó también que, si bien la resolución de fijación del régimen y las tarifas del establecimiento educativo se expidió en el mes de febrero de 2021 , esa circunstancia no era suficiente para viciar el acto de nulo y menos lo hacía contrario a las normas constitucionales y legales que regulan la materia, ya que

establecimiento educativo se expidió en el mes de febrero de 2021 , esa circunstancia no era suficiente para viciar el acto de nulo y menos lo hacía contrario a las normas constitucionales y legales que regulan la materia, ya que el legislador no consagró extemporaneidad por no expedirse el acto en la fecha señalada en la demanda.

Insistió en que la Secretaría de Educación act uó en ejercicio de la facultad legal conferida en la Ley 715 de 2001 y en los artículos 2.3.2.2.1.1 y 2.3.2.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015, porque los establecimientos no pueden cobrar rubros que no están expresamente autorizados por la Secretaría de Educación certificada.

Señaló que la resolución que el Ministerio de Educación Nacional emite cada año y por medio de la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado , sirve es para establecer los topes máximos a autorizar en relación a todos los costos educativos, los cuales se encuentran definidos en el Decreto 1075 de 2015.

Así mismo, indicó que los cobros periódicos son taxativos y corresponden solamente a transporte, alojamiento y alimentación ; son aceptados voluntariamente por el padre de familia, por lo que no constituyen un elemento propio de la prestación del servicio educativo . Entre tanto, los otros cobros periódicos, son sumas de dinero que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, diferentes a los indicados inicialmente y para que proceda su

propio de la prestación del servicio educativo . Entre tanto, los otros cobros periódicos, son sumas de dinero que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, diferentes a los indicados inicialmente y para que proceda su cobro, de acuerdo con el análisis de los artículos 2.3.2.2.1.4., 2.3.3.1.4.4., 2.3.3.1.4.1 y 2.3.3.1.4.2 del Decreto 1075 de 2015, deben cumplir con tres presupuestos: voluntariedad, tiempo extra y no injerencia en notas.

En ese sentido, estimó no configurado el vicio de falta de motivación, ya que al desatarse el recurso de reposición incoado por la parte activa, la entidad realizó el análisis del tema a la luz de lo normado en el Decreto 1075 de 2015 y demás normas que regula la materia, abordando todos los argumentos de disenso y explicando los motivos por los que no se acogían las observaciones realizadas.

Se pronunció en torno a la pretensión del restablecimiento del derecho elevada en el dossier, en el sentido de constituir un enriquecimiento sin causa a favor del establecimiento educativo, ya que carece de respaldo normativo y probatorio,RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

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DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 5 más cuando las tarifas propuestas por el Colegio Militar José María Córdoba son

DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 5 más cuando las tarifas propuestas por el Colegio Militar José María Córdoba son una mera expectativa y no un derecho adquirido , en tanto están sujetas a aprobación de la Secretaría de Educación certificada.

En ese sentido, propuso como excepciones la de incumplimiento de la carga de la prueba de la parte demandantes y legalidad de los actos objeto de estudio e inexistencia de la obligación de indemnizar por parte de la entidad territorial y enriquecimiento sin causa a favor de la institución educativa.

4. De la decisión de primer grado.

El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones insertas en el dossier, al considerar que no se configuró ningún vicio de nulidad en relación con las Resoluciones Nos. 202150004900 del 1 de febrero de 2021 y 202150040488 del 20 de abril del mismo año.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no existe norma expresa que estableciera un plazo o término máximo a la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, para pronunciarse respecto de las tarifas para matrícula, pensión y otros cobros periódicos presentadas para verificación y autorización por el Colegio Militar José María Córdoba, de ahí que no se limite su competencia temporal y, por tanto, no se concrete el vicio de infracción a la norma en la cual debía fundarse predicado por la parte activa.

Además, porque la Secretaría de Educación se encontraba facultada para autorizar los incrementos de todas las tarifas para los costos educativos, incluso

se concrete el vicio de infracción a la norma en la cual debía fundarse predicado por la parte activa.

Además, porque la Secretaría de Educación se encontraba facultada para autorizar los incrementos de todas las tarifas para los costos educativos, incluso la de otros cobros periódicos previamente aprobados por el Consejo Directivo de la institución educativa y ajustarlos si había lugar a ello, a la tasa fijada por el Ministerio de Educación Nacional, en el evento en que la propuesta presentada por el establecimiento educativo privado no se ajustara a lo regulado en la Resolución 018959 de 2020 y en el Decre to 1075 de 2015, como en efecto ocurrió, dejando sin piso la premisa de falsa motivación.

En la providencia, conforme a lo indicado en los artículos 188 del CPACA, 365 del Código General del Proceso y en el artículo 5 del Acuerdo PSAA16 -10554 del 05 de agosto de 2016, se impuso condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso, esto es, la demandante y se fijaron las agencias en derecho de la siguiente forma:

“(…) Se fijan como agencias en derecho el 4% de la estimación razonada de la cuantía (Pág. 9 del archivo “002Demanda.pdf” del cuaderno principal del expediente digital), esto es, la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($4.967.920) (…)”2.

5. Del recurso de apelación.

De forma oportuna, la parte demandante, presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el

5. Del recurso de apelación.

De forma oportuna, la parte demandante, presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el Juzgado de conocimiento mediante auto de fecha 28 de julio de 2022 3, siendo

2 Cfr. A folio 28 del archivo digital No. 29. 3 Cfr. Archivo digital No. 32.RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

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DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 6 admitido por esta Corporación mediante actuación del 10 de agosto del mismo año4.

5.1. De la sustentación del recurso.

El apoderado de la parte demandante sustentó el recurso de apelación de la siguiente forma:

“(…) El despacho condenó en costas y al fijó como agencias en derecho el 4% de la estimación razonada de la cuantía, esto es, la suma de cuatro millones novecientos sesenta y siete mil novecientos veinte pesos ($4.967.920).

El acuerdo N° PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el artículo 2° indica, lo siguiente:

“ARTICULO SEGUNDO. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta del rango de las tarifas mínimas y máximas

del Consejo Superior de la Judicatura, en el artículo 2° indica, lo siguiente:

“ARTICULO SEGUNDO. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza , calidad y duración útil de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarroll ada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. (Las subrayas en negrilla y cursiva son mías)

Considero que la suma impuesta como agencias en derecho resulta alta considerando la naturaleza del proceso bastante sencillo, corto y que no tuvo mayor actividad probatoria ni exigió gran dificultad como quiera que se trató de un asunto de mera interpreta ción normativa de las partes, sin ninguna maniobra indicativa de mala fe de la parte demandante, ni con el ánimo de obtener un provecho indebido, sólo se planteó una discrepancia interpretativa, encontrándose el despacho de acuerdo con la posición de la parte demandada”5.

6. Pronunciamiento de las partes en segunda instancia.

Dentro del término establecido en el numeral 4° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, la entidad demandada no allegó escrito de pronunciamiento en relación el recurso de apelación que incoado por la parte demandante.

7. El Ministerio Público.

La Agente delegada del Ministerio Público dentro del término dispuesto por el

pronunciamiento en relación el recurso de apelación que incoado por la parte demandante.

7. El Ministerio Público.

La Agente delegada del Ministerio Público dentro del término dispuesto por el numeral 6° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

1. De la competencia y el límite natural del recurso de apelación.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, este Tribunal Administrativo es competente para decidir en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, el 30 de junio de 2022.

4 Cfr. Archivo digital No. 37. 5 Cfr. Archivo digital No. 31.RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

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7 En cuanto al límite natural de la alzada interpuesta, según lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 306 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se precisa que el recurso de apelación se entiende interpuesto en

artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 306 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se precisa que el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante , como marco de sustentación, por lo cual el superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto del mismo.

En consecuencia, la Sala estudiará los puntos sobre los cuales alegó la parte apelante, que le resulten desfavorables, que se hubiesen sustentado con aplomo dentro de la oportunidad debida, según la regla específica que ciñe este tipo de análisis como se despejó in limine.

2. Problema jurídico principal.

Corresponde a la Sala determinar, si la condena en costas se ajusta a los postulados legales, pero solo en cuanto al tope fijado por concepto de agencias en derecho.

3. La tesis de la Sala.

Desde ya se anuncia que la hipótesis que se sostendrá argumentativamente por esta Sala se concreta en la confirmación de la decisión apelada, en la que se toca con las agencias en derecho , pues la suma determinada se ajusta a los postulados del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

A continuación, se desarrollará la tesis expuesta, ex ante atender la conceptualización del asunto y posteriormente el análisis probatorio concreto, tal y como sigue:

4. De la condena en costas y la fijación de las agencias en derecho.

Con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se dio un cambio sustancial en materia de condena en costas,

y como sigue:

4. De la condena en costas y la fijación de las agencias en derecho.

Con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se dio un cambio sustancial en materia de condena en costas, puesto que, actualmente, la misma se rige conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso, en el cual se prevé que la misma atiende a factores objetivos, es decir, se condena en costas a quien resulte vencido en el proceso, sin atención a juicios de conducta6.

Las costas procesales son las erogaciones económicas que comporta la atención de un proceso judicial , n oción que incluye : i) las agencias en derecho “ que consisten en el valor que el juzgador le da al trabajo del profesional del derecho que ha triunfado en el proceso, cuyo pago le corresponde a la parte que resulte vencida judicialmente”; y ii) las expensas sufragadas durante el curso del proceso, que son los demás gastos, tales como el valor de las notificaciones, aranceles, honorarios de los auxiliares de la justicia, impuestos, pólizas, registros, etcétera (CGP. Arts. 361 y ss.).

De esta forma, se entiende que la condena en costas contiene una obligación procesal que se impone contra el patrimonio de la parte vencida y en beneficio

6 Artículo 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012.RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

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DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 8 del vencedor, a efectos reintegrar, al menos en parte, los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir7.

Mírese que la disposición ab initio referida, impone al juzgador la carga de decidir sobre la condena en costas, siempre que profiera una sentencia, con la única salvedad de no hacerse en los eventos en los que se ventila un interés público.

Sin embargo, el concepto de interés público al que alude la norma es el estrictamente ligado al que mueve a una determinada persona para actuar en defensa de derechos de orden público y, no se encuentra relacionado con la calidad de la entidad o entidades emplazadas en los juicios contencioso s administrativos.

En tanto, en cuanto a la liquidación y ejecución de las costas, la normatividad en comento efectúa una remisión al Código de Procedimiento Civil, empero, como este fue derogado, debe entenderse direccionado a la normativa procesal vigente a partir del 01 de enero de 2014, esto es, la Ley 1564 de 2012, que según lo indica el numeral 6° del artículo 627 entró a regir en esa data y, por ende es de aplicación inmediata, y que para el asunto que nos ocupa, es el a rtículo 365, el cual a su tenor literal, prescribe:

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores

aplicación inmediata, y que para el asunto que nos ocupa, es el a rtículo 365, el cual a su tenor literal, prescribe:

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto,

decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

7 Corte Suprema de Justicia SL 1107-2019.RADICADO: 05001-33-33-029-2021-00325-02

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9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

Por otra parte, en lo que respecta a su l