TA ANT - Sentencia 05001-33-33-029-2023-00125-01 (24-01-2025)

NULIDAD DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SANCIÓN MORATORIA – Pago tardío de cesantíasSíntesis del caso: La controversia tuvo origen en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por G. H.

R. Á., quien solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, por el supuesto pago tardío de una cesantía parcial. La demandante sostuvo que, entre el reconocimiento y el pago de la prestación, se superaron los términos máximos legales, lo que generaba la obligación de pagar un día de salario por cada día de retardo. En primera instancia, el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones y declaró la nulidad del acto presunto que negó la sanción, al considerar que el pago se efectuó fuera del término legal.

Extracto: […] Frente a este argumento, si bien es claro que existió discusión respecto de la aplicación de la sanción por mora contenida en la ley 1071 de 2006 al personal docente, esta Sala, desde hace ya tiempo, sentó su posición al respecto, en el sentido que, si bien, en principio, pudiera considerarse improcedente el reconocimiento de la sanción en mención a los docentes cuya situación prestacional se encuentra especialmente regulada en la ley 91 de 1989 y el decreto 2831 de 2005, en razón de los principios de igualdad y de favorabilidad resulta viable aplicar lo consagrado en la ley 1071 de 2006, pues no puede

dársele un trato desigual al sector docente, negándoles un beneficio reconocido a los servidores públicos (calidad que ostentan los docentes), so pretexto de no estar regulada en una norma especial su situación prestacional; además, no podría prohijarse la tesis que, en relación con los docentes, el pago con mora de una prestación social no tiene una consecuencia jurídica, como lo da a entender la entidad demandada. […] No obstante, en la actualidad no hay discusión en torno a la aplicación de la sanción moratoria contenida en la ley 1071 de 2006 para el personal docente, ni tampoco sobre la contabilización del término a partir del cual debe ser reconocida esta sanción, pues el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, zanjó estas y otras discusiones, tal como se expondrá a continuación. […] En cuanto a la liquidación de la sanción moratoria por la falta de pago oportuno del auxilio de cesantías, en la sentencia de unificación se establecieron los lineamientos para ello, en el sentido que, en el evento en que la entidad resolvía la solicitud de reconocimiento de las cesantías de manera tardía o no la resolvía, a partir de la radicación de la petición se cuentan 15 días para la expedición del acto administrativo que apruebe o impruebe el reconocimiento, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1071 de 2006. […] Finalmente, una vez ejecutoriada la decisión, la entidad cuenta con cuarenta y cinco (45) días para hacer efectivo el pago de la prestación. Lo anterior en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da un total de setenta (70) días, de modo que, al día siguiente del vencimiento de dicho término, se comenzará a causar la sanción

prestación. Lo anterior en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da un total de setenta (70) días, de modo que, al día siguiente del vencimiento de dicho término, se comenzará a causar la sanción moratoria y cesará en el momento en que se realice el pago. […] Al respecto la sentencia de unificación precisó que el salario base para liquidar el monto de la sanción moratoria varía dependiendo de si la solicitud se realizó para el reconocimiento de las cesantías parciales o el reconocimiento de cesantías definitivas, pues en el primero de los casos será la asignación básica diaria devengada por el servidor público al momento en que se causó la mora, mientras que en el segundo de los casos será la asignación básica diaria percibida al momento de finalizar el vínculo laboral. […] En atención a lo anterior, como los 45 días para el pago de las cesantías se cumplieron el 8 de noviembre de 2021, la entidad demandada no incurrió en mora porque puso a disposición el pago el 15 de octubre de 2021 (antes del vencimiento de los 45 días después de ejecutoriado el acto administrativo).

Decisión: La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se causó la sanción moratoria porque el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías se surtió dentro de los términos previstos en la Ley 244 de 1995, la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019. Precisó

que, para efectos del cómputo de la mora, debe tomarse como punto de partida la fecha real de radicación completa de la solicitud y la ejecutoria del acto administrativo, y no una fecha anterior no acreditada en el proceso. En consecuencia, concluyó que el pago fue oportuno y que no había lugar a sanción ni a condena en costas.05001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA

Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur.

Medellín, D. E., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 05001 33 33 029 2023 00125 01 Demandante Gladys Helena Restrepo Alzate Demandado Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia Naturaleza Nulidad y restablecimiento del derecho - laboral Instancia Segunda Providencia Sentencia 4 de 2025 Temas y subtemas Sanción por mora en el pago de cesantías /No se causó la mora Decisión Revoca sentencia Aprobado en acta 5 de 2025

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el

procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 7 de junio de 2024 por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda1.

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de abril de 20232, Gladys Helena Restrepo Álzate formuló demanda3, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional del Magisterio y el departamento de Antioquia, con el fin de obtener pronunciamiento y respecto de las siguientes pretensiones, las cuales se resumen así 4:

1 Carpeta “PrimeraInstancia”, documento en pdf “015Sentencia” 2 Carpeta “PrimeraInstancia”, documento en pdf “001ActaReparto” 3 Carpeta “PrimeraInstancia”, documento en pdf “002Demanda” 4 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “002Demanda” páginas 2 y 305001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 3

Solicitó que se declare la nulidad del acto del acto administrativo ficto o presunto configurado el 1 de junio de 2022, frente a la petición presentada el 1 de marzo de 2022, en cuanto le negó a la parte actora el reconocimiento de la sanción por

configurado el 1 de junio de 2022, frente a la petición presentada el 1 de marzo de 2022, en cuanto le negó a la parte actora el reconocimiento de la sanción por mora contenida en las leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

Así mismo, que se declare que tiene derecho a que la entidad le reconozca, liquide y pague la sanción por mora en los términos de la ley antes mencionada.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al pago de dicha prestación equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los 45 días hábiles contados desde el momento en que quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció las cesantías y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma y, además, que se ordene lo siguiente:

1. que reconozca y pague el ajuste del valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria conforme a la variación del IPC desde el pago de la cesantía y hasta la ejecutoria de la sentencia y, ii) que d e cumplimento a la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

2.- Los hechos

Los fundamentos fácticos de las pretensiones 5 se resumen en que el 17 de agosto de 2021, mediante la resolución 2021060085946, le fue reconocida a Gladys Helena Restrepo Álzate la cesantía solicitada el “2 de julio de 2021” (sic) y pagada el 15 de

de 2021, mediante la resolución 2021060085946, le fue reconocida a Gladys Helena Restrepo Álzate la cesantía solicitada el “2 de julio de 2021” (sic) y pagada el 15 de octubre de 2021, de manera que, según su dicho, transcurrieron “21”(sic) días de mora desde el vencimiento el término de los 70 días hábiles con los que contaba la entidad para efectuar el pago –“13 de octubre de 2021” (sic)6y la fecha en que este se materializó –15 de octubre de 20217-. 3.- Normas violadas y concepto de violación

5 Carpeta “PrimeraInstancia”, documento en pdf “002Demanda” páginas 3 a 5 6 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “002Demanda”, hecho octavo, página 5 7 Ibíd05001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 4

La parte actora invocó, como fundamento de sus pretensiones, los artículos 5 y 15 de la ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995, los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006 y el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

Como concepto de violación , manifestó que la entidad demandada ha transgredido las disposiciones que regulan la materia e incurren en mora injustificada para el pago de la misma; además, indicó que con la ley 1955 de 2019 se incorporó la responsabilidad de las entidades territoriales, en los casos en los que la mora se produzca por su falta de diligencia.

Manifestó que entre el reconocimiento y pago de la prestación en comento no

se incorporó la responsabilidad de las entidades territoriales, en los casos en los que la mora se produzca por su falta de diligencia.

Manifestó que entre el reconocimiento y pago de la prestación en comento no deben superarse los 70 días hábiles después de haber sido radicada la solicitud; sin embargo, la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagó la prestación reclamada por fuera de los términos establecidos en la ley, circunstancia que genera una sanción a cargo de dicha entidad.

4.- La actuación procesal de primera instancia

La demanda fue admitida por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante auto de 11 de mayo de 20238, providencia que se notificó en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.

4.1.- La Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro de la oportunidad legal, se opuso a las pretensiones de la demanda 9 y, en cuanto a los hechos, admitió unos como ciertos, frente a otros indicó que no eran ciertos y en otros que se atenía a lo demostrado.

Adujo que mediante el artículo 3 de la ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, con la finalidad de atende r las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados al servicio de la educación primaria y secundaria del Estado.

Explicó que es con la ley 1071 de 2006 que se desarrolla la sanción por mora en el

la finalidad de atende r las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados al servicio de la educación primaria y secundaria del Estado.

Explicó que es con la ley 1071 de 2006 que se desarrolla la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías parciales y definitivas reconocidas a cada uno de los docentes de cualquier orden; además, con la ley 1955 de 2019 se prohibió que los

8 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “004AutoAdmiteDemanda” 9 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “06MemorialAbril11ContestacionFomag”05001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 5

recursos del Fondo fueran destinados al pago de otra cosa que no fueran las prestaciones sociales independientes de cada uno de los docentes vinculados al FOMAG.

Expresó que con la vigencia de la Ley 1955 de 2019, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a los docentes es un trámite que, exclusivamente, se encuentra a cargo de dos entidades, esto es, de las Secretarías de Educación, quienes tienen la compe tencia funcional de expedir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación, y de la sociedad fiduciaria -Fiduprevisora S.A.- que tiene la obligación legal y contractual de pagar la prestación.

Señaló que la responsable, en este caso, la entidad territorial, expidió en tiempo el acto administrativo de reconocimiento, pero con los anexos no se allegó prueba de la fecha en la cual fue radicada ante la Fiduprevisora S.A. para proceder con el pago de la prestación, circunstancia que debe ser esclarecida en el presente

acto administrativo de reconocimiento, pero con los anexos no se allegó prueba de la fecha en la cual fue radicada ante la Fiduprevisora S.A. para proceder con el pago de la prestación, circunstancia que debe ser esclarecida en el presente asunto para resolver lo pretendido conforme a lo establecido en el parágrafo, del artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

Solicitó la desvinculación puesto que una eventual condena que lo obligue a efectuar el pago de la sanción por mora deprecada, sería una violación directa a la ley y una lesión severa al patrimonio económico.

Afirmó que la solicitud de las cesantías se presentó el 2 de julio de 2021, así que la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia contaba con 15 días para la expedición del acto administrativo que vencieron el 27 de julio de 2021; sin embargo, la resolución fue expedida de forma extemporánea el 18 de agosto de 2021, circunstancia que permite inferir la responsabilidad de la Secretaría de Educación respecto al reconocimiento de las cesantías, en concordancia con el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

Consideró que la indexación y la sanción por mora son incompatibles, porque la indexación se encuentra proscrita por vía jurisprudencial y hace mucho más gravosa la situación de la administración.

4.2.- El departamento de Antioquia, dentro de la oportunidad legal, se opuso a las pretensiones de la demanda10 y, en cuanto a los hechos, admitió unos como ciertos y frente a otros indicó que no lo eran.

4.2.- El departamento de Antioquia, dentro de la oportunidad legal, se opuso a las pretensiones de la demanda10 y, en cuanto a los hechos, admitió unos como ciertos y frente a otros indicó que no lo eran.

10 Carpeta “Primera Instancia”, documentos en pdf “007ContestacionDemandaDepartamentoAntioquia”05001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 6

Expresó que conforme al artículo 9 de la ley 91 de 1989, las prestaciones sociales las pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en atención al artículo 56 de la ley 962 de 2005, las solicitudes las atenderán las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas.

Advirtió que la ley 1071 de 2006 regula el supuesto de la sanción por mora y el pago de la sanción depende de la actuación del ente pagador, específicamente Fiduprevisora S.A.

Consideró que la ley 1955 de 2019 modificó el procedimiento para la aprobación de la prestación por parte del fondo.

Sostuvo que solo actúa como tramitadora de las peticiones de los docentes; por ende, la entidad del orden nacional es la responsable de pagar tanto las cesantías parciales como totales, así como la mora, con sus propios recursos; incluso, la referida ley le ordena a la entidad iniciar, si es necesario, una acción de repetición contra el funcionario que causó el retardo en el pago.

5.- La sentencia

Mediante sent encia proferida el 7 de junio de 202 4, el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín concedió las pretensiones de la demanda11.

5.- La sentencia

Mediante sent encia proferida el 7 de junio de 202 4, el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín concedió las pretensiones de la demanda11.

Para tal efecto, señaló que el 2 de julio de 2021 se radicó la solicitud de reconocimiento y pago de la cesantía y e l 17 de agosto de 2021 se emitió la resolución 2021060085946 que las reconoció; además, informó que la entidad tuvo hasta el 13 de octubre de 2021 para pagar; sin embargo, pagó el 15 de octubre de 2021, situación que hizo que incurriera en mora de un día (14 de octubre de 2021). Por lo anterior, indicó que se desconocieron los términos fijados en la ley 244 de 1995, adicionada por la ley 1071 de 2006.

Por lo expuesto, declaró la nulidad del acto del acto ficto o presunto configurado el 2 de junio de 2022, frente a la petición presentada el 1 de marzo de 2022, en cuanto se negó el reconocimiento de la sanción por mora a la señora Gladys Helena Restrepo Álzate.

11 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “015Sentencia”05001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 7

Aclaró que el parágrafo del artículo 57 de la ley 1955 de 2019 estableció una carga obligacional a los entes territoriales cuando por su mora se incurra en la sanción y destacó que el carácter de dicha carga es objetivo, por lo que, como se acreditó

obligacional a los entes territoriales cuando por su mora se incurra en la sanción y destacó que el carácter de dicha carga es objetivo, por lo que, como se acreditó que la solicitud fue radicada ante el ente territorial el 2 de julio de 2021, al estar vigente la ley 1437 de 2011, se debía dar respuesta a esta solicitud dentro de los 15 días, término que una vez vencido da inicio al conteo de los 10 días de ejecutoria, así que como los 25 días concluyeron el 10 de agosto de 2021, afirmó que los días que superen el 10 de agosto de 2021, sin que el ente territorial remita e informe a la Fiduduprevisora S.A el pago de las cesantías reconocidas, se configura en una sanción por mora que debe ser reconocid a por aquella al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por lo expuesto, condenó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fonpremag, al pago de la sanción moratoria de 14 de octubre de 2021 y reconoció al fondo el derecho a recobrar las sumas adicionales que se deban pagar y resultara condenadas por el retardo en que se haya incurrido por parte del ente territorial y superen los 25 días desde el radicado de la solicitud.

6.- El recurso de apelación

6.1.- El departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación12 frente al fallo de primera instancia, en virtud del cual solicitó revocar dicha sentencia, por cuanto la reclamación inicial se radicó el 10 de agosto de 2021 , cuando fueron debidamente aportados y validados los documentos requeridos para reclamar la

de primera instancia, en virtud del cual solicitó revocar dicha sentencia, por cuanto la reclamación inicial se radicó el 10 de agosto de 2021 , cuando fueron debidamente aportados y validados los documentos requeridos para reclamar la prestación, como se observa en el sistema “Humano en línea” y se expresa en las consideraciones de la resolución 2021060085946 de 17 de agosto de 2021.

Consideró que si la radicación de la solicitud se verificó el 10 de agosto de 2021 y el acto se expidió el 17 de agosto de l mismo año, no se vulneraron los términos legales con los que contaba la entidad para proferir el acto administrativo, porque los 15 días con los que contaba la administración para dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de las cesantías vencieron el 1 de septiembre de 2021 y se pagó el 15 de octubre de 2021, es decir, no excedió los 70 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud de que trata la ley 1071 de 2006.

12 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “017RecursoApelacionDepartamentoAntioquia202300125”05001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 8

6.2.- La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación13 frente al fallo de primera instancia, en virtud del cual solicitó revocar dicha sentencia, por cuanto si bien se generó mora en el pago de las cesantías, la responsabilidad se le debió atribuir solo al ente territorial, porque no podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas

en virtud del cual solicitó revocar dicha sentencia, por cuanto si bien se generó mora en el pago de las cesantías, la responsabilidad se le debió atribuir solo al ente territorial, porque no podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial con cargo a los recursos del FOMAG, comoquiera que los mismos solo pueden destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales de sus afiliados docentes.

Adujo que la documentación solo fue remitida por el ente territorial el 6 de septiembre de 2021, fecha a partir de la cual el FOMAG contaba con un término de 45 días para el pago, los cuales vencían el 1 1 de noviembre de 2021, y de conformidad con el certificado de pago el dinero fue puesto a disposición de la docente el 15 de octubre de 2021, es decir, que no existió mora en el pago.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 7 de junio de 2024, por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la ley 1437 de 2011, en armonía con lo consagrado en el numeral 2 del artículo 155 ibídem pues, al estimar razonadamente la cuantía, la pretensión de mayor valor no excedió los 50 salarios mínimos legales mensuales14.

1.2.- Cuestión previa.

155 ibídem pues, al estimar razonadamente la cuantía, la pretensión de mayor valor no excedió los 50 salarios mínimos legales mensuales14.

1.2.- Cuestión previa.

Se advierte que el artículo 18 de la ley 446 de 1998 impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos que han venido tramitando hayan pasado al despacho para tal efecto, sin que hubiere lugar a alterarse dicho orden.

No obstante, lo anterior, el legislador mediante la ley 1285, de 22 de enero de 2009, por la cual se reformó la ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 16 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado, en sus Salas

13 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “018RecursoApelacionFomag202300125” 14 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “002Demanda” páginas 15 y 1605001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 9

o Secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada carezca de antecedentes jurisprudenciales.

Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, en sentencia de 18 de julio de 2018, unificó la jurisprudencia frente a la aplicación de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías al personal docente de que trata la ley 244 de 1995 subrogado por la ley 1071 de 2006, se entrará a resolver el recurso de apelación sin

tardío de las cesantías al personal docente de que trata la ley 244 de 1995 subrogado por la ley 1071 de 2006, se entrará a resolver el recurso de apelación sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho.

2.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria de que trata la ley 244 de 1995, modificada por la ley 1071 de 2006, por la falta de pago oportuno de sus cesantías y cuál sería la entidad responsable del pago.

Para la solución del problema jurídico propuesto, la Sala desarrollará los siguientes temas: i) régimen jurídico aplicable, ii) solución al caso concreto, iii) decisión y iv) costas.

3.- Marco jurídico aplicable

3.1.- Cesantías de docentes

La ley 91 de 1989, en relación con las cesantías de los docentes, establece:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

“3. Cesantías:

“A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año l aborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año l aborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

“B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesa ntías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma qu e resulte de aplicar la tasa de interés, que de a cuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional05001 33 33 029 2023 00125 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 10

docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”.

Ahora, el decreto 2831 de 2005 regula todo lo relativo al reconocimiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señalando que: (i) la solicitud se eleva ante la entidad territorial a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el docente, (ii) la entidad territorial elabora y remite el proyecto de acto administrativo dentro de los

Sociales del Magisterio, señalando que: (i) la solicitud se eleva ante la entidad territorial a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el docente, (ii) la entidad territorial elabora y remite el proyecto de acto administrativo dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la solicitud a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y (iii) dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del proyecto de resolución la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones para no hacerlo. La normativa que regula la materia establece:

“Artículo 2. Radicación de solicitudes . Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

“La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magi sterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

“Artículo 3. Gestión a cargo de las secretarías de educación . De acuerdo con lo

entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

“Artículo 3. Gestión a cargo de las secretarías de educación . De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

“Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente deberá:

“1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes relacio