TA ATL - 08001233300020200009300-(23-06-2023)

Rama Judicial del Poder Publico Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia

SIGCMA-SGC

SC5780-4-2

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

Barranquilla DEIP, veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado 08-001-23-33-000-2020-00093-00

Demandante ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ

Demandado La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Magistrado Sustanciador CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA

II.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del asunto de la referencia, previos los siguientes

III. ANTECEDENTES

DEMANDA

La señora Alina Margarita Berdugo Rodríguez , mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, contra la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga, con

presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, contra la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga, con la finalidad de obtener la nulidad de los siguientes actos adm inistrativos: i) Oficio No. 2019-EE-114178 de 12 de agosto de 2019, suscrito por el Subdirector Técnico de la Subdirección de Monitoreo y Control del Ministerio de Educación Nacional; ii) Acto ficto configurado respecto de la petición presentada el 25 de julio de 2019 ante la Alcaldía Municipal de Sabanalarga; y iii) Oficio No. 1243 de 14 de agosto de 2019, signado por el Secretario de Educación del Departamento del Atlántico, a través de los cuales se denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata2

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2 la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 , por la no consignación en tiempo de las cesantías correspondientes a los años 2000 a 2003.

SC5780-4-2 la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 , por la no consignación en tiempo de las cesantías correspondientes a los años 2000 a 2003.

A título de restablecimiento del derecho, peticiona se condene a las entidades demandadas a reconocer y pagar la sanción moratoria de que trata la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, liquidada año por año desde el 15 de febrero de la anualidad siguiente a la que se hizo exigible la obligación, tomando como base el salario devengado en cada período reclamado (años 2000, 2001, 2002, 2003); sumas respecto de las cuales solicita su actualización y el pago de intereses de conformidad con lo establecido en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA, además pretende se condene en costas.

HECHOS

Los fundamentos fácticos se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Manifiesta la demandante, que fue vinculada a prestar sus servicios en el Municipio de Sabanalarga, a partir del 26 de octubre de 2000, asimilada por el Departamento del Atlántico, desde el año 2003.

Informa que las entidades demandadas no consignaron las cesantías anualizadas correspondientes a los años 2000, 2001, 2002 y 2003, dentro del plazo establecido por la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.

Por último, indica la demandante que a través de peticiones presentadas el 25 y 29 de julio de 2019, reclamó ante la Alcaldía Municipal de Sabanalarga, la Gobernación

Por último, indica la demandante que a través de peticiones presentadas el 25 y 29 de julio de 2019, reclamó ante la Alcaldía Municipal de Sabanalarga, la Gobernación del Departamento del Atlántico y el Ministerio de Educación Nacional, respectivamente, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 , por la consignación inoportuna de las cesantías correspondientes a los años 2000 hasta 2003, quienes desestimaron su solicitud a través de los actos administrativos demandados.

CONTESTACIÓN3

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG: por conducto de mandataria judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que conforme con la Ley 91 de 1989, el fondo es el responsable de liquidar y pagar el auxilio de cesantías de los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, lo que en principio los excluye del sistema de liquidación de la prestación aludida

con la Ley 91 de 1989, el fondo es el responsable de liquidar y pagar el auxilio de cesantías de los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, lo que en principio los excluye del sistema de liquidación de la prestación aludida contemplado en normas generales tales como las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, entre otras; máxime cuando este ente público no tiene la obligación de “liquidar definitivamente dicha prestación al 31 de diciembre de cada anualidad, sin perjuicio de lo queda realizarse en fecha anterior por terminación de la relación laboral, de reconocer los intereses legales a que haya lugar y consignar antes del 15 de febrero de cada anualidad, en el fondo que el empleado elija”.

Expuso que la liquidación de las cesantías de los docentes afiliados al FOMAG, se rige por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, las cuales fijan un procedimiento especial que difiere sustanci almente de lo estipulado en las normas generales, por lo que, no es procedente hacer extensiva una sanción contemplada en dichas disposiciones, para un trámite regulado en una norma especial que no lo contempla, como es el caso de la sanción moratoria por el no pago oportuno de la prestación aludida.

Por otro lado, adujo que la mora no es imputable a la entidad que representa y no pueden generarse intereses moratorios y/o indexación alguna , toda vez que el reconocimiento de las cesantías de los docentes si gue un procedimiento con sujeción expresa a la ley, atendiendo al turno de radicación y disponibilidad presupuestal, argumento con fundamento en el cual, no puede endilgársele una

reconocimiento de las cesantías de los docentes si gue un procedimiento con sujeción expresa a la ley, atendiendo al turno de radicación y disponibilidad presupuestal, argumento con fundamento en el cual, no puede endilgársele una negligencia al FOMAG.

De otro lado, manifiesta que, en el evento de acceder se a las pretensiones de la demanda, debe declararse la prescripción de los derechos reclamados, en razón a que la solicitud de reconocimiento de los mismos se hizo por fuera del término establecido en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

Propuso las excepciones de inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma, cobro de lo no debido, pago, buena y compensación.4

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Demandante: ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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MUNICIPIO DE SABANALARGA : a través de mandatario judicial, presentó contestación extemporánea de la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La parte actora enuncia como fundamentos normativos de su demanda, los siguientes:

.- Constitución Política de Colombia: artículos 13, 29, 53 y 209:

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La parte actora enuncia como fundamentos normativos de su demanda, los siguientes:

.- Constitución Política de Colombia: artículos 13, 29, 53 y 209: .- Ley 344 de 1996: artículo 13; .- Decreto Reglamentario 1582 de 1998: artículo 1º; .- Ley 50 de 1990: artículo 99, numeral 3; .- Decreto 1063 de 1991: artículo 21; .- Código de Procedimiento Civil: artículo 20, numeral 1º; .- CPACA: artículos 83, 138, 187 inciso 4, 188, 192 y 195.

En desarrollo de lo anterior, sostiene q ue los actos enjuiciados fueron expedidos con infracción del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, toda vez que a partir de la vigencia de la citada ley, se dispuso que las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado serían beneficiarios d el régimen anualiza do de cesantías, así como de lo consagrado en el Decreto Reglamentario 1582 de 1998 a través del cual se extendió la sanción moratoria de dicho sistema prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos del nivel t erritorial que ingresaran con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, en el evento en que no se efectúe la consignación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 14 de febrero de cada año, tal como ocurrió en el caso de la demandante.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA

La demanda fue presentada el 11 de febrero de 2020 , correspondiendo su

febrero de cada año, tal como ocurrió en el caso de la demandante.

ACTUACIÓN PROCESAL DE LA INSTANCIA

La demanda fue presentada el 11 de febrero de 2020 , correspondiendo su conocimiento al Despacho del otrora Magistrado Javier Eduardo Bornacelly Campbell. Por auto de fecha 19 de febrero de 2020 se dispuso admitir el presente medio de control, siendo las entidades demandadas debidamente notificadas.5

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Demandante: ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2 El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, y el Departamento del Atlántico, por conducto de apoderados judiciales, presentaron contestación oportu na de la demanda y formularon excepciones, cuyo traslado se efectuó mediante fijación en lista del 16 de septiembre de 2019, término que fue aprovechado por la parte actora.

El Municipio de Sabanalarga, a través de apoderado judicial, presentó contestación extemporánea de la demanda.

Por auto de 30 de agosto de 2021, se aceptó el impedimento manifestado por el entonces magistrado Javier Eduardo Bornacelly Campbell, y se avocó el

extemporánea de la demanda.

Por auto de 30 de agosto de 2021, se aceptó el impedimento manifestado por el entonces magistrado Javier Eduardo Bornacelly Campbell, y se avocó el conocimiento por parte del Despacho del Magistrado Sustanciador de esta providencia.

Mediante proveído fechado 21 de septiembre de 2022, se prescindió de la celebración de la audiencia inicial, se desestimó la excepción previa de “inepta demanda por no agotamiento de vía gubernativa en debida forma”, y se aplazó para el momento de dictar sentencia el estudio de la alegada falta de legitimación en causa por pasiva. De igual manera, se tuvieron como pruebas legalmente allegadas al proceso, las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y se decretaron las pruebas solicitadas por la parte actora; se prescindió de la audiencia de pruebas, teniendo en cuenta que no existían pruebas que practicar.

Allegadas las pruebas documentales decretadas, por auto de 10 de mayo de 2023, se surtió el respectivo traslado a las partes para garantizar el principio de contradicción de conformidad con el artículo 110 del C.G. del P., y también se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador 118 Judicial II delegado a nte el Despacho sustanciador, no emitió concepto de fondo en el asunto de la referencia.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,6

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concepto de fondo en el asunto de la referencia.

IV.- CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,6

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Demandante: ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2 encontrándose en la oportun idad para dictar sentencia de primera instancia, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

V.- CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en primera instancia del proceso de la referencia, al tenor de lo previsto en el artículo 152 del CPACA.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con los cargos formulados por la parte actora, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, le asiste a la señora Alina Margarita Berdugo Rodríguez, el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 , por la no consignación en tiempo de las cesantías correspondientes a los años 2000 a 2003.

la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 , por la no consignación en tiempo de las cesantías correspondientes a los años 2000 a 2003. En caso afirmativo, deberá establecerse si tal derecho está afectado por el fenómeno de la prescripción.

TESIS

La Sala considerará que a la demandante no le asiste el derecho reclamado , en atención a que debido a la fecha de su vinculación es beneficiaria de un sistema anualizado previsto en la Ley 91 de 1989 que no contempló el plazo para la consignación de las cesantías con anterioridad al 15 de febrero de cada anualidad en un fondo privado admini strador, como tampoco la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decr eto 1582 de 1998, únicamente a “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías”, carácter que no ostenta la demandante, muy a pesar de acreditarse que el decreto de nombramiento fue expedid o por el Alcalde (E) del M unicipio de Sabanalarga y posteriormente incorporada al Departamento del Atlántico.7

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Demandante: ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

.- Del sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

La Ley 344 de 1996 “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, en el artículo 13 , estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva) 1, a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:

"Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demá s normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias

efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demá s normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.” (Negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

“Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los inter eses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

1 Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.8

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Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

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3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.” (Resalta el Tribunal).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1 990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y siguientes.

Del régimen de cesantías de los docentes del sector oficial

La Ley 91 de 1989 “por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados

Del régimen de cesantías de los docentes del sector oficial

La Ley 91 de 1989 “por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha d e vinculación. Al efecto, consagró que los docentes oficiales se agruparían así: i) en el personal nacional, el cual reúne a los docentes nombrados por el Gobierno Nacional; ii) el nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de entidad ter ritorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 19752; y iii) el personal territorial, en el cual se encuentran los docentes por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la mencionada ley, relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria3.

Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.º ibídem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la citada ley, así:

2 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»

Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» 3 Ley 45 de 1975, Artículo 10. - En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.9

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“(…) Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975 (…)”

de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975 (…)”

En su orden, la legislación en cita, en el artículo 3 creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación, con inde pendencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que ingresaran con posterioridad a ella. En efecto, el artículo 15 ibídem en lo que interesa al proceso, dispone:

“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley (…)”. (Se destaca)

nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley (…)”. (Se destaca)

En cuanto a las cesantías del personal docente, el numeral 3 del artículo precedente citado, previó:

“3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo10

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2 con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y

Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2 con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”4 (Resalta la Sala).

En el anterior contexto normativo, se infiere que respecto de los docentes oficiales, la ley regula dos situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza de su vinculación, a saber: i) los docentes nacionalizados, antes territoriales , vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes; y ii) los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados , a quienes se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo previsto en la

orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989.

En ese orden de ideas, en virtud de lo dispuesto por la Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional , cuyo sistema de liquidación reviste l as siguientes características: i) está destinado a los d ocentes vinculados desde el 1º de enero de 1990; ii) el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año ; y iii) reconocimiento de intereses en forma an ual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación de l sistema financiero durante el mismo período.

4 Destacado por la Sala.11

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: ALINA MARGARITA BERDUGO RODRÍGUEZ.

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

Demandado: La Nación – MEN – FOMAG, Departamento del Atlántico y Municipio de Sabanalarga Radicación: 08-001-23-33-000-2020-00093-00

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

Email: ventanillad09tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

Las disposiciones legales citadas precedentemente, evidencian que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos d