TA CAQ - 1100133-33-002-2019-00154-01-(27-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

Florencia, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA Nº 156

Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Yecid Taborda Quiroz

Demandado: NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional

Asunto: Subsidio familiar SLP.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2.022 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. ASUNTO PREVIO.

Si bien el despacho del magistrado ponente tiene en la actualidad bajo su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo con anterioridad al presente asunto -lo que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho-; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 se permite decidir los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteració n de la jurisprudencia” , esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tem a objeto de debate se

2009 se permite decidir los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteració n de la jurisprudencia” , esto es, sin supeditarse al turno. Así, en el presente asunto, el tem a objeto de debate se refiere al reconocimiento y pago del subsidio familiar en favor de un soldado profesional, tema sobre el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado1 ha tenido la oportunidad de pronunciarse fijando una posición unificada frente al derecho que le asiste a los soldados profesionales, entre otros, de obtener su prestación económica con inclusión del subsidio familiar devengado en actividad; motivo por el cual, con fundamento en el contenido del referido artículo 16 de la Ley 1285 de 2 .009, la Sala se encuentra habilitada para resolver el prese nte asunto de manera anticipada.

1Sección Segunda, Magistrado William Hernández Gómez, radicado Nº 85001333300220130023701(1701 -2016). Sentencia del 25 de abril de 2.019.Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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Demandante: Yecid Taborda Quiroz

Demandado: NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional

Asunto: Subsidio familiar SLP.

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II. ANTECEDENTES.

2.1. La demanda2.

El señor YECID TABORDA QUIROZ , actuando en nombre propio, por conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, solicitó se declare la nulidad del acto admini strativo

de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, solicitó se declare la nulidad del acto admini strativo contenido en el oficio No 20183110616771 MDN -CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGFCOPER-DIPER-1-101 fechado 6 de abril de 2.018, por medio del cual se le negó el reconocimiento y el reajuste del subsidio familiar, en aplicación del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000; y, a título de restablecimiento del derecho , se reconozca y pague el respectivo reajuste de salarios y prestaciones sociales que actualmente devenga y sobre los cuales tenga n incidencia la inclusión del subsidio familiar reajustado, desde la adqu isición del derecho y hasta la fecha de retiro del Ejército Nacional; que las sumas que arroje sean indexadas y que se condene a la demandada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, a las costas procesales y las agencias en derecho.

Como fundamentos fácticos, se expuso:

Se afirmó que el señor YECID TABORDA QUIROZ ingresó a las filas del Ejército Nacional como soldado profesional en vigencia del decreto 1794 de 2.000.

Que por cumplir los requisitos contenidos en el artículo 11 del referido decreto, solicitó, por los años 2.009 a 2.014 , el reconocimiento y pago del subsidio familiar, lo que le fue negado aduciendo la inexistencia de fundamento normativo en virtud de la derogatoria contenida en el decreto 3770 de 2.009 ; que, no obstante, con la entrada en vigencia del decreto 1161 de 2.014 solicitó

familiar, lo que le fue negado aduciendo la inexistencia de fundamento normativo en virtud de la derogatoria contenida en el decreto 3770 de 2.009 ; que, no obstante, con la entrada en vigencia del decreto 1161 de 2.014 solicitó nuevamente el reconocimiento de dicha prestación, siendo aceptado pero bajo sus términos, esto es, en un porcentaje máximo del 26% de lo devengado como asignación básica.

Se indicó que e l 15 de f ebrero de 2.018 el demandante radicó petición solicitando el r eajuste de subsidio familiar , en aplicación del decreto 1794 de 2.000, art. 11, previa declaratoria de nulidad del decreto 3770 de 2.009 y pago de las diferencias y sumas adeudadas por concepto de dicho derecho , siendo denegado a través del acto acusado.

Como normas violadas, se citó de la Constitución Política los artículos 4, 13, 25, 48 y 53; de la Ley 4a de 1.992 el artículo 2, literal a; del Decreto 1794 de 2.000, artículo 11; del Decreto 3770 de 2.009, artículos 1 y 2; del Decreto 1161 de 2.014, artículo 1; de la Ley 319 de 1.996, artículo 4; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2 y 11.1; de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 2 6 y la Observación N° 14 del Comité Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 2 6 y la Observación N° 14 del Comité Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

2 Estante digital. Carpeta exp. físico escaneado.Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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Como concepto de violación, se expuso:

Como causal invalidante del acto acusado se hizo referencia a la infracción de las normas en las que debía fundarse , considerando que la supresión del subsidio familiar constitu ía un evidente trato regresivo y desigual para los soldados profesionales que no accedieron al beneficio prestacional, sin que existieran razones válidas ni razonables de modo que dentro de la misma categoría de servidores públicos que ejercen las mismas funciones en idénticas condiciones existan soldados profesionales que devenguen un subsidio familiar en condiciones restrictivas, desfavorables e irrisorias, impidiéndoseles acceder a esta prestación social que tiene como fin cubrir las contingencias económicas derivadas de formar una familia.

Lo anterior, por cuanto el régimen de subsidio familiar contenido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2.000 les otorga a quienes se encuentren casados o en unión marital de hecho vigente, el derecho a devengar el 4% de la asignación básica más el 100% de la prima de antigüedad, siendo la reglamentación más favorable; mientras que el beneficio de subsidio familiar co ntenido en el

unión marital de hecho vigente, el derecho a devengar el 4% de la asignación básica más el 100% de la prima de antigüedad, siendo la reglamentación más favorable; mientras que el beneficio de subsidio familiar co ntenido en el decreto 3770 de 2.009, al parecer por razones presupuestales, derogó el referido artículo 11 del decreto 1794 de 2.000, implicando con ello la vulneración de la prohibición de regresividad prohibida por el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales -Arts. 2 y 11 -, así como por la Convención Americana de Derechos Humanos -Art. 26 - y la Observación N° 14 del Comité Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas.

Así, refirió que la negativa al reajuste del subsidio familiar de los soldados profesionales sometidos al decreto 1161 de 2.014 implica un desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, al principio de prohibición de regresividad, favorabilidad en materia laboral, e irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales; lo que conlleva -en su consideración - a que en cumplimiento del artículo 4° Constitucional se de prevalencia a los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, a fin de que el decreto 1161 de 2.014 sea inaplicado al presente asunto, por inconstitucional.

Trajo a colación la declaratoria de nulidad del decreto 3770 de 2.009 proferida por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de junio de 2.017, para concluir que al actor se le debe pagar el subsidio familiar en los términos del

Trajo a colación la declaratoria de nulidad del decreto 3770 de 2.009 proferida por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de junio de 2.017, para concluir que al actor se le debe pagar el subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2.000 , en tanto no se presenta una situación jurídica consolidada, pues fue solo a partir de la sentencia de nulidad del decreto 3770 de 2.009 que surgió para e l demandante la posibilidad jurídica de solicitar el reconocimiento en aplicación del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000, lo que hasta ahora se debate.

Finalizó indicando que en cumplimiento del artículo 4 Constitucional, en aplicación del Bloque de Constitucionalidad, el decreto 1161 de 2.014 debe ser inaplicado al presente asunto, garantizando los derechos prestacionales delExpediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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demandante, procurando una igualdad real y el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.

2.2. Contestación de la demanda3.

Argumentó la entidad demandada que el acto acusado no solo gozaba de la presunción de legalidad sino que, además, fue expedido con fundamento en las normas vigentes y aplicables al caso, como lo son los decretos 1161 y 1162 de 2.014.

Que no es posible solicitar el amparo bajo el artículo 11 del decreto 1794 de

normas vigentes y aplicables al caso, como lo son los decretos 1161 y 1162 de 2.014.

Que no es posible solicitar el amparo bajo el artículo 11 del decreto 1794 de 2.000 por cuanto el subsidio familiar le fue reconocido conforme a los referidos decretos 1161 y 1162 de 2.014 , lo que excluye por completo la aplicación del referido d ecreto 1794 ; como tampoco e ra viable el reconocimiento de las diferencias y sumas adeudadas por concepto de dicho derecho al no estar dirigida para este grupo de personal al servicio del ejército nacional.

Finalmente, adujo que el hecho de haberse consagrado una asigna ción de retiro para un sector de las fuerzas militares que antes no lo tenía, e ra una clara expresión del principio de progresividad, lo cual admite que se implemente con cierta gradualidad hacia la plena realización de los derechos en el diseño y ejecució n de políticas públicas en materia del derecho a la seguridad social.

Trajo a colación la sentencia de unificación CE-SUJS2-015-19 del 25 de abril de 2.019, que considera aplicable al presente caso por vía de interpretación y precedente judicial en material de igualdad, concluyendo que aunque si bien es cierto que existe un trato jurídico distinto, tal situación está justificada en principios de raigambre constitucional, de manera que no se configura la vulneración a la igualdad alegada.

Propuso como ex cepción la prescripción de los derechos laborale s, para finalmente solicitar se despachen desfavorablemente las súplicas de la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia4.

Mediante sentencia de fecha 31 de marzo de 2.022 , e l Juzgado Quinto

finalmente solicitar se despachen desfavorablemente las súplicas de la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia4.

Mediante sentencia de fecha 31 de marzo de 2.022 , e l Juzgado Quinto Administrativo de Florencia negó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a dicha conclusión, halló probado que si bien el actor ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional en vigencia del decreto 1794 de 2.000, también lo es que contrajo m atrimonio con la señora Ana Rosa Arévalo Salazar el 19 de diciembre de 2.014, fecha esta para la cual ya había entrado en vigencia el decreto 1161 de 2 .014 -25 de junio de 2.014 -; además, que fruto de esa unión, según registro civil de nacimiento No. 63976 1310,

3 Ídem. 4 Fs. Estante digital. Archivo en PDF N° 15. Exp. electrónico.Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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procrearon a Ariana Sofía Taborda Arévalo, quien nació el 23 de marzo de 2.016 y a Brayan Andrés Taborda Arévalo, quien nació el 13 de julio de 2.012.

Que, en consecuencia, es bajo ese ordenamiento jurídico que le asiste el derecho al reconocimiento prestacional invocado, tal y como le viene siendo reconocido y pagado por la entidad demandada , conforme a la OAP N° 1406 del 30 de abril de 2.015 , con

reconocimiento prestacional invocado, tal y como le viene siendo reconocido y pagado por la entidad demandada , conforme a la OAP N° 1406 del 30 de abril de 2.015 , con novedad fiscal del 23 de febrero de esa misma anualidad ; no acreditándose que con anterioridad hubiese constituido unión marital de hecho, por cuanto el solo nacimiento de Brayan Andrés Taborda Arévalo el 13 de julio de 2012, no es prueba suficiente.

2.4. Recurso de apelación5.

La parte actora manifiesta su inconformidad con la sentencia de primera instancia, aduciendo que no se estudió si la creación de un nuevo régimen del subsidio familiar med iante el decreto N° 1161 de 2014, el cual coexiste en la actualidad con el contenido en el d ecreto ley 1794 de 2 .000, vulnera el principio de prohibición de reg resividad de los derechos laborales, puesto que la nueva regulación desmejoró la cuantía de la prestación social para los soldados profesionales.

Refiere que dentro de una misma categoría de servidores públicos, como lo son los soldados profesionales, que cumplen las mismas funciones, que se someten a iguales riesgos y se encuentran sujetos a las mismas obligaciones disciplinarias, castrenses y penales militares, a pesar de haberse vinculado en la vigencia del decreto 1794 de 2000 perciben un subsidio familiar en cuantías diferentes, sin que exista una razón suficiente y razonable para tal diferenciación; en tanto con la declaratoria de nulidad, con efectos ex tunc, del decreto Nº 3770 de 2 .009, el artículo 11 del referido decreto 1794 de 2 .000

diferenciación; en tanto con la declaratoria de nulidad, con efectos ex tunc, del decreto Nº 3770 de 2 .009, el artículo 11 del referido decreto 1794 de 2 .000 recobró su v igencia, como si nunca hubiera sido derogado, lo que implica que coexiste con el decreto Nº 1161 de 2.014.

Que, e n consecuencia, conforme al principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la s normas laborales, debe acudirse al régimen del subsidio familiar que garantice el cumplimiento del principio de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos laborales ; esto es, dando preferencia al artículo 11 del decreto 1794 de 2 .000, no siendo admisible que se sostenga, como en la pr ovidencia impugnada, que el decreto Nº 1161 de 2014 debe continuar surtiendo efectos para aquellos soldados profesionales que solicita ron su inaplicación por inconstitucionalidad, por cuanto dicha normatividad perdió sus fundamentos de hecho y de derecho a l haberse expedido para crear un nuevo subsidio familiar ante la derogatoria del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, derogatoria contenida en el decreto Nº 3770 de 2009, y que fue declarada nula por el Consejo de Estado con efectos ex tunc.

Finalmente, aduce que las situaciones jurídicas no consolidadas son aquellas que al momento de expedirse la sentencia que declara la nulidad son susceptibles o están siendo debatidas ante las autoridades administrativas y /o

5 Estante digital. Archivo en PDF N° 30. Exp. electrónico.Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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5 Estante digital. Archivo en PDF N° 30. Exp. electrónico.Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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judiciales, extendiéndose sus efectos de forma inmediata; así, en el caso de los soldados profesionales que administrativa y judicialmente se encuentran reclamando el reajuste del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del decreto ley 1794 de 2000, no se encuentran afectados por el fenóm eno de la cosa juzgada. debido a que están debatiendo su situación jurídica por los cauces procesales adecuados.

En ese orden de ideas, s olicita se revoque la decisión de primer grado para que, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda.

III. CONSIDERACIONES.

3.1. Competencia.

Se encuentra r adicada en cabeza de esta corporación por expresa disposición del artículo 153 del C.P.A.C.A.

3.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de finir, conforme a los argumentos de la alzada, si le asiste el derecho al actor de obtener de parte de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL el reajuste del subsidio familiar en aplicación del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000 , desde la adquisición del derecho y hasta que se produzca su retiro del servicio.

De ello dependerá que la sentencia de primera instancia sea revocada, confirmada o modificada.

del artículo 11 del decreto 1794 de 2.000 , desde la adquisición del derecho y hasta que se produzca su retiro del servicio.

De ello dependerá que la sentencia de primera instancia sea revocada, confirmada o modificada.

3.3. De los efectos jurídicos de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Sobre este aspecto ha de decirse que los efectos de la nulidad serán siempre ex tunc cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, pero, en tanto se trate de actos administrativos de contenido general, los efectos serán ex nunc en razón de la asimilación materia l de estos con la ley.

Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado:

“(…) Bajo el entendido de que la ley en sentido material es tan general como la ley en sentido formal, cierta doctrina judicial del Consejo de Estado de manera acertada precisó que los efectos de nulidad de los actos administrativos de carácter general deben ser los mismos que se predican para la inexequibilidad , “(…) porque naturalísticamente se trata del mismo fenómeno, la diferencia radica en el órgano jurisdiccional que resuelva el conflicto (…)”. En ese entendido, habida cuenta de que “La nulidad en el proceso contencioso administrativo (…) sólo busca que el orden jurídico del Estado sea reparado, [e] involucra una pretensión general y no particular (…) el efecto de la nulidad d ebe respetar sin duda las situaciones que se han desprendido del acto nulo, constituyendo decisión independiente. Por eso, tratándose de las situaciones jurídicas creadas y consolidadas

general y no particular (…) el efecto de la nulidad d ebe respetar sin duda las situaciones que se han desprendido del acto nulo, constituyendo decisión independiente. Por eso, tratándose de las situaciones jurídicas creadas y consolidadas en vigencia de la ley (en sentido material y formal), no se afectan, e n virtud de laExpediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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declaratoria de nulidad o de inexequibilidad de esa ley o norma jurídica a cuyo amparo se consolidaron. El cumplimiento de esa obligación, como situación jurídica, se concreta en el acto jurídico de un deber cumplido que, como tal, se entien de configurado y consolidado en vigencia de las citadas normas”6.

Y sobre los efectos del fallo ha dicho el Alto Tribunal:

“… para la Sala es claro que esas sentencias no tienen efectos retroactivos, como parece creerlo la parte actora. Por el contrario , esas sentencias tienen efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, porque si bien los actos administrativos de carácter general, con fundamento en el criterio orgánico y en sentido formal no son Leyes, sí lo son con fundamento en el criterio material, po rque, al igual que la ley, tales actos también mandan, prohíben o permiten”7.

De la misma manera, señaló que:

“…las sentencias de nulidad de los actos administrativos de carácter general o actos normativos tienen incidencia en las situaciones jurídicas no

De la misma manera, señaló que:

“…las sentencias de nulidad de los actos administrativos de carácter general o actos normativos tienen incidencia en las situaciones jurídicas no consolidadas8. Las consolidadas antes de la declaratoria de nulidad, consolidadas quedan.

… por tanto, esas sentencias no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, esto es, aquellas que resultan de la ejecutoria y ejecutividad de actos administrativos particulares y concretos, porque ya están vencidos los plazos para demandarlos judicialmente , y también cuando ha prescrito el derecho a pedir la devolución, por vencimiento del término establecido en la ley para ese efecto.

Así, la Sala ha advert ido que si un particular, al amparo de una ley o acto administrativo general, adquiere un derecho determinado, se consolida a su favor una situación jurídica que no puede ser afectada por la sentencia que anule la norma o el acto general.

… asimismo, si, bajo determinada ley o acto general, un particular debió atender una obligación, eso significa que a su vez se consolida un derecho en favor de otro (que puede ser el Estado) y que, en este caso también se consolidan situaciones jurídicas para ambos sujetos9.

En ese sentido, en la sentencia que se trae a colación, la Sala concluyó que ni la inexequibilidad de la ley ni la nulidad del acto administrativo normativo o general pueden implicar ope legis que se deshagan las situaciones que se consolidaron para sostener que nunca existieron y que las cosas volverán al estado en que se encontraban antes, lo que suele resultar incluso imposible”10.

general pueden implicar ope legis que se deshagan las situaciones que se consolidaron para sostener que nunca existieron y que las cosas volverán al estado en que se encontraban antes, lo que suele resultar incluso imposible”10.

6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentenci a del 23 de febrero de 2011 (Exp. 76001 -23-31-000-2005-02192-01 (17139). 7 Consejo de Estado, sección cuarta, Sentencia del 21 de julio de 2011 expediente 1100103270002007000500 (16356). 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección C uarta. Sentencia del 13 de junio de 2013. MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicación: 250002327000200800058 01 (17973). 9 Ibídem. 10 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA. Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCE NAS Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016) Radicación: 630012331000201000351 01 No. Interno: 19938 Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Gestión Empresarial Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF La Nación – Ministerio de la Protección Social Devolución de Aportes Parafiscales.Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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En consonancia con lo anterior, el Órgano de Cierre ya había señalado lo siguiente:

“Al respecto, se reitera que, de acuerdo con el artículo 175 del Decreto Ley 01 de 1984, las sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad de un acto administrativo tienen efectos de cosa juzgada erga omnes, y la nulidad de los actos generales, declarada por la jurisdicción de lo conte ncioso administrativo, tiene efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no consolidadas, que son aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el fallo.”11

Por su parte, la Corte Constitucional12 ha precisado al respecto:

“2.2. De los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado.

2.2.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237-2 de la Constitución Política, el Consejo de Estado conocerá de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Este Tribunal, al respecto, ha precisado que la competencia del Consejo de Estado recae sobre todos aquellos decretos que no estén contemplados dentro de las atribuciones que la Constitución Política confiere a la Corte Constitucional.13 De igual manera, se atribuye la competencia residual para conocer de los actos de contenido normativo que expide el Consejo Superior de la Judicatura,

dentro de las atribuciones que la Constitución Política confiere a la Corte Constitucional.13 De igual manera, se atribuye la competencia residual para conocer de los actos de contenido normativo que expide el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Banco de la República, los cuales si bien no tienen fuerza de ley, tienen importancia dentro del ordenamiento jurídico, así como los reglamentos del Presidente de la República que pretendan modificar o adicionar una ley.14

2.2.2 A diferencia de la inexequibilidad, salvo que el fallo de la Corte expresamente disponga lo contrario, la anulación de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es decir, se entiende retirado del mundo jurídico desde el nacimiento, razón por la cual se retrotraen las cosas al estado anterior, esto por cuanto el estudio de su legalidad se remite al origen de la decisión. El Máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ha adoctrinado que la diferencia entre la declaración de nulidad, y la de inexequibilidad, parte del supuesto que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe volver al estado anterior a su vigencia.15 Ahora bien, los efectos ex tu nc no generan un inmediato restablecimiento de las situaciones que se hayan causado en vigencia de la norma retirada del ordenamiento jurídico, en cada caso, debe examinarse si se encuentran situaciones jurídicas consolidadas, las cuales, en atención al principio de seguridad jurídica, no pueden alterarse.16

(…)

2.2.4. Cabe destacar que frente a los efectos de las sentencias de nulidad, se ha mantenido una postura uniforme por la jurisprudencia de lo

en atención al principio de seguridad jurídica, no pueden alterarse.16

(…)

2.2.4. Cabe destacar que frente a los efectos de las sentencias de nulidad, se ha mantenido una postura uniforme por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, en cuanto a que el fallo de nulidad afecta las

11 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de Julio de dos mil quince (2015) Radicación: 760012331000200801020 -01 No. Inter no: 19544

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Universidad Autónoma de Occidente Demandado: Municipio de Santiago de Cali. Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 12 T121 de 2.016. 13 C-037 de 1996. 14 C-400-2013. 15 Sentencia del 10 de mayo de 1974, expediente 2013 (Citada en Derecho Procesal Administrativo, Juan Carlos Galindo Vácha. Pontificia Universidad Javeriana, pág189) 16 Consejo de Estado, Sección Segunda rad 11001-03-25-000-2009-00135-00(1948-09), 26 de julio de 2012.Expediente No. 11001-33-33-002-2019-00154-01

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situaciones que no estén consolidadas , esto es, que no se encuentren impugnadas ante las autoridades administrativas o demandadas ante la

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situaciones que no estén consolidadas , esto es, que no se encuentren impugnadas ante las autoridades administrativas o demandadas ante la jurisdicción contenciosa 17. También ha precisado que: “escapan a los efectos retroactivos de la nuli dad las situaciones jurídicas consolidadas, consistentes en aquellas que dejaron de ser susceptibles de controversia o impugnación, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional”18

2.2.5. En esa línea de pensamiento, se ha considerado que las s ituaciones jurídicas consolidadas son aquellas que se “encuentran definidas en cuanto a sus características jurídicas y sus efectos, al momento de entrar en vigencia una disposición normativa, esto es, estas situaciones se encuentran en firme por entenderse surtidas y, por tanto, no son objeto de las normas que entran a regir , a contrario sensu, las no consolidadas son aquellas que no se han agotado y que son en estricto sentido las pasibles de regulación por la nueva legislación”19.

2.2.6. Bajo este entend ido, las situacio