TA CAQ - 18001-33-33-001-2016-00763-01-(19-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril diecinueve (19) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Milena Ordoñez Riascos y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2016-00763-01

Tema: Operativo policial por denuncia ciudadana de persona que hacía disparos al aire.

Muerte de civil en establecimiento de venta de licor. Legítima defensa de los uniformados.

Acta número 27.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Milena Ordoñez Riascos, en nombre propio y en representación de la menor Sarita Daniela Valderrama Ordoñez, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por la muerte del señor Yoiner Eli Ordoñez

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por la muerte del señor Yoiner Eli Ordoñez

1 C1, archivo 02, pág. 98.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Milena Ordoñez Riascos y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2016-00763-01

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Riascos, causada el 1 de enero de 2015 en el Municipio de San Vicente del Caguán, por parte de agentes de policía que atentaron contra su integridad.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene al pago de los perjuicios así:

a. Morales. A cada una el equivalente a 150 SMLMV.

b. Alteración de las condiciones de existencia o daño a la vida en relación. La misma cuantía de los perjuicios morales.

c. Materiales. A título de lucro cesante la suma de $127.850.958,24 a favor de Milena Ordoñez Riascos.

1. Se ordene a la entidad demandada r ealizar una ceremonia en la cual se pidan excusas por los hechos acaecidos el 1 de enero de 2015 y que se diseñe e implemente un sistema de promoción y respeto por los derechos de las personas, mediante charlas y con entrega de material didáctico.

1. Las sumas causadas se tasen conforme a los intereses previstos en los artículos

implemente un sistema de promoción y respeto por los derechos de las personas, mediante charlas y con entrega de material didáctico.

1. Las sumas causadas se tasen conforme a los intereses previstos en los artículos 192 inciso 3; se ejecuten en los términos establecidos por el artículo 192 inciso 2; se tramite su pago de acuerdo con el artículo 195 numerales 1, 2, 3 y; se ajuste conforme al 187 inciso 4 del CPACA.

1.1.2. Hechos.

Las demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El 31 de diciembre de 2014 en horas de la noche, el señor Yoiner Eli Ordoñez Riascos se encontraba departiendo con unos amigos en una cantina conocida como “El Potrillo” ubicada en el Barrio Santa Isabel del Municipio de San Vicente del Caguán.

1. Aproximadamente a las 2:00 a.m. del 1 de enero de 2015, llegaron varios agentes de la Policía Nacional a realizar un operativo policial porque presuntamente una persona se encontraba en estado de alicoramiento y haciendo disparos al aire. Ingresaron de forma estrepitosa y sin identificarse ni lanzar voces de alto procedieron a disparar indiscriminadamente con sus armasSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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de dotación oficial, razón por la cual el señor Yoiner Ordoñez salió corriendo , pero por los disparos falleció.

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de dotación oficial, razón por la cual el señor Yoiner Ordoñez salió corriendo , pero por los disparos falleció.

1. Las heridas que presentó el señor Ordoñez Riascos eran mortales, en razón a que fueron dirigidas hacia el tórax y el abdomen, de lo cual se infiere que los uniformados en ningún momento tuvieron la intención de desarmarlo, reducirlo o someterlo sin causarle daño.

1.1.3. Imputación al Estado.

Consideraron que la entidad es responsable a título de falla en el servicio «porque [las lesiones] fueron propinadas con arma de dotación oficial, disparada en forma negligente, imprudente e irresponsable por parte de miembros de la Policía Nacional, quienes tenían la obligación constitucional consagrada en el artículo 11 de la Carta, de proteger la vida ante cualquier circunstancia, sin que la eventual comisión de un hecho delictual lo autorizada para aplicar la pena de muerte al señor YOINER ELI ORDOÑEZ RIASCOS».

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que i) no se aportaron los elementos probatorios para demostrar la causa eficiente de la muerte del señor Yoiner Ordoñez ; ii) se configura el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima ; iii) no es cierto que los agentes hayan usado sus armas de dotación de forma indiscriminada, pues fue el comportamiento de l señor Ordoñez el que originó el desafortunado hecho, máxime porque incumplió varias

usado sus armas de dotación de forma indiscriminada, pues fue el comportamiento de l señor Ordoñez el que originó el desafortunado hecho, máxime porque incumplió varias obligaciones legales como desenfundar un arma y atentar en contra de los uniformados que atendían el requerimiento policial; iv) la parte demandante aceptó que el fallecido sí estaba armado y que estaba consumiendo bebidas embriagantes por el fin de año.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 , el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.

2 C1, archivo 02, pág. 148. 3 C1, archivo 30.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado, procedió a resolver el caso concreto a partir de las pruebas que reposan en el expediente.

Consideró que:

1. El señor Ordoñez sí estaba desarrollando una conducta antijurídica cuando se produjo su muerte , pues accionó su arma en contra de la humanidad de lo s uniformados y fue en ese momento donde procedieron a utilizar sus armas de dotación y responder al ataque.

1. Los miembros de la Policía Nacional reconocieron que sí dispararon para proteger

produjo su muerte , pues accionó su arma en contra de la humanidad de lo s uniformados y fue en ese momento donde procedieron a utilizar sus armas de dotación y responder al ataque.

1. Los miembros de la Policía Nacional reconocieron que sí dispararon para proteger su vida porque el señor Ordoñez Riascos poseía un arma de fuego y, además, la usó de manera descontrolada en un establecimiento abierto al público.

1. La actuación de dicho señor fue determinante en la reacción de los uniformados , toda vez que no valoró el riesgo que implicaba desplegar una conducta antijurídica como lo era efectuar disparos al aire y después accionar su arma contra los uniformados que intentaron detenerlo mediante voces de advertencia.

1. La conducta de los policías fue lícita por ejecutar una de sus funciones previstas en los artículos 2 y 217 de la Constitución Política.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte actora presentó el recurso. Sostuvo que:

1. Los hechos ocurrieron de manera diferente a lo señalado por el a quo pues existen múltiples indicios.

1. El señor José Guillermo Machado Rodríguez, mesero del lugar, así como Nancy Espinosa Verú, administradora del bar, en ningún momento vieron que el señor Ordoñez Riascos hubiese accionado o portado un arma, es decir, no existía ningún tipo de agresión explícita hacia las demás personas que se encontraban dentro del establecimiento y, mucho menos, hacia los policías que llegaron de manera intempestiva.

1. No existe prueba de absorción atómica del arma que presuntamente portaba el

tipo de agresión explícita hacia las demás personas que se encontraban dentro del establecimiento y, mucho menos, hacia los policías que llegaron de manera intempestiva.

1. No existe prueba de absorción atómica del arma que presuntamente portaba el señor Yoiner Ordoñez, «grave y serio indicio de las posibles acciones de

4 C1, archivo 33.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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ocultamiento de la prueba y de la realidad de los hechos por parte de la entidad demandada». Esto quiere decir, entonces, que se logró acreditar que el señor no portaba armas al momento en que fue alcanzado por los proyectiles.

1. No se puede dejar pasar por alto «la curiosa e inverosímil historia del arma que presuntamente fue extraviada a un mie mbro de inteligencia del Ejército Nacional y que presuntamente fue encontrada al lado del cuerpo sin vida del señor YOINER ELI ORDOÑEZ RIASCOS. Extraña coincidencia: El arma del militar de inteligencia ZABALETA FRANCO se pierde el 31 de diciembre en horas de la tarde y luego aparece en la madrugada del 01 de enero de 2015, junto al cuerpo sin vida del señor

YOINER».

1. El a quo no analizó la narración del patrullero Daniel Arcos Pérez del momento en que se baja del vehículo policial e ingresa al bar donde pre suntamente estaba el

individuo que minutos antes había realizado disparos al aire en la mitad de la calle.

1. El a quo no analizó la narración del patrullero Daniel Arcos Pérez del momento en que se baja del vehículo policial e ingresa al bar donde pre suntamente estaba el

individuo que minutos antes había realizado disparos al aire en la mitad de la calle. También ignoró las contradicciones existentes entre los integrantes de la policía que efectuaron el operativo.

1. Los policías desconocieron los princi pios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionara daños a las personas que se encontraban en el establecimiento público y optaron por ingresar de forma violenta, haciendo uso indiscriminado de sus armas de largo y corto alcance , pues el señor Ordoñez Riascos no representaba peligro alguno para ellos.

1. No procede la condena en costas, «pues no se vislumbra temeridad procesal ni conducta impropia por la parte actora», aunado a que el a quo no explicó las razones que la llevaron a imponerla.

1.5. Trámite de segunda instancia.

En auto del 15 de diciembre de 2021 y en los términos de la Ley 2080 de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.5 Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

5 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto , de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por las demandantes, con ocasión de los hechos ocurridos el 1 de enero de 2015 en los que se causó la muerte del señor Yoiner Eli Ordoñez Riascos.

Para efectos de desarrollar este problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y en particular cuando se trata de muertes de civiles en operativos policiales; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.2. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.2. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imput ación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del dañoSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.6

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la

el fracaso ineluctable de la pretensión.6

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado7.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el m ismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»8.

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige anal izar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el

jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte

6 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.

novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte

6 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 7 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 8 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

2.2.3. Responsabilidad del Estado cuando se trata de muerte de civiles en operativos policiales.

El artículo 218 de la Constitución Política prevé que la Policía Nacional «es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertados públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz».

armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertados públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz».

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que esta institución tiene como fin el mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y en desarrollo de estas, la Policía Nacional «puede aplicar medidas preventivas y correctivas sujetas al principio de legalidad y cuando se encuentre ante situaciones que exigen una acción inmediata para contrarrestar las agresiones que ponen en peligro los derechos y bienes de las personas, su acción debe ajustarse a los estrictos pri ncipios de proporcionalidad y razonabilidad del uso de la fuerza»9.

En la sentencia proferida el 19 de julio de 2018 con ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 44739, en la cual se concluyó que «se debe declarar la responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio, en los casos en los que se acredite que agentes de la Policía Nacional agredan o maltraten a la población civil, siempre y cuando se establezca que ello no ocurrió con ocasión de una legítima defensa o por un estado de necesidad».

Más recientemente, en la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022 con ponencia del consejero Alberto Montaña Plata (expediente 53464) , la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que «El uso de las armas de fuego por miembros de la fuerza pública es excepcional, no obstante, su uso se permite cuando sea inevitable para proteger una vida».

Estado sostuvo que «El uso de las armas de fuego por miembros de la fuerza pública es excepcional, no obstante, su uso se permite cuando sea inevitable para proteger una vida».

Igualmente, en sentencia del 23 de febrero de 2022, 10 indicó que «el artículo 90 de la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad y que la atribución de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados con armas de dotación

9 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -492 del 26 de junio de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño. Reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 21 de septiembre de 2016 (número interno 38350). 10 CP. Nicolás Yepes Corrales, expediente 48568.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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oficial, el juez puede aplicar el régimen de responsabilidad objetivo o subjetivo, dependiente de aquello que se encuentra acreditado en el caso concreto». También señaló:

Ahora, en lo que refiere a la labor desplegada por los agentes de la Estación de Policía de Dosquebradas, en consonancia con lo expuesto en el numeral 6.2 de esta sentencia, debe advertirse que el deb er de protección de la vida y la dignidad humana de los ciudadanos está radicado en cabeza de la fuerza pública – el Ejército y la Policía Nacional – instituciones estas que representan la autoridad y conforme

sentencia, debe advertirse que el deb er de protección de la vida y la dignidad humana de los ciudadanos está radicado en cabeza de la fuerza pública – el Ejército y la Policía Nacional – instituciones estas que representan la autoridad y conforme al artículo 223 de la C.P. sus agentes son los llamados de manera exclusiva y legítima a portar las armas para garantizar el pleno goce de esos derechos, en caso de requerirse.

Así, para el cumplimiento de sus función constitucional la fuerza pública está dotada de medios coercitivos, tales como el uso de las armas de fuego. Mecanismo este subordinado a los límites impuestos por la Constitución, la ley y los principios humanitarios.

Entonces, la actividad de la fuerza pública debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 6º Constitucional, de confor midad con el cual, los agentes estatales son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de lo cual se tiene que el uso de las armas encuentra sus límites en el principio de legalidad, así como en los de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Dicho de otra forma, el uso de las armas de fuego no es una actividad discrecional sino reglada, que se establece como la última ratio permitida únicamente ante un a agresión inminente y letal que represente riesgo para la vida o integridad de un tercero o para la del propio agente estatal.

(...)

Asimismo, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que el uso de las armas de fuego por parte de los agentes estatales se halla supeditado a los estrictos criterios de

(...)

Asimismo, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que el uso de las armas de fuego por parte de los agentes estatales se halla supeditado a los estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad , en cuyo efecto ha acudido a lo dispuesto por la Asamblea General de las Nacional, mediante la Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979, que adoptó el Código de Conducta par a Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, cuyo artículo 2º establece que dichos funcionarios, “en el desempeño de sus tareas, respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, fundando, igualmente, el desempeño de sus tareas en la necesarias proporcionalidad entre el uso de la fuerza y el objetivo legítimo que se persiga, por lo que podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario”, sin que se autorice su uso en un grado de sproporcionado al objeto legítimo o se excedan en los límites.

Bajo estos parámetros se estudiará el caso concreto.

2.3. Hechos probados.

En el plenario están acreditados los siguientes:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Según el registro civil de defunción, el señor Yoiner Eli Ordoñez Riascos falleció

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1. Según el registro civil de defunción, el señor Yoiner Eli Ordoñez Riascos falleció el 1 de enero de 2015 en el Municipio de San Vicente del Caguán.11

 Proceso penal 2015-003.

1. Se adelantó un proceso penal ante el Juzgado 18 de Instrucción Penal Militar del Departamento de Policía Caquetá, con radicación 2015 -003, en contr a de los patrulleros Yony Alexander López Agudelo, Diego Ortiz Olaya y Daniel Arcos Pérez por el delito de homicidio.12

1. En el libro de anotaciones de la Policía Nacional, se dejó la siguiente a las 02:40 horas del 1 de enero de 2015:13

Se acerca a las inst alaciones (ilegible) una ciudadana informando que en el sector de las (ilegible) hay un ciudadano realizando disparos por tal motivo la patrulla se desplaza a verificar la información (ilegible).

[02:55 horas] La patrulla de vigilancia me informa que al l legar al sector de las galerías hubo un intercambio de disparos con un ciudadano el cual falleció en el lugar de los hechos (ilegible).

1. Horas después de ese día, Henry Alberto Zabaleta Franco, miembro del Ejército Nacional, presentó una denuncia por el delito de hurto que había ocurrido el día anterior.14

1. En la actuación de primer respondiente, se indicó que los hechos habían sucedido «al interior de una taberna» aproximadamente a las 02:40 horas. 15

También se consignó:

anterior.14

1. En la actuación de primer respondiente, se indicó que los hechos habían sucedido «al interior de una taberna» aproximadamente a las 02:40 horas. 15

También se consignó:

SIENDO LAS 02:40 HORAS, APROXIMAD AMENTE DEL DÍA 01/01/15 SE

ACERCA UNA CIUDADANA A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SAN

VICENTE DEL CAGUÁN, LA CUAL SE IDENTIFICÓ COMO PRECIADO

CASTRILLÓN INGRID MELISA, INFORMANDO QUE AL FRENTE DEL

HOTEL DE RAZON SOCIAL AMAZONAS DEL CAGUAN, EN LA TABERNA

CONOCIDA COMO EL POTRILLO SE ENCONTRABA UN SEÑOR

CIUDADANO QUE VESTIA CAMISA AZUL, PANTALON JEAN AZUL OSCURO, EL CUAL MOMENTOS ANTES ESTABA HACIENDO DISPAROS, Y QUE UNO DE ESOS DISPAROS QUE REALIZO, LO PEGO FRENTE DONDE ELLA SE ENCONTRABA REUNIDA CON SU FAMILIA, PONIENDO EN PELIGRO LA VIDA DE SU HIJA. DE FORMA INMEDIATA NOS

TRASLADAMOS AL LUGAR MENCIONADO EN COMPAÑÍA DE LA

CIUDADANA. ES ASÍ, QUE AL INGRESAR AL E STABLECIMIENTO EL

11 C1, archivo 01, pág. 9. 12 C1, archivo 01, pág. 10. 13 C2, archivo 01, pág. 46. 14 C1, archivo 01, pág. 75. 15 C1, archivo 01, pág. 14.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Milena Ordoñez Riascos y otros

14 C1, archivo 01, pág. 75. 15 C1, archivo 01, pág. 14.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Milena Ordoñez Riascos y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2016-00763-01

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SEÑOR PATRULLERO ARCOS PEREZ DANIEL (...) SE IDENTIFICA A LOS

PRESENTES COMO MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL, DANDO VOCES DE ADVERTENCIA “ALTO POLICÍA NACIONAL UNA REQUISA TODOS A LA PARED”, UNO DE LOS PRESENTES CUMPLÍA CON LAS CARACTERÍSTICAS ANTES DESCRITAS POR LA SEÑORA INGRID MELISA, QUIEN DE MANERA INESPERADA SE LEVANTA RÁPIDAMENTE DE LA SILLA Y HACIENDO CASO OMISO A LAS VOCES DE ADVERTENCIA EXPRESADAS POR EL SEÑOR PATRULLERO ARCOS PEREZ Y LOS OTROS INTEGRANTES DE LA PATRULLA, SACA DE LA

PRETINA DELANTERA DEL PANTALON, UN ARMA DE FUEGO Y SIN

MEDIAR PALABRAS EMPIEZA A DISPARAR CONTRA LA HUMANIDAD

DE LOS SEÑORES POLICÍAS PRESENTES EN EL PROCEDIMIENTO,

QUIENES EN LA REACCIÓN ACCIONAN SUS ARMAS DE DOTACIÓN,

RESULTANDO HERIDA ESTA PERSONA. UNA VEZ TERMINADO EL

INTERCAMBIO DE DISPAROS EL SEÑOR PATRULLERO DIEGO ORTIZ

OLAYA (...) Y EL SEÑOR PATRULLERO YONY ALEXANDER LOPEZ (...).

RESULTANDO HERIDA ESTA PERSONA. UNA VEZ TERMINADO EL

INTERCAMBIO DE DISPAROS EL SEÑOR PATRULLERO DIEGO ORTIZ OLAYA (...) Y EL SEÑOR PATRULLERO YONY ALEXANDER LOPEZ (...). (...) SE OBSERVA UN CUERPO TENDIDO Y JUNTO AL MISMO UN ARMA

DE FUEGO CROMADA TIPO REVOLVER, (...).

En el informe de Policía Judicial, se indicó:16

(...) SE HALLA COMO PRIMER ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y

EVIDENCIA FÍSICA NÚMERO 01, CUERPO SIN VIDA DE SEXO

MASCULINO (...) QUIEN VESTIA ZAPATOS TENIS COLOR AZUL DE

TELA, MEDIAS COLOR NEGRO, PANTALÓN JEAN