TA CAQ - 18001-33-33-003-2020-00366-01-(02-11-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, noviembre dos (2) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Tema: Puente colgante sobre el Río Peneya que comunica los Municipios de Solano y Milán. Obligaciones a cargo del Departamento del Caquetá.

Acta número 79.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por el Departamento del Caquetá contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

La Defensoría del Pueblo Regional Caquetá, en ejercicio del medio de control consagrado en 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se amparen los derechos colectivos a la seguridad, a la prevención de desastres previsibles técnicamente y al acceso a una infraestructura adecuada que

1 C1, archivo 02.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros

1 C1, archivo 02.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 2 de 28

comunique a la población de la Inspección de Campoalegre del Municipio de Solano con el Municipio de Milán y demás veredas circunvecinas, la cual se ha visto afectada con el colapso del puente colgante sobre el Río Peneya.

1. Se ordene al Departamento del Caquetá y a los Municipios de Solano y Milán a que adopten las decisiones necesarias y realicen las gestiones pertinentes para adelantar la construcción de un puente sobre el Río Peneya en la Vereda de Campoalegre del Municipi o de Solano que cuente con las condiciones de seguridad necesarias para permitir el tránsito y la comunicación con el Municipio de Milán y demás veredas.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. En febrero de 2019, el puente colgante ubicado sobre el Río Peneya colapsó e imposibilitó el tránsito de las personas y los productos agrícolas.

1. Mediante sendos oficios de fecha 18 de febrero de 2019, solicitó al alcalde del Municipio de Solano y al gobe rnador del Departamento del Caquetá, la realización de las actuaciones y gestiones necesarias para garantizar el tránsito y la movilidad de los habitantes de la Inspección Campoalegre, así como el establecimiento de un plan de contingencia mientras se busc aba la solución

realización de las actuaciones y gestiones necesarias para garantizar el tránsito y la movilidad de los habitantes de la Inspección Campoalegre, así como el establecimiento de un plan de contingencia mientras se busc aba la solución definitiva al problema de movilidad.

1. El 11 de marzo de 2019, requirió a los mencionados funcionarios para que dieran respuesta al oficio anterior. La contestación fue dada por el alcalde del Municipio de Solano el 14 de marzo de 2019. El 18 de marzo de 2019, el secretario delegatario con funciones administrativas de gobernador se pronunció.

1. El 25 de junio de 2019, pidió a la secretaria de infraestructura del departamento que informara sobre los resultados que emitió el ingeniero civil que inspeccionó el puente colgante y sobre las acciones que se llevarían a cabo. Esta petición fue respondida el 11 de julio de 2019.

1. El 9 de agosto de 2019, solicitó a la misma funcionaria y al alcalde del Municipio de Solano que informaran las actividades que habían adelantado con la alcaldía del Municipio de Solano para la reconstrucción del puente. Dio respuesta elSentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 3 de 28

alcalde de esta última entidad, en la cual comunicó que se tenían $50.000.000 y el alcalde del Municipio de Milán, quien dijo que se colaboraría con $20.000.000 «rubro insuficiente que el gobernador del Caquetá también quedó

alcalde de esta última entidad, en la cual comunicó que se tenían $50.000.000 y el alcalde del Municipio de Milán, quien dijo que se colaboraría con $20.000.000 «rubro insuficiente que el gobernador del Caquetá también quedó en colaborar con un recurso pero que hasta ese momento no lo había aportado».

1. El 5 de septiembre de 2019, la secretaria de infraestructura del Departamento del Caquetá informó que se había adelantado una reunión con los alcaldes de los municipios mencionados y que no contaba con los recursos necesarios para inversión en el mejoramiento y/o construcción del puente. Así mismo, que se llegó a un acuerdo de que la administración departamental dispondría de un ingeniero civil para que realizara una visita y revisión.

1. El colapso del mentado puente ha afectado a la comunidad que allí reside, toda vez que es «paso obligado» hacia el Municipio de Milán y por donde necesariamente deben transitar los campesino s para comercializar sus productos agrícolas y ganaderos, «además de poner en riesgo la vida e integridad de los niños, niñas y mujeres en estado de embarazo que por allí pasan».

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Municipio de Milán.2

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Expresó que:

1. Si bien se encontró una respuesta expedida por la ex alcaldesa del municipio, este documento solo menciona un compromiso verbal sobre la disposición de $20.000.000, el cual no contiene la expedición del certificado de disponibilidad ni rubros presupuestales a futuro, lo que significa que es un compromiso que no tiene validez jurídica para la administración.

cual no contiene la expedición del certificado de disponibilidad ni rubros presupuestales a futuro, lo que significa que es un compromiso que no tiene validez jurídica para la administración.

1. Si el Municipio de Milán no tiene competencia de construir obras en jurisdicción ajena, debe entenderse que no ha vulnerado los derechos colectivos , de manera que se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.2.2. Departamento del Caquetá.3

2 C1, archivo 19. 3 C1, archivo 25.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 4 de 28

También se contrapuso a las pretensiones. Manifestó que:

1. Se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no está demostrado el daño y no le atañe ninguna obligación frente a la rehabilitación y/o construcción del puente que comunica a la Vereda Campoalegre del Municipio de Solano con el Municipio de Milán y demás veredas circunvecinas, habida cuenta de que la vía es de tercer orden y la competencia radica únicamente en la entidad territorial (Municipio de Solano).

1. En la demanda no se determinó ni se argumentó la presunta acción en que incurrió el ente territorial que conllevó al colapso del puente colgante ni la omisión en el llamado realizado por el defensor del pueblo para la rehabilitación del puente.

1.2.3. Municipio de Solano.4

el ente territorial que conllevó al colapso del puente colgante ni la omisión en el llamado realizado por el defensor del pueblo para la rehabilitación del puente.

1.2.3. Municipio de Solano.4

Arguyó que:

1. Es cierto que informó de los esfuerzos y apoyo financiero de $20.000.000 y quedó a la espera de la intervención de los demás afectados a nivel departamental. Si bien se indicó que se encontraba pendiente una reunión para aunar esfuerzos, no se asumió ningún compromiso.

1. No existe la negligencia endilgada, por cuanto no tiene la responsabilidad ni el presupuesto asignado mediante el plan de desarrollo para efectos de arreglos de puentes que son colectares «y/o evidentemente el presupuesto nacional y orden de destinación lo define al responsable de ejecución de dinero a la Gobernación del Caquetá, quien directamente recibe y ejecuta el presupuesto destinado por el gobierno nacional para cada municipio, lo cual deja en evidencia una clara ilegitimidad en la causa por pasiva».

1.3. Sentencia de primera instancia5.

En la sentencia proferida el 9 de junio de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de

Florencia resolvió:

4 C1, archivo 33. 5 Archivo 45.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 5 de 28

PRIMERO: CONCEDER la protección del derecho colectivo al goce del espacio

Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 5 de 28

PRIMERO: CONCEDER la protección del derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Solano lo siguiente:

• Gestionar dentro de un término de seis (6) meses la realización de estudios técnicos que determinen el grado de afectación y riesgo del puente colgante sobre el Río Peneya que comunica la población de la vereda Campoalegre del Municipio de Solano con el Municipio de Milán, con miras a brindar una solución definitiva a la comunidad, estableciendo además si es necesaria la ejecución de obras públicas tendientes a la reparación y/o nueva construcción de la estructura.

• Obtenidos los resultados del estudio técnico, y de establecerse la necesidad de realizar obras públicas tendiente s a la reparación y/o nueva construcción de la estructura, se ordena efectuar las gestiones pertinentes para su ejecución en aras de garantizar el disfrute y la utilización de ese espacio público en condiciones de seguridad y libre movilidad. Para ello con tará con un plazo de un (1) año contado a partir de la obtención del resultado del estudio técnico.

TERCERO: Ordenar al Departamento del Caquetá lo siguiente:

• En ejercicio de la complementariedad y subsidiariedad de la acción municipal, procederá a hacer uso de los mecanismos de asociación, cofinanciación, o convenios, para efectos de coadyuvar en las órdenes impartidas al Municipio de

• En ejercicio de la complementariedad y subsidiariedad de la acción municipal, procederá a hacer uso de los mecanismos de asociación, cofinanciación, o convenios, para efectos de coadyuvar en las órdenes impartidas al Municipio de Solano, con el fin de asumir el 80% del presupuesto requerido para cumplirlas.

CUARTO: Para la verificación del cumplimiento de este fallo DESIGNESE a las entidades accionadas y a la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá, a quienes se les informará de su designación por escrito.

QUINTO: Si esta sentencia no fuere apelada, en firme, dese cumplimiento a lo reglado en el artículo 80 de la ley 472 de 1998.

Se pronunció sobre el medio de control de derechos e intereses colectivos y los derechos presuntamente vulnerados y luego procedió a examinar el fondo del asunto. Reseñó las pruebas que reposan en el plenario para señalar que el puente colgante que comunica a la Inspección Campoalegre del Municipio de Solano con el Municipio de Milán ha presentado un significativo deterioro y una afectación a la comunidad, tanto así que las entidades han reconocido que es necesario tomar acción frente al asunto, pero no se ha demostrado ninguna gestión que brinde una solución definitiva.

Indicó que no se tiene certeza de las condiciones reales en las que se encuentra el puente ni tampoco reposa un estudio técnico que arroje resultados concluyentes frente a una solución definitiva que garantice a los habitantes el disfrute del espacio público en condiciones de seguridad y libre movili dad; «es decir, al momento se desconoce si es pertinente solamente realizar un reforzamiento al puente o si lo que se requiere es la

solución definitiva que garantice a los habitantes el disfrute del espacio público en condiciones de seguridad y libre movili dad; «es decir, al momento se desconoce si es pertinente solamente realizar un reforzamiento al puente o si lo que se requiere es la construcción de una nueva estructura».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 6 de 28

En cuanto a la responsabilidad de los Municipios de Solano y Milán, arguyó que las Leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 atribuyen a las entidades territoriales, pero especialmente a los municipios, toda la función urbanística, de organización del territorio y de implementación de las políticas públicas, en ese sentido, si el puente colgante sobre el Río Peneya se encuentra en jurisdicción del Municipio de Solano, es a este al que le corresponde realizar las gestiones pertinentes.

En relación con el Departamento del Caquetá, expuso que de conformidad con el artículo 298 de la Constitución Po lítica, ejerce funciones administrativas de coordinación y de complementariedad de la acción municipal, lo cual le permite evaluar las posibilidades presupuestales y administrativas para servir de apoyo a los entes municipales en el desarrollo de sus compe tencias. Precisó que «no son equiparables las necesidades y precariedades de comunidades ubicadas en un municipio de sexta categoría, con un presupuesto limitado, dificultades de acceso, de seguridad y de satisfacción a sus necesidades básicas, frente a otras que puedan existir en municipios de mayor categoría,

precariedades de comunidades ubicadas en un municipio de sexta categoría, con un presupuesto limitado, dificultades de acceso, de seguridad y de satisfacción a sus necesidades básicas, frente a otras que puedan existir en municipios de mayor categoría, más autosustentables financieramente, y con mejores condiciones de infraestructura», por esta razón, no se puede afirmar que la entidad sea totalmente ajena al espacio público, dado que, entre otras, la Ley 1454 de 2011 asignó roles específicos a los departamentos en las Comisiones de Ordenamiento Territorial.

Expresó que i) en ejercicio de los principios de descentralización, concurrencia y complementariedad, históricamente el Departamento del Caquetá ha invertido importantes recursos en los municipios más vulnerables; y ii) el Municipio de Solano manifestó tener un presupuesto de $50.000.000 destinados al mejoramiento o construcción de un nuevo puente; además, sostuvo que este es el ente con mayor extensión geográfica del departamento, lo cual hace evidente que se trata de una población con muchas necesidades, alejada de los centros urbanos y que no cuenta con vías de acceso ni servicios públicos óptimos, lo cual hace evidente y necesario el acompañ amiento, apoyo, complemento y colaboración del departamento. Por esta razón, consideró que está en el deber de colaborar en la realización de las obras públicas que demanden el bienestar de sus habitantes.

1.4. Recurso de apelación.6

6 C1, archivo 89.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 7 de 28

Inconforme con la decisión, el Departamento del Caquetá presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Alegó que:

1. De acuerdo con los artículos 311 y 315 de la Constitución Política, le corresponde al municipio construir las ob ras que demande el progreso local, ordenar su desarrollo, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que asignan las leyes. Igualmente, las Leyes 136 de 1994 , 388 de 1997 y 715 de 2001, así como el Decreto 1504 de 1998, establecieron las funciones a cargo de ese ente territorial que comprenden la dirección y ejecución de obras de infraestructura para el transporte y la prelación de la construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás.

1. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, la competencia del departamento se contrae a apoyar y coordinar, nada más.

1. Se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el Municipio de Solano es una entidad descentralizada por servicios, autónomo y que asume su propia responsabilidad, luego no hay mérito para trasladarla al departamento.

1. El Municipio de Solano «cuenta con una amplia extensión territorial y sus recursos son limitados, la situación de los restantes municipios no es diferente, y sufragar una obra en

asume su propia responsabilidad, luego no hay mérito para trasladarla al departamento.

1. El Municipio de Solano «cuenta con una amplia extensión territorial y sus recursos son limitados, la situación de los restantes municipios no es diferente, y sufragar una obra en un porcentaje del 80% es demasiado, pues no es la única obra a nivel departamental, y por otro lado aún se desconoce el valor de la obra, lo que genera más ince rtidumbre»; esto, aunado a que los recursos departamentales también son limitados, de manera que para el caso concreto lo que se debe es gestionar el proyecto ante la entidad que se presente

(OCAD PAZ) luego de los estudios técnicos adelantados por el municipio.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 7 de octubre de 2022 , se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por el Municipio de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en los artículos en los artículos 153 (competencia deSentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 8 de 28

los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de

Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 8 de 28

los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación) , así como en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde determinar si el Departamento del Caquetá debe asumir o no el 80% del presupuesto requerido para realizar las obras públicas tendientes a la reparación y/o construcción del puente colgante ubicado en la Vereda Campoalegre, sobre el Río Peneya, que comunica a los Municipios de Solano y Milán.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco jurisprudencial de los derechos colectivos que se alegan vulnerados; i i) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos invocados por el actor.

2.3.1. Sobre el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

El artículo 88 de la Constitución Política estableció que «la Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administra tiva, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.»

En cumplimiento de este artículo superior, se expidió la Ley 472 de 1998 que reguló las

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.»

En cumplimiento de este artículo superior, se expidió la Ley 472 de 1998 que reguló las acciones populares, las cuales están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos (artículo 1º). En el artículo 4º se dispuso que son derechos e intereses colectivos, los relacionados con:

1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii. La moralidad administrativa; iii. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos natur ales para garantizar su desarrollo sostenible, suSentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 9 de 28

conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; iv. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

1. La defensa del patrimonio público; vi. La defensa del patrimonio cultural de la Nación; vii. La seguridad y salubridad públicas; viii. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;

1. La defensa del patrimonio público; vi. La defensa del patrimonio cultural de la Nación; vii. La seguridad y salubridad públicas; viii. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ix. La libre competencia económica;
2. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; xi. La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; xii. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previ sibles técnicamente; xiii. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; xiv. Los derechos de los consumidores y usuarios.

Esta norma también prevé que son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

2.3.2. Seguridad y salubridad pública.

Sobre este Derecho, el Consejo de Estado7 se ha pronunciado en los siguientes términos:

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen p or o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen p or o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

7 Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 54001-2331-000-2003-00266-01(AP).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 10 de 28

(…)

En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad . De esta man era, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento

de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria . Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados” 98.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran nece sarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.99

posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.99

[…] de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.

En esas condiciones, el Estado debe garantizar a todas las personas una infraestructura de servicios que proteja su derecho a la salud, además, este derecho también está relacionado con la vida en condiciones dignas, lo que tiene por consecuencia que debe realizar para su consecución acciones afirmativas que otorguen los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.

2.3.3. Prevención de desastres previsibles técnicamente.

Este derecho colectivo encuentra sustento en el artículo 2 de la Constitución Política, así:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Caquetá Demandado: Departamento del Caquetá y otros Radicación: 18001-33-33-003-2020-00366-01

Página 11 de 28

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (...).

Recientemente, en la sentencia proferida el 10 de marzo de 2021 con ponencia del consejero Hernando Sánchez Sánchez (radicación 66001 -33-31-003-2009-00225-01), el Consejo de Estado se pronunció sobre este derecho en los siguientes términos:

52. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación en los siguientes

términos:

“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex antede las autorid