TA CAQ - 1800133-31-002-2008-00569-01-(27-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, septiembre veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

Acción: Reparación directa

Demandante: Jhon Fidel Castro Beltrán y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-31-002-2008-00569-01

Tema: Lesiones conscripto. Escoliosis. Perjuicios morales, daño a la salud y lucro cesante – condena en concreto. Principio de la confianza legítima cuando se trata de cambios jurisprudenciales.

Acta número 68.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por ambas partes contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Jhon Fidel, Lorena y Edwin Fabián Castro Beltrán, Hugo Rodrigo Castro Rodríguez, Martha Cecilia Beltrán Ramos, Silverio Beltrán Renza y Flor María Ramos de Beltrán, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados por la pérdida de capacidad laboral sufrida por Jhon Fidel

1 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 12.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Castro Beltrán, generada por la lesión en la columna vertebral (escoliosis), adquirida durante la prestación del servicio militar obligato rio durante el periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 8 de abril de 2008, cuando fue dado de baja por el Comando del Ejército.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de los

perjuicios así:

a. Morales. Demandante Calidad Monto en SMLMV Jhon Fidel Castro Beltrán Perjudicado 400 Hugo Rodrigo Castro Rodríguez Padre 200 Martha Cecilia Beltrán Ramos Madre 200 Lorena Castro Beltrán Hermana 200 Edwin Fabián Castro Beltrán Hermano 200 Silverio Beltrán Renza Abuelo 200 Flor María Ramos Beltrán Abuela 200

b. Materiales – daño emergente y lucro cesante. A favor de Jhon Fidel Castro Beltrán, la suma de $150.000.000, liquidados a partir -) del salario mínimo

Flor María Ramos Beltrán Abuela 200

b. Materiales – daño emergente y lucro cesante. A favor de Jhon Fidel Castro Beltrán, la suma de $150.000.000, liquidados a partir -) del salario mínimo legal incrementado en un 30% por prestaciones sociales; -) de la edad que tenía al momento de la lesión; -) la vida probable; -) la pérdida de la capacidad laboral; -) las prestaciones sociales que percibiría durante el tiempo probable de vida.

c. Daño a la vida en relación.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia y expedir las copias de la sentencia.

1. Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Jhon Fidel Castro Beltrán se presentó a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional en el Municipio de Florencia, para prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular, el 11 de febrero de 2008, donde fue sometido a minuciosos exámenes físi cos y psicológicos para su admisión. Fue declaradoSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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mental, psicológica y físicamente apto para el cumplimiento de dicha obligación constitucional.

1. Fue asignado al Batallón de Ingenieros 12 “General Liborio Mejía” de Venecia

(Caquetá).

mental, psicológica y físicamente apto para el cumplimiento de dicha obligación constitucional.

1. Fue asignado al Batallón de Ingenieros 12 “General Liborio Mejía” de Venecia

(Caquetá).

1. Durante la presta ción del servicio militar obligatorio y, en desarrollo de una actividad física que consistía en llevar el equipo de campaña en las manos con un peso de 2 arrobas y con los brazos levantados, se cayó de espalda y se lastimó severamente la columna, lo cual le generó un agudo dolor.

1. Pese a la molestia que presentaba, fue sometido a intensas rutinas de ejercicio como castigo al bajo rendimiento físico.

1. En reiteradas ocasiones solicitó la valoración de personal médico debido al intenso dolor que presentaba en su espalda, sin embargo, nunca obtuvo ninguna respuesta.

1. Debido a que la lesión empeoraba, decidió dirigirse por su cuenta al dispensario del batallón donde le aplicaron suero, hielo en la espalda y le suministraron medicamentos. Allí permaneció en obs ervación y se diagnosticó «lumbalgia mecánica».

1. No recibió el tratamiento necesario para contrarrestar la molestia que lo aquejaba y, debido a eso, su «problema» continuó hasta cuando el comando le informó que iba a sea desacuartelado, sin embargo, no le dieron salida, sino que le cambiaron las rutinas de ejercicio por trabajo material, arrancar pasto, limpiar pisos, entre otras. Esto duró aproximadamente 1 mes.

1. Después de ese tiempo, el defensor del pueblo fue enterado de la situación y se dirigió al comando para solicitar que se diera fin a esos hechos y que se

pisos, entre otras. Esto duró aproximadamente 1 mes.

1. Después de ese tiempo, el defensor del pueblo fue enterado de la situación y se dirigió al comando para solicitar que se diera fin a esos hechos y que se resolviera la situación militar del conscripto.

1. El 18 de abril de 2008, el comandante expidió la boleta de desacuartelamiento, toda vez que Jhon Fidel Castro Beltrán presentaba escoliosis.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones. Manifestó que no se demostró el nexo causal, por lo que no se pueden tener como ciertos los hechos consignados en la demanda.

Consideró que se trató de «una fuerza mayor o caso fortuito», toda vez que se fue un hecho ajeno a la voluntad de las Fuerzas Militares, es decir, que era una lesión que no fue detectada en el primero y segundo examen; además, consideró que son riesgos propios del servicio.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento de que la enfermedad padecida por el demandante «no fue detectada en su oportunidad».

1.3. Sentencia de primera instancia.

En la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2016,3 corregida mediante el auto proferido

que la enfermedad padecida por el demandante «no fue detectada en su oportunidad».

1.3. Sentencia de primera instancia.

En la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2016,3 corregida mediante el auto proferido el 3 de febrero de 2017,4 el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, de conformidad con la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es administrativa y patrimonial (sic) responsable por los perjuicios causados al señor JHON FIDEL CASTRO BELTRAN.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar en favor de los accionantes JHON FIDEL CASTRO BELTRÁN (directo perjudicado), HUGO

RODRIGO CASTRO RODRÍGUEZ y MARTHA CECILIA BELTRÁN RAMOS

(padres), LORENA CASTRO BELTRÁN, ED WIN FABIÁN CASTRO BELTRÁN

(hermanos) y SILVERIO BELTRÁN RENZA, FLOR MARÍA R AMOS DE BELTRÁN

(abuelos), la cuantía que se establezca dentro del trámite incidental que para el efecto deberá promover la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, y de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 172 del C.C.A..

efecto deberá promover la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, y de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 172 del C.C.A..

CUARTO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: sin condena en costas y agencias en derecho en la instancia.

(...) (pág. 16).

2 Expediente digitalizado, archivo 1, pág. 49. 3 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 2. 4 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 43.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Luego de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad, procedió a examinar los elementos. Encontró probado el daño antijurídico, bajo el supuesto de que a Jhon Fidel Castro Beltrán en el tercer examen de incorporación al tercer contingente realizado el 9 de abril de 2008, se le dictaminó escoliosis con código de movilidad 1504 y se consignó que no era apto para el servicio militar; por esta razón, fue retirado del servicio.

En el juicio de imputación, expuso que el actor se vinculó al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio, de manera que la entidad estaba a cargo de su custodia, cuidado e integridad, dado que constantemente están sometidos al desarrollo de

En el juicio de imputación, expuso que el actor se vinculó al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio, de manera que la entidad estaba a cargo de su custodia, cuidado e integridad, dado que constantemente están sometidos al desarrollo de actividades peligrosas o al uso de elementos que generan riesgo como la manipulación de armas.

Por esta razón y aunado a que al momento de su ingreso el soldado Castro Beltrán estaba en buenas condiciones de salud, concluyó que se configura la responsabilidad de la entidad demandada, pues no «lo devolvió» a su familia y a la sociedad civil en la misma condición en que fue reclutado.

Luego, indicó que no se allegó copia del informe administrativo por lesiones que pueda indicar que la lesión sufrida fue consecuencia de la prestación del servicio militar obligatorio, sin embargo, consideró que la ausencia de este documento no altera la responsabilidad de la entidad, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Arguyó que no se configura el eximente de responsabilidad, comoquiera que la causa eficiente del daño se atribuyó al régimen objetivo de daño especial, según el cual, el actuar de la administración fue legítimo y por consiguiente, la responsabilidad radica en la exigencia al actor de prestar el servicio militar obligatorio.

En lo que refiere a los perjuicios, citó jurisprudencia del Consejo de Estado relativa al reconocimiento de los morales y expuso que, como no se probó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, debía condenarse en abstracto. En el mismo sentido se pronunció sobre el reconocimiento el daño a la salu d, pero agregó que el único beneficiario de esta indemnización era el directo perjudicado.

de la capacidad laboral, debía condenarse en abstracto. En el mismo sentido se pronunció sobre el reconocimiento el daño a la salu d, pero agregó que el único beneficiario de esta indemnización era el directo perjudicado.

Frente a los perjuicios materiales, consideró que se debía acudir al valor del SMLMV para la fecha de la sentencia y por tiempo probable de vida de la víctima. Aclaró que no se podíaSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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acceder al incremento del 25% por prestaciones sociales, en tanto no se d emostró que fuera un trabajador formal.

1.4. Recurso de apelación.

1.4.1. Parte demandante.5

Frente al reconocimiento de los daños a la vida en relación frente a los demás demandantes, consideró que se deben reconocer, toda vez que los actores, desde el inicio del proceso, conocían la posición jurisprudencial en ese sentido. Añadió que los perjuicios se otorgaron a partir de las sentencias proferidas en el año 2011, sin tener en cuenta que la demanda fue interpuesta a finales de 2008; esto, a su juicio, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de j usticia, así como el principio de confianza legítima, por desconocer el precedente jurisprudencial vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

Expuso que el a quo no estudió los testimonios que daban cuenta del cambio de las

como el principio de confianza legítima, por desconocer el precedente jurisprudencial vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

Expuso que el a quo no estudió los testimonios que daban cuenta del cambio de las relaciones «intersociales y del mondus vivendi» de los padres, hermanos y abuelos de Jhon Fidel Castro Beltrán durante la prestación del servicio militar obligatorio.

Solicitó que en esta instancia se decretara la remisión a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Neiva para que expidiera la experticia sobre el estado de salud.

1.4.2. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.6

Consideró que en el proceso existen razones suficientes que permiten inferir que el daño padecido se debió a causas extrañas imposibles de prever, «en un área donde el soldado debía ejercer toda su observación sobre el terreno, concentrado en la actividad que realizaba, tomando todas las precauciones y previsiones necesarias, es por ello que deben analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos». Insistió en la fuerza mayor y el caso fortuito.

Expresó que causaba desconcierto que el a quo condenara en abstracto, aun cuando a la parte demandante le correspondía aportar los elementos probatorios que permitieran cuantificar el perjuicio.

5 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 22. 6 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 35.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.7

En el auto proferido el 2 de febrero de 2018 , se admitieron los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia el 18 de noviembre de 2016.

1.5.2. Solicitud probatoria.

En el escrito radicado el 9 de febrero de 2018, la parte demandante solicitó nuevamente que se ordenara a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila realizar la experticia sobre el grado de pérdida de la capacidad laboral de Jhon Fidel Castro Beltrán.8

Mediante el auto proferido el 25 de febrero de 2019, el Despacho Segundo de esta Corporación accedió a la solicitud;9 el 24 de agosto de 2021 se aportó la prueba; 10 y el 20 de abril de 2022 se corrió el traslado a las partes,11 sin que se manifestaran al respecto.

1.5.3. Alegatos de conclusión.

El 13 de noviembre de 2020 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.12

1.5.3.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.13 Manifestó que no se demostró

que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.12

1.5.3.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.13 Manifestó que no se demostró la falla en el servicio y que la lesión también habría podido ocurrir en la vida civil, «pero de acuerdo a la evaluación efectuada por la Junta Calificadora de Invalidez del Huila su disminución fue del 5,00% y su origen enfermedad común, por lo que puede continuar su vida laboral fuera del Ejército Nacional». En lo demás, reiteró lo expuesto en la apelación.

1.5.3.2. Parte demandante.14 Volvió sobre los argumentos de la alzada.

7 Expediente digitalizado, archivo 35, pág. 3. 8 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 56. 9 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 59. 10 Expediente digitalizado, archivo 2, pág. 75. 11 Archivo 05. 12 Expediente digitalizado, archivo 36, pág. 5. 13 Archivo 10. 14 Archivo 09.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5.3.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuesto s, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuesto s, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar i) si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la lesión padecida por Jhon Fidel Castro Beltrán cuando prestaba el servicio militar obligatorio; y en caso afirmativo, ii) si deben reconocerse los perjuicios por daño a la vida en re lación a todos los demandantes bajo la tesis sostenida antes de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, dado que la demanda se radicó en el año 2008.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración en relación con conscriptos; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto. En este último, se resolverán cada uno de los cargos de apelación.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para,Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistenci a determina el fracaso ineluctable de la pretensión.15

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado

relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado16.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo so bre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»17

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse u n juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres

Debe, sin duda, plantearse u n juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la fall a en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

15 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 16 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 17 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la

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Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la ca usa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del daño antijurídico y su imputación fáctica y jurídica.

2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado en relación con conscriptos.

En lo que respecta al régimen de imputación derivado de la responsabilidad por los daños que sean ocasionados a los soldados conscriptos, el Consejo de Estado ha dicho que, en primer término, debe de ser de naturaleza objetiva y aplicar el daño especial o el riesgo excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el

primer término, debe de ser de naturaleza objetiva y aplicar el daño especial o el riesgo excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el juez en virtud del principio iura novit curia, le corresponde determinar cuál aplicar de acuerdo con las circunstancia en las que se pr odujo el daño antijurídico. Al respecto ha precisado lo siguiente:

En efecto, en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha avalado que éstos sean, en primer orden, los de naturaleza objetiva - el daño especial o el riesgo excepcional –, y de otro lado, el de l a falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada. (…)

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares (conscriptos), en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estarían sometidos, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

Como se aprecia, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia, reviste una característica especial, ya que el juez debe verificar si el daño

la cual se produce el resultado perjudicial.

Como se aprecia, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia, reviste una característica especial, ya que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta atribuible al Estado, con fundamento en cualquiera de losSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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títulos de imputación que se vienen de enunciar.”18

En ese sentido, el título de imputación a aplicar es el daño especial si el daño es producto del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, el riesgo excepcional si este se ocasionó con ocasión de la realización de actividades peligrosas o la utilización de artefactos que tengan este carácter y, finalmente, la falla del servic io si el daño es el resultado de un funcionamiento irregular de la administración.

Lo anterior se permite, dado que los conscriptos no ingresan de manera voluntaria a las Fuerzas Militares o de Policía, lo hacen con el fin de cumplir el servicio militar obligatorio como un deber que les impone la Constitución Política y cuyo fin es defender la independencia nacional y las instituciones públicas19. Por ser de esta manera, los títulos de imputación que priman para juzgar los daños antijurídicos que se les oc asionen son los objetivos ya mencionados, a diferencia de la situación de los soldados que ingresaron al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional,

de imputación que priman para juzgar los daños antijurídicos que se les oc asionen son los objetivos ya mencionados, a diferencia de la situación de los soldados que ingresaron al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional, pues en sus casos es la falla del servicio la que impera al someterse por voluntad propia a los riesgos inherentes a dicho oficio.

Ello es así, con mayor razón si se tiene en cuenta que el Estado, al someter a los conscriptos a la obligación de prestar el servicio militar y, por ende, limitar su libertad individual, e ntabla con estos una relación de especial sujeción que lo convierte en garante de su estado físico y mental y, en consecuencia, lo hace responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos20. Al respecto, ha señalado el Consejo de

Estado en su jurisprudencia:

[se] hace una distinción entre la responsabilidad aplicable a la administración por perjuicios sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo