TA CHO - Auto Interlocutorio 27001333300320240015101-(14-10-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, catorce (14) de octubre dos mil veintiséis (2026)

Magistrado sustanciador: Rigoberto Bazán Orobio

RADICACIÓN: 27001-33-33-003-2024-00151-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: FRANCISCO MARCELO PEREA HINESTROZA

DEMANDADO:

ASUNTO: MUNICIPIO DE TADÓ Recurso de apelación contra auto interlocutorio

No. 1 40 del 26 de febrero de 2026 , que niega medida cautelar.

DECISION ADOPTADA:

Revoca auto y concede medida cautelar

AUTO INTERLOCUTORIO núm. 388

I. CUESTION PREVIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra el Auto Interlocutorio No. 140 del 26 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante el cual se NEGÓ el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 507 de 2024 , expedida por la Alcaldía municipal de Tadó.

II. ANTECEDENTES

El señor Francisco Marcelo Perea Hinestroza en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contemplado en el artículo 138 del CPACA, instauró demanda en contra del municipio de Tadó el día 12 de agosto de 2024, a

El señor Francisco Marcelo Perea Hinestroza en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contemplado en el artículo 138 del CPACA, instauró demanda en contra del municipio de Tadó el día 12 de agosto de 2024, a efecto que se declare la nulidad de la Resolución 507 del 28 de mayo de 2024, a través de la cual se revocó "directa y unilateralmente" el nombramiento en provisionalidad del demandante en el cargo de DIRECTOR DE LA UNIDAD

MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA - UMATA, CÓDIGO 009, GRADO 01.

Como medida cautelar se pidió : i) Suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, y ii) Reintegro inmediato y temporal del demandante.

2.1. Trámite procesal

Mediante Auto Interlocutorio No 1052 de 24 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó admitió la demanda y mediante Auto de sustanciación No 135 de 06 de marzo de 2025, se ordenó correr traslado de la medida cautelar deprecada.

Luego, según Auto Interlocutorio No 140 del 26 de febrero de 2026 , el Juzgado Tercero Administrativo, negó el decreto de la medida cautelar.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido según consta en Auto Interlocutorio No 451 de 14 de mayode 2026 por el A quo en efecto devolutivo y remitido a esta Corporación para resolver.

2.2. El auto apelado

el cual fue concedido según consta en Auto Interlocutorio No 451 de 14 de mayode 2026 por el A quo en efecto devolutivo y remitido a esta Corporación para resolver.

2.2. El auto apelado

La providencia recurrida es el Auto Interlocutorio No 140 del 26 de febrero de 2026, a través del cual el Juzgado Tercero Administrativo Oral negó la medida cautelar incoada por la parte actora.

Decisión tomada teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Que para que se pueda suspender provisionalmente un acto administrativo, es necesario que haya una violación de la ley. Esto se puede determinar de dos maneras: comparando directamente el acto administrativo con las normas que se dice que se han violado, o analizando las pruebas presentadas con la solicitud.

Para resolver la presente solicitud, el despacho h izo uso de la segunda opción, es decir, del análisis de las pruebas allegadas, para determinar si procede o no ordenar la suspensión de lo s efectos de los actos administrativos atacados de nulidad, encontrando que se encuentra probado que el demandante laboró en el cargo de DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA (UMATA), CON CÓDIGO 009, GRADO 01 de la Administración Municipal de Tad ó, desde el 14 de enero de 2020, según la resolución allegada con la demanda.

También indicó como acreditado que el accionado fue retirado del cargo mediante la Resolución número: 507 de 2024, sustentado bajo varios argumentos entre esos, la doble existen cia de manuales de funciones, cada uno con una naturaleza diferente para el cargo; además de señalarse una contradicción entre el decreto que

la Resolución número: 507 de 2024, sustentado bajo varios argumentos entre esos, la doble existen cia de manuales de funciones, cada uno con una naturaleza diferente para el cargo; además de señalarse una contradicción entre el decreto que crea el cargo con la ley 909 de 2004 y el decreto 785 de 2005.

Concluyendo que: “…no se dan los presupuestos para acceder a la suspensión del acto administrativo, toda vez que, para el caso de estudio y el análisis de la legalidad del acto acusado se deberá efectuar una valoración integral de las normas con las que la entidad demandada sustentó la expedición de los a ctos demandados, análisis que no es posible realizar en esta etapa, sino cuando el Despacho cuente con mayores elementos, como serían los argumentos de defensa de la contraparte, así como el total del material probatorio que se allegue al proceso… Así las cosas, para lograr determinar el verdadero sentido normativo del acto acusado y la eventual incompatibilidad con otras normas, es necesario una labor hermenéutica que va más allá de la necesaria en esta etapa procesal, toda vez que se requiere de un estudio de fondo acerca del problema jurídico planteado, lo cual hace necesario contar con las demás etapas procesales y surtir el período probatorio…”

2.3. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión contenida en el Auto Interlocutorio No 140 del 26 de febrero de 2026, que negó la medida cautelar incoada por la parte actora. La parte demandante interpone recurso de apelación.

Fundamenta el recurso indicando que contrario a lo argumentado por el A-quo, se encuentra cumplido el requisito establecido en el artículo 231 del CPACA, pue se

demandante interpone recurso de apelación.

Fundamenta el recurso indicando que contrario a lo argumentado por el A-quo, se encuentra cumplido el requisito establecido en el artículo 231 del CPACA, pue se acreditó la violación de las disposiciones invocadas, lo que tiene lugar del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores aducidas como violadas, en especial : el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 , el inciso primero del artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y artículo 2.2.11.1.11 del Decreto Compilatorio 1083 de 2015. El acto administrativo cuya suspensión se pretende se expidió sin que el empleado haya dado su consentimiento expreso para la revocatoria de su nombramiento y posesión.

No habiendo causal que impida resolver el asunto, se esgrimen las siguientes:III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a esta Corporación conocer del recurso de apelación formulado en los procesos tramitados en primera instancia por los jueces administrativos, en concordancia en el numeral 5 del artículo 243 de la Ley 1437 del 2011 modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar es susceptible del recurso de apelación. Decisión que compete a la Sala de conformidad a lo normado en el literal h), numeral 2 del artículo 125 de la Ley 1437 del 2011.

3.2. Problema Jurídico

es susceptible del recurso de apelación. Decisión que compete a la Sala de conformidad a lo normado en el literal h), numeral 2 del artículo 125 de la Ley 1437 del 2011.

3.2. Problema Jurídico

Consiste en determinar si la decisión del a-quo adoptada por el Juzgado de primera instancia en el Auto Interlocutorio No 140 del 26 de febrero de 2026 , de negar la medida cautelar de suspensión provisional de los actos demandados, se encuentra o no ajustada a derecho.

3.3. Procedencia y oportunidad del recurso de apelación

Las actuaciones judiciales dentro del marco de la constitución y la ley deben adelantarse respetando los derechos fundamentales de todas las partes inmersas en la cuestión judicial. En ese sentido, los involucrados dentro de una causa, deben obtener las garantías judiciales suficientes en aras de que puedan efectivizar los derechos que a ellos conciernen.

En concordancia de lo anterior, el operador jurídico no solamente debe, sino que tiene la obligación de propender porque las partes dentro de un proceso sometido a su conocimiento tengan las herramientas permitidas por el ordenamiento jurídico para poder, si es la parte demandante, obtener la satisfacción de sus pretensiones, o si es la parte demandada, la defensa de su postura institucional.

En ese sentido, las garantías estipuladas en la constitución y en la ley, deben ser maximizadas en su aplicación en aras de poder satisfacer las necesidades de quienes acuden a la administración de justicia con el objetivo de solucionar un conflicto sometido a su merced. Dicho así, la aplicación restrictiva y/o minimizada de los cánones constitucionales y legales, desconoce en gran manera, los deberes

quienes acuden a la administración de justicia con el objetivo de solucionar un conflicto sometido a su merced. Dicho así, la aplicación restrictiva y/o minimizada de los cánones constitucionales y legales, desconoce en gran manera, los deberes del operador jurídico, de quien se espera la toma de decisión con el manto de la divina justicia, máxime si es el juez administrativo, el cual, tiende a la constitucionalización de su mandato.

Dicho lo anterior, debe precisarse que, en el artículo 243 del C. de P. A. y de lo C. A, se enlistan de forma taxativa como apelables los autos proferidos por los jueces administrativos en primera instancia así: (i) el que rechace la demanda, (ii) el que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite, (iii) el que ponga fin al proceso y (iv) el que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales.

Específicamente el numeral 5 del precitado enunciado normativo dispone lo siguiente: Art. 243. Modificado Ley 2080 de 2021. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…)

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar

Por su parte el artículo 244 del C. de P. A. y de lo C. A., respecto al trámite del recurso de apelación dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 244. Trámite del recurso de apelación contra autos.La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

recurso de apelación dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 244. Trámite del recurso de apelación contra autos.La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición inter puesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.

2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición. De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en el acta.

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.

De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado

ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.

4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.”

Respecto a la fecha a partir de la cual se entiende realizada la notificación, para efectos de que empiecen a correr el término con el que cuentan las partes y/o intervinientes para la representación de los recursos, se tiene que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje. E s decir, que el término para la presentación del recurso de apelación en el caso que nos ocupa de contarse a partir del día hábil siguiente al vencimiento de los dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje de notificación personal1.

Es oportuna la presentación del recurso de apelación, toda vez que la providencia impugnada fue notificada en el estado del 26 de febrero de 2026 y al correo electrónico de la parte demandante el 02 de marzo de 2026 y el recurso se interpuso el día 03 de marzo de 2026

El artículo 153 y el literal h), numeral 2 del artículo 125 ibidem, señalan que le corresponde a l as Salas de l os Tribunales Administrativos , conocer en segunda instancia de las apelaciones de autos proferidos en primera instancia por los jueces administrativos mediante los cuales se decrete, deniegue o modifique una medida

corresponde a l as Salas de l os Tribunales Administrativos , conocer en segunda instancia de las apelaciones de autos proferidos en primera instancia por los jueces administrativos mediante los cuales se decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. Ante la impugnación presentada, corresponde a esta corporación verificar si las decisiones adoptadas por el juez de primera instancia se encuentran conforme a derecho o no.

3.4. Marco Normativo y Jurisprudencial de la medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos.

Respecto a las medidas cautelares, el artículo 229 del CPACA faculta al Juez para decretar medidas cautelares en cualquier estado del proceso, al señalar que: “…En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias par a proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la

1 Lo anterior de conformidad a lo normado en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 y los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021; y las reglas de unificación contenidas en el AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL: CONSEJO DE ESTADO - SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO; Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós

ESTADO - SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; CONSEJERA PONENTE: STELLA

JEANNETTE CARVAJAL BASTO; Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022); REFERENCIA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES; RADICACIÓN: 68001-23-33-000-201300735-02 (68177); DEMANDANTES: INTEGRANTES DEL CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE BARRANCABERMEJA Y OTROS; DEMANDADO: HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO E.S.E.efectividad de la sentencia , de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo… (negrilla fuera de texto)

Se colige así que las medidas cuyo decreto se reclama deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, y estas pueden ser de carácter preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión.

Ahora bien, la ley también contempla que, los eventos respecto del cual procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo al señalar en el artículo 231 del CPACA., lo siguiente: “…Art. 231. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. (Negrilla fuera de texto)

Se colige así que, para el decreto de la suspe nsión provisional de un acto administrativo, es menester acreditar la violación de las disposiciones invocadas cuando surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores aducidas como violadas o del estudio de las pruebas all egadas con la solicitud.

Presentada la medida cautelar , es deben del juez an alizar la procedencia de esta desde el tópico que indique la parte , sea decir, violación evidente de las disposiciones invocadas o del estudio de las pruebas allegadas.

solicitud.

Presentada la medida cautelar , es deben del juez an alizar la procedencia de esta desde el tópico que indique la parte , sea decir, violación evidente de las disposiciones invocadas o del estudio de las pruebas allegadas.

Igualmente, debe precisarse que, por tratarse de un juicio preliminar, no tiene carácter definitivo con el examen de fondo que se realice sobre el objeto de la Litis, pues conforme lo previsto en el artículo 235 ibídem, existe la posibilidad de modificar o revocar la medida y aún de dictar un fallo favorable o no de las pretensiones, por lo que adoptar este tipo de decisiones no constituye prejuzgamiento alguno.

De igual manera, para la procedencia de la medida cautelar deprecada, también se requiere: a. Fumus boni iuris: Que de la demanda y documentos se desprenda la violación de las disposiciones invocadas. b. Periculum in mora: Prueba siquiera sumaria de la necesidad de la medida. Al respecto, el H. Consejo de Estado ha sido claro al precisar que: "El decreto de medidas cautelares exige un análisis sumario pero riguroso. No basta la mera afirmación del demandante, se requiere un principio de prueba que permita inferir la violación"2

2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Auto 21 de septiembre de 2023, Rad. 11001-03-25-000-2023-00987-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez"(…) “La suspensión provisional no procede cuando del análisis preliminar no se advierte una flagrante violación del ordenamiento jurídico, pues ello implicaría un prejuzgamiento"3.

una flagrante violación del ordenamiento jurídico, pues ello implicaría un prejuzgamiento"3.

En ese orden de ideas, se procederá a resolver en los siguientes términos:

IV. CASO CONCRETO

El señor FRANCISCO MARCELO PEREA HINESTROZA demandó la nulidad de la Resolución 507 de 28 de mayo de 2024, a través de la cual se revocó el nombramiento en provisionalidad del señor Perea Hinestroza como director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA, Código 009, Grado 01.

Como quiera que el juez de primera instancia no accedió a la medida cautelar deprecada, la parte actora interpuso recurso de apelación con miras a que se revoque la decisión adoptada, al considerar que: “…el fallador de primera instancia, está dejando de lado en sus análisis del caso concreto, un hecho probado e importantísimo que cambiaría el curso total de su análisis y de la conclusión del mismo, y esto tiene que ver con que el A Quo, no está teniendo en cuenta que estamos frente a una violación fragrante de l debido proceso constitucional y laboral, y un quebrantamiento directo de las normas que lo regulan. Pues en el caso concreto, con los elementos de juicio que hay, mismos que fueron allegados con la demanda y la contestación, se tiene que se le ha sacado a un trabajador de su empleo sin el más mínimo respeto por las garantías constitucionales y legales, esto es, con un acto unilateral y arbitrario de la administración pública (Resolución número: 507 de 2024), que no respeto las garantías más mínimas recono cidas en el artículo 29

de su empleo sin el más mínimo respeto por las garantías constitucionales y legales, esto es, con un acto unilateral y arbitrario de la administración pública (Resolución número: 507 de 2024), que no respeto las garantías más mínimas recono cidas en el artículo 29 de la Constitución Nacional y la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 93 y subsiguientesDe la revocación directa de los actos administrativos. La regla general es el consentimiento del particular afectado, (debido proceso administra tivo), cuando se trata de una relación de dos. Al señor FRANCISCO MARCELO PEREA HINESTROZA, no se le notificó del comienzo de la actuación administrativa de revocación de su nombramiento, no hay un documento que se le haya notificado en ese sentido; no se puede confundir el documento donde se le solicita su consentimiento, con el que se requería de acuerdo al Art. 35 del CPACA, para abrir o darle tramite a un proceso administrativo, con solo esta primicia, se empieza quebrantando el derecho al debido proces o administrativo del señor PEREA HINESTROZA. A él, no se le permitió en esta actuación administrativa que aquí se censura, el termino de descargos, tampoco el de aportar pruebas, defenderse y/o controvertir la posición de la administración, de revocar su n ombramiento de manera unilateral y directa, sin su consentimiento. Hecho que la administración de Tadó, ni siquiera a negado y, ya este es en sí, un acto arbitrario e injusto que, no se puede tolerar en un estado social y constitucional de derecho como el nuestro. (…) Está demostrado como bien lo reconoce el A Quo, en el Auto, que el Demandante FRANCISCO MARCELO PEREA HINESTROZA, es un empleado nombrado en

en un estado social y constitucional de derecho como el nuestro. (…) Está demostrado como bien lo reconoce el A Quo, en el Auto, que el Demandante FRANCISCO MARCELO PEREA HINESTROZA, es un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa; por ese solo hecho, el procedimiento para apart arlo de su cargo debía ser con sujeción a lo establecido por la ley”

El acto administrativo cuya suspensión se pretende, es la Resolución No. 507 del 28 de mayo de 2024 “Por el cual se revoca y se deja sin efectos el Decreto 0026 del 09 de enero de 2020”.

El fundamento jurídico específico para la revocatoria, se indica que el mencionado acto administrativo transgrede las siguientes normas: (i) el literal a) del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 909 de 2009, que clasifica el empleo de director, como de libre nombramiento y remoción; (ii) el artículo 16 del Decreto 785 de 2005 , que establece la nomenclatura de los empleos. Según la motivación con los anteriores defectos no era dable darle posesión al demandante, citando para ello lo normado en el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.10 del Decreto 1083 de 2015.

3 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, Auto 14 de junio de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00031-00, C.P. Luis Alberto Álvarez ParraEl procedimiento previo a la expedición del acto administrativo de revocatoria se

narra que, en acta número 001 del 07 de mayo de 2024, a instancias del personero municipal, se deja constancia de la negativa del aquí demandante se negó a recibir notificación personal, referida a su situación administrativa “en aras de preservar el ordenamiento jurídico y aludir al debido proceso, así como también respetando sus derechos Fundamentales, conforme lo establecido en el artículo 97 del CPACA, se SOLICITA su autorización por escrito para realizar la Modificación, Aclaración, Derogatoria o Revocatoria del Nombramiento”. Seguidamente se indica que mediante oficio del 9 de mayo de 2004, el aquí demandante de manera expresa le indica a la Administración Municipal, que no autoriza, es decir, no da su consentimiento para la modificación, aclaración, derogatoria o revocatoria de su nombramiento. Pero que de conformidad a lo normado en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 y lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-182 de 2019 y T -830 de 2004, era dable la revocatoria del nombramiento sin el consentimiento del titular.

Las causales que habilitan la facultad para la administración de revocar los actos administrativos se encuentran normadas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, se dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

Respecto a la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular, en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, se dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá deman darlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.”

En relación con el caso específico de nombramiento y la posibilidad de la revocatoria dl acto administrativo que lo realizó, el ciso primero del artículo 5 de la Ley 190 de 1995 dispone: ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo

revocatoria dl acto administrativo que lo realizó, el ciso primero del artículo 5 de la Ley 190 de 1995 dispone: ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.

El anterior enunciado normativo se encuentra precisado en cuanto a su alcance y el procedimie nto que se debe seguir para la revocatoria, en lo dispuesto en el artículo 2.2.11.1.11 del Decreto Compilatorio 1083 de 2015, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 2.2.11.1.11 Retiro por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo. Cuando la administración verifique que se produjo un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público sin el lleno de los requisitos exigidos, deberá contar con el previo consentimiento expreso del empleado para la revocatoria del acto. El procedimiento se adelantará en el marco del debido proceso y el respeto al principio de buena fe que rige las actuaciones administrativas, y deberá ceñirse al procedimiento previsto en la Ley 1437 de 2011 o en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. ”De la lectura de los enunciados normativos antes indicados, es dable concluir que para que tenga lugar la revocatoria directa de un acto administrativo de nombramiento y/o la posesión en el empleo, debe contarse con el consentimiento

para que tenga lugar la revocatoria directa de un acto administrativo de nombramiento y/o la posesión en el empleo, debe contarse con el consentimiento expreso del empleado. De haberse solicita el consentimiento y no obtener respuesta positiva del mismo, la administración necesariamente debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener vía judicial la n