TA CHO - Sentencia 03-2024-00150-01 (30-06-2026)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA CUARTA DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA TANGARIFE BETANCOURT

Quibdó, treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 27001-33-33-003-2024-00150-01

Demandante: Eulogio Palacios Palacios Demandado: Nación, Ministerio de Educación1 y Municipio de Quibdó, Secretaría de Educación2

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Tema: Diferencia salarial docente

Sentencia de Segunda Instancia 1

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó procede a desatar el recurso de apelación formulado por el demandante contra la sentencia n.° 35 proferida el 16 de marzo de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

DEMANDA

Como pretensiones3 el actor solicitó que se inaplique por ilegalidad el Decreto 284 de 2024 así como los Decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022 y 887 de 2023, que lo derogaron o modificaron y que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios 2024-EE-093739 de 23 de marzo de 2024 proferido por el MEN y QBD2024EE000772 de 10 de abril de 2024 expedido por el Municipio de Quibdó ,

contenidos en los oficios 2024-EE-093739 de 23 de marzo de 2024 proferido por el MEN y QBD2024EE000772 de 10 de abril de 2024 expedido por el Municipio de Quibdó , SEMQUIBDÓ en los que se le negó el reconocimiento de la diferencia salarial generada en los años 2008 y 2009 entre las categorías 3AM y 3DM.

1 En adelante MEN.

2 En adelante SEMQUIBDÓ.

3 Expediente digital en el aplicativo SAMAI en el proceso radicado 27001 33 33 003 2024 00150 00. Visualización de expediente no asociado a cuaderno. Archivo denominado: 27001333300320240015000_01DEMANDA_267ac624580b4f9d87dffb839225e24d01DEMANDA. Fols. 1 a 34.Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

Demandante: Eulogio Palacios Palacios

Demandados: Nación, MEN y SEMQUIBDÓ

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A título de restablecimiento del derecho pidió que se declare que tiene derecho a la nivelación salarial y que se reconozcan las sumas dejadas de percibir durante los 3 años anteriores a la reclamación administrativa, así como las que se sigan causando en el futuro, con sus respectivos efectos fiscales . Que la parte demandada sea condenada al pago de las diferencias salariales y a la reliquidación de la prima de navidad, la prima de

futuro, con sus respectivos efectos fiscales . Que la parte demandada sea condenada al pago de las diferencias salariales y a la reliquidación de la prima de navidad, la prima de servicios, la prima d e vacaciones, la bonificación pedagógica, las horas extras , las cesantías anualizadas y demás emolumentos . Que se ordenen los ajustes correspondientes por la disminución del poder adquisitivo . Que se reconozcan intereses moratorios a partir de la ejecutori a de la sentencia según el artículo 192 del CPACA y hasta el pago de la obligación. Que se disponga el cumplimiento del fallo dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Que se condene en costas a las entidades demandadas.

Los supuestos fácticos en los que sustenta sus pretensiones en síntesis son los siguientes: como docente del grado 3AM del escalafón creado por el Decreto Ley 1278 de 2002, recibió durante los años 200 6 y 2007 incrementos salariales iguales a los demás docentes oficiales en virtud de los Decretos 1313 de 2005, 596 de 2006 y 634 de 2007, situación que cambió en el 2008 cuando los Decretos 624, 714 y 1407 dispusieron un incremento del 1 7,40% para la categoría 3AM, mientras que para la categoría 3DM se aplicó un 44.89%; asimismo, en el año 2009 los Decretos 702 y 1238 efectuaron un incremento a la categoría 3AM del 18.41%, mientras que para la categoría 3DM del mismo escalafón, el incremento fue del 7,67%. Con ello se generó una afectación en la base

incremento a la categoría 3AM del 18.41%, mientras que para la categoría 3DM del mismo escalafón, el incremento fue del 7,67%. Con ello se generó una afectación en la base salarial que se proyectó en los años siguientes, aun cuando desde 201 0 hasta 2024 los incrementos volvieron a aplicarse en condiciones de igualdad.

Esta situación vulneró sus derechos a la igualdad, la progresividad y e l trabajo digno al igual que lo previsto en la Ley 4 de 1992 en materia de fijación de salarios de los servidores públicos, pues las diferencias salariales generadas en los últimos 3 años, objeto de reconocimiento y pago, ascienden a $ 27.672.015, sin perju icio de las que se sigan causando hacia el futuro.

Las normas violadas que invocó fueron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 137 de la Ley 1437 de 2011; 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4 ª de 1992; 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002. Como concepto de la violación en síntesis sostuvo que la actuación administrativa demandada fue expedida «con infracción en las normas en que debía fundarse, a través de una falsa motivación y expedición irregular, por cuanto vulneró el derecho a la igualdadRadicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

Demandante: Eulogio Palacios Palacios

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de los docentes […] oficiales desde el año 2009. Por cuanto la diferencia en el incremento salarial anual no fue fijada de manera unificada para todos […] » y transgredió el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 constitucional. Además, no cuenta con motivación, porque «no existen razones de orden constitucional, para que a los docentes oficiales del decreto ley 1278 de 2002, a los que año tras año les expiden un Decreto Nacional donde se fijan los incrementos de sus salarios […], no se les paguen […] debidamente ajustados por los yerros cometidos en las anualidades 2008, 2009 y 2011 […]».

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación, MEN4 solicitó negar las pretensiones de la demanda, porque el actor hace una interpretación errónea cuando entiende que por las condiciones de formación y experiencia, un docente ubicado el grado 3 Nivel A con maestría debe equipararse al grado 3 Nivel D con maestría, pues esas condiciones entre unos y otros no son las mismas, porque el docente ubicado en el grado 3 nivel D con maestría percibe una remuneración superior a la del docente que se encuentra en el grado 3 nivel A con maestría, con lo que no es admisible que se alegue la presunta vulneración de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

Sostuvo que, los porcentajes de aumento en los años 2008 y 2009 para los distintos

maestría, con lo que no es admisible que se alegue la presunta vulneración de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

Sostuvo que, los porcentajes de aumento en los años 2008 y 2009 para los distintos grados del esca lafón tuvieron como fundamento el grado de formación, valorando el avance profesional de los docentes, con incremen tos destacados especialmente para aquellos con maestría y doctorado, es decir, los aumentos tuvieron en cuenta una variable que tiene que ver con la formación y no con un aumento caprichoso que desconociera derechos de orden laboral de los docentes entre uno y otro grado.

Propuso las excepciones de mérito que denominó «presunción de legalidad de los actos administrativos»; «prescripción»; «falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional»; y la «Excepción genérica».

El Municipio de Quibdó, SEMQUIBDO5 en su respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones, toda vez que, el MEN, con la diferencia en los aumentos porcentuales del

4 Expediente digital en el aplicativo SAMAI. Índice 00006 en el proceso radicado: 27001 -33-33-003-2024-00150-00.

Archivo denominado: 9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-7CONTEULOGIOPALAC(.pdf) NroActua 6 . Fols. 1 a

32.

5 Expediente digital en el aplicativo SAMAI. Índice 0 0005 En el proceso radicado: 27001 -33-33-003-2024-00150-00.

32.

5 Expediente digital en el aplicativo SAMAI. Índice 0 0005 En el proceso radicado: 27001 -33-33-003-2024-00150-00.

Archivo denominado: 016Agregarmemoria_CONTESTACIONYOLEIDAR.pdf. Fols. 1 a 3.Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

Demandante: Eulogio Palacios Palacios

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salario, lo que busca es mejorar las remuneraciones de los docentes estatales, principalmente los del nivel 3, quienes aún están por debajo de los salarios del mercado laboral, por lo tanto, estos incrementos proyectados obedecen a justificaciones técnicas. Y propuso la excepción de «Falta de legitimación en la causa por pasiva».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó en sentencia n.° 35 proferida el 16 de marzo de 202 66 negó las súplicas de la demanda, porque no se configura una vulneración del principio «a trabajo igual, salario igual», si se tiene en cuenta que existen razones objetivas, como la formación, capacitación y experiencia, que justifican un trato diferenciado, como sucede en el presente caso; toda vez que entre el grado de escalafón 3AM y 3DM, existe una diferencia de acreditación de 9 años de experiencia y que se hayan superado las evaluaciones de competencias, con un

justifican un trato diferenciado, como sucede en el presente caso; toda vez que entre el grado de escalafón 3AM y 3DM, existe una diferencia de acreditación de 9 años de experiencia y que se hayan superado las evaluaciones de competencias, con un porcentaje superior a 80 puntos, por lo cual, no puede predicarse que los docentes de una y otra categoría, están en igualdad de condiciones y, por lo tanto, el aumento de su salario deba ser el mismo.

Señaló, que el aumento salarial reconocido al educador en el periodo objeto de discusión, se cimentó en circunstancias y criterios objetivos, de tal manera que el grado y nivel del escalafón fue el elemento determinante en su remuneración mensual, como está previsto en el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002.

El recurso de apelación

El demandante7 en su alzada solicita que la sentencia de primera instancia sea revocada porque insiste en que, de una parte, el Decreto 284 de 2024 reproduce una base salarial estructuralmente desfasada que proviene de los incrementos desiguales que fueron ordenados por los Decretos de 2008, 2009 y 2011, con lo que se ha causado un perjuicio continuado a los docentes «afectando no solo a los trabajadores en el momento de su aplicación, sino también acumulando distorsiones que se perpetúan en el tiempo » y, de otra parte, los decretos cuestionados carecen de motivación suficiente, «en términos de

6 Expediente digital en el aplicativo SAMAI. Índice 000 25 en el proceso radicado: 27001 -33-33-003-2024-00150-00.

Archivo denominado: 31Sentencia_2024150nivelacionsal(.pdf) NroActua 25. Fols. 1 a 15.

7 Expediente digital en el aplicativo SAMAI. Índice 000 25 en el proceso radicado: 27001 -33-33-003-2024-0015000.Archivo denominado: 33_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 27. Fols 1 a 29.Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

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objetividad, suficiencia argumentativa, razonabilidad de la medida, experticia técnica y, garantía de los derechos subjetivos, […] », pues la administración no aportó los elementos de juicio pertinentes como estudios y/o análisis técnicos previstos o los antecedentes de hecho y de derecho que soportaron la pertinencia de la medida « omisión que vulnera el principio de transparencia en la administración pública y constituye una falsa motivación en los actos administrativos que establecieron estas diferencias», pues no se identificaron criterios claros que sustentaran la diferenciación en los incrementos salariales entre las categorías señaladas en el líbelo de la demanda.

CONSIDERACIONES

Competencia

8 CPACA. Artículo 153. «Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda».

9 CGP. Artículo 328 . «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

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con ello son nulos los actos administrativos demandados que negaron el reconocimiento de esa diferencia?

A fin de desatar la controversia planteada y establecer si al apelante le asiste la razón en lo que pretende , se abordarán los siguientes aspectos: i) marco normativo y jurisprudencial con respecto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, ii) régimen salarial del personal oficial docente y posición jurisprudencial iii) reseña de la prueba documental relevante que obra en el proceso, y finalmente el iv) análisis del caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial con respecto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad

que sustentaran la diferenciación en los incrementos salariales entre las categorías señaladas en el líbelo de la demanda.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo ordenado por el artículo 153 del CPACA8 este Tribunal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia n.° 35 proferida el 16 de marzo de 2026, por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.

Problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos ante la segunda instancia por el demandante en su recurso de alzada 9, quien además es apelante único, la controversia fundamentalmente se contrae a establecer si ¿Se deben inaplicar por inconstitucionalidad los Decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 887 de 2023 y 284 de 2024 que consolidaron la diferencia salarial introducida en los Decretos 624, 714 y 1407 de 2008 que fijaron el incremento del 17,40% para la categoría 3AM del escalafón docente, frente a un incremento del 44.89% para la categoría 3DM del escalafón docente y los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009 que fijaron el incremento del 18.41%, para la categoría 3AM del escalafón docente frente a un incremento del 7,67% para la categoría 3DM, y si

8 CPACA. Artículo 153. «Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de

prueba documental relevante que obra en el proceso, y finalmente el iv) análisis del caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial con respecto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad

El artículo 4 de la Constitución Política prevé que « La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales ». A partir de esta disposición nace la excepción de inconstitucionalidad como una herramienta jurídica que permite a los operadores judiciales cumplir con la facultad y el deber de inaplicar en un caso concreto una norma por considerar que la misma va en contravía de la norma superior.

En palabras de la Corte Constitucional 10 la excepción de inconstitucionalidad es una facultad de los jueces, o inclusive, de toda autoridad pública, de inaplicar una norma jurídica en aquellos eventos en que detecten que se contradicen postulados constitucionales. Por lo tanto, ha sido definida como una herramienta que «se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una nor ma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política».

A este carácter prevalente de la Constitución Política también alude el artículo 148 del CPACA11, cuando dispone que en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la

lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la

10 Corte Constitucional. Sentencia SU-132 del 13 de marzo de 2013. Magistrado ponente: Alexei Julio Figueroa.

11 CPACA. Artículo 148. «Control por Vía de Excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte».Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

Demandante: Eulogio Palacios Palacios

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ley, decisión que solo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.

Con lo expuesto, se tiene que tanto a petición de parte como de oficio, en cualquiera de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo resulta procedente establecer si para el caso objeto de estudio una norma es o no contraria a la Constitución Política, y en caso afirmativo inaplicarla sin perder de vista que la decisión solo produce efectos para el caso concreto o inter partes, en atención a que el análisis de

procedente establecer si para el caso objeto de estudio una norma es o no contraria a la Constitución Política, y en caso afirmativo inaplicarla sin perder de vista que la decisión solo produce efectos para el caso concreto o inter partes, en atención a que el análisis de si el precepto correspondiente debe permanecer o no en el ordenamiento jurídico con efectos erga omnes, está llamado a realizarse en sede de nulidad o constitucionalidad, según el caso, luego de surtido el procedimiento especializado respectivo12.

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional 13 estableció tres escenarios puntuales en los que resulta aplicable la excepción de inconstitucionalidad, que son: i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad; ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por in constitucionalidad según sea el caso; y iii) en virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara al sostener que14 «son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el

al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea».

12 Sobre la aplicación de la referida excepción pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado: Radicado: 08001-23-33-000-2020-00012-01 de 18 de marzo de 2021. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Radicado: 25000 -23-41-000-2018-01126-01(ACU) de 28 de febrero de 2019.

Consejera ponente: Rocío Araújo Oñate; Radicado: 11001 -03-28-000-2015-00050-00 de 4 de agosto de 2016. 00.

Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; y Radicado: 25000 -23-24-000-2011-00829-00.de 9 de agosto de 2018. Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio.

13 Corte Constitucional. Sentencia SU-599 de 2019.

14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Radicado: 11001-03-26-000-2013-00130-00 (48.518). Sentencia de 28 de abril de 2025, Consejero ponente Fredy Ibarra Martínez.Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

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En síntesis, la excepción de inconstitucionalidad se c onstituye en un mecanismo al alcance de los jueces y de las autoridades públicas dirigido a garantizar el ordenamiento, por manera que los habilita para establecer si, en el asunto objeto de estudio, una norma es o no contraria a la Constitución Política, y en caso afirmativo inaplicarla sin perder de vista que la decisión solo produce efectos para el caso concreto o inter partes.

Régimen salarial del personal oficial docente y posición jurisprudencial

La Constitución Política previó en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 que corresponde al Congreso de la República dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

De esta manera, se fijó una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados público s, así: i) el Congreso establece unos marcos generales y unos lineamientos que le circunscriben al ejecutivo la forma cómo debe regular la materia y; ii) corresponde al Gobierno nacional desarrollar la actividad reguladora, es decir, le compete definir dir ectamente los salarios y prestaciones sociales de todos los empleados públicos con fundamento en los criterios

ejecutivo la forma cómo debe regular la materia y; ii) corresponde al Gobierno nacional desarrollar la actividad reguladora, es decir, le compete definir dir ectamente los salarios y prestaciones sociales de todos los empleados públicos con fundamento en los criterios que para el efecto señale el legislador.

En relación con el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial, el Congreso de la República en ejercicio de la competencia descrita, dispuso en el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, que aquel sería fijado por el Gobierno nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en dicha ley y que las corporaciones públicas territoriales no podrían arrogarse esa facultad.

En tal virtud, el Gobierno nacional tiene la competencia para establecer periódicamente el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial, quien debe expedirlo con atención al marco que le fije el Congreso de la República. Asimismo, debe precisar el límite sa larial máximo de estos empleados públicos guardando equivalencias con cargos similares a nivel nacional.

De otro lado, respecto al régimen salarial del personal docente, el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, dispuso que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

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de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional del que venían gozando en

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de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional del que venían gozando en cada entidad territorial. Sin embargo, los docentes nacionales y todos aquellos que se vincularan a partir del 1 de enero de 1990, se regirían por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre los que destacó los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

A su turno, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 previó que el régimen prestacional de los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas de personal departamentales o distritales y los que se vincularan a ellas, sería el contenido en la Ley 91 de 1989. Adicionalmente, estableció que «el régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992».

Por su parte, Ley 115 de 1994 en su artículo 115 dispuso, que el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y en la misma Ley 115. De igual manera, el parágrafo del artículo 175 ibidem, precisó que el régimen salarial de los docentes de los órdenes departamental, distrital o municipal se

misma Ley 115. De igual manera, el parágrafo del artículo 175 ibidem, precisó que el régimen salarial de los docentes de los órdenes departamental, distrital o municipal se regirá por el Decreto Ley 2277 de 1979 y la Ley 4ª de 1992.

Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha precisado que el Decreto Ley 2277 de 1979, aunque adoptó normas sobre el ejercicio de la profesión docente, no reguló los factores salariales a los cuales tenían derecho los educadores y que di cha omisión tampoco fue resuelta por la Ley 4ª de 1992, la cual se limitó a establecer lineamientos generales que debían ser desarrollados por el Gobierno nacional mediante normas reglamentarias.

En ese contexto, el Decreto Ley 1278 de 2002, por el cual se expidió el Estatuto de Profesionalización Docente, consagró en su artículo 46 que «El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados […]».

Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, mediante el cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003 -2006, dispuso que el régimen salarial de los docentes vinculados a partir de su vigencia sería el decretado por el Gobierno nacional,Radicado: 27001-33-33-003-2024-00150-01

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garantizando la equivalencia entre el Estatuto de Profesionalización Docente del Decreto 1278 de 2002, los beneficios prestacionales vigentes al momento de expedición de dicha Ley y la remuneración de los docentes que se encontraban previamente vinculados. Se tiene entonces, que el régimen de los educadores estatales vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se encuentra contenido en la Ley 91 de 1989, que, a su vez, remite a los Decretos 3135 de 1968 , 1848 de 1969 y 1045 de 1978, para determinar cuáles son los beneficios adicionales al salario a los que este grupo de servidores tiene derecho. Por su parte, el Gobierno nacional se ocupa de definir anualmente la remuneración de estos servidores públicos, con base en los lineamientos de la Ley 4ª de 1992.

De otro lado, el Decreto Ley 1278 de 2002 en el artículo 19 15 dispuso que el Escalafón Docente es un sistema de clasificación de los educadores de acuerdo, entre otros aspectos, con su formación académica, con lo que se constituyen los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral, que garantizan la permanencia en la carrera docente y permiten asignarles el correspondiente salario profesional.

En el artículo 20 16, en cuanto a la estructura del escalafón docente, advierte que está

niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral, que garantizan la permanencia en la carrera docente y permiten asignarles el correspondiente salario profesional.

En el artículo 20 16, en cuanto a la estructura del escalafón docente, advierte que está compuesto por 3 grados (1, 2 y 3), cada uno de ellos comprende 4 niveles salariales (A, B, C y D), y la inscripción en el escalafón se realiza de manera oficiosa, una vez el docente supere el período de prueba y acredite los requisitos estipulados por su artículo 1217 y por el artículo 2.4.1.4.1.4. del Decreto 1075 de 201518. Es así como se tiene, que los grado