TA CHO - Sentencia 04-2024-00157-01 (28-05-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN Página 1 de 14

Quibdó, veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Sentencia Sentencia N.°49 Medio de control. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORALDemandante (s). ANA DE JESÚS PALACIOS PALACIOS Demandado (s). NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MUNICIPIO DE QUIBDÓ –

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Radicado. 27001333300420240015701

Instancia Segunda Temas y subtemas Diferencia en el porcentaje de incremento salarial en los años 2008 y 2009 entre docentes del grado de escalafón 2C y el escalafón 2A. Decisión confirma sentencia

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Procede la sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia N.°0155 de fecha 17 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La señora Ana de Jesús Palacios Palacios , por conducto de apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024 y se declare

ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024 y se declare la nulidad del acto administrativo 2024-EE-115601 del 17 de abril de 2024 proferido por el Ministerio de Educación Nacional y QBD2024ER000873 del 10 de abril de 2024 expedido por el Municipio de Quibdó-Secretaria de Educación Municipal, a través de los cuales se le negó el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008.

1.1. LA DEMANDA.

1.1.1. PRETENSIONES Y CONDENAS.

El señor ANA DE JESÚS PALACIOS PALACIOS, por medio de apoderada formuló las siguientes pretensiones:

1.1.1.1. Inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el Decreto Nacional 887 del 2 de junio de 2023, que derogó a su vez del Decreto Nacional 449 de 2022, que así mismo derogó el Decreto Nacional 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto Nacional 319 de 2020, y/o se declare la nulidad de los decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 2C teniendo de presente que los salarios de tres (3) añ os anteriores a la fecha de la reclamación administrativa, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido

correspondió a la categoría 2C teniendo de presente que los salarios de tres (3) añ os anteriores a la fecha de la reclamación administrativa, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido en la ley 4 de 1992 y en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002.

1.1.1.2. Declarar la nulidad del acto administrativo 2024-EE-115601 del 17 de abril de 2024 mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional le negó a la demandante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 y 2009 para el grado en el escalafón 2C y 2A , mediante Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, en porcentaje del 4.37%, mientras que, para a la categoría del escalafón 2A, se le incrementó el 14.11%, así como también,REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420240015700

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por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 2C que fue del 7,67%, mediante Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, mientras que para la categoría 2A el incremento fue del 15,61%, que si bien es cierto el ajuste fue mayor, esto no compensa la diferencia del año 2008. En igual sentido, solicita que se declare la nulidad

categoría 2A el incremento fue del 15,61%, que si bien es cierto el ajuste fue mayor, esto no compensa la diferencia del año 2008. En igual sentido, solicita que se declare la nulidad del acto administrativo QBD2024ER000873 del 10 de abril de 2024 , a través del cual el Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal le negó el mismo derecho.

1.1.1.3. Declarar que la demandante, quien pertenece a la categoría 2C del Escalafón Nacional Docente, de acuerdo al artículo 21 del Decreto - Ley 1278 de 2002 tiene derecho a que la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal, le reconozcan y paguen las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición realizada, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el fut uro, y que esta diferencia salarial, tenga efectos fiscales hacia el futuro.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y, a título de restablecimiento del Derecho, solicita:

1.1.1.4. Que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Quibdó-Secretaria de Educaci ón Municipal, al reconocimiento y pago de los dineros a l docente oficial, perteneciente a la categoría 2C, de acuerdo al artículo 21 del DecretoLey 1278 de 2002, de las diferencias salariale s causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en los incrementos salariales

anteriores a la petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en los incrementos salariales que fue decretados de manera indiscriminada e ilegal en los años 2008 y 2009.

1.1.1.5. Que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal, al reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de Navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos percibidos por el demandante en los últimos tres (3) años anteriores a la reclamación.

1.1.1.6. Que se condene a las entidades demandadas, a reconocer y pagar el valor de las diferencias salariales que, por concepto de cesantías anualizadas, se hayan causado en estos últimos tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa.

1.1.1.7. Igualmente, solicita el reconocimiento y pago de intereses moratorios conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el pago de condena en costas.

1.1.2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte demandante señala:

Que mediante los decretos salariales expedidos para las vigencias 2008 y 20 09, el Ministerio de Educación Nacional aplic ó incrementos desiguales e indiscriminados vulnerando el principio de igualdad. De manera que, para la categoría escalafón 2C, fue

Que mediante los decretos salariales expedidos para las vigencias 2008 y 20 09, el Ministerio de Educación Nacional aplic ó incrementos desiguales e indiscriminados vulnerando el principio de igualdad. De manera que, para la categoría escalafón 2C, fue realizado un incremento del 4.37%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2A, fue del 14.11% en su salario; así como también, la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 2C del escalafón docente, que fue un incremento del 7.67%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que a la categoría 2A del mismo escalafón, le fue realizado un incremento del 15.61%, para su salario en el año 2009, año para el que si bien es cierto el ajuste fue superior no compensa la diferencia del año 2008.

Expresó que, radicó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación nacional y la Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó, entidades las cuales respondieron a la solicitud de manera desfavorable.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420240015700

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1.1.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

CONTRA: NACIÓN - MINEDUCACIÓN –MUNICIPIO DE QUIBDÓ-SED QUIBDÓ Página 3 de 14

1.1.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

1.1.3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN - NORMAS VIOLADAS.

Invocó como normas violadas los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4ª de 1992; artículos 46 y 49 del Decreto - Ley 1278 de 2002 y el artículo 137 del CPACA.

1.1.3.2. CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

La parte actora expuso que para los docentes oficiales existe un sistema de escalafón que determina las asignaciones salariales; sin embargo, el año 2008 y el año 2009 se ha evidenciado un trato desigual en los incrementos anuales, lo que ha generado diferencias en la base salarial entre los docentes. Señaló que los incrementos realizados en los años 2005, 2006 y 2007 fueron uniformes para todos los vinculados a la nueva carrera docente, pero en los años 2008 y 2009 se rompió dicho principio, situación que considera contraria a la Constitución y, en particular, al principio de favorabilidad. Por tal razón, solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que establecieron dichos incrementos.

La apoderada de la parte demandante afirmó que el Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial demandada no han aplicado de manera correcta los incrementos salariales, generando un trato discriminatorio entre los docentes y afectando sus

La apoderada de la parte demandante afirmó que el Ministerio de Educación Nacional y la entidad territorial demandada no han aplicado de manera correcta los incrementos salariales, generando un trato discriminatorio entre los docentes y afectando sus derechos. A su juicio, todos los docentes deben recibir un tratamiento igualitario, sin que se otorguen aumentos superiores a determinados grupos, por lo que solicitó la inaplicación del Decreto Nacional 284 de 2024, al considerar que la base para calcular dichos incrementos fue errónea en los años 2008 y 2009.

Finalmente, cuestionó la legalidad de los actos administrativos expedidos, argumentando que en su expedición y aplicación no se respetaron los principios de igualdad y transparencia, pues se otorgaron incrementos diferenciados según la categoría o el nivel académico del docente, desconociendo la obligación legal y constitucional de garantizar incrementos equitativos para todos.

1.2. DE LA DEFENSA O RESISTENCIA.

1.2.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional 1 se opone a las suplicas de la demanda, y manifestaron que no es posible acceder a lo pretendido porque el aumento salarial para uno y otro grado no se da entre iguales, insistimos en este aspecto, habida consideración a que, un docente ubicado en el grado 2 Nivel A tiene unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentra ubicado en el grado 2 Nivel C, lo anterior sin perjuicio de remarcar que entre uno y otro caso existe una diferencia salarial congruente con su ubica ción en el escalafón, vale decir, el docente ubicado en el grado 2 Nivel C percibe una remuneración mayor a la de quien se encuentra ubicado en el grado 2 Nivel A.

diferencia salarial congruente con su ubica ción en el escalafón, vale decir, el docente ubicado en el grado 2 Nivel C percibe una remuneración mayor a la de quien se encuentra ubicado en el grado 2 Nivel A.

La Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó, guardo silencio durante el termino de traslado.

1.3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sen tencia de primera instancia N° 0155 e fecha 17 de octubre de 2025 , negó las pretensiones de la demanda al considerar que no es jurídicamente procedente acceder a la solicitud de inaplicación del Decreto Nacional 284 de 2024, ni de aquellos actos normativos que lo antecedieron y derogaron de forma sucesiva —Decretos 449 de 2022, 965 de 2021 y 319 de 2020—, ni tampoco declarar la nulidad de tales disposiciones ni de aquellas que eventualmente los adicionen, modifiquen o sustituyan en lo que respecta a la asignación salarial correspondiente al grado 2C del Escalafón Nacional Docente.

Además resaltó que la de mandante alega que en los años posteriores a 2010 se retomó una política de incrementos salariales más homogénea entre grados, ello no constituye per se prueba de una discriminación previa, ni permite predicar una obligación jurídica de nivelación retroactiva, máxime cuando no se ha desvirtuado la presunción de legalidad

1 Visible a índice 06 del Expediente de primera instancia en la plataforma Samai.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420240015700

ya que el argumento del Ministerio de Educación, que j ustifica la diferencia en el incremento porcentual a la asignación básica devengada por el personal docente escalafonado en función de criterios como experiencia, formación, desempeño e idoneidad, no se ajusta a la realidad. Si este fuera el caso, los incr ementos salariales a partir de 2008 deberían haberse aplicado de manera coherente y consistente en cada año; empero, como hemos venido exponiendo, tal diferenciación solo se observa en los años 2008, 2009 y 2011, lo que genera dudas sobre la aplicación uni forme de los mencionados criterios.

Solicita revocar la sentencia de primera instancia proferida el 17 de octubre de 2025 , notificada a través de correo electrónico el día 22 de octubre de 2025, por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. En consecuencia, acceder a todas y cada una de las pretensiones esbozadas en el líbelo de la demanda.

1.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Dentro del término establecido en el numeral 4° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se pronunciaron las partes. pronunció la parte demandante y demandada de la siguiente manera:

1.5.1. Parte demandante

No existe en el expediente memorial que dé cuenta que la parte demandante se pronunció.

1.5.2. Partes demandadas

No existe en el expediente memorial que dé cuenta que La Nación – Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de

pronunció.

1.5.2. Partes demandadas

No existe en el expediente memorial que dé cuenta que La Nación – Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Quibdó-Secretaría de Educación Municipal se hayan pronunciado en esta etapa procesal.

1.5.3. Ministerio Público.

No existe en el plenario memorial que dé cuenta que el Ministerio Público haya emitido concepto en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) 2, este Tribunal Administrativo es competente para decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, el 17 de octubre de 2025.

2 “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420240015700

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de nivelación retroactiva, máxime cuando no se ha desvirtuado la presunción de legalidad

1 Visible a índice 06 del Expediente de primera instancia en la plataforma Samai.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420240015700

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de los decretos cuestionados ni se acreditó un trato diferenciado injustificado por parte de la administración, pues no existen fundamentos jurídicos ni fácticos suficientes para inaplicar los decretos nacionales mencionados, ni para declarar su nulidad en sede judicial. En consecuencia, no procede acceder a la pretensión de la parte actora de ordenar la nivelación de su asignación salarial, ni prospera la excepción de ilegalidad invocada.

1.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

La parte demandante a través de apoderada apeló la decisión de primera instancia en forma oportuna, argumentando que se examine la falta de fundamentación de los aumentos porcentuales y determine si los criterios aplicados e n ese entonces vulneraron el derecho de igualdad consagrado en la Constitución, afectando de manera injustificada a ciertos grupos de docentes y perpetuando una desigualdad que hasta hoy sigue vigente, ya que el argumento del Ministerio de Educación, que j ustifica la diferencia en el incremento porcentual a la asignación básica devengada por el personal docente escalafonado en función de criterios como experiencia, formación, desempeño e

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2.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta sala establecer si, en el caso objeto de estudio, debe confirmarse o no la sentencia N° 0155 de fecha 17 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, se abordarán los siguientes aspectos:

1. Determinar si procede declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó y el Ministerio de Educación Nacional, mediante los cuales se negó a la parte demandante el reconocimiento y pago de las diferencias salariales generadas por los incrementos porcentuales diferenciados establecidos por el Gobierno Nacional en los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, que fijó un aumento del 4.37% para el grado 2C del escalafón docente y del 14.11% para la categoría 2A y así mismo, en el año 2009 mediante decretos 702 y 1238 de 2009 se fijó un incremento del 7.67% para la categoría 2C mientras que para la categoría 2A el incremento fue del 15.61%.

1. Establecer si resulta procedente la inaplicación del decreto nacional 284 de 2024, que fijó la escala salarial docente para dicho año, bajo el argumento de que los incrementos

incremento fue del 15.61%.

1. Establecer si resulta procedente la inaplicación del decreto nacional 284 de 2024, que fijó la escala salarial docente para dicho año, bajo el argumento de que los incrementos allí previstos se calcularon sobre una base salarial afectada desde los años 2008, 2009 y

2011.

2.3. DE LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES.

2.3.1. Excepción de inconstitucionalidad.

La Honorable Corte Constitucional, en la sentencia SU-132 de 2013, al pronunciarse sobre el concepto y alcance de la excepción de inconstitucionalidad, señaló que esta constituye una facultad, posibilidad o herramienta de los operadores jurídicos, la cual no requiere ser alegada o interpuesta como una acción. No obstante, también comporta un deber, en la medida en que las autoridades están obligadas a aplicarla cuando adviertan una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales. Conforme al pronunciamiento de la alta Corte, dicha herramienta se emplea con el fin de proteger, en un caso específico y con efectos inter partes, los derechos fundamentales que puedan verse comprometidos por la aplicación de una norma de inferior jerarquía que, de manera clara y evidente, contraríe las disposiciones contenidas en la Constitución Política. En Sentencia C – 122 de 2011, la Corte de cierre en materia constitucional, al referirse al fundamento de la excepción de inconstitucionalidad precisó: “La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de

En Sentencia C – 122 de 2011, la Corte de cierre en materia constitucional, al referirse al fundamento de la excepción de inconstitucionalidad precisó: “La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitució n y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza d e la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De otra parte, hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la a utoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sid o exceptuada por cualquier autoridad

efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sid o exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera a bstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particu lares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina laREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420240015700

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posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto”. El Honorable Consejo de Estado, en providencia del 30 de enero de 2020, C.P. Dra. ROCÍO ARAUJO OÑATE, expediente número 11001 -03-28-000-2019-00017-00, al referirse a la excepción de inconstitucionalidad dijo: “114. La jurisprudencia constitucional ha definido que la excepción de inconstitucionalidad es una facultad de los jueces, o inclusive, un deber que tienen los mismos, de inaplicar una

excepción de inconstitucionalidad dijo: “114. La jurisprudencia constitucional ha definido que la excepción de inconstitucionalidad es una facultad de los jueces, o inclusive, un deber que tienen los mismos, de inaplicar una norma jurídica en aquellos eventos en que detecten que contradice postulados constitucionales3.

115. En consecuencia, “esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”.4

116. El carácter prevalente de la Constitución Política, expresamente consagrado en el inciso 1° del artículo 4°5, también puede apreciarse en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, que previó en el acápite de medios de control lo siguiente:

“ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte”.

117. En virtud de las normas antes señaladas, tanto a petición de parte como de oficio, en cualquiera de los procesos que se adelant an ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, resulta procedente establecer si para el caso objeto de estudio una norma es o no contraria a la Constitución Política, y en caso afirmativo

oficio, en cualquiera de los procesos que se adelant an ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, resulta procedente establecer si para el caso objeto de estudio una norma es o no contraria a la Constitución Política, y en caso afirmativo que se inaplique la misma, sin perder de vista que la dec isión sólo produce efectos para el caso concreto, en atención a que el análisis de si el precepto correspondiente debe permanecer o no en el ordenamiento jurídico con efectos erga omnes, está llamado a realizarse en sede de nulidad o constitucionalidad, según el caso, luego de surtido el procedimiento especializado respectivo6”. Conforme al análisis jurisprudencial trascrito, se concluye entonces que la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4° de la Constitución Política, constituye un mecanismo de control difuso que faculta y en ciertos casos obliga a jueces, autoridades administrativas e incluso particulares a inaplicar, en un caso concreto y con efectos inter partes, normas jurídicas que resulten claramente contrarias a la Constitución.

Las altas cortes han analizado y utilizado esta figura, precisando su alcance, fundamento y límites, resaltando que su finalidad es proteger los derechos fundamentales frente a la aplicación de normas de inferior jerarquía, sin que ello implique la expulsión definitiva de la disposición del ordenamiento jurídico, dado que su eventual retiro con efectos erga omnes corresponde a un control concentrado de constitucionalidad.

En suma, la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta de aplicación inmediata para salvaguardar la supremacía de la Constitución, cuya utilización está sujeta a criterios de claridad, evidencia y pertinencia en el caso concreto.

En suma, la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta de aplicación inmediata para salvaguardar la supremacía de la Constitución, cuya utilización está sujeta a criterios de claridad, evidencia y pertinencia en el caso concreto.

3 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 28 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 25000-23-41-000-2018-01126-01(ACU). 4 Corte Constitucional, sentencia SU 132 del 13 de marzo de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. 5 “ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. 6 Sobre la aplicación de la referida excepción, del Consejo de Estado, Sección Quinta pueden consultarse entre otras las siguientes providencias: (i) Del 28 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 25000-23-41-000-2018-01126-01(ACU); (ii) del 4 de agosto de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2015-00050-00; (iii) del 28 de julio de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001 -03-28-000-2015-00060-00; (iv) del 9 de agosto de 2018, M.P.

Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 25000 -23-24-000-2011-00829-00; (v) del 6 de octubre de 2011, M.P . Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2010-00120-00; (vi) del 11 de noviembre de 2010, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, Rad. 11001-03-28-000-2010-00087-00.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300420240015700

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2.3.2. Régimen Salarial de Empleados Públicos La Constitución Política de 1991, señala que corre sponde al Congreso, mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterio a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y régimen prestacional m ínimo de los trabajos oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150.

Ha dicho el Consejo de Estado7, que la facultad que tiene el Gobierno para fijar los salarios y prestaciones sociales del sector oficial no es ilimitada