TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2019-00022-00 (30-04-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No. 043

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300020190002200

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ROSA MARÍA GUARDIA ROMAÑA.

CONTRA: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-SEDCHOCÓ-

FIDUPREVISORA - UGPP

MAGISTRADO PONENTE: DR. LARRY YESID CUESTA PALACIOS (E)

Corresponde a la Sala Primera de este Tribunal, decidir en primera instancia sobre el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de la referencia.

I. ANTECEDENTES La señora Rosa María Guardia Romaña , actuando por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó ante esta jurisdicción la nulidad de la Resolución Nº 2816 del 7 de septiembre de 2018 y del acto administrativo No. 20181070303701 del 4 de octubre de 2018, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental del Chocó y la Fiduprevisora S.A., respectivamente, que negaron la reliquidación de la pensión de vejez conforme a la Ley 33 de 1985, con fundamento

en las siguientes: 1.1. Pretensiones. En la demanda se formulan las siguientes pretensiones, las cuales se resumen así:

reliquidación de la pensión de vejez conforme a la Ley 33 de 1985, con fundamento en las siguientes: 1.1. Pretensiones. En la demanda se formulan las siguientes pretensiones, las cuales se resumen así: 1) Que se declare que la señora Rosa María Guardia Romaña, está amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 2816 del 7 de septiembre de 2018, emitida por la Secretaria de Educación del Chocó, que interpretó que la solicitud no era una reliquidación de la pensión por Ley 33 de 1985, sino una pensión por aportes.

1. Que se declare la nulidad del acto administrativo N° 20181070303701 de octubre de 2018.

1. Que se declare que la pensión de la señora Guardia Romaña fue mal liquidada y que el Departamento del Chocó, a través de la Secretaría de Educación y la Fiduprevisora debe n reliquidarla, conforme a la Ley 33 de 1985, artículos 1 y 3, Ley 62 de 19 85, artículo 1, Decreto 1045 de 1978, artículo 45, Ley 71 de 1988, artículo 7.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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2 de 18 5) Que se declare que la conversión del cargo de la señora Rosa María Guardia Romaña, realizada por el Departamento del Chocó, se llevó a cabo sin

2 de 18 5) Que se declare que la conversión del cargo de la señora Rosa María Guardia Romaña, realizada por el Departamento del Chocó, se llevó a cabo sin solución de continuidad y que tiene derecho a que se le reconozca la nivelación salarial por la conversión de su cargo a uno superior.

1. Que se declare que el Departamento del Chocó debe reconocer la pensión desde el 1 de enero de 2015.

1. Que se declare que la UGPP es la entidad respons able de los aportes para pensiones de la señora Rosa Guardia desde el 3 de octubre de 1975 hasta el 23 de diciembre de 2003 , por lo cual debe asumir el pago de los aportes para pensiones realizados por la demandante durante ese periodo.

Condenas

1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicita la parte demandante, que se condene al Departamento del Chocó y a la Fiduprevisora como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, a reliquidarle la pensión vejez, conforme a la Ley 33 y 62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978, con tasa de reemplazo del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

1. Que se condene a la UGPP, a pagar al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, los aportes a pensión realizados por la señora Rosa María Guardia Romaña, desde el 3 de octubre de 1975, hasta el 23 de diciembre de 2003, a través del bono pensional.

1. Se condene a las entidades demandadas, a reconocer y pagar retroactivo sobre la d iferencia que resulte entre la mesada pensional pagada y la

diciembre de 2003, a través del bono pensional.

1. Se condene a las entidades demandadas, a reconocer y pagar retroactivo sobre la d iferencia que resulte entre la mesada pensional pagada y la reliquidada, desde el 1° de enero de 2015 hasta que se profiera la sentencia que ordene la reliquidación reclamada. Así mismo solicita el pago de la indexación de la primera mesada.

1. Solicita que se condene al pago de la homologación, nivelación y reliquidación salarial, desde el año 2003 hasta el año 2014, así como al pago de los intereses de todas las sumas reconocidas y el pago de agencias en derecho y costas del proceso.

1.2. Hechos. Los hechos q ue sirven de fundamento a las pretensiones , se resumen a continuación: La señora Rosa María Guardia Romaña, nació el 12 de diciembre de 1949.

Mediante Resolución No. 4921 del 20 de agosto de 1975, fue vinculada por el Ministerio de Educación Nacional, como Promotora de Desarrollo de la Comunidad, cargo del cual tomó posesión el 3 de octubre de 1975, en la Institución Educativa Julio Mejía Vélez de Pie de Pató, Municipio de Alto Baudó, ejerciendo como Auxiliar Técnico Administrativo en el Centro de Servi cios Docentes del CASD , hasta el 31 de diciembre de 1984. Luego fue trasladada a la Institución Educativa del Valle en el Municipio de Bahía Solano, donde laboró hasta el 23 de diciembre de 2003.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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el Municipio de Bahía Solano, donde laboró hasta el 23 de diciembre de 2003.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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3 de 18 A través del Decreto 1269 del 24 de diciembre de 2003, fue vinculada a la planta docente de l Departamento del Chocó, en razón a la conversión de cargos, contemplada en los artículos 6 y 12 del Decreto 3020 del 2002. Laboró en la Institución Educativa Unión de Belén de Bajirá, desde el 17 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2014. Mediante Resolución No .4063 del 02 de diciembre de 2008, la demandante fue ascendida al grado 14 en el escalafón docente , pero nunca se le pagó el salario correspondiente a dicho grado. La Secretaría de Educación del Chocó mediante Resolución 001023 del 15 de mayo de 2015, reconoció y ordenó el pago de la pensión vitalicia de jubilación a la señora Rosa María Guardia Romaña , por valor de $736.630. (Ver folio 41 del expediente digitalizado en Samai)

4. Para la liquidación de la pensión de jubilación la entidad demandada tomó como IBL el año anterior en que la demandante adquirió el status de pensionada, año 2004, cuando debió ser el año del retiro del servicio, año 2014.

5. El 1 de febrero de 2018, bajo el radicado N° SAC2018PQR2396, la demandante

2004, cuando debió ser el año del retiro del servicio, año 2014.

5. El 1 de febrero de 2018, bajo el radicado N° SAC2018PQR2396, la demandante formuló petición de reliquidación de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985.

6. La Secretaría de Educación Departamental mediante la Resolución 2816 del 7 de septiembre de 2018, le negó la reliquidación de la pensión aduciendo que la peticionaria no tiene derecho a otra pensión de cuota porque ya estaba pensionada.

1.3. Normas violadas y Concepto de Violación En la demanda se indicaron como normas violadas las siguientes: Constitución Nacional: Artículos 1, 2, 13, 48,53 y 237.

Legales: Artículo 36 Inciso 2 de la Ley 100 de 1993, Ley 33 y 62 de 1985, Ley 1437 de 2011, artículos 10 y 12.

Como concepto de violación relacionó una serie normas constitucionales y legales, para soportar sus pretensiones en los siguientes términos:

“(…) La Secretaría de Educación del Chocó y Fiduprevisora reconocieron y pagaron la pensión de la señora Rosa María Guardia Romaña de manera irregular, bien sea por Ley 100 de 1993 o por las leyes 33 y 62 de 1985. Esto por cuanto no se entiende como un docente ascendido al escalafón catorce (14) con un salario básico de $ 2.711.393 y demás factores salariales, finalmente su pensión s ea liquidada con un salario mínimo mensual vigente, resulta incomprensible como el último fondo de pensión al cual aportó la demandante para liquidar se tiene en cuenta los años

2.711.393 y demás factores salariales, finalmente su pensión s ea liquidada con un salario mínimo mensual vigente, resulta incomprensible como el último fondo de pensión al cual aportó la demandante para liquidar se tiene en cuenta los años anteriores y salarios anteriores ignorando por completo el último salario deve ngado por la trabajadora, en lugar de repetir contra la entidad a la cual aportó la causante durante casi 29 años (…).

“Conforme con lo anterior y volviendo al momento de la vida laboral de la señora Rosa Guardia tornado por los demandados para reconocer la pensión, vale la pena resaltar, que pese a que la demandante cumplió el estatutos de pensión el 12 de diciembre de 2004 esta continuó cotizando al sistema hasta el año 2014, esto con el objeto de obtener una mejor pensión y mucho más después de haber obtenido un mejor Carga que le permite obtener un mejor salarlo, es decir pasar de auxiliar técnico a docente, es por esta razón la pensionó El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no la UGPP. De lo anterior se colige, que los demandados yerraron (sic) al tomar como IngresoREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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4 de 18 Base de Liquidación (IBL) los factores salariales en el último año de servicio anterior a la fecha en que la señora Rosa adquirió el estatua esto es 12 de diciembre del año 2004, cuando debieron ser los factores salaria les en el último año de se rvicio a la

Base de Liquidación (IBL) los factores salariales en el último año de servicio anterior a la fecha en que la señora Rosa adquirió el estatua esto es 12 de diciembre del año 2004, cuando debieron ser los factores salaria les en el último año de se rvicio a la fecha del retiro del servicio, desconociendo que el la conversión de cargos se hizo sin solución de continuidad, que la demandante trabajo consecutivamente durante casi 40 años y que nunca cambio de patrono. La actitud reprochable de los demandados, torna nugatoria la posibilidad de acceder a un reconocimiento pensional, mucho más garante y va en contra de los derechos de las personas de la tercera edad (…)”.

1.4. Trámite del Proceso

La demanda fue admitida mediante auto interlocutorio número 462 del 13 de mayo de 2019.

Mediante auto interlocutorio 136 del 09 de febrero de 2024, se prescinde de la audiencia inicial con el fin de proferir sentencia anticipada por escrito y se corre traslado a las partes, para alegar de conclusión. 1.5. Contestación de la demanda. La Secretaría de Educación del Chocó , contestó la demanda proponiendo la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, oponiéndose a las pretensiones, indicando que la competencia de la Secretaría de Educación es de mero trámite, que solo se limita a realizar el respectivo acto administrativo de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, de acuerdo a las observaciones impartidas por el Fondo de Prestaciones del Magisterio – Fiduprevisora. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales U.G.P.P., contestó que mediante Auto UGM001686

impartidas por el Fondo de Prestaciones del Magisterio – Fiduprevisora. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales U.G.P.P., contestó que mediante Auto UGM001686 del 29 de septiembre de 2011, objetó la consulta de una Cuota Parte Pensional, a favor de la señora Rosa María Guardia Romaña, porque se estableció que los tiempos cargados a CAJANAL no corresponden, ya que su vinculación laboral fue desde el 3 de octubre de 1975 al 23 de diciembre de 2003 y el proyecto solo incluyó hasta el 22 de noviembre de 2003, lo que genera un error en la asignación básica para el año 2003.

Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimidad de las pretensiones de la demanda contra la UGPP y prescripción.

1.6. Alegatos de Conclusión

Parte Demandante

El apoderado de la parte demandante alegó de conclusión indicando que el régimen aplicable al presente caso, es el contenido en la Ley 71 de 1988 reglamentada por el Decreto 2009 de 1994, que para efectos de la presente reliquidación, se tome en cuenta el salario del último año con la inclusión de todos sus factores salariales conforme lo dispone el Consejo de Esta do en Sentencia 00211 del 25 de mayo de 2017.

Parte Demandada

La Gobernación del Chocó, a través de apoderado judicial presentó alegatos de conclusión, ratificando los argumentos esbozados en la contestación de la

2017.

Parte Demandada

La Gobernación del Chocó, a través de apoderado judicial presentó alegatos de conclusión, ratificando los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, alegó de conclusión ratificando que el régimen prestacional aplicable a la demandante es el contenido en la Ley 100 de 1993 y 797de 2003, que l a sentencia de 4 de agosto de 2010, según la cual los docentes tenían derec ho al reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión del 75% de todos los factores devengados durante el año anterior al retiro o a la adquisición del estatus pensional, fue derogada por sentencia de unificación de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

El Tribunal es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que asigna a los tribunales el conocimiento en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta

instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el ca so que no s ocupa la competencia de la Corporación está referida a la normatividad vigente al momento de interponer la d emanda, es decir, antes de la Ley 2080 del 2021. No se observa la existencia de causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que procede el Tribunal a pronunciarse de fondo en el presente asunto.

2. Actos acusados

Los actos acusados los constituyen las siguientes resoluciones: - Resolución 2816 del 07 de septiembre de 2018, mediante de la cual la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, niega a la actora el reconocimiento de una pensión de jubilación por cuotas partes.

• Oficio N° 20181070303701 del 04 de octubre de 2018, mediante el cual la FIDUPREVISORA, niega el reconocimiento de Pensión de Jubilación a la actora.

3. Problema jurídico Se trata de determinar si en el presente caso le corresponde a l Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reliquidar la pensión de vejez que viene percibiendo la señora ROSA MARÍA GUARDIA ROMAÑA , de acuerdo con lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985.

Para resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes aspectos: 3.1. Marco legal aplicable para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación

previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985.

Para resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes aspectos: 3.1. Marco legal aplicable para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación de docentes oficiales; 3.2 Lo probado en el proceso; 4. Caso concreto.

Para el efecto de resolver el anterior problema jurídico, se hace necesario analizar la existencia del derecho a la luz de todo el ordenamiento jurídico.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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6 de 18 2.3. Marco legal aplicable para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación de docentes oficiales.1

En lo que corresponde a este tema, tenemos que la Ley 6ª de 1945 sobre prestaciones oficiales, consagró:

“Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (…) b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a…”.

En principio esta ley rigió para los empleados del sector público nacional y del sector privado, que luego se extendió al territorial. En materia de jubilación esta ley se aplicó en el ámbito nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Para los servidores territoriales fue remplazada por la Ley 33 de 1985.

privado, que luego se extendió al territorial. En materia de jubilación esta ley se aplicó en el ámbito nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Para los servidores territoriales fue remplazada por la Ley 33 de 1985.

El Decreto Ley No. 3135 de 1968, disponía:

“Art. 27 El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de lo s salarios devengados durante el último año de servicio”.2

Tanto el Decreto Ley 3135 de 1968, como su Reglamentario el 1848 de 1969, se expidió y aplicó para servidores de la Rama Ejecutiva Nacional del poder público.

Entre tanto los servidores de los entes territoriales en materia pensional continuaron sometidos a la Ley 6ª de 1945 y normas complementarias y modificatorias, hasta la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985. Esta ley exceptuó de su aplicación, entre otros, a los empleados oficiales que disfrutaban de un régimen especial de pensiones.

El Decreto Ley No. 2277 de 1979 3 , estatuto docente, incuestionablemente comprende un régimen “ especial” de los educadores, pero, esta disposición no regula las pensiones de jubilación ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 19854.

1 Se pueden consultar sobre el marco jurídico de la pensión ordinaria de docentes oficiales las siguientes

regula las pensiones de jubilación ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 19854.

1 Se pueden consultar sobre el marco jurídico de la pensión ordinaria de docentes oficiales las siguientes providencias de la Sección Segunda, subsección B del Consejo de Estado: sentencia del 7 de febrero de 2008, radicado interno 0280-07, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante; sentencia de 18 de agosto de 2011, radicado interno 1887-08, y del 14 de febrero de 2013, radicado interno 1048 -2012, CP Dr. Gerardo Arenas Monsalve. De la Subsección “A” de la Corporación: sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado in terno 0941-07, CP Dr. Jaime Moreno García, y sentencia del 23 de junio de 2011, radicado interno 0007-2011, CP Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, por mencionar algunas. 2 Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985. 3 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”. 4 El artículo 1º de la Ley 33 de 1985, establece:

“Art. 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta r egla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su

mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta r egla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (…)REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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La Ley 33 de 1985 rige desde el 13 de febrero de 1985, fecha de su promulgación5, y es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes, exigiendo para la pensión ordinaria de jubilación que se haya servido 20 años continuos o discontinuos y contar con 55 años de edad, sin distinción que sea hombre o mujer, sin embargo de su a plicación se exceptúan tres casos: 1) los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones; 2) los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir hayan cumplido 15 años de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad, y 3) los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la Ley, h ayan cumplido los requisitos para obtener

hayan cumplido 15 años de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad, y 3) los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la Ley, h ayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, quienes se continuarán rigiendo por las normas anteriores.

Con posterioridad a la Ley 33 de 1985 se expidió la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste rio. Esta última ley sobre el tema dispone en sus artículos 1º, 4º y 15 numeral primero, lo siguiente:

“Art. 1º . Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal Nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal Nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal Territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin en el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.”

“Artículo 4º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y naci onalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre

“Artículo 4º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y naci onalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.”

Parágrafo. 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres y cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. Par. 3º. En todo caso los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de esta ley, hayan cumplido los

las disposiciones que regían en el momento de su retiro. Par. 3º. En todo caso los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta ley.”. 5 La Ley 33 fue publicada en el Diario Oficial No. 36856 del 13 de febrero de 1985REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001233300220190002201

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“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

24. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta e l 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley. (…)”

En este punto destaca la Sala que el artículo 15 inciso primero, numeral 1 de la Ley

1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley. (…)”

En este punto destaca la Sala que el artículo 15 inciso primero, numeral 1 de la Ley 91 de 1989 señala que, “1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.”

Resalta la Sala que la Ley 33 de 1985, en su artículo 25, derogó los artículos 27 y 28 del Decreto Extraordinario 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le fueren contrarias, con el siguiente tenor literal:

“Esta ley rige a partir de su sanción y deroga los artículos 27 y 28 del Decreto extraordinario 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le sean contrarias”.

Entonces las disposiciones que en materia pensional se encontraban vigentes para el personal nacional y nacionalizado en la fecha en que se expidió la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989), eran sin lugar a dudas las consignadas en la Ley 33 de 1985, aplicables al sector público sin distinción salvo las excepciones expresamente

el personal nacional y nacionalizado en la fecha en que se expidió la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989), eran sin lugar a dudas las consignadas en la Ley 33 de 1985, aplicables al sector público sin distinción salvo las excepciones expresamente consagradas en ella y el régimen de transición contemplado en el parágrafo 2º de su artículo 1º, y no el régimen en gracia de discusión dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, ni en normas anteriores como la Ley 6ª de 1945, superada en todo caso respecto de los empleados nacionales con la expedición de los anteriores Decretos. Así las cosas, no resulta acertado la aplicación del inciso 2°, numeral 1° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,6 ya que dicha preceptiva, en sí misma, no revivió los artículos 27 y 28 del Decreto 3135 de 1968 derogados ya por la Ley 33 de 1985 como anteriormente se anotó, de donde resulta oportuno el señalar, que una d isposición normativa derogada so lo recobra su fuerza en la medida en que se declara la inexequibilidad o la nulidad de la disposi ción que le extrajo del mundo jurídico o cuando es reproducida por una Ley n