TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2019-00052-00 (24-06-2025)

Sentencia N Y R (1ra instancia) Radicado No. 27001233300020190005200 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP”

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Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 088

RADICADO: 27001233300020190005200

DEMANDANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”

DEMANDADO: LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

PENSIÓN GRACIA RECONOCIDA CON

TIEMPOS LABORADOS COMO

DOCENTE NACIONAL / DEVOLUCÍON

DE MESADAS PENSIONAL

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

1. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nros. 3094 de 29 de mayo de 1992, 4742 de 8 de marzo de 1993 y 059157 del 26 de noviembre de 2012 que le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación gracia al señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO al considerar que no se encuentran ajustada a derecho.

2. Además solicitó como consecuencia de la nulidad deprecada y a título de restablecimiento del derecho que se le ordenara al señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO la devolución de todos y cada uno de los dineros recibidos por concepto del reconocimiento de su pensión de jubilación gracia debidamente indexados, desde la fecha en que adquirió el derecho y se le hizo efectivo hasta que se profiera sentencia que ponga fin al proceso.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Trámite procesal de primera instancia y 2.4. Alegatos de conclusión.

2.1. Tesis de la parte demandante

3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:Sentencia N Y R (1ra instancia)

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“PRIMERA: Que se declare la nulidad de las resoluciones No. 3094 de 29 de mayo de 1992, No. 4742 de fecha 8 de marzo de 1993 y UGM 059157 de fecha 26 de noviembre de 2012 , por medio de las cuales se reconoció y reliquidó una pensión de jubilación gracia, a favor del señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO, de conformidad con la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes, incluyendo todos los factores salariales causados en el afio inmediatamente anterior a aquel en que adquirió el status jurídico de pensionado, junto con la respectiva retroactividad, r eajuste e indexación a que hubiera lugar, pese a tratarse de un docente de orden nacional.

SEGUNDA: A título de restablecimiento del derecho, que se condene al señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO , identificado con la cedula de Ciudadanía No. 4792246, a restituir a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, las sumas correspondientes a los valores pagados debidamente indexados, con ocasión

ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, las sumas correspondientes a los valores pagados debidamente indexados, con ocasión del reconocimiento de la pensión gracia irregularmente reconocida a su favor, a la cual no tenía derecho por cuanto desconoce claramente las normas legales que rigen la materia, hasta que se profiera la sentencia que le ponga fin al proceso.

TERCERA: Que se ordene que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en el Art. 187 de la Ley 1437 del 2011, aplicando los ajustes de valor o indexación desde el momento en que se causó hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, prorrogable hasta la fecha del pago efectivo del reajuste y la retroactividad.

CUARTA: Que se ordene que si el señor: LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO, accionado dentro del presente medio de control, no efectúa el pago en forma oportuna, se liquiden y pago el demandado los intereses comerciales y moratorios, tal y como lo ordena el Art. 195 de la Ley 1437 del 2011”.

4. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se transcriben, incluso con errores:

“PRIMERO: El señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO, nació el 19 de julio de 1940, de conformidad con el registro civil de nacimiento.

SEGUNDO: El señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO prestó sus

servicios así:

julio de 1940, de conformidad con el registro civil de nacimiento.

SEGUNDO: El señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO prestó sus

servicios así:

 DEPARTAMENTO DE CHOCO: Desde el 27 de enero de 1961 hasta el 30 de diciembre de 1964.

 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: Desde el 6 de febrero de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1970 y desde el 1 de febrero de 1971 hasta el 28 de febrero de 1992.

TERCERO: El ultimo cargo desempeñado por el interesado fue el Docente en el Instituto Integrado Carrasquilla Industrial de Quibdó.Sentencia N Y R (1ra instancia)

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CUARTO: Por medio de la Resolución No. 3094 de 29 de mayo de 1992, la entonces CAJANAL reconoció una Pensión de Jubilación Gracia a favor del señor MOSQUERA CAICEDO LUIS ERNESTO, en cuantía de $131.148

M/CTE., efectiva a partir del 19 de Julio de 1990, computando tiempos prestados al Departamento de Choc ó, Instituto Integrado Carrasquilla

señor MOSQUERA CAICEDO LUIS ERNESTO, en cuantía de $131.148 M/CTE., efectiva a partir del 19 de Julio de 1990, computando tiempos prestados al Departamento de Choc ó, Instituto Integrado Carrasquilla Industrial de Quibdó - Ministerio de Educación Nacional, liquidando la prestación con lo devengado el año inmediatamente anterior a cumplir el status jurídico, es decir del 19 de julio de 1989 al 19 de julio de 1990, incluyendo el factor salarial de asignación básica y horas extras.

QUINTO: Mediante la Resolución No. 4742 de fecha 8 de marzo de 1993, la extinta CAJANAL, al parecer por error involuntario reconoció nuevamente Pensión de gracia a favor del señor MOSQUERA CAICEDO LUIS ERNESTO, en cuantía de $116 .852,81 M/CTE., efectiva a partir del 9 de Junio de 1990, liquidando la prestación con el 75% de lo de vengado en el año anterior al status de pensionado, incluyendo el factor salarial de asignación básica.

SEXTO: A través de la Resolución No. 31020 de 08 de Julio de 2008 la extinta CAJANAL negó la reliquidación de la pensión GRACIA, argumentando que no cumplió con los requisitos establecidos por la ley, es decir, 20 años de servicio a la docencia municipal, departamental o distrital con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1989, así mismo dentro de la misma resolución se solicitó el consentimiento expreso y escrito para revocar la Resolución No. 4742 de fecha 8 de marzo de 1993.

anterior al 31 de diciembre de 1989, así mismo dentro de la misma resolución se solicitó el consentimiento expreso y escrito para revocar la Resolución No. 4742 de fecha 8 de marzo de 1993.

SEPTIMO: Posteriormente, con Resolución No. 20380 de fecha 01 de Junio de 2009 la extinta CAJANAL, negó la reliquidación de la pensión GRACIA, toda vez que se tienen tiempos de servicio nacional.

OCTAVO: Consecutivamente, mediante Resolución No. UGM 30615 de fecha 31 de Enero de 2012 la extinta CAJANAL, negó la reliquidación de la pensión GRACIA, por retiro definitivo del servicio.

NOVEN0: Por medio de Resolución No. UGM 30702 de fecha 01 de Febrero de 2012 la extinta CAJANAL, negó la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de todos los factores devengados el ultimo ano de servicio.

DECIMO: Obra sentencia proferida por el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE QUIBDÓ de fecha 2 de marzo de 2006, mediante la

cual se ordenó:

“(…) PRIMERO: PRIMERO conceder la tutela del derecho fundamental al debido Proceso vía de hechoinvocada por el Doctor ANDRES FELIPE MAHECHA REVEAS, en su calidad de apoderado judicial de los docentes relacionados ut-supra puesto en peligro por parte de la Caja Nacional de Previsión Social Prestaciones Sociales y Económicas.

SEGUNDO: en consecuencia se ordena a las doctoras VICTORIA ROSA LOPEZ COLON Y EDITH CUBIDES CORREA, Directora y Subdirectora respectivamente de la Caja Nacional de Previsión Social - Prestaciones

SEGUNDO: en consecuencia se ordena a las doctoras VICTORIA ROSA LOPEZ COLON Y EDITH CUBIDES CORREA, Directora y Subdirectora respectivamente de la Caja Nacional de Previsión Social - Prestaciones Sociales y Económicas con sede en Bogotá o quien haga sus ve ces proceda dentro del término perentorio de cuarenta y ocho horas (48)Sentencia N Y R (1ra instancia)

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contados a partir de la hora de notificación de este fallo emita el acto administrativo por medio del cual se reliquide la pensión de los docentes... del señor MOSQUERA CAICEDO LUIS ERNESTO ... teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales indicados en los artículos 4 y 5 de la ley 4 de 1966 sobresueldo, doble acción, prima de primer semestre, prima de segundo semestre, prima de grado, prima de escalafón, prima clima, prima de vacaciones, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, auxilio de movilización, bonificación de licenciado, prima académica, horas extras(...)”.

DECIMO PRIMERO: Obra sentencia proferida por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA de fecha 9 de octubre de 2006 ,

de licenciado, prima académica, horas extras(...)”.

DECIMO PRIMERO: Obra sentencia proferida por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA de fecha 9 de octubre de 2006 ,

mediante la cual se ordenó:

“(...) PRIMERO: TUTELAR los Derechos Fundamentales Debido Proceso, Igualdad, Reconocimiento a una Pensión Justa y Vida Digna, vulnerados a los ciudadanos... DOLORES LUCIA HERAZO DE BULA CC No. 26045482...

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, través de su director y/o Jefe de Prestaciones Económicas, que en el Termino de ciento veinte (120) días contados a partir de la notificación de este fallo proceda si ya no lo hubiere he cho a re liquidar la pensión a los accionantes teniendo en cuenta para tal efecto las disposiciones especiales que rigen el tema y absteniéndose de aplicar las leyes 33 y 62 de 1985, en lo que se refiere a los factores salariales para la liquidación de dic ha prestación social; enviando a este Despacho copia del acto mediante el cual se dio cumplimiento a esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito la presente decisión, tanto a los accionantes, como a la entidad demandada, (...)”.

DECIMO S EGUNDO: En cumplimiento del fallo de tutela proferido por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO de fecha 09 de Octubre de 2006 con radicado No. 2006 -00453, con Resolución No. UGM 059157 de fecha 26 de noviembre de 2012 , reliquidó la pensión gracia a favor del señor

con radicado No. 2006 -00453, con Resolución No. UGM 059157 de fecha 26 de noviembre de 2012 , reliquidó la pensión gracia a favor del señor MOSQUERA CAICEDO LUIS ERNESTO, prestación que fue liquidada teniendo en cuenta el 75% de lo devengado el ano inmediatamente anterior a cumplir el estatus jurídico, es decir del 20 de julio de 1989 al 19 de julio de 1990 incluyendo el factor salarial de asignación básica, prima de alimentación, prima de navidad y horas extras.

DECIMO TERCERO: Finalmente mediante resolución ADP 2228 DEL 29 de marzo de 2019 esta Entidad, requiere al se ñor MOSQUERA CAICEDO LUIS ERNESTO para que manifieste su consentimiento previo, expreso y por escrito para revocar la Resolución No. 4742 de fecha 8 de marzo de 1993, que reconoció y ordeno el pago de una Pensión Mensual Vitalicia de Jubilación”.

5. La parte demandante citó en la demanda como normas violadas y concepto de la violación, lo siguiente:Sentencia N Y R (1ra instancia)

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 Constitución Política de Colombia: Artículos 1, 2, 6, 121,123 inciso 2, 124 y 128.  Ley 114 de 1913  Ley 116 de 1928  Ley 37 de 1933  Ley 91 de 1989  Artículos 236, 237 Numerales 1,5, 6 y 238 del C.C.A

6. En el concepto de la violación manifestó : “(…) Por otra parte, se observa que el señor si bien es cierto contaba con más de 20 años como docente al servicio del Estado, no lo es menos que se probó dentro del plenario que labor ó en el Ministerio de Educación Nacional, específicamente, desde el desde el 6 de febrero de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1970 y desde el 1 de febrero de 1971 hasta el 28 de febrero de 1992, con tipo de vinculación de carácter NACIONAL, tiempos que no pueden ser computados para el reconocimiento de la pensión gracia, conforme a lo dispuesto en las normas que rigen la materia y la reiterada jurisprudencia proferida por el consejo de Estado que sobre el tema se ha pronunciado (…)”.

2.2. Tesis de la parte demandada

7. La parte demandada contestó la demanda dentro del término establecido para tales efectos, argumentando que el principio de buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario, y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos probar que el peticionario actuó de mala fe.

tales efectos, argumentando que el principio de buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario, y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos probar que el peticionario actuó de mala fe.

8. Asimismo, afirmó que, cuando se está frente a un error de la administración al conceder el derecho a quien no reunía los requisitos legales no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para t ratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe.

2.3. Trámite procesal de primera instancia

9. Mediante auto interlocutorio No. 428 del 1 de octubre de 2019 por cumplir la demanda con los presupuestos y requisitos necesarios para su presentación en el marco de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2011, se admitió la misma1.

10. Las notificaciones se cumplieron a cabalidad, según obra en el expediente digital2.

11. La parte demandada contestó la demanda oponiéndose a las súplicas de esta.

12. Posteriormente, mediante auto de sustanciación No. 121 de fecha 4 de diciembre de 2024 se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA.

1 visible a índice 20 denominado “ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_22022021120228pm_e6ee781443b946df9 9f6a5a38817f203.pdf ” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, página 1112

2 visible a índice 20 denominado “ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_22022021120228pm_e6ee781443b946df9 9f6a5a38817f203.pdf ” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, página 13Sentencia N Y R (1ra instancia) Radicado No. 27001233300020190005200 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP”

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13. El día 5 de marzo de 2025 a las 9:00 de la mañana se celebró la audiencia inicial. En dicha diligencia se fijó el litigio en los siguientes términos:

“(…) ¿Así, habiéndose establecido los hechos y extremos de la demanda, advierte la Magistrada que el litigio se circunscribe en determinar si es procedente declarar o no la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones Nos. 3094 de 29 de mayo de 1992, 4742 de fecha 8 de marzo de 1993 y UGM 059157 del 26 de noviembre de 2012, a través de las cuales la extinta CAJANAL hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, reconoció y liquidó una pensión de jubilación gracia a favor del señor LUIS

ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, reconoció y liquidó una pensión de jubilación gracia a favor del señor LUIS ERNESTO MOSQUERA CAICEDO, de conformidad con la ley 114 de 1993, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior al que adquirió el status de pensionad o, incluyendo los reajustes e indexación a que hubiere lugar o si por el contrario se encuentra probada alguna excepción que de oficio deba declararse y como consecuencia de ello, deben negarse las súplicas de la demanda?.

14. En la misma diligencia, se incorporaron al proceso las pruebas allegadas con la demanda y durante el trámite procesal , se negó la solicitada por la parte demandada, se prescindió de la audiencia de pruebas y se corrió traslado para alegar de conclusión por el término de diez (10) día s y al Ministerio Público se le concedió el mismo término para que presentara su concepto final.

2.4. Alegatos de conclusión

15. La entidad demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” presentó alegaciones finales en los siguientes términos:

“(…). Como conclusión de todo lo expuesto se tiene que el señor MOSQUERA presentó una mezcla de tiempos de servicio nacional y oficial, que las resoluciones atacadas reconocieron un derecho pensional con la mezcla de estos, por todo esto se reconoció un derecho pensional que no le asistía al demandado ya que no cumplió con el tiempo de servicio exigido siendo este

resoluciones atacadas reconocieron un derecho pensional con la mezcla de estos, por todo esto se reconoció un derecho pensional que no le asistía al demandado ya que no cumplió con el tiempo de servicio exigido siendo este 20 años de servicio. De esta forma se da viable la declaración de ilegalidad de las resoluciones demandadas puesto que las mismas no se motivaron con los criterios legales adecuados. Es por esto que solicito a su despacho acceder a lo solicitado en el escrito de demanda, declarando la nulidad de los actos acusados”.

16. La parte demandada no alegó de conclusión o por lo menos no existe constancia de ello en el expediente digital disponible en la plataforma SAMAI.

17. El Ministerio Público no emitió concepto final.Sentencia N Y R (1ra instancia)

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CONTROL DE LEGALIDAD

18. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1. Competencia; 4.2. Cuestión previa; 4.2.1. Vigencia de la accióndecisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1. Competencia; 4.2. Cuestión previa; 4.2.1. Vigencia de la accióntérminos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; 4.3. Problema jurídico de instancia; 4.4. Tesis de la Sala ; 4.5. Metodología y estructura de la decisión ; 4.6.

Marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia; 4.7. El principio de buena fe; 4.8. El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso; y 4.9. La condena en costas.

4.1. Competencia

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 numeral 2 del CPACA3, esta Corporación es competente para conocer en primera instancia de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho cuya cuantía excede de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.2. Cuestión previa

4.2.1. Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas

20. Previo a resolver el fondo de este asunto, la Sala estima pertinente pronunciarse respecto de la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

21. La caducidad es entendida como aquel fenómeno procesal que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas, que de lo contrario permanecerían

respecto de la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

21. La caducidad es entendida como aquel fenómeno procesal que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas, que de lo contrario permanecerían indeterminadas en el tiempo; acontece cuando ha vencido el plazo consagrado por la ley para instaurar algún tipo de acción o medio de control, es decir, es una sanción de carácter legal por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, para quien ha dejado vencer los términos preclusivos que el ordenamiento prevé para acudir a la administración de justicia.

22. Sobre el tema, la doctrina con fundamento en la jurisprudencia enseña lo

siguiente:

"Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso, por razones de economía procesal y de seriedad, ya que no tiene sentido que las partes se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza…4.

3 Norma vigente para la época de presentación de la demanda. 4 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, cuarta edición, Pág. 156.Sentencia N Y R (1ra instancia) Radicado No. 27001233300020190005200 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP”

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23. En concordancia con lo anterior, el literal d) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establece que en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debe ser presentada dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo definitivo, según sea el caso.

24. Adicionalmente, el artículo 164 numeral 1 literal c), establece que la demanda contra actos administrativos que reconozcan o niegue n total o parcialmente prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo.

25. Ahora bien, la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de ori gen común, y se dictan otras disposiciones, dispone en su artículo 86 el término para interponer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones que han sido reconocidas. Dicha disposición prevé lo

siguiente:

“ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento

Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley”.

26. En tal sentido, si bien por regla general las normas procesales se consideran de orden público y de aplicación inmediata, lo cierto es , que la Ley 153 de 1887 reconoció la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. En esa medida, dicha norma estableció excepciones que permiten, aun frente a cambios normativos, aplicar las reglas procesales vigentes al momento en que se interponen los recursos, se practican pruebas, se celebran audiencias o se comienzan a contar términos como el de la caducidad.

27. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha sostenido que el término de caducidad introducido por la Ley 2381 de 2024 solo es exigible frente a las demandas presentadas con posterioridad a su promulgación. Ello, con base en lo

27. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha sostenido que el término de caducidad introducido por la Ley 2381 de 2024 solo es exigible frente a las demandas presentadas con posterioridad a su promulgación. Ello, con base en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual impide aplicar retroactivamente términos que no existían al momento de iniciarse un proceso.

Esta interpretación, además, se armoniza con los principios de confianza legítima y legalidad, así como con el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia5.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jorge Edinson Portocarrero Banguera, Sentencias del 27 de febrero de 2025, Radicaciones Nros. 25000-23-42-000-2018-00812-02 y 50001-23-33-000-2018-Sentencia N Y R (1ra instancia) Radicado No. 27001233300020190005200 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP”

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SALA TERCERA DE DECISIÓN

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28. En ese sentido, se advierte que las disposiciones que fijan el término de caducidad como requisito para acceder a la administración de justicia se enmarcan dentro de las reglas de “sustanciación y ritualidad de los juicios”. Por lo tanto,

28. En ese sentido, se advierte que las disposiciones que fijan el término de caducidad como requisito para acceder a la administración de justicia se enmarcan dentro de las reglas de “sustanciación y ritualidad de los juicios”. Por lo tanto, conforme al inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, debe aplicarse la normativa que se encontraba vigente al inicio del conteo de los términos. Así, en casos como el sub judice, en los que el término para presentar la demanda comenzó y se agotó bajo las reglas vigentes en ese entonces, el análisis del cumplimiento del presupuesto procesal debe hacerse a la luz del artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA, que permitía presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho frente a actos que reconocen prestaciones periódicas en cualquier tiempo6.

29. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 prevé la aplicación del nuevo término de caducidad a acciones en curso, lo cierto es, que la caducidad, como institución procesal limitante del derecho de acción, se encuentra estrechamente vinculada con las formas propias del juicio, es decir, con la sustanciación y las ritualidades que rigen el acceso a la justicia.

30. Por tal razón, la Sala considera necesario inaplicar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en lo que respecta a la eventual configuración de la caducidad en casos como el que ocupa nuestra atención. Esta decisión se adopta como garantía de los principios y derechos constitucionales que rigen el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.

4.3. Problema jurídico