TA CHO - Sentencia 27001-33-33-001-2014-00542-01 (30-09-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No. 175

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: VLADIMIR BEJARANO SOLÍS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL RADICACIÓN: 27001-33-33-001-2014-00542-01

TEMA: ERROR JUDICIAL

Magistrado Ponente: Dr. LARRY YESID CUESTA PALACIOS

I. ASUNTO

Procede la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal, a resolver el recurso de apelación instaurado por la parte demandante, en contra de la sentencia No. 026 del 11 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Los señores Vladimir Bejarano Solís, Gerlenis Palacios Mosquera, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Junior Vladimir, Kevin Anuar, Sergio Uzziel y Samuel Gerónimo Bejarano Solís, en ejercicio del medio de control de reparación directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 20111, demandaron a la Nación – Rama Judicial, con el objeto de obtener las siguientes:

2.1 Declaraciones y condenas

Que se declare administrativa y pa trimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial de los perjuicios derivados de un presunto error judicial contenido en la providencia de fecha 20 de junio de 2012, proferida por el Juzgado Primero

Que se declare administrativa y pa trimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial de los perjuicios derivados de un presunto error judicial contenido en la providencia de fecha 20 de junio de 2012, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó , mediante la cual se declaró insubsistente el mandamiento de pago dentro del trámite de un proceso ejecutivo laboral y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, a través de providencia de fecha 04 de febrero de 2013.

Que, como consecuencia de la anterior declaración , se condene a la entidad demandada a pagar por perjuicios materiales:

2.1.1 Lucro cesante consolidado

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Página 2 de 16

Referencia: Expediente No. 27001-33-33-001-2014-00542-01

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Vladimir Bejarano Solís y Otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

La suma de ciento sesenta y un millones setecientos noventa y siete mil ochocientos ochenta pesos ($161.797.880) , valor dejado de percibir producto del proceso ejecutivo laboral.

2.1.2 Lucro cesante futuro

La suma de treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos ($31.441) diarios, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, discriminados así:

• Trece mil setecientos sesenta y siete pesos ($13.767), como cesionario de la

señora Saray Eunice Murillo Moreno.

• Diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro pesos ($17.674), como cesionario

• Trece mil setecientos sesenta y siete pesos ($13.767), como cesionario de la

señora Saray Eunice Murillo Moreno.

• Diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro pesos ($17.674), como cesionario de la señora Elisa María Córdoba Rodríguez; ambas a partir del nueve (09) de marzo de 2001 hasta que e l municipio de Atrato cancele en su totalidad las cesantías definitivas2.

A su vez, solicita que se condene al pago de los perjuicios morales, por el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV) a cada uno de los demandantes.

2.2. Hechos

Que el Juzgado Laboral del Circuito de Quibdó, mediante auto del 20 de junio de 2012, ejerciendo el control de legalidad declaró insubsistente el mandamiento de pago, por ilegalidad del título ejecutivo aportado, declarando la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares de embargo.

2.3 Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial guardó silencio en esta etapa procesal.

2.4 Sentencia apelada

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda, señalando para el efecto que:

“…considera este Despacho que no se demostró que la providencia dictada por el Juez Laboral auto interlocutorio No. 573 del 20 de junio de 2012 y confirmada por el Tribunal Superior de Quibdó, sea contraria a derecho, primero, porque el a quo en su sano juicio advirtió una irregularidad en el título ejecutivo allegado

el Juez Laboral auto interlocutorio No. 573 del 20 de junio de 2012 y confirmada por el Tribunal Superior de Quibdó, sea contraria a derecho, primero, porque el a quo en su sano juicio advirtió una irregularidad en el título ejecutivo allegado por la demandante y con fundamento en la normatividad y jurisp rudencia aplicable, determinó que el mencionado título no cumplía con los requisitos exigidos para ser ejecutado ; segundo porque tal y como lo explicó el Tribunal Superior de Quibdó mediante auto que confirmó la decisión de primera instancia, el accionante no allegó la constancia de notificación de las resoluciones que pretendía ejecutar, situación que impide conocer al juez la fecha en que los mencionados actos adquirieron ejecutoria, en ese sentido (…)

Conforme a lo anterior, es evidente para este Despac ho que el título ejecutivo que pretendió ejecutar el señor Vladimir Bejarano no cumplía con los requisitos exigidos para constituir título ejecutivo, es preciso señalar que dichas acreencias

2 Sumas reconocidas mediante resoluciones No.493 y 573 del 29 de diciembre de 2000.Página 3 de 16

Referencia: Expediente No. 27001-33-33-001-2014-00542-01

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son un beneficio de carácter laboral que deriva de las cesantías que corresponde a una prestación social.

A la luz del ordenamiento jurídico constituye objeto ilícito, el contrato de cesión sobre prestaciones laborales, como se pasa a explicar a continuación:

El artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, preceptúa que las disposiciones

A la luz del ordenamiento jurídico constituye objeto ilícito, el contrato de cesión sobre prestaciones laborales, como se pasa a explicar a continuación:

El artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, preceptúa que las disposiciones que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables. A su vez, el artículo 15 ibidem dispone válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Por su parte, el artículo 142 de la misma norma, prevé que el derecho del salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta límite y en los casos que determina la ley ”. Y, finalmente, el artículo 340 reafirma lo dicho al principio cuando dispone que las prestaciones sociales establecidas en el C. S. T., ya sean eventuales u ocasionales , son irrenunciables, salvo que se trate de las excepciones allí previstas, relativas al seguro obligatorio de los trabajadores mayores de cincuenta (50) años , y las que se generen como consecuencia de invalidez o enfermedad existente en el momento en que el trabajador entra al servicio del empleador, las cuales son susceptibles de renuncia. Y finalmente el artículo 343 prohíbe concretamente la cesión que haga el trabajador de sus prestaciones. (…)

De una interpretación armónica de las anteriores normas es claro entonces que la cesión de los derechos laborales está prohibida por la ley y por lo tanto su ejecución, es decir la cesión, constituye objeto ilícito.

Así las cosas, es claro en este caso que el ac cionante no demostró que la

la cesión de los derechos laborales está prohibida por la ley y por lo tanto su ejecución, es decir la cesión, constituye objeto ilícito.

Así las cosas, es claro en este caso que el ac cionante no demostró que la providencia No. 573 del 20 de junio de 2012, proferida por el Juez Laboral adjunto para los Juzgados Laborales de Quibdó y confirmada por el Tribunal Superior de Quibdó, mediante auto del 04 de febrero de 2013 sea contraria a derecho, situación que impide la configuración del error jurisdiccional al no cumplirse con los elementos determinantes para su procedencia, por lo que en este caso, las pretensiones de la demanda serán despachadas desfavorablemente sobre todo porque los daños que reclama el accionante devienen de un objeto ilícito, en la medida en que su expectativa nació de un derecho personal, de raigambre laboral, en cabeza de las señoras SARAY EUNICE MURILLO MORENO y ELISA MARÍA CÓRDOBA RODRÍGUEZ, y como es sabido, solo son susceptibles de cesión los derechos inciertos, no así los derechos ciertos e indiscutibles, como los salarios y las prestaciones sociales. (…)”.

2.5 El recurso de apelación

La parte demandante en su escrito de apelación manifestó que:

“El juez laboral no es el competente , para determinar si unos actos administrativos se ajustan o no a la legalidad, pues dicho resorte es de los jueces administrativos.

Para la fecha los actos administrativos que reconocieron la sanción moratoria que se declaran insubsistentes por parte del juzgado laboral adjunto, gozan de

administrativos se ajustan o no a la legalidad, pues dicho resorte es de los jueces administrativos.

Para la fecha los actos administrativos que reconocieron la sanción moratoria que se declaran insubsistentes por parte del juzgado laboral adjunto, gozan de la presunción de legalidad, pues no han sido anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que es el órgano competente para ello, como lo contempla el artículo 66 del CPACA.Página 4 de 16

Referencia: Expediente No. 27001-33-33-001-2014-00542-01

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Ahora bien, un posible error de transcripción respecto a la acreencia a reconocer no viola el acto, pues de sus consideraciones y su parte resolutiva , son coherentes y congruentes referente a que lo que se pretende con dichos fue el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

Que, el Juzgado Laboral Adjunto al momento de pronunciarse respecto del incidente interpuesto por la entidad demandada ejerció un control de legalidad, al proceso ejecutivo laboral pese a que Beste se encontraba con auto de seguir adelante con la ejecución y liquidación en firme, declarando la insubsistencia del mandamiento de pago, con el argumento que los actos administrativos que se aportaron como títulos ejecutivos eran ilegales.

Sostiene que, al ser la sanción moratoria una penalidad y no un derecho laboral es válida la cesión de crédito, realizada por las señoras Saray Eunice Murillo Moreno y Elisa María Córdoba Rodríguez y el señor Bejarano Solís, por lo tanto,

es válida la cesión de crédito, realizada por las señoras Saray Eunice Murillo Moreno y Elisa María Córdoba Rodríguez y el señor Bejarano Solís, por lo tanto, solicita se revoque en su totalidad la sentencia proferida en primera instancia”.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado en contra de la reseñada sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 del CPACA3.

3.2 Problema jurídico

El asunto a resolver se centra en determinar si la Nación – Rama Judicial debe ser declarada responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la decisión adoptada por el Juez Laboral Adjunto del Circuito de Quibdó, quien declaró insubsistente el mandamiento de pago por considerar ilegal el título ejecutivo, aun cu ando se había proferido el auto que ordena seguir adelante con la ejecución y aprobado la liquidación del crédito, decisión que fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.

Para resolver el problema jurídico planteado se abordarán los siguientes temas: i) Marco normativo y jurisprudencial , ii) Las pruebas obrantes en el proceso, y, iii) El caso concreto.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1 Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial

El principio general de la responsabilidad del Estado se encuentra previsto en el artículo 90 de la Constitución Nacional, el cual reza:

3.3 Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1 Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial

El principio general de la responsabilidad del Estado se encuentra previsto en el artículo 90 de la Constitución Nacional, el cual reza:

3 Con anterioridad a la expedición de la citada Ley, las demandas incoadas en ejercicio de la acción de reparación directa, sustentadas en los títulos de imputación “privación injusta de la libertad, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la Ad ministración de Justicia”, estaban asignadas en primera instancia a los Tribunales Contencioso Administrativos, al establecerlo así el auto del 9 de septiembre de 2008, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, pues se adujo en aquél proveído, que, para efectos de conocer dichos temas, debía observarse el factor orgánico, a través del cual se asignaba su conocimiento a los Tribunales Administrativos y al Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, sin parar mientes en el factor cuantía, el cual, en la actualidad, en vigencia del CPACA, es el factor que se tiene en cuenta para asignar el conocimiento de estos asuntos.Página 5 de 16

Referencia: Expediente No. 27001-33-33-001-2014-00542-01

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“Artículo 90. El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de

que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél de la deberá repetir contra éste”.

A su turno, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 , reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, indicando que : “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”.

Dicha norma estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad.

El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 dispone: Error Jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

Por su parte, el a rtículo 67 ibídem, establece como p resupuestos del error jurisdiccional, que:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

Frente a la figura del error jurisdiccional, el Consejo de Estado estableció las condiciones necesarias para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad del Estado así4: “(…)

a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. (…)

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección , el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo . El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso). El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó

4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del 4 de septiembre de 1997.Página 6 de 16

derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó

4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del 4 de septiembre de 1997.Página 6 de 16

Referencia: Expediente No. 27001-33-33-001-2014-00542-01

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al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se apl icaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. “d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución -auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador.

d) Que la equivocación del juez o magistrado deba incidir en la decisión judicial

enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador.

d) Que la equivocación del juez o magistrado deba incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución – autentica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador5.

Ahora bien, para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada uno de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por el funcionario judicial al caso particular, sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de abril de 2008, dispuso:

“La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial . Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.

logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.

En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental. El error judicial no supone la prueba de elementos que cualifiquen la conducta personal del agente estatal, como tampoco calificativos absolutos de inexcusable, garrafal, evidente o injustificado. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni las normas legales que han desarrollado la materia, cualifican de esa manera la acción u omisión del Estado determinante de responsabilidad por daños antijurí dicos padecidos por causa de una providencia judicial. Cabe por tanto señalar que el error judicial

5 Consejo de Estado, Sección Tercero -Sentencia del 27 de abril de 2006.Página 7 de 16

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consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordia entre la realidad fáctica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio. (…)”.

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consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordia entre la realidad fáctica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio. (…)”.

El error jurisdiccional indemnizable se caracteriza por ser una equivocación evidente, manifiesta y patente en la interpretación o aplicación del derecho. No se trata simplemente de decisiones desacertadas o discutible dentro del margen de interpretación jurídica, pues para que se configure el error, este debe ser indubitable e incontestable, y conducir a decisiones que resulten ilógicas, irrazonables, absurdas o esperpénticas.

Por tal razón, no constituye error jurisdiccional la interpretación del derecho que, aunque pueda ser debatida o n o compartida, se encuentra dentro de los márgenes razonables de la hermenéutica jurídica.

En consecuencia, el error del juez se configura cuando existe una valoración abiertamente equivocada o una inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el p roceso, dicha falla conduce una aplicación incorrecta de la normatividad jurídica al caso concreto, lo que da lugar a una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

Cabe señalar, que los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse u n error jurisdiccional 6. En este mismo sentido la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que7: “(…)

que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse u n error jurisdiccional 6. En este mismo sentido la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que7: “(…)

La responsabilidad directa por el he cho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta correcta. De hecho, el denominado “ Principio de unidad de repuesta correcta o unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así: De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de vari as soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con uno mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial. (…)

Por tanto, sólo las d ecisiones judiciales que sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales resulten contrarias a Derecho por carecer de una

Por tanto, sólo las d ecisiones judiciales que sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales resulten contrarias a Derecho por carecer de una

6 En la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, el Consejo de Estado precisó: “El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rige el debido proceso. 7 Sentencia de fecha 2 de mayo de 2007, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.Página 8 de 16

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justificación coherente, razonable, jurídicam ente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional”.

3.4 De las pruebas obrantes en el proceso

• Resolución No. 493 del 29 de diciembre de 2000, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales a favor de la señora Saray Eunice Murillo Moreno, con la constancia de ser la primera copia , expedida por el alcalde del municipio de Atrato 8.

reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales a favor de la señora Saray Eunice Murillo Moreno, con la constancia de ser la primera copia , expedida por el alcalde del municipio de Atrato 8.

• Resolución No. 499 del 28 de diciembre de 200 7, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de unas cesantías definitivas a favor de la señora Saray Eunice Murillo Moreno con la constancia de ser la primera copia , expedida por la alcaldesa del municipio de Atrato 9.

• Resolución No. 573 de fecha 28 de diciembre de 2007, por medio del cual se reconoc e y ordena el pago de unas cesantías definitivas con la constancia de ser la primera copia , expedida por la alcaldesa del municipio de Atrato 10.

• Resolución No. 496 de fecha 29 de diciembre de 2000, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales a favor de la señora Eli sa Mar ía Cordoba Rodríguez , con la constancia de ser la primera copia, expedida por el alcalde del municipio de Atrato 11.

Asimismo, reposan en el expediente las actuaciones judiciales que corresponden al trámite del proceso ejecutivo laboral, así:

• Incidente de desembargo presentad o por el apoderado de la entidad ejecutada de fecha 06 de marzo de 2012 12.

• Auto interlocutorio No. 242 del 9 de abril de 2012 , por medio del cual se aprobó la liquidación del crédito por la suma de ciento veinticinco millones nueve mil ciento cincuenta pesos ($125.009.150) 13.

aprobó la liquidación del crédito por la suma de ciento veinticinco millones nueve mil ciento cincuenta pesos ($125.009.150) 13.

• Auto interlocutorio No. 573 del 20 de junio de 2012, por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral Adjunto para los Juzgados Laborales de Quibdó , declaró insubsistente el mandamiento de pago 14.

• Recurso de apelaci ón interpuesto por la parte demandante contra la providencia de fecha 20 de junio de 2012 15.

• Providencia de fecha 4 de febrero de 2013, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó , confirmó el auto interlocutorio No. 573 del 20 de junio de 2012 16.

3.4.1 El Caso concreto

8 Ver folios 63-66 del expediente digitalizado 9 Ver folios 59-62 del expediente digitalizado 10 Ver folios 69-72 del expediente digitalizado 11 Ver folios 73 a 75 del expediente digitalizado 12 Ver folios 139 a 155 del expedite digitalizado 13 Ver folios 157 a 158 del expediente digitalizado 14 Interlocutorio No. 0670 del 27 de julio de 2010, por ilegalidad del título aportado (fol. 173 a 194) 15 Ver folios 195 a 207 del expediente digitalizado 16 Ver folios 231 a 261 del expediente digitalizadoPágina 9 de 16

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