TA CHO - Sentencia 27001-33-33-001-2021-00068-01 (26-03-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

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SENTENCIA No. 022

Quibdó, Veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

ACTOR: JUDITH ELENA VACA BLANCO

CONTRA: NACIÓN –MINEDUCACIÓN –FONDO NACIONAL DE

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MAGISTRADA PONENTE: Dra. NORMA MORENA MOSQUERA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Secretaría de Educación Departamental del Chocó, contra la sentencia Nº 149 del 10 de julio del 2024 1, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la

que se resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRESE LA NULIDAD del acto ficto o presunto surgido del silencio administrativo negativo al omitir la entidad demandada dar respuesta a la petición de fecha de 26 de octubre de 2017 relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales de la señora JUDITH ELENA VACA BLANCO, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales de la señora JUDITH ELENA VACA BLANCO, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a la señora JUDITH ELENA VACA BLANCO identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.305.887, un día de salario por cada día de mora en el pago de sus cesantías parciales, desde el 26 de febrero de 2015 al 31 de marzo de 2015, en los términos y condiciones previstas en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Sin costas

QUINTO: La entidad demandada dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del CPACA. Para su cumplimiento, expídase copia autentica de la sentencia, con constancia de ejecutoria, a la demandante, al Ministerio Público y a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y ss. de CPACA, 114 del C.G.P y 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995.

1 041SENTENCIAANTIC_27001333300120220039REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa las anotaciones de rigor”.

I. ANTECEDENTES La señora Judith Elena Vaca Blanco , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó a esta jurisdicción declarar la nulidad del acto ficto, mediante el cual la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales. Pide que se

concedan las siguientes: 1.1. Pretensiones. Solicita la parte demandante, que se declare la nulidad d el acto ficto configurado el día 26 de octubre de 2017 , frente a la petición radicada ante el Departamento del Chocó - SedChocó y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, que le negó el reconocimiento de la sanción moratoria, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 244 de 1955, adicionada por la Ley 1071 de 2006 y como consecuencia de ello, se condene a la Nación - Ministerio De Educación Nacional -Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterioen

parámetros establecidos en la Ley 244 de 1955, adicionada por la Ley 1071 de 2006 y como consecuencia de ello, se condene a la Nación - Ministerio De Educación Nacional -Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterioen adelante Fomag y al Departamento del Chocó – SedChocó, le reconozca n y paguen la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 adicionada por las Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de dicha prestación. Así mismo solicita que se ordene a las entidades demandadas, dar cumplimiento al fallo que se dicte, en el término de 30 días contados desde la notificación, como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A. Se condene al reconocimiento y pago de los ajustes de valor de acuerdo al IPC, desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso. Se condene al pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de la sanción moratoria reconocida en esta sentencia. Se condene a la entidad demandada a pagar las costas del proceso. 1.2. Hechos Los hechos relevantes que sirven de fundamento a las pretensiones , se resumen de la siguiente manera:

pago de la sanción moratoria reconocida en esta sentencia. Se condene a la entidad demandada a pagar las costas del proceso. 1.2. Hechos Los hechos relevantes que sirven de fundamento a las pretensiones , se resumen de la siguiente manera: La parte demandante el día 11 de octubre de 2014 , solicitó a la entidad demandada, el reconocimiento y pago de las cesantías a que tenía derecho.REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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La cesantía solicitada fue reconocida a través de la Resolución No. 080 del 22 de enero de 2015 y los recursos puestos a su disposición, el día el 1 de abril de 2015. El 26 de octubre de 2017, solicitó ante el Fomag , el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. 1.3. Fundamentos jurídicos En la demanda se citan como violadas las siguientes disposiciones: artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006. En el concepto de violación , el apoderado de la parte demandante indicó que las entidades demandadas al no pagar las cesantías dentro del término establecido en

de la Ley 1071 de 2006. En el concepto de violación , el apoderado de la parte demandante indicó que las entidades demandadas al no pagar las cesantías dentro del término establecido en la Ley, violan las disposiciones contenidas en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006. 1.4. Contestaciones de la demanda. El Fondo Nacional de Pre staciones Sociales del Magisterio, por conducto de apoderado judicial contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones, indicando que el ente territorial fue quien incurrió en la mora por cuanto emitió de forma extemporánea el acto administrativo. Por lo anterior solicita que se declare la excepción de litisconsorcio necesario por pasiva . También propuso las excepciones de legalidad de los actos administrativos, improcedencia de la indexación de las condenas y la de compensación. Explicó que la demandante solicitó las cesantías el 10 de noviembre de 2014 , razón por la que el ente territorial tenía como fecha máxima para resolver su solicitud el día 01 de diciembre de 2014 , pero fue expedida el 22 de enero de 2015, razón por la que deberá ser llamada para que en virtud de la descentralización de la que goza por ministerio de la ley, responda por el período que incurrió en mora. En cuanto a la excepción de caducidad, indicó que la sanción por mora de que trata las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se hizo exigible a partir del 24 de febrero de 2015, fecha a partir de la cual, la parte demandante cont aba con el término de tres (3) años, para solicitar el reconocimiento y pago, plazo que, en principio, vencía

de 2015, fecha a partir de la cual, la parte demandante cont aba con el término de tres (3) años, para solicitar el reconocimiento y pago, plazo que, en principio, vencía el 24 de febrero de 2018 , pero se interrumpió el 26 de octubre de 2017, sin embargo, la demanda fue presentada el 08 de marzo de 2021 cuando claramente ya había operado la prescripción del derecho .

La sentencia apelada El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, concedió las pretensiones de la demanda explicando en las consideraciones, lo siguiente: “Como quedó reseñado en líneas superiores, la señora JUDITH ELENA VACA BLANCO presentó la solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantes parcial es ante la entidad demandada el día 12 de noviembre de 2014, por lo que, conforme al marco normativo y jurisprudencial referido en líneas superiores, vencidos los 70 días con los que contaba la entidad para efectuar el pago correspondiente, surgió la sanción moratoria por el no pago oportuno de dicha prestación social, a partir del 25 de febrero de 2015.REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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En ese orden de ideas, la accionante debía solicitar ante la entidad

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En ese orden de ideas, la accionante debía solicitar ante la entidad demandada el pago de la sanción moratoria causada a más tardar el 25 de febrero de 2018, lo cual hizo el 26 de octubre de 2017, interrumpiendo de esta forma el fenómeno jurídico de la prescripción, hasta el 26 de octubre de 2020.

El anterior término nuevamente se vio suspendido el día 5 de junio de 2020 cuando la demandante radicó ant e el Ministerio Público la conciliación extrajudicial para agotar el requisito de procedibilidad y faltaban 4 meses y 22 días, para operar el fenómeno de la prescripción trienal.

Conforme lo anterior, es claro para el Despacho, que el Ministerio Públic o debió celebrar la audiencia de conciliación a más tardar el 5 de noviembre de 2020, como efectivamente lo hizo (22 de octubre de 2020), sin embargo, tan solo expidió la constancia de declaratoria fallida de la conciliación el día 12 de enero de 2021, es decir, por fuera del plazo establecido en el decreto 491 de 2020, por lo tanto, se tomará como fecha de reanudación de los términos de prescripción el día 6 de noviembre de 2020 día siguiente al vencimiento de los cinco (5) meses con los que se contaba para agotar dicho trámite.

En ese orden de ideas, para el Despacho la parte actora contaba hasta el 29 de marzo de 2021 día hábil siguiente, para presentar la demanda, teniendo

los cinco (5) meses con los que se contaba para agotar dicho trámite.

En ese orden de ideas, para el Despacho la parte actora contaba hasta el 29 de marzo de 2021 día hábil siguiente, para presentar la demanda, teniendo en cuenta el término (4 meses y 22 días) que le faltaba cuando interrumpió la prescripción trienal con el trámite de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público y radicó el libelo introductorio el día 8 de marzo de 2021, es decir, antes que operara dicho fenómeno, razón por la cual se declarará no probado tal medio exceptivo propuesto por la entidad demandada. (…) Atendiendo el precedente jurisprudencial citado y el análisis probatorio referido, estima el Despacho que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el caso de la actora omitió el cum plimiento de los términos establecidos en la ley tanto para el reconocimiento como para el pago de las cesantías parciales por ella reclamado, es decir, 15 días para expedir el acto de reconocimiento, 10 más que corresponden al término de la ejecutoria, po r cuanto la solicitud fue radicada en vigencia del CPACA2 y 45 días dentro de los cuales debía realizar el pago.

En efecto, de acuerdo con el anterior conteo, el reconocimiento y pago de las cesantías parciales reclamadas por la actora debió producirse el día 25 de febrero de 2015 y se hizo el 1 de abril de 2015.

Así las cosas, es claro para el Despacho que se cau só la sanción moratoria deprecada en este asunto por la señora JUDITH ELENA VACA BLANCO,

febrero de 2015 y se hizo el 1 de abril de 2015.

Así las cosas, es claro para el Despacho que se cau só la sanción moratoria deprecada en este asunto por la señora JUDITH ELENA VACA BLANCO, razón por la cual, se declararan no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y se accederá a las suplicas de la demanda, por haberse desvirtuado la presunción de legalidad de que goza el acto acusado”.

1.5. El recurso de apelación. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2 Para los actos administrativos que fueron expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia del CPACA el término para interponer los recursos era de cinco (5) días y para los proferidos con posterioridad, es de 10 días.REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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La apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro del término legal presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, expresando que el juez pasó por alto la demora en la expedición del acto administrativo por parte del ente territorial y la excepción de prescripción extintiva propuesta en la contestación de la demanda.

por alto la demora en la expedición del acto administrativo por parte del ente territorial y la excepción de prescripción extintiva propuesta en la contestación de la demanda.

Solicitó declarar probada la excepción de prescripción extintiva, indicando que el reconocimiento de las sanciones moratorias está vinculado a las cesantías que se le debe pagar al empleado público, dichos derechos no dependen el uno del otro, sino que se causan de forma independiente, por lo cual no es factible establecer que las sanciones moratorias no tienen prescripción alguna por derivarse del pago prestacional de las cesantías.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia. Parte demandante La apoderada de la parte demandante presentó alegatos de conclusión solicitando que se ordene el pago de la sanción moratoria de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1272 de 2018, con cargo de los recursos de la NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, quien es el llamado a responder a los docentes, y quien debe adelantar las acciones tendientes a recuperar los recursos cancelados frente a la responsabilidad de la entidad territorial nominadora, en los casos en los que el juez de conocimiento así lo ordene. Parte demandada En el expediente no existe constancia que la s entidades demandad as hayan alegado de conclusión en esta instancia. Ministerio Público. No existe en el plenario memorial que dé cuenta que el Ministerio Público haya emitido concepto en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conoce rán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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2.2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema jurídico se contrae en determinar si la parte demandada incurrió en mora en el pago de las cesantías reclamadas por la docente y, de ser así, se debe determinar cuál es la entidad responsable de reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995, de acuerdo a las regl as fijadas en artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 . Además, se debe establecer si se encuentra

determinar cuál es la entidad responsable de reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995, de acuerdo a las regl as fijadas en artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 . Además, se debe establecer si se encuentra probada la excepción de prescripción, como lo indica la entidad demandada en el recurso de apelación.

Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes temas: i) Marco normativo y jurisprudencial de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías; ii) Prescripción de la sanción moratoria; iii) hechos probados; iv) se analizará el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial d e la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Las leyes 244 de 1995 y 1071 de 31 de julio de 2006, establecieron los términos para el pago oportuno de las cesantías y las sanciones en caso de que se incumpla los plazos allí previstos 3. En tal sentido los artículos 4 y 5, respectivamente, disponen que la entidad empleadora, deberá expedir la resolución correspondiente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, el plazo para corregir (en caso de ser necesario) y notificar el acto administrativo, es de diez (10) y la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuaren ta y cinco (45) días hábiles, después de que queda en firme el acto administrativo para cancelar la prestación social.

pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuaren ta y cinco (45) días hábiles, después de que queda en firme el acto administrativo para cancelar la prestación social. En caso de mora en el pago de las cesantías, la entidad obligada, deberá reconocer y pagar de sus propios recursos, un día de salario p or cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas. De las normas citadas, se advierte que la sanción moratoria se causa por el simple hecho de que la administración incumpla el plazo legal para el pago de las cesantías, para lo cual solo basta acreditar que la cancelación se realizó por fuera del término previsto para tales efectos. Es decir, la única exigencia para que proceda esta penalidad consiste en que el pago de esta prestación social se efectué por fuera de los plazos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1076 de 2006. Ahora bien, es pertinente destacar que, por evo lución jurisprudencial, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías previstas en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, resulta plenamente aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Pues

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 11 de julio de 2019, expediente número: 20001-23-33-000-2013-00207-01(2177-15), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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así lo precisó la Corte Constitucional en sentencia de unificación de 18 de mayo de 2017: “[…] La aplicación del régimen general contenido en la Ley 244 de 1995, modificado por la Ley 1071 de 2006, a los docentes oficiales, en lo qu e tiene que ver con el pago de la sanción moratoria, se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos, independientemente de que no esté n catalogados de manera expresa como tales, y en la intensión misma del legislador de fijar el ámbito de aplicación de la Ley 1071 de 2006 para todos los funcionarios públicos y servidores estatales de las tres ramas del poder, dentro de los cuales, según lo ha entendido esta Corporación, se entienden incluidos los docentes del sector oficial en razón a sus funciones y características. Bajo ese entendido, la aplicación de este régimen a los docentes estatales se adecúa a los postulados constitucionales (…). (iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de quienes sí les fue

trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías. En concordancia con el anterior pronunciamiento, la Sala Plena de la Sección Segunda del Cons ejo de Estado, en sentencia de unificación de 18 de julio de 20184, fijó las siguientes reglas jurisprudenciales: […] 3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial , al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías. 3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 5 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5

no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 5 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para es perar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 18 de julio de 2018, expediente número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-012-18, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 5 Artículos 68 y 69 CPACA.REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto

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195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto. 3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo. 3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA […] (negrillas y subrayas por fuera del texto original).

De todo lo anterior es dable colegir que la postura jurisprudencial vigente, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indica que, dada la condición de empleados de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a tales servidores le asiste el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de que trata la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 20066. 2.3.1. Autoridad responsable del pago de la indemnización por mora en la consignación de las cesantías a los docentes

trata la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 20066. 2.3.1. Autoridad responsable del pago de la indemnización por mora en la consignación de las cesantías a los docentes

A través de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2018 -2022”, el Gobierno Nacional en el parágrafo 1° del artículo 57, dispuso que la sanción moratoria que se genere por el pago extemporáneo de las cesantías de los docentes , deberá ser pagada por la Secretaria de Educación territorial donde labora o la última en la que laboró el docente, siempre y cuando tenga su origen en el incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago por parte de dicha Secretaría, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio . Dicho parágrafo de manera textual establece: “PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magist erio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías. PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente: > Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente: > Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 11 de julio de 2019, expediente número: 20001-23-33-000-2013-00207-01(2177-15), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120210006801

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Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo. La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su redención”. Por otra parte, el Gobierno Nacional, el 1° de junio del año 2022, expidió el Decreto

La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su redención”.