TA CHO - Sentencia 27001-33-33-001-2022-00482-01 (30-09-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No.165

REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 27001333300120220048201

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: GLADYS STELLA VALOYES BLANDÓN

DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

“CODECHOCÓ”

Magistrado Ponente: LARRY YESID CUESTA PALACIOS

Procede la Sala Segunda a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia No. 254 del dieciocho (18) de septiembre de 202 3, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , que declaró de oficio la excepción de prescripción extintiva y negó las pretensiones de la demanda1.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda

1.1.1 Declaraciones y condenas

La señora Gladys Stella Valoyes Blandón , actuando a través de apoderado judicial, solicita se declarare la nulidad del oficio SG-120-16.10-2022No.000207, expedido el 07 de marzo de 2022 , mediante el cual la entidad demandada negó el pago de las acreencias laborales, salarios, aportes a salud, aporte a pens ión y sanción moratoria, debido a que se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción trienal.

demandada negó el pago de las acreencias laborales, salarios, aportes a salud, aporte a pens ión y sanción moratoria, debido a que se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción trienal.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó “CODECHOCÓ” el reconocimiento y pago de las cesantías junto con la sanción moratoria de que trata el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a partir del año 2002 y hasta que se produzca el pago total de la obligación.

Igualmente, solicita se ordene a la Cor poración Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó “CODECHOCÓ” a pagar la asi gnación básica mensual, prima de servicios, prima de vacaciones, los aportes correspondientes a l sistema de seguridad social en salud y pensión, como Tecnólogo Código 4165 grado 15, a partir del 03 de marzo de 2002 a la señora Gladys Stella Valoyes Blandón , con ocasión del secuestro y p osterior desaparición de su compañero permanente Genaro Tello Rivas.

1 Admitido por esta Corporación mediante proveído No.0335 del once (11) de abril de 2024.Referencia: Expediente No. 27001333300120220048201

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Accionante: Gladys Stella Valoyes Blandón

Contra: CODECHOCÓ

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1.1.2 Fundamentos fácticos

Que el señor Genaro Tello Rivas se encon traba vinculado a la Corporación

Contra: CODECHOCÓ

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1.1.2 Fundamentos fácticos

Que el señor Genaro Tello Rivas se encon traba vinculado a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, d esde el 30 de enero de 1996, nombrado en provisionalidad mediante Resolución No. 000028 del 24 de enero de 1996, en el cargo de tecnólogo, código 4165 grado 15, con un salario mensual de cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos treinta y tres pesos ($486.553).

Sostiene que el Señor Tello Rivas , mientras se encontraba cumpliendo funciones de investigación y control asignadas en el marco de su cargo, fue secuestrado el día 3 de marzo de 2002 y posteriormente desaparecido por miembros de grupos armados al margen de la ley.

Manifiesta la demandante q ue, el 10 de febrero de 2022, radicó reclamación administrativa No. 202202100955160 ante la entidad demandada con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago total de las cesantías, salarios junto con la sanción moratoria y demás prestaciones sociales, aportes a la salud y pensión por el secuestro y posterior desaparición del señor Genaro Tello Rivas, a partir del 03 de marzo de 2003.

A su vez, indicó que los hechos de secuestro y posterior desaparición del señor Genaro Tello Rivas, no sucedieron el 03 de marzo de 2003, como se indicó en la reclamación administrativa, y como equivocadamente lo certificó por error el Investigador de Criminalística II del CTI de Apartadó Antioquia , el día 23 de

Genaro Tello Rivas, no sucedieron el 03 de marzo de 2003, como se indicó en la reclamación administrativa, y como equivocadamente lo certificó por error el Investigador de Criminalística II del CTI de Apartadó Antioquia , el día 23 de abril de 2008, sino que ocurrieron del 03 de marzo de 2002, según radicación proceso No. 138173.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante citó como normas transgredidas las que se relacionan a continuación:

 Artículos 2, 5, 12, 42, 48, 53 de la Constitución Nacional  Ley 50 de 1990  Ley 344 de 1996  Ley 589 de 2000  Ley 986 de 2005

La parte actora sostiene que la entidad demandada desconoció el régimen de cesantías previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como lo s artículos 13 y 15 de la Ley 986 de 2005 , los cuales disponen la interrupción de términos y plazos de toda naturaleza durante el cautiverio, a favor de la persona secuestrada.

A su vez , afirma que el empleador debía continuar pagando el salario y las prestaciones sociales a que tenía derecho el secuestrado al momento de la ocurrencia del hecho.

1.2 Contestación de la demanda

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que, al momento de la desaparición forzosa , el señor Gena ro Tello Rivas no tenía ninguna vinculación laboral con la entidad , toda vez que,Referencia: Expediente No. 27001333300120220048201

argumentando que, al momento de la desaparición forzosa , el señor Gena ro Tello Rivas no tenía ninguna vinculación laboral con la entidad , toda vez que,Referencia: Expediente No. 27001333300120220048201

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este laboró para la entidad hasta el 31 de mayo de 1998 y el hecho generador del daño por el cual se reclama ocurrió el 02 de marzo de 2002.

Asimismo, indican que el señor Genaro Tello Rivas renunció al nombramiento provisional para seguir contratado mediante contrato de prestación de servicios.

La parte demandada sostiene que, dentro de las pruebas allegadas al proceso, se encuentra una denuncia relacionada con la desaparic ión del señor Genaro Tello Rivas; sin embargo, no obra en el expediente documento legal alguno que acredite la declaración de muerte presunta, conforme a los requi sitos establecidos en la norma.

Igualmente, indica que no existe prueba idónea que acredite la existencia de una relación de compañera permanente con el señor Genaro Tello Rivas ; debido a que a la declaración extrajuicio aportada por la demandante no constituye un medio de prueba conducente, ni suficiente para demostrar dicha condición.

Propuso las excepciones que denominó inepta demanda, inexistencia de causal de nulidad de los actos administrativos demandados, buena fe, excepción de legalidad y falta de causa para demandar, falta de legitimida d por activa para actuar, prescripción, innominada y genérica.

II. SENTENCIA APELADA

de nulidad de los actos administrativos demandados, buena fe, excepción de legalidad y falta de causa para demandar, falta de legitimida d por activa para actuar, prescripción, innominada y genérica.

II. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante Sentencia No.254 del dieciocho (18) de septiembre de 2023, negó las súplicas de la demandante, argumentando que:

“(…)

Dado que la demandante admite que la desaparición del causante ocurrió el 03 de marzo de 2002, y la reclamación administrativ a de reconocimiento y pago de las acreencias del causante, se radicó el día 10 de febrero de 2022, es claro que las mismas se encuentran afectadas del fenómeno j urídico de la prescripción trienal de los derechos laborales, razón por la cual, se denegar án las súplicas de la demanda.

Con relación a las excepciones de “Inepta demanda, inexistencia de causa l de nulidad de los actos administrativos demandados, buena f e, falta de legitimidad por actividad para actuar, oposición a las pruebas documentales innominada o genérica” el despacho, se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno en tanto que acreditada la excepción de prescripción inane resulta pronunciarse sobre las otras excepciones que eventualmente pudieran enervar la pretensión. (…)”.

III. RECURSO DE APELACIÓN

La Parte actora, interpuso de manera oportuna el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el cual expuso que, en el presente asunto, los derechos reclamados con ocasión del secuestro y posterior

La Parte actora, interpuso de manera oportuna el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el cual expuso que, en el presente asunto, los derechos reclamados con ocasión del secuestro y posterior desaparición de su compañero permanente, Genaro Tello Rivas, quien se desempeñaba como funcionario público en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó “CODECHOC Ó”, se encuentranReferencia: Expediente No. 27001333300120220048201

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vigentes, toda vez que no se han configurado ninguno de los tres supuestos previstos en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley de 986 de 2005.

En ese sentido, sostuvo que la exce pción de prescripción trienal no resulta aplicable al caso concreto, por cuanto no se ha producido la liberación del señor Genaro Tello Rivas, ni se ha acreditado su fallecimiento mediante registro civil de defunción, ni s e ha declarado su muerte presunta a través de sentencia judicial proferida por la autoridad competente.

En consecuencia, solicitó se revoque la sentencia No. 254 del 18 de septiembre de 2023, que negó las pretensiones de la demanda. De manera subsidiaria en caso de no ser favorable el fallo de segunda instancia, pidió que ser revoque la condena en costas impuesta, toda vez que la actuación de la demandante no obedeció a una conducta de mala fe.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 Competencia

condena en costas impuesta, toda vez que la actuación de la demandante no obedeció a una conducta de mala fe.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 Competencia

La Corporación es competen te para conocer la segunda instancia del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del C.P.A.C.A.2.

Cuestión Previa

Manifiesta la Sala que previo a plantear el problema jurídico, entrará a resolver la excepción previa denominada inepta demanda , toda vez que el Juez de primera instancia se abstuvo de pronunciarse sobre la misma.

Como se manifestó con anterioridad, el apoderado de CODECHOCÓ señaló que en el presente caso se configuraba la referida excepción porque la demandante no sustentó el concepto de violación , simplemente indicó de manera somera que, con la expedic ión del acto acusado, se violentó la norma, pero no sustentó con fundamento legal y jurisprudencia el concepto de violación.

Ahora bien, el numeral 5º del artículo 100 del C.G.P. , dispone como excepción previa la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.

A su turno, el numeral 4º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, que regula los requisitos de la demanda dentro del proceso contencioso administ rativo, establece que cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, la parte actora deberá indicar expresamente las normas que considera violadas y explicar el concepto de su violación, es decir, debe justificar de manera clara y razonada cómo y por qué el acto administrativo vulnera el ordenamiento jurídico vigente.

El Consejo de Estado de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo

explicar el concepto de su violación, es decir, debe justificar de manera clara y razonada cómo y por qué el acto administrativo vulnera el ordenamiento jurídico vigente.

El Consejo de Estado de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, en sentencia del 7 de marzo de 2019, indicó:

“Para la Sala , es claro q ue a partir de los dispositivos indicados, el demandante debe invocar la norma que considera se transgrede y apa rejado a ello, cuando se trata de desvirtuar la presunción de legali dad del acto administrativo o del acto electoral , debe esgrimir la argumentación sobre las razones por las que éste infringe el ordenamiento

2 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distin to del que corresponda.”Referencia: Expediente No. 27001333300120220048201

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jurídico que se menciona, por eso con buen crit erio, se dice que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sobre todo cuanto se trata de desvirtuar la presunción de legalidad del acto, es de estirpe rogada.

El concepto de violación en materia de cuestionamiento de la legalidad del acto administrativo o electoral, junto con la causa petendi , desmarca la indeterminación o

legalidad del acto, es de estirpe rogada.

El concepto de violación en materia de cuestionamiento de la legalidad del acto administrativo o electoral, junto con la causa petendi , desmarca la indeterminación o imprecisión sobre qué es lo que se quiere judicializar y por qué, y da paso a los límites, por demás adecuados, de cara a la presunción de legalidad del acto, es de estirpe rogada.

El concepto de violación en materia de cuestionamiento de la legalidad del acto administrativo o electoral, junto con la causa petendi, desmarca la indetermi nación o imprecisión sobre qué es lo que quiere judicializar y por qué, y da paso a los límit es, por demás adecuados, de cara a la presunción de legalidad que protege el acto, para que el operador jurídico pueda abordar el análisis y adoptar la decisión que se encuadra en aquellos aspectos o derroteros que el demandante en su libelo introductorio pone de presente y que luego, se van nutriendo con las demás postulaciones de los restantes sujetos procesales, quienes pueden apoyar los argumentos de la demanda – como tercero interesado o coadyuvante – u oponerse mediante la ocurrencia como parte pasiva o también como tercero o coadyuvante.

Se trata entonces de un medio instrumental de vital importancia para el proceso que versa sobre la legalidad del acto y para su buen término mediante decisión, pero no puede considerarse como un aspecto que permita d escartar la demanda y, por ende, su ingreso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en etapas tempranas.

De ahí que se permita su subsanación e inclu so su reforma. Puede decirse entonces,

su ingreso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en etapas tempranas.

De ahí que se permita su subsanación e inclu so su reforma. Puede decirse entonces, que serán aquellas situaciones o eventos extremos de c arencia absoluta de invocación normativa o de argumentaciones que toquen los l ímites de lo absurdo, o cuando sea evidente o torticeramente incoherente, los que en dado caso podrían dar lugar a reputar inepta la demanda por la falta de invocación normativa y argumentativa del concepto de violación y, eso sin olvidar, que el juez como máximo director del proceso y dada su competencia, se le impone solicitar al sujeto procesal que subsane la demanda.

La Sala reitera que dentro de la hipótesis que se analizan, solo la ausencia absoluta de invocación normativa y de concepto de violació n, e incluso un argumento que se advierta evidente toque en lo absurdo o groseramente incoherente, podrían ingresar el caso a los campos de la ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de invocación normativa y falta de desarrollo argumentativo en el concepto de violación, pero ello no es predicable ni frente a lo precario ni a lo sucinto.

Independientemente, el hecho de que el operador jurídico advierta ab initio que las pretensiones de la demanda posiblemente encontrarán o no prosperidad, no es la puerta para coartar el procedimiento o trámite inobservando las etapas que conforman el debido proces o, es claro que no importa la precariedad del planteamiento, pues mientras la d emanda frente al acto administrativo o acto electoral, cuya legali dad pretenda desvirtuarse, se sustente con alguna o algunas normas y se explique el

el debido proces o, es claro que no importa la precariedad del planteamiento, pues mientras la d emanda frente al acto administrativo o acto electoral, cuya legali dad pretenda desvirtuarse, se sustente con alguna o algunas normas y se explique el porqué de esa violación, no podrá enervar la competencia del operador jurídico par a asumir el estudio, pue s debe fallarlo con aquellos presupuestos jurídico normativos y argumentativos que le han sido judicializados.

Distinto es que las pretensiones sean prósperas o no y/o que el concepto de la violación resulte acertado para enervar la presunción de legalid ad del acto que se demanda, pues eso es propio de lo que deba analizar el operador al momento del fallo de fondo”.

En el presente asunto , en el escrito de la dem anda el apoderado judicial de la parte demandante, en el acápite de concepto de la violación hace una relación de normas constitucionales y legales , que a su juicio fueron vulneradas con laReferencia: Expediente No. 27001333300120220048201

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expedición del acto administrativo objeto de debate y a su vez, desata una argumentación respecto de las disposiciones normativas que asume han sido violadas y el porqué de dicha violación.

Así considera esta Corporación que la excepción de ineptitud de la demanda por falta del concepto de violación no está llamada a pr osperar, porque no hay ausencia absoluta del análisis que permita al operador judicial realiz ar un estudio del caso concreto y fallarlo con aquellos presupuestos jurídicopor falta del concepto de violación no está llamada a pr osperar, porque no hay ausencia absoluta del análisis que permita al operador judicial realiz ar un estudio del caso concreto y fallarlo con aquellos presupuestos jurídiconormativos y argumentativos que le han sido judicializados.

4.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si a la señora Gladys Stella Valoyes Blandón le asiste el d erecho al reconocimiento y pago de los salarios , prestaciones sociales y demás emolumentos del señor Genaro Tello Rivas, con ocasión de su desaparición ocurrida el 3 de marzo de 2002, mientras se encontraba cumpliendo funciones oficiales en el marco de la relación laboral vigente con la entidad demandada.

Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes temas: i) Marco normativo y jurisprudencial de los instrumentos jurídicos de protección frente a la desaparición forzada; ii) pruebas obrantes en el proceso; y iii) se analizará el caso concreto.

4.3 Marco normativo y jurisprudencial para el pago de salarios y prestaciones de lo s servidores públicos víctimas de desaparici ón forzada a sus beneficiarios

El Consejo de Estado, Sala Segunda Subsección A, en sentencia de fecha 04 de agosto de 2022, sostuvo:

La desaparición forzada es catalogada como una de las conductas más atroces que se comete “(…) dentro o fuera de situaciones de conflicto, violencia o paz, pues su intención es borrar, eliminar , sustraer a una persona de un determinado entorno, ocultar en todo tiempo su paradero y causar con ello incertidumbre, temor, dolor y

intención es borrar, eliminar , sustraer a una persona de un determinado entorno, ocultar en todo tiempo su paradero y causar con ello incertidumbre, temor, dolor y desesperanza3.

En el marco del conflicto latinoamericano 4 las desapariciones forzadas se dirigie ron principalmente en contra de opositores y líderes políticos y sociales, sindicales, estudiantiles o simples militantes de dichos movimientos , buscando debilitar su continuidad; aunque también se ha dado como “ parte de una estrategia para sembrar el ter ror en personas no vinculadas con ningún movimiento o que estaban en situaciones de exclusión a fin de ampliar los daños que han generado un conflicto como una forma de debilitar y estructurar el tejido social”.

Los elementos normativos de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad fueron determinados en un principio por el bloque de constitucionalidad, en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.5 (…)

3 Castilla Juárez, Karlos A. “Desaparición Forzada, Mecanismos y estándares Internacionales”. (2018) Biblioteca jurídica, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https//bibliotecacorteidh.winkel.la/Product/ViewerProduct/489·9age=1. 4 Análisis realizado en la obra “Desaparición Forzada, Mecanismos y estándares internacionales”. 5 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.Referencia: Expediente No. 27001333300120220048201

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5 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.Referencia: Expediente No. 27001333300120220048201

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Ahora bien, con posterioridad se profirió la Ley 986 del 26 de agosto de 2005 6norma con la cual se introdujeron varios instrumentos de protección para proteger a la víctima del secuestro, a su familia y a las personas que dependían económicamente del secuestrado, sin embargo, la Corte Constitucio nal en sentencia C-394 de 2007 7declaró exequible, por los cargos estudiados , el artículo 2°, en el entendido según el cual, también son destinatarios de los instrumentos de protección consagrados en dicha ley, las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, sus familias y las personas que dependa económicamente de ellas.

La citada norma estableció, en primer lugar, las condiciones de acceso a l sistema de protección para lo cual dispuso:

Artículo 3°. Acceso al sistema. Para acceder a los instrumentos de protección previstos en la presente ley, se requerirá:

1. La certificación expedida por la autoridad judicial competente prevista en el artículo 5° de la presente ley.

2. Acreditar la condición de curador provisional o definitivo de los bi enes del secuestrado, en los términos de los artículos 5° y 26 de la presente ley.

artículo 5° de la presente ley.

2. Acreditar la condición de curador provisional o definitivo de los bi enes del secuestrado, en los términos de los artículos 5° y 26 de la presente ley.

3. Inscripción en el registro de los beneficiar ios que para el efecto llevará la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás atentados contra la Libertad Personal, Conase, o quien haga sus veces, quien expedirá las respectivas constancias.

4. Acreditar ante la Secretaría Técnica del Conase , cuando resulte pertinente , la renovación de la primera certificación expedida por la autoridad judicial competente.

Parágrafo 1°. En el evento que la víctima del secuestro recobre su libertad, podrá solicitar en nombre propio los instrumentos de protección consagrados en la presente ley a los que haya lugar, previo el cumplimiento de lo dispuesto en los numera les 1 y 3 de este artículo.

La norma en mención en su artículo 4° indicó que, para activar dicho sistema, el interesado debe obtener una certificación expedida por la autoridad judicial competente que investiga o que tiene el conocimiento del caso, en la que conste que encuentra en curso una investigación o un proceso judicial por el delito de secuestro, la cual se expide a solicitud de cualquiera de los legitimad os para adquirir la condición de curador provisional o definitivo de bienes.

También establ eció entre otras garantías, la creación de un registro único de beneficiarios (art. 6°) , se consagró que el secuestro (desaparición) constituía fuerza mayor o caso fortuito, como causal eximente de responsabilidad (ar t. 10), así como la

beneficiarios (art. 6°) , se consagró que el secuestro (desaparición) constituía fuerza mayor o caso fortuito, como causal eximente de responsabilidad (ar t. 10), así como la interrupción de plazos y términos de vencimientos de obligaciones dinerarias (art. 11).

En su artículo 13, la Ley 986 de 2005 estableció la interrupción de términos y plazos de toda clase, al indicar que “durante el tiempo de cautiverio estarán interrumpidos los términos y plazos de toda clase , a favor o en contra del secuestrado, dentro de los cuales debía hacer algo para ejercer un derecho, para no perderlo , o para adquirirlo o recuperarlo”.

Específicamente el artículo 15 indicó que “el empleador deberá continuar pagando el salario y prestaciones sociales a que tenga derecho el secuestrado al momento de ocurrencia del secuestro, ajustados de acuerdo con los aumentos legalmente exigibles”, pago que se efectuará desde el día en que el trabajador, sea este particular o servidor público, haya sido privado de la libertad y en caso de servidor público hasta

6 Por medio de la cual se ado ptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones. 7 Con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto .Referencia: Expediente No. 27001333300120220048201

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cuando se produzca su libertad, o algunas de las siguientes circunstancias: Que se

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cuando se produzca su libertad, o algunas de las siguientes circunstancias: Que se compruebe su muerte o se declare la muerte presunta o el incumplimiento del período constitucional o legal, del cargo. En los siguientes términos:

“Artículo 15. Pago de salarios, honorarios y prestaciones sociales del secuestrado . El empleador deberá con tinuar pagando el salario y prestaciones sociales a que tenga derecho el secuestrado al momen to de ocurrencia del secuestro, ajustados de acuerdo con los aumentos legalmente exigibles. También deberá continuar este pago en el caso de servidores públicos que no devenguen salarios sino honorarios.

Dicho pago deberá realizarse al curador provisiona l o definitivo de bienes a que hace referencia el artículo 26 de la presente ley. Este pago se efectuará desde el día en que el trabajador, sea este particular o s ervidor público, haya sido privado de la libertad y hasta cuando se produzca una de las siguientes condiciones:

1. En el caso de trabajador con contrato laboral a término indefinido, hasta cuando se produzca su libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta.

2. En caso de trabajador con contrato laboral a término fijo, hasta el v encimiento del contrato, o has ta cuando se produzca su libertad o se compruebe la muerte o se declare la muerte presunta si alguno de estos hechos se produce con a nterioridad a la fecha de terminación del contrato.

3. En el caso de servidor público hasta cu ando se produzca su libertad, o algunas de

declare la muerte presunta si alguno de estos hechos se produce con a nterioridad a la fecha de terminación del contrato.

3. En el caso de servidor público hasta cu ando se produzca su libertad, o algunas de las siguientes circunstancias: Que se compruebe su muerte presunta o el cumplimiento del período constitucional o legal, del cargo.

4. El cumplimiento de la edad y los requisitos para obtener la pensión, caso en el cual corresponde al curador iniciar los trámites para solicitar su pago.

No podrá reconocerse el pago de salario s u honorarios superior a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes , excepto en aquellos casos de secuestro ocurridos con an terioridad a la expedición de esta ley en los que se mantendrán las condiciones laborales previamente establecidas.

El empleador deberá continuar pagando las prestaciones sociales del secuestrado, atendiendo a las reglas de pago señaladas en los numerales 1 al 4, así como también los aportes del sistema de seguridad social integral. (…)

Es importante destacar que el artículo 27 se refirió al ámbito temporal de apl icación de las medidas allí indicadas cuando determinó que “los instrumentos de protección consagrados en la presente ley serán aplicables a los secuestrados que al momento de entrada en vigencia de la misma se encuentren aún en cautiverio, así como a quienes sean secuestrados a partir de esa fecha. También podrán acceder a los instrumentos de pro tección aplicables con posterioridad al secuestro aquellas personas que han recobrado la libertad y se encuentren dentro de los términos establecidos por la presente ley para cada uno de dichos instrumentos”.

(…)

de pro tección aplicables con posterioridad al secuestro aquellas personas que han recobrado la libertad y se encuentren dentro de los términos establecidos por la presente ley para cada uno de dichos instrumentos”.

(…)

De acuerdo con el anterior panorama norma tivo y jurisprudencia l se advierten las siguientes premisas para el pago de salarios y prestaciones a los beneficiarios de las víctimas de desaparición forzada y a las que atenderá esta Sala a efectos de resolver la controversia: “(…)

 Para activar el sis tema