TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2015-00621-01 (11-12-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Providencia Sentencia No. 138

Medio De Control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante SIRIS DEL CARMEN SÁNCHEZ MONTES DE OCA C.C.

Demandado ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” Radicado 27001333300220150062101

Instancia SEGUNDA Temas y Subtemas RELIQUIDACIÓN PENSIÓN Decisión REVOCA

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia N.º 125 del 17 de junio de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la que se resolvió: “PRIMERO. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución GNR 273443 del 31 de julio de 2014, por medio de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de vejez en favor de la señ ora Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca y la NULIDAD de las Resoluciones GNR 278246 del 10 de septiembre de 2015 y VPB 71557 del 24 de noviembre de 2015, por medio de las cuales se niega la reliquidación pensional solicitada, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

septiembre de 2015 y VPB 71557 del 24 de noviembre de 2015, por medio de las cuales se niega la reliquidación pensional solicitada, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, deberá reliquidar la Pensión de Vejez de la señora Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.439.574, en cuantía equivalente al 75 % de todos lo devengado en el último año de servicio de conformidad con las previsiones señaladas en la parte motiva de este proveído. Las diferencias de las mesadas pensionales resultantes entre los valores que le reconoció y los que le debe reconocer serán actualizadas. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, deberá descontar del valor a pagar a la accionante, los aportes correspondientes a salud de los factores salariales cuya inclusión se ordena en esta providencia y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. TERCERO. A la providencia se dará cumplimiento de conformidad con lo ordenado en el artículo 192, 194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Niéguense las demás súplicas de la demanda.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

MEDIO DE CONTOL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: SIRIS DEL CARMEN SÁNCHEZ MONTES DE OCA

CONTRA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”

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CONTRA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”

QUINTO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte demandada el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir la suma de un millón quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($1.562.484), a favor de la parte demandante.

SEXTO: Ejecutoriado el presente proveído, expídanse copias auténticas de la sentencia, con constancia de ejecutoria a las partes y al Ministerio Público; conforme lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEPTIMO. Hecho lo anterior, archívese el expediente y cancélese su radicación” (FLS – 88)

I. ANTECEDENTES La señora SIRIS DEL CARMEN SÁNCHEZ MONTES DE OCA, actuando por conducto de apoderado judicial y en e jercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó ante esta jurisdicción la nulid ad parcial por violación de la l ey la Resolución No. GNR 273443 del 31 de julio del 2014, mediante la cual, COLPENSIONES le reconoció y ordenó pagar pensión de vejez y la nulidad de las Resoluciones GNR 278246 del 10 de septiembre del 2015 y VPB 715557 del 24 de noviembre del 2015, mediante las cuales, le negó la reliquidación pensional solicitada.

de septiembre del 2015 y VPB 715557 del 24 de noviembre del 2015, mediante las cuales, le negó la reliquidación pensional solicitada. 1.1. Pretensiones En la demanda se formulan las siguientes pretensiones: Solicita la parte demandante que se declare la nulidad de las resoluciones Nos. GNR 273443 del 31 de julio del 2014, GNR 278246 del 10 de septiembre del 2015 y VPB 715557 del 24 de noviembre del 2015, a través de las cuales Colpensiones reconoció y ordenó pagar la pensión de vejez, a la señora Siris Del Carmen Sánchez Montes De Oca, en cuantía de $3.573.113, efectiva a partir del 11 de abril del 2014, la primera, y las siguientes, que le negaron la reliquidación de la prestación pensional. Como restablecimiento del derecho, pide que se condene a la entidad demandada, a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 11 de abril de 2014, inicialmente en una cuantía de $4.358.911, con un ingreso base de liq uidación indexado de $5.811.881, y posteriormente con el ingreso base de liquidación (IBL) para determinar la primera mesada pensional, indexada hasta el mes anterior de la sentencia a dictar, conforme la s leyes 33 y 62 de 1985 y demás normas concordantes. Que se ordene el pago de las mesadas pensionales y adicionales, incluyendo la indexación y los reajustes de ley, desde el 11 de abril de 2014 hasta su cancelación definitiva. Por último, solicita que se ordene que se dé cumplimiento a la sentencia, conforme a lo establecido en los artículos 188, 192, 195-4º del CPACA.”

definitiva. Por último, solicita que se ordene que se dé cumplimiento a la sentencia, conforme a lo establecido en los artículos 188, 192, 195-4º del CPACA.” 1.2. Hechos Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones los resume la Sala así: La señora Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, nació el 16 de noviembre de 1957 y cumplió 55 años el 16 de noviembre de 2012.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

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Al 30 de junio de 1995, cuando comenzó a regir el Sistema General de Seguridad Social en pensiones, tenía 37 años, lo que le permitió acogerse al régimen de transición según el artículo 36-2º de la Ley 100 de 1993. Trabajó en el sector salud en el Departamento del Chocó desde el 21 de abril de 1986 hasta el 20 de abril de 2014, acumulando un total de 27 años, 11 meses y 3 días de servicio. La remuneración devengada entre el 11 de abril de 2013 y el 11 de abril de 2014, cuando adquirió su estatus de jubilada, se detalla a continuación:

Factores Salariales Valores Devengados Doceava (1/12) Ingreso Base Liquidación Asignación mensual 4.803.908 4.803.908 Prima vacaciones 2.401.954 200.163 200.162

Valores Devengados Doceava (1/12) Ingreso Base Liquidación Asignación mensual 4.803.908 4.803.908 Prima vacaciones 2.401.954 200.163 200.162 Prima navidad 5.004.070 417.006 417.006

T O T A L 5.421.076

La remuneración de la Sra. Sánchez Montes De Oca, incluyendo todos los factores salariales devengados y la indexación de la primera mesada pensional, desde el 11 de abril de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2015, alcanza un ingreso base de liquidación indexado de $5.811.881. Aplicando una tasa de reemplazo del 75%, la pensión de jubilación resulta en $4.358.911 a partir del 11 de abril de 2014, lo cual difiere de la resolución GNR 273443 del 31 de julio de 2014. 1.3. Normas violadas En la demanda se indicaron como normas violadas las siguientes: Constitucionales: artículos 2, inciso final 5, 13, 29, 48 y 53 -3 Ley 33 de 1985: artículos 1 y 3° Ley 62 de 1985: artículo 1, inciso 3 Ley 100 de 1993: artículos 11, inciso 1, 11, 14, 21, 36-2 y 3 Ley 1437 de 2011: artículo 10.

Del concepto de violación se puede establecer que la causal de nulidad es la violación de la norma superior, en tanto que se negó la reliquidación de la pensión de vejez a la demandante con desconocimiento del derecho a la aplicación del

Del concepto de violación se puede establecer que la causal de nulidad es la violación de la norma superior, en tanto que se negó la reliquidación de la pensión de vejez a la demandante con desconocimiento del derecho a la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así como el art. 1° de la Ley 33 de 1985. 1.4. Contestación de la demanda Mediante memorial recibido el 6 de mayo de 2016, la parte demandada contest ó la demanda, se opuso a todas y cada una de las pretensiones proponiendo las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación de reliquidar la pensión de vejez; excepción innominada; compensación y pago; imposibilidad de condena en costas. Sostiene la parte accionada que lo solicitado en la demanda carece de total asidero jurídico, toda vez que a la demandante le fue reconocida la pensión de vejez conREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

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aplicación del régimen de transición pensional, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual remite a la Ley 71 de 1988 artículo 7°, prestación económica que fue liquidada con aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y a partir del cumplimiento de los requisitos concurrentes de edad y aporte o semanas cotizadas. Colpensiones mediante la Resolución GNR 273443 del 31 de

económica que fue liquidada con aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y a partir del cumplimiento de los requisitos concurrentes de edad y aporte o semanas cotizadas. Colpensiones mediante la Resolución GNR 273443 del 31 de julio de 2014, reconoce la pensión de vejez, con un monto porcentual aplicable del 75% teniendo en cuenta en la liquidación los factores salariales que contempla el Decreto 1158 de 1994 , en concordancia con lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, respecto del IBL que se debe tener en cuenta al momento de realizar una liquidación en el régimen de transición.

Por lo anterior, se colige que la prestación económica de vejez fue reconocida por Colpensiones con aplicación de la normatividad vigente para el caso de la demandante, sin que haya lugar a la reliquidación pretendida. (Fls. 57-59)

1.5. La sentencia apelada El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediant e la sentencia apelada concedió las pretensiones de la demanda, considerando que: El artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 establece los factores que se consideran salario para la cotización al sistema de seguridad social en pensiones, diferenciando entre el ingreso base de cotización (IBC) y el ingreso base de liquidación (IBL). La pensión de la señora Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca debe ser liquidada según las leyes 33 y 62 de 1985, y no según el Decreto 1158 de 1994, debido al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la liquidación debe

según las leyes 33 y 62 de 1985, y no según el Decreto 1158 de 1994, debido al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la liquidación debe incluir todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, conforme a la sentencia de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 2010, Rad. 0112-2009. M.P. Víctor Alvarado Ardila. La liquidación debe considerar los factores sobre los cuales se han realizado aportes, y cualquier factor no descontado debe ser ajustado al momento del reconocimiento de la pensión. Todos los factores que constituyen base para liquidar la pensión deben te ner aportes para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional. Consideró que, en el presente caso n o aplica la prescripción sobre las mesadas pensionales de la demandante, ya que la solicitud de reliquidación fue realizada en tiempo y negada por Colpensiones. Determinó que pro cede la reliquidación de la pensión incluyendo los factores salariales mencionados, ajustando el valor de la pensión actual para asegurar la nivelación y actualización de las mesadas futuras, pero algunos de estos conceptos se reconocen y pagan anualmente, entonces para efectos de determinar la base de liquidación lo procedente es tomar las doceavas partes de cada uno de ellos. 1.6. El recurso de apelación El apoderado de la parte demandada, dentro del término legal presenta recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en el que manifiesta estar en desacuerdo con laREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en el que manifiesta estar en desacuerdo con laREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

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interpretación normativa, explicando que existe una discrepancia entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la interpretación y aplicación de las normas pensionales, especialmente en relación con el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Indica que e l Consejo de Estado sostiene que el monto pensional debe incluir el ingreso base de liquidación (IBL) y los factores salariales, con forme al régimen legal anterior, postura que es respaldada por la Circular Conjunta No. 004 del 12 de abril de 2016, emitida por el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que ratifica la jurisprudencia del Consejo de Estado. Señala que l a liquidación del IBL de las pensiones de vejez , bajo el régimen de transición, debe realizarse conforme al art ículo 36 de la Ley 100 de 1993, que Colpensiones reconoció y liquidó la pensión de la señora Siris del Carmen Sánchez Montes De Oca de manera oportuna y conforme a las normas aplicables , por tal motivo, solicita revocar la sentencia de primera instancia y absolver a Colpensiones de todos los cargos, exonerándola de las costas impuestas. 1.7. Trámite ante la segunda instancia.

motivo, solicita revocar la sentencia de primera instancia y absolver a Colpensiones de todos los cargos, exonerándola de las costas impuestas. 1.7. Trámite ante la segunda instancia. A través del auto Interlocutorio No. 569 del 27 de noviembre de 2018, el Magistrado Ariosto Castro Perea, manifestó encontrarse impedido para conocer del trámite del presente proceso (fl.105). Mediante auto Interlocutorio No. 217 del 26 de febrero de 201 9, fue calificado y aceptado el impedimento manifestado por el Magistrado Ariosto Castro Perea, correspondiente en consecuencia el conocimiento del proceso a la magistrada Norma Moreno Mosquera (q.e.p.d.). (Fls. 107-108) Por medio del auto Interlocutorio No. 296 del 18 de marzo de 2019 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia No. 125 del 17 de julio de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. (Fl. 113) A través del Auto Interlocutorio No. 490 del 22 de mayo de 2019 se corre traslado a las partes para alegar de conclusión , y al Ministerio Público para que emita su concepto de fondo si a bien lo tiene. (fl. 118). El 22 de agosto de 2022, se realizó sorteo de conjueces para conformar la sala de decisión, resultando, seleccionados los doctores FRANCISCO VIDAL ROJAS e IROLDO LARA LUNA, pero estos nunca aceptaron la designación, ni se posesionaron; por lo que es procedente conformar con la sala con la Dra. GRACIELA TANGARIFE BETANCOURT, quien no ha manifestado impedimento para conocer el presente proceso.

LARA LUNA, pero estos nunca aceptaron la designación, ni se posesionaron; por lo que es procedente conformar con la sala con la Dra. GRACIELA TANGARIFE BETANCOURT, quien no ha manifestado impedimento para conocer el presente proceso. 1.8. Alegatos de conclusión en segunda instancia. Parte demandante En el expediente no existe constancia procesal, de pronunciamiento alguno por parte de la demandante, en esta etapa de alegaciones finales. Parte demandada A través de memorial del 6 de junio de 2019, la parte demandada reitera en esencia, los argumentos invocados en el escrito de apelación, y en tal sentidoREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

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solicita revocar la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia . (Fls.128-131) Concepto del Ministerio Público. A través de memorial del 21 de junio de 2019, el Ministerio Público emite concepto de fondo, en el cual solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y como consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda . En tal sentido , argumentó que los factores salariales incluidos en el ingreso base de liquidación (IBL) para la pensión de vejez deben ser aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes al Sistema de Pensiones y que estén enlistados en la norma correspondiente, que el actor debe acreditar que se hicieron aportes sobre estos factores al sistema de seguridad social.

aportes al Sistema de Pensiones y que estén enlistados en la norma correspondiente, que el actor debe acreditar que se hicieron aportes sobre estos factores al sistema de seguridad social. Señaló que l as pensiones de jubilación deben ser liquidadas con los factores salariales enunciados en las leyes 33 y 62 de 1985, y conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En ese sentido, la demandante no tiene derecho a que su pensión sea liquidada con todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, ya que no todos fueron tenidos en cuenta para efectuar aportes, ni están enlistados en la norma aplicable. Indicó que la indexación de la primera mesada no procede, ya que el reconocimiento de la pensión se efectuó en el mismo año del retiro del servicio, sin detrimento o perjuicio alguno. Solicitó negar las pretensiones de la demanda, exonerando a Colpensiones de las costas impuestas (Fls. 121-123).

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

Vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa, por remisión expresa del artículo 306 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

1 Ley 1437 de 2011: “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ”REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

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Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1º) del CGP, así:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que “Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteamientos por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.”2

Al respecto se debe recordar de forma insistente que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

2.2. Actos acusados.

de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

2.2. Actos acusados. Los actos administrativos demandados los constituyen los siguientes:

a) Resolución No. GNR 273443 del 31 de julio de 2014. b) Resolución No. GNR 278246 del 10 de septiembre de 2015 y c) Resolución No. VPB 715557 del 24 de noviembre de 2015, que le reconoce y ordena pagar la pensión de vejez, a la accionante, efectiva a partir del 11 de abril de 2014, confirma la primera resolución y niega la reliquidación de la prestación pensional, dictadas por Colpensiones.

2.3. Problema jurídico

Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, de conformidad con el régimen ordinario previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, o al contrario, para efectos de la liquidación pensional le es aplicable el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 19 94, como lo alega la entidad demandada. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.4.1. Reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de

como lo alega la entidad demandada. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.4.1. Reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de

2 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

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transición de la Ley 100 de 1993; 2.4.2 Hechos probados; y finalmente, 2.5. el caso concreto.

2.4. Normas y jurisprudencia aplicables 2.4.1. Reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018, C.P. Dr. CÉSAR PALOMINO CORTES, expediente 52001 -23-33-000-2012-00143-01, respecto del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben tener en cuenta para determinar el IBL de las pensiones de los trabajadores estatales dijo: “66. La aplicación del régimen pensional de transición para quien opte por este, significa que los requisitos de la edad y el tiempo, y el monto de su pensión sean

determinar el IBL de las pensiones de los trabajadores estatales dijo: “66. La aplicación del régimen pensional de transición para quien opte por este, significa que los requisitos de la edad y el tiempo, y el monto de su pensión sean los previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual remite a los regímenes pensionales anteriores, en virtud de los efectos ultractivos dados a los mismos. (…)

84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el régimen de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha suscitado controversia es el periodo que se toma en cuenta al promediar el ingreso base para fijar el monto pensional, pues el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio ”, mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que e l ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello , o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Es decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año dependiendo de la situación particular de la persona que está próxima a consolidar su derecho pensional.

establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año dependiendo de la situación particular de la persona que está próxima a consolidar su derecho pensional.

85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

(…)

90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un régimen de transición especial para el grupo de personas a las que ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente, el periodo que se iría a tener en cuenta para fijar el monto de la mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300220150062101

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CONTRA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”

de 19933, así: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el

de 19933, así: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, ac tualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en l a variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensi ón de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador e n el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

excluyó la aplicación