TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2017-00288-01 (29-09-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

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Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia Sentencia No. 116 Medio de control.

REPARACION DIRECTA

Demandante (s). LUZ MIRIAN PULGARIN Y OTROS Demandado (s). NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL Radicado. 27001333300220170028801

Instancia Segunda Temas y subtemas Culpa Personal del Agente Decisión Confirma

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Procede la Sala Primera de Decisión del Tribunal, a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la apoderada Judicial de la parte demandante , contra la sentencia No. 002 de fecha 13 de enero de 2022 , proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La señora LUZ MIRYAN PULGARIN CELIS Y OTROS, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó declarar administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional por los perjuicios a ellos causados.

1.1. LA DEMANDA.

1.1.1. Pretensiones Se transcriben inclusive con errores.

Defensa Ejército Nacional por los perjuicios a ellos causados.

1.1. LA DEMANDA.

1.1.1. Pretensiones Se transcriben inclusive con errores.

-Que se declare la NACIÓN -MINDEFENSAEJÉRCITO NACIONAL son responsables de los perjuicios que se le causaron a YENIFER GERALDINE HINESTROZA PULGARIN y a todo su grupo familiar como consecuencia de los hechos acaecidos el día 09 de agosto de 2015 a las afueras del Batallón “Julio Londoño” del Municipio de Unión Panamericana (Ánimas)1.

Que como consecuencia se le pague la suma de:

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO PERJUICIOS MORALES DAÑO A LA SALUD DAÑO FISIOLOGICO

YENIFER GERALDINE

HINESTROZA

PULGARIN VÍCTIMA 150 S.M.L.M.V. 150 S.M.L.M.V. 150 S.M.L.M.V.

LUZ MIRYAN

PULGARIN CELIS

MADRE 100 S.M.L.M.V. 100 S.M.L.M.V.

LUIS ANTONIO

PULGARIN MORENO

ABUELO MATERNO 50 S.M.L.M.V. 50 S.M.L.M.V.

LUCIA ESTER CELIS DE

PULGARIN

ABUELA MATERNA 50 S.M.L.M.V. 50 S.M.L.M.V.

JUAN DANIEL

HINESTROZA

PULGARIN

HERMANO 80 S.M.L.M.V. 80 S.M.L.M.V.

CRISTIAN CAMILO

PULGARIN CELIS

HERMANO 80 S.M.L.M.V. 80 S.M.L.M.V.

PULGARIN

HERMANO 80 S.M.L.M.V. 80 S.M.L.M.V.

CRISTIAN CAMILO

PULGARIN CELIS

HERMANO 80 S.M.L.M.V. 80 S.M.L.M.V.

1 Tenga en cuenta que Ánimas e la cabecera del municipio de Unión Panamericana.Página 2 de 14

Que se le reconozca personería para actuar.

Que se condene en costas al demandado.

1.2.2. Hechos

Las pretensiones se fundamentan en las circunstancias fácticas que se relacionan a continuación:

El 9 de agosto de 2015, la menor Yenifer Geraldine Hinestroza Pulgarín fue víctima de acceso carnal violento por parte del soldado regular Yair Cabrera Pedraza, quien prestaba servicio en el Batallón “Julio Londoño”, en las Ánimas, Chocó. La madre de la me nor denunció de inmediato lo ocurrido, y la Fiscalía de Istmina adelantó la investigación, recopilando pruebas médicas, psicológicas y documentales que confirmaron los hechos y la responsabilidad del agresor.

Tras fugarse, el soldado fue capturado en Quib dó el 4 de enero de 2016 y, en audiencia del 5 de enero, se allanó a los cargos. Posteriormente, mediante sentencia anticipada No. 007 del 10 de febrero de 2016, fue declarado penalmente responsable como autor del delito de acceso carnal violento.

Pese a la condena, la víctima sufrió graves secuelas emocionales que afectaron su vida escolar y social, lo que obligó a su familia a trasladarla fuera del departamento. Asimismo,

delito de acceso carnal violento.

Pese a la condena, la víctima sufrió graves secuelas emocionales que afectaron su vida escolar y social, lo que obligó a su familia a trasladarla fuera del departamento. Asimismo, el núcleo familiar resultó profundamente afectado, al considerar inconcebible que u n miembro del Ejército, institución llamada a proteger a la población, perpetrara un hecho tan atroz contra una menor de edad.

1.1.3. Fundamentos de Derecho

La parte actora, fundamenta la demanda en las siguientes normatividades:

 Constitución Política, artículos 2 y 90

1.1.4. Contestación de la Demanda

La Nación - Ministerio de Defensa-Ejército Nacional 2 La parte demandada contestó oponiéndose a todas las pretensiones, señalando que en el presente caso no es posible declarar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, toda vez que dentro del proceso no se ha demostrado en qué consistió la supuesta falla del servicio atribuible a la entidad, ni que esta hubiera permitido o patrocinado siquiera de manera remota, el comportamiento de su agente. Por tal motivo, no resulta jurídicamente acertado imponer una obligación reparatoria al patrimonio público por un hecho de carácter estrictamente personal de un miembro de la institución, quien, fuera del servicio, participó en la comisión de un delito contra un tercero.

Se advirtió además que no se probó la existencia de un nexo entre el daño sufrido por la menor Yenifer Geraldine Hinestroza Pulgarín y alguna función propia de la administración. Por el contrar io, quedó demostrado que se configuró el hecho exclusivo y personal del

menor Yenifer Geraldine Hinestroza Pulgarín y alguna función propia de la administración. Por el contrar io, quedó demostrado que se configuró el hecho exclusivo y personal del soldado regular, único responsable de su reprochable conducta.

Finalmente, la entidad propuso como mecanismos de defensa las excepciones de hecho exclusivo del agente, inexistencia de l nexo causal e inexistencia de imputabilidad a la entidad demandada.

1.1.5. La Sentencia Apelada.

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, a través de la sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: (que se transcribe con todo y errores)

“(…)

2 Ver índice 01 del Expediente electrónico en Samai, pagina 130.Página 3 de 14

En efecto se acredito (sic) que YAIR CABRERA PEDROZA en el momento de ejecutar la acción delictuosa (09 de agosto de 2015), se encontraba en horas no laborales, (16:00 a 17:00 pm), se aportó oficio número 6350 de fecha 27 de agosto de 2015 en el cual certifica el teniente coronel Martínez Lozano, visible a folio 74 donde enuncia el personal que se encontraba prestando turno de vigilancia en las garitas entre las 16:00 y las 20:00 sin que exista constancia que CABRERA PEDROZA se encontraba en turno, además el lugar donde accedió a la víctima es retirado a las instalaciones del batallón 20 metros aproximadamente, pues se trata de una caseta en madera, con piso de cemento, cubierta con plástico verde, tampoco portaba el uniforme, ni arma de dotación oficial, es decir

aproximadamente, pues se trata de una caseta en madera, con piso de cemento, cubierta con plástico verde, tampoco portaba el uniforme, ni arma de dotación oficial, es decir procedió a título estrictamente personal y sin ningún ligamen con el servicio. (fls 74, 56 al 59 del expediente).

(…) En el presente caso, no se comprobó que para el momento de los hechos el sold ado regular del Ej ército Nacional debiera estar prestado o que se hubiera evadido por comisión de vigilancia de sus superiores; por el contrario, según se estableció, cabrera Pedraza no se encontraba de turno en el momento de los hechos, ni tampoco que estuviera portando uniforme alguno que lo vinculara con la entidad militar.

Lo cierto es que no se comprobó que la conducta del soldado del Ejército Nacional tuviera alguna relación con el servicio o que este hubiera prevalido de su condición de miembro de la fuerza pública para causar daño, sino que se trató de un hecho que se desarrolló dentro del ámbito privado del servidor público, que se encontraba por fuera de su turno.

Es evidente entonces, que en el caso sub examine se da la figura de la culpa personal del agente, por cuanto el soldado YAIR CABRERA PEDROZA fue quien a título meramente personal y sin vínculo alguno con la prestación del servicio, accedió carnalmente a la joven Jennifer Geraldine Hinestroza. Adicionalmente un elemento que permite inferir la falta de vínculo con el servicio es que la investigación fue adelantada por la justicia ordinaria y no la penal militar, por tanto, tal circunstancia, desde la teoría de la causalidad adecuada, no puede entenderse como la causa determinante del dañ o,

falta de vínculo con el servicio es que la investigación fue adelantada por la justicia ordinaria y no la penal militar, por tanto, tal circunstancia, desde la teoría de la causalidad adecuada, no puede entenderse como la causa determinante del dañ o, descartándose así la falla imputada a la entidad, razón por la cual se declara probada la excepción de hecho exclusivo y personal del agente propuesta por la parte accionada y como consecuencia de la declaración anterior se negaran las suplicas de la demanda”.

1.1.6. El Recurso de Apelación.

Parte demandante:

La parte demandante recurrió oportunamente la decisión de primera instancia, destacando la condición del agresor en los siguientes términos: conforme a las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso, quedó plenamente demostrado que el agresor era soldado activo del Ejército Nacional de Colombia, adscrito al Batallón “Julio Londoño”; que al momento de los hechos se encontraba de servicio, pues no contaba con licencia o permiso para ausentarse del B atallón; que vestía el uniforme deportivo de dotación, y que se valió de su condición de soldado para intimidar a la víctima.

En consecuencia, la parte demandante sostuvo que el daño causado por el soldado Yair Cabrera Pedraza se produjo con ocasión del servicio militar que prestaba, en tanto las circunstancias de tiempo, modo y lugar así lo evidencian. Reiteró que, aunque no estaba desempeñando funciones de centinela, sí se encontraba en servicio, ya que no tenía autorización para ausentarse del Batallón y portaba el uniforme que lo identificaba como miembro de las Fuerzas Militares, condición que, además, permitió a la víctima reconocerlo como tal.

autorización para ausentarse del Batallón y portaba el uniforme que lo identificaba como miembro de las Fuerzas Militares, condición que, además, permitió a la víctima reconocerlo como tal.

1.1.7. Alegatos de Conclusión en Segunda Instancia.

Mediante auto No. 439 del 12 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación.

Parte demandante

No existe constancia en el expediente electrónico que la parte demandante se haya pronunciado en esta etapa procesal.

Parte demandadaPágina 4 de 14

No se evidencia en el expediente electrónico alegatos de conclusión por parte de las entidades demandadas Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional en esta etapa procesal.

Ministerio Público.

No existe en el plenario memorial que dé cuenta que el Ministerio Público haya emitido concepto en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

2.1. Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)”.

Respecto a los límites de la decisión de segunda in stancia, el Honorable Consejo de Estado, en providencia del 25 de marzo de 2015, C.P. Dr. HERNAN ANDRADE RINCON,

(…)”.

Respecto a los límites de la decisión de segunda in stancia, el Honorable Consejo de Estado, en providencia del 25 de marzo de 2015, C.P. Dr. HERNAN ANDRADE RINCON, expediente 41001-23-31-000-1999-00435-01 (28425) dijo:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo2.”

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, en concordancia con el artículo 328 del C.G.P., aplicable al caso concreto por el artículo 306 del CPACA, y la jurisprudencia citada.

2.2. Oportunidad del medio de control

El medio de control de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, se encuentra acreditado que los hechos ocurrieron el día 09 de agosto de 2015 , y la demanda se presentó el 22 de junio del año 2017 dentro del término de dos años previsto en el numeral segundo, literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

2.3 Legitimación en la Causa

presentó el 22 de junio del año 2017 dentro del término de dos años previsto en el numeral segundo, literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

2.3 Legitimación en la Causa

El Honorable Consejo de Estado, ha considerado que la legitimación en la causa se configura cuando existe identidad entre las partes del proceso y los titulares de la relación jurídico sustancial debatida, en los siguientes términos3:

“[…] Para ese efecto, es del caso señalar que la legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona (natural o jurídica), como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activafrente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-. En ese sentido, se entiende qu e la primera

3 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,, providencia de 31 de enero de 2019, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación: 1900123-3100020050094101 […]”.Página 5 de 14

(la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.”

Así las cosas, es deber del juez determinar si la parte accionante está legitimada para

tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.”

Así las cosas, es deber del juez determinar si la parte accionante está legitimada para reclamar la indemnización del daño y si el demandado es el llamado a responder por aquélla. Ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda […]” La señora Luz Miryan Pulgarin Celis actúa en nombre propio y representación de sus hijos menores de edad Juan Daniel Hinestroza Pulgarin , (hermano de la víctima), Jennifer Geraldine Hinestroza Pulgarin (vÍctima directa), los señores (a) Luis Antonio Pulgarin Moreno, Lucia Ester Celis de Pulgarin actúan en nombre propio y en calidad de abuelos de la víctima directa y Cristian Camilo Pulgarin Celis en calidad de hermano de la víctima, son las personas sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que acreditaron el parentesco con la víctima de acuerdo con los registros civiles de nacimiento allegado s al plenario, visible en la s páginas 15, 120 y 124 del expediente digitalizado4 y la calidad con la que actúan en la presente causa.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de la conducta desplegada por un soldado regular , de manera que la Nación –Ministerio de Defensa –Ejército Nacional se encuentra legitimada por pasiva en este asunto.

2.4. Problema Jurídico:

Corresponde a esta Sala establecer si en el caso objeto de estudio, procede o no confirmar

que la Nación –Ministerio de Defensa –Ejército Nacional se encuentra legitimada por pasiva en este asunto.

2.4. Problema Jurídico:

Corresponde a esta Sala establecer si en el caso objeto de estudio, procede o no confirmar la sentencia No. 002 de fecha 13 de enero de 2022 , emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las suplicas de la demanda; para lo cual se debe analizar si la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional es administrativa y extracontractualmente responsable por los daños sufridos por los demandantes, en razón por los hechos ocurridos el día 09 de agosto de 2015 en las afueras del Batallón “Julio Londoño ” del Municipio de Unión Panamericana (Ánimas), donde resultó agredida la menor YENIFER GERALDINE HINESTROZA PULGARIN.

Para dar respuesta al problema planteado se hace necesario el siguiente análisis.

2.5. MARCO TEÓRICO.

2.5.1. Fundamentos normativos y jurisprudenciales que rigen el caso

2.5.2. Responsabilidad estatal.

El Estado asume la responsabilidad en varias modalidades:

2.5.2.1. Responsabilidad subjetiva.

Esta responsabilidad se presenta cuando existe falla o falta en el servicio, y se exterioriza de varias formas, esto es, cuando:

1. No se prestó el servicio.

2. Se prestó de manera inadecuada.

3. Se prestó adecuadamente, pero en forma tardía.

Los anteriores eventos suceden por culpa de los agentes del Estado, siendo esencial probar la culpa. Carga procesal que corresponde a la parte demandante.

3. Se prestó adecuadamente, pero en forma tardía.

Los anteriores eventos suceden por culpa de los agentes del Estado, siendo esencial probar la culpa. Carga procesal que corresponde a la parte demandante.

Para que esta clase de responsabilidad comprometa al Estado se hace necesario que se presenten varias circunstancias:

4 Indice 01 del Expediente electrónico en Samai.Página 6 de 14

a) Un Hecho: Puede ser omisión, retardo, irregularidad o deficiencia del servicio, por acción u omisión de las autoridades públicas.

b) La Culpa: Es la ausencia o anomalía del servicio, puede ser imputable a un determinado agente del Estado o ser anónima de la administración, cuando no es identificable la persona que hace defectuosa la prestación del servicio.

c) Un Daño: El hecho físico o material que modifica de alguna manera la integridad de una persona, cosa o situación, se diferencia del perjuicio ya que éste lo constituyen las consecuencias que se derivan de ese hecho.

Las condiciones necesarias para que el perjuicio sea indemnizable, son:

• Que sea cierto, determinable: presente o futuro cierto, porque existe y se proyecta, inclusive, al futuro.

• Que sea particular: a las personas que solicitan la reparación.

• Anormal, por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionam iento del servicio.

• Que sea protegido jurídicamente, porque recae sobre bienes objeto de tutela judicial objetiva pertenecientes a quien los reclama mediante acción judicial.

d) Una relación causal o nexo de causalidad.

Para que el Estado se libere de tal responsabilidad es necesario que se pruebe que sus

objetiva pertenecientes a quien los reclama mediante acción judicial.

d) Una relación causal o nexo de causalidad.

Para que el Estado se libere de tal responsabilidad es necesario que se pruebe que sus servidores obraron en forma oportuna, diligente, eficiente y que a pesar de ello no fue posible evitar el hecho dañoso,

En esta clase de responsabilidad estatal la cul pa aparece como factor predominante y tiene dos modalidades:

Primera, se denomina falla presunta, en donde la parte afectada está liberada de su prueba, siendo esta una excepción a la forma general de la falla probada. De ella se derivó el régimen de resp onsabilidad objetiva para las actividades peligrosas a la que se llama presunción de responsabilidad.

Segunda, la falla probada, es la forma general, aquí el afectado debe probar todos los elementos constitutivos de la responsabilidad incluida la culpa.

2.5.2.2. Responsabilidad objetiva.

Esta responsabilidad ocurre cuando estamos en presencia de un:

2.5.2.2.1. Riesgo excepcional: no se trata ya de la prestación defectuosa de una función administrativa o servicio público (falla del servicio), sino del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas establecidas por la ley, ocasionado por la exposición del administrado a un riesgo excepcional a través del ejercicio de una actividad peligrosa o el uso de un instrumento de esa misma condi ción. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado5:

“En consecuencia, en la actualidad, cuando se discute la responsabilidad del Estado por daños causados con elementos o actividades peligrosas -uso de armas de fuego de dotación oficial, uso de vehículos automotores oficiales, conducción de energía eléctrica - ha

“En consecuencia, en la actualidad, cuando se discute la responsabilidad del Estado por daños causados con elementos o actividades peligrosas -uso de armas de fuego de dotación oficial, uso de vehículos automotores oficiales, conducción de energía eléctrica - ha entendido la Sala que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo excepcional. En efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es el uso de vehículos automotores, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales elementos peligrosos 6. El mencionado título de imputación puede ser empleado tanto en

5 Sección Tercera, Expediente No. 25020 Radicación No. 25000 23 26 000 1999 00631 01 de 03/05/07. MP. Ramiro Saavedra Becerra. 6 Consejo de Estado, S.C.A. Sección Tercera, sentencias de: mayo 11 de 2006, exp. acumulados 14694 y 15640, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; julio 14 de 2005, Exp. 14974, C.P. Ruth Stella Correa; diciembre 4 de 2006, Exp. 15723; de la mismaPágina 7 de 14

favor de terceros, como para los conductores de tales vehículos y para los servidores públicos que los acompañan para el cumplimiento de funciones propias del servicio.

En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño antijurídico y el nexo causal entre éste y la acción u omisión de la

públicos que los acompañan para el cumplimiento de funciones propias del servicio.

En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño antijurídico y el nexo causal entre éste y la acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez, la Administración para exonerarse de responsabilidad deberá acreditar que éste último elemento no existe o que es apenas aparente, mediante la co mprobación de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero.”

2.5.2.2.2. Daño Especial: Es el derivado de la exposición de un grupo de ciudadanos o de un individuo en particular, al ejercicio legítimo de la actividad administrativa. Sobre este punto la jurisprudencia ha señalado7:

“Más, surge de la jurisprudencia compendiada, que aún la actividad estatal absolutamente legítima, tanto por la existencia y extensión del derecho que ejercita como por la fidelidad al procedimiento determinado legalmente, puede dar lugar a la indemnización del daño causado al administrado, que es lo que se conoce como responsabilidad sin falta.

Lo anterior importa que tal tipo de responsabilidad excluye, la derivada de la ilegalidad del acto administrativo, los casos de responsabilidad por falta o falla del servicio o de la administración y lógicamente, con mayor razón, la derivada de las vías de hecho.

Responde el Estado, a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y

acto administrativo, los casos de responsabilidad por falta o falla del servicio o de la administración y lógicamente, con mayor razón, la derivada de las vías de hecho.

Responde el Estado, a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando el obrar de tal modo, en 'beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal actividad se desarrolla, causa al administrado un daño especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o a la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado”.

El régimen de responsabilidad por daño especial se configura con la concurrencia de los siguientes elementos:

"1.- Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una actuación legitima de la administración amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar d eterminados administrados.

Significa lo anterior que el quebrantamiento de la igualdad frente a las cargas públicas imponga a ciertos administrados un mayor sacrificio al que normalmente deben soportar los asociados en general.

2.- Que se concrete un daño que lesiona un derecho jurídicamente tutelado el cual debe revestir las condiciones de cierto, concreto y particular.

3. - y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado.

En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que

3. - y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado.

En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que le representa un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios. (…) 8"

Lo esencial en esta clase de responsabilidad es establecer el daño antijurídico y el nexo causal, pues se descarta la falla en el servicio o el elemento culpa.

En estos eventos, es causal de liberación de la responsabilidad estatal la existencia de un hecho extraño que rompa el nexo de causalidad entre el hecho y el daño. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido como eximentes de responsabilidad la fuerza mayor,

fecha Exp. 18479, ambas C.P. Mauricio Fajardo; entre otras. 7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp. 1482. Sentencia del 28 de octubre de 1976. M.P.: Jorge Valencia Arango. Citado en el fallo de 04/12/06, Expediente: 25000233100012057 01, Número interno: 16.193. M.P Mauricio Fajardo Gómez

8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp. 10392. Sentencia de l 25 de septiembre de 1997. M.P. Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.Página 8 de 14

la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero.

Ballesteros.Página 8 de 14

la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero. De la culpa Personal del Agente conforme la Jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares por parte de servidores públicos , la jurisprudencia del Consejo de Estado 9 ha indicado que debe acreditarse el nexo o vínculo con el servicio.

En ese sentido el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 02 de junio de 2023, radicado 53157, sostuvo:

“No todas las actuaciones de los funcionarios públicos comprometen la responsabilidad de la Administración, sino solo aquellas que tengan algún nexo o vínculo con el servicio, puesto que, si bien los agentes estatales son personas investidas de dicha calidad, lo cierto es que dentro de su ámbito privado act úan como cualquier particular y pueden cometer infracciones y delitos comunes, “sin relación alguna con su calidad de funcionarios, es decir, separados por completo de toda actividad pública.

A su vez, en sentencia del 29 de abril de 2015, radicado 31406, sostuvo:

“En este sentido, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que la calidad de funcionario público por sí sola resulta insuficiente para imputar al Estado el daño causado por el agente, pues, aunado a su condición, la conducta deberá guardar relación con el servicio directa o indirectamente, pues es éste, más que el agente, el que hace responsable a la administración. Señala la jurisprudencia10: Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar

relación con el servicio directa o indirectamente, pues es éste, más que el agente, el que hace responsable a la administración. Señala la jurisprudencia10: Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para esta blecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sin