TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2021-00017-01 (28-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiocho (28) mayo de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 69

REFERENCIA: 27001333300220210001701

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: LILIANA DEL SOCORRO

NEGRETE OSORIO

DEMANDADO: HOSPITAL EDUARDO

SANTOS DE ISTMINA

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la Sentencia No. 353 del 29 de septiembre de 2023 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la señora LILIANA DEL SOCORRO NEGRETE OSORIO contra el HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE ISTMINA, a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: Que mi poderdante, la señora LILIANA DEL SOCORRO NEGRETE OSORIO, siendo una mujer de 34 años de edad, ya con antecedentes de un procedimiento de parto por vía de cesárea; el día dos de agosto del año 2020, en las horas de la mañana, ingresó al Hospital Eduardo Santos de Istmina, a la unidad de urgencia, por dolores y contracciones de posible trabajo parto, toda vez que ya contaba con 39 semanas de gestación.

Eduardo Santos de Istmina, a la unidad de urgencia, por dolores y contracciones de posible trabajo parto, toda vez que ya contaba con 39 semanas de gestación.

SEGUNDO: Que una vez ingresada, se le toman los signos vitales, se examina por el médico de turno y aunque este sostiene que la paciente se encuentra en proceso de preparto, el mismo, determina que su dilatación aun no es suficiente para el parto y la envía para la casa.

Programándole un control para dentro de cuatro horas.

TERCERO: Estando la señora NEGRETE OSORIO, en su residencia, se le incrementaron los dolores y número de contracciones, por lo que se dirigió a eso de las diez de la mañana nuevamente al referido Hospital, en donde fue examinada de nuevo, y por no contarse aún con la dilatación necesaria (según el médico), se indicó que debía inducirse al trabajo de parto, y le fueron formulados 10 tabletas de un medicamento llamado Misoprostol Tab. 200mg, y fue enviada de nuevo para su residencia, con la orden de regresar a la hor a antes programada con el medicamento recetado.

CUARTO: Que una hora más tarde, llegó nuevamente mi poderdante a la unidad médica señalada, con el medicamente formulado, fue examinada de nuevo y hospitalizada. Manifiesta mi poderdante que, inici ó a tener un sangrado leve, y que, entrada la noche, (entre 7:00 pm y.8:00 pm) le fue suministrado el medicamento (Misoprostol Tab. 200mg) vía vaginal, posterior a esto, mi poderdante, la señora Negrete Osorio, empezó a sentirse mucho peor de cómo se sentía

y.8:00 pm) le fue suministrado el medicamento (Misoprostol Tab. 200mg) vía vaginal, posterior a esto, mi poderdante, la señora Negrete Osorio, empezó a sentirse mucho peor de cómo se sentía inicialmente, a sentir movimientos extraños en su vientre y, a presentar sangrado muy abundante.REFERENCIA: 27001333300220210001701

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QUINTO: Que efectivamente el proceso de parto se complicó por y desde el suministro del medicamento arriba mencionado, y en las horas de la noche, entrando la madrugada, fue remitida a la ciudad de Quibdó, donde no pudieron salvar la vida del niño que esperaba.

SEXTO: Que la señora NEGRETTE OSORIO, manifiesta, que llegada a la ciudad de Quibdó e internada en la clínica de Comfachocó, fue ingresada de urgencia al quirófano para cirugía donde debieron sacarle matriz, y los ovarios (histerectomía total) y producto de esta cirugía quedó en coma por un lapso de tres días.

SÉPTIMO: Que producto de ese mal procedimiento médico, en la E.S.E Hospital Eduardo Santos de Istmina, no solo le cercenaron e l sueño de ser madre por segunda vez, asesinando a su nasciturus, sino que también pusieron en riesgo su integridad, la vida, la salud mental de ella y

de Istmina, no solo le cercenaron e l sueño de ser madre por segunda vez, asesinando a su nasciturus, sino que también pusieron en riesgo su integridad, la vida, la salud mental de ella y la de su menor hijo DUVAN YESID ARRIETA NEGRETE, quien también se ha visto afectado psicológicamente por todo este proceso de la pérdida del hermanito que esperaban”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos facticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Que la ESE Hospital Eduardo Santos de Istmina , sea declarado administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a mi poderdante y a su núcleo familiar por la mala realización del procedimiento de parto que se le realizara el día dos (2) de agosto de dos mil veinte (2020), procedimiento ejecutado por el médico EDGAR COSSIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.528.478, que le causó la muerte al hijo que esperaba, como también de las lesiones y perjuicios causado en la cirugía realizada en la clínica de Comfachocó en la ciudad de Quibdó, por ser esta última accesoria o generada por el mal procedimiento de trabajo de parto que tuvo sus génesis en la ESE Hospital Eduardo Santos de Istmina, hoy demandada.

SEGUNDA: En consecuencia a la primera declaración, conde nar a la ESE Hospital Eduardo Santo de Istmina y Solidariamente al médico EDGAR COSSIO , a pagar a modo indemnización a la señora LILIANA DEL SOCORRO NEGRETE OSORIO, a su núcleo familiar y/o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orde n material y moral,

indemnización a la señora LILIANA DEL SOCORRO NEGRETE OSORIO, a su núcleo familiar y/o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orde n material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de ciento cincuenta (150) Salario Mínimos Legales Mensuales Vigentes, sea decir Ciento Treinta y Un Millones Seiscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos ($131.670.450.0o) o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

TERCERA: La condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.P.A.C.A., aplicando en la liquidación la variació n promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

CUARTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.P.A.C.А.”.

3. Trámite procesal.

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 030 del 9 de febrero de 2021 se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio Público, como en derecho corresponde.

La entidad demandada HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE ISTMINA, no contestó la demanda o por lo menos no existe constancia procesal de ello.REFERENCIA: 27001333300220210001701

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4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 353 del 29 de septiembre de 2023 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el a quo argumentó:

“(…) No obstante, de lo que se avizora, a pesar de la paciente haber tenido antecedentes de parto prolongado y realización de una cesárea previa, el trabajo de parto tratado el 2 de agosto de 2020, no fue atendido con la diligencia necesaria, pues se devolvió a la paciente para su casa, en lugar de dejarla en seguimiento. No obsta nte, aunque eso sea de suma importancia, lo que hay que determinar en primer lugar la causa de la muerte del bebé que estaba por nacer y que se resolvieran las siguientes incógnitas. -Si el procedimiento realizado por los médicos fue el adecuado para el antecedente o riesgo que representaba. -Si era conveniente el uso de medicamentos como el misoprostol para la inducción del parto o era necesaria una nueva intervención como la cesárea. -Si requería desde cierto momento la remisión a un nivel de mayor complejidad de acuerdo a las condiciones del parto. -Que al estudiar la historia clínica se encontrara que un mal procedimiento en la atención del

era necesaria una nueva intervención como la cesárea. -Si requería desde cierto momento la remisión a un nivel de mayor complejidad de acuerdo a las condiciones del parto. -Que al estudiar la historia clínica se encontrara que un mal procedimiento en la atención del alumbramiento ocasionó la muerte del feto o este falleció por la prolongación del mismo. -Si existió en el proc eso de alumbramiento una anomalía que conllevó a la ruptura del útero y por consiguiente la extirpación de este. -Que indicara las posibles causas de la ruptura del útero y/o si ante ello era necesario practicar la histerectomía, entre otras Estos interrogantes, solo podrían ser resueltos por un profesional de la salud, con especialidad en ginecología y obstetricia, por lo que en ese caso, la prueba pericial hubiese sido un aporte fundamental para esclarecer este asunto, porque de acuerdo con la jurisprudencia arriba citada, no basta con que el actor redacte los hechos de la demanda, acredite el daño causado, sino, establecer que es de vital importancia para la prosperidad de la pretensiones, probar el nexo de causalidad, así que, como de manera textual, dijo el H. Consejo de Estado, a la víctima del daño que pretende la reparación le corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y de que tal falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. Así mismo, manifiesta al alto Tribunal de lo contencioso Administrativo, que la carga de la prueba de una actuación debe estar rodeada de diligencia y cuidado de tal forma que se lleve al operador

Así mismo, manifiesta al alto Tribunal de lo contencioso Administrativo, que la carga de la prueba de una actuación debe estar rodeada de diligencia y cuidado de tal forma que se lleve al operador judicial a un nivel de convicción elevado, respecto a los hechos que se quieren probar, pues a pesar de ser este un caso especial, la carga de la prueba continúa en cabeza de quien demanda; así mismo, la entidad , ante dichas pruebas, debe contrapr obar lo demostrado por el actor, no obstante, lo que aquí no se vio es que no se aportó prueba pericial, ni documental en el cual un profesional idóneo en la materia, de acuerdo a su experiencia, diera su concepto para la resolución del caso, tampoco se valoró al feto en el Instituto de Medicina Legal para determinar la causa de la muerte. (…) Por último, este despacho no es ajeno a las calamidades humanas y situaciones tan difíciles como esta, lamenta la pérdida del bebé y de la capacidad reproductiva de l a señora LILIANAREFERENCIA: 27001333300220210001701

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Página 4 de 18 DEL SOCORRO OSORIO NEGRETE, no obstante, de acuerdo a lo dicho con anterioridad, no es posible acceder a las pretensiones de la demanda (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de

es posible acceder a las pretensiones de la demanda (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa anotación de rigor en SAMAI”.

5. RECURSOS DE APELACIÓN.

Dentro del término legal, la parte demandante, formuló recurso de apelación, argumentando que los hechos expuestos en la demanda y las pruebas llegadas al plenario permiten determinar el nexo causal del daño causado a la señora Liliana del Soco rro Negrete Osorio y al beb é que esperaba. Es decir, que l as lesiones causadas a estos, claramente se derivan de la atención inapropiada que tuvo en la entidad demandada, toda vez , que la paciente y su niño por nacer, llegaron en buen estado de salud a este centro de atención y los procedimientos allí adelantados no fueron idóneos.

Adicionalmente, precisó que si bien la carga de la prueba recae sobre la parte demandante no se puede desconocer la carga dinámica de la prueba que se establece en el artículo 167 del Código General del Proceso, al cual debe dársele aplicación en virtud del principio de integridad normativa y así las cosas, debió trasladársele la carga de la prueba a la parte demandada, toda vez que esta se encontraba en mejor posición para entregar con integridad los documentos que dieran razón a los ocurrido en el procedimiento m édico de parto aplicado a l a señora LILIANA NEGRETTE OSORIO, por cuanto debió tenerse claridad que en los archivos del Hospital

dieran razón a los ocurrido en el procedimiento m édico de parto aplicado a l a señora LILIANA NEGRETTE OSORIO, por cuanto debió tenerse claridad que en los archivos del Hospital Eduardo Santos de Istmina, reposaban los documentos (historia clínica) completos de todos los procedimientos y anotaciones pormenorizadas de enfermería que se llevaron a cabo a la señora NEGRETTE OSORIO, los cuales, no fueron aportados por la entidad demandada a pesar de la solitud efectuada por el A quo.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio N° 1160 del 18 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia N°353 del 29 de septiembre de 2023 , y se ordena notificar al Ministerio Público, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011; de igual forma.

7. CONSIDERACIONES

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evid encien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear lo siguiente:

8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1531 del Código de Procedimiento Administrativo

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ”REFERENCIA: 27001333300220210001701

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Página 5 de 18 y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó.

9. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Segundo Administ rativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tó picos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tó picos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunci arse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta inaplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia

del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima e n la

2 Consejo de Estado, Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-0000801(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Jud icial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección T ercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-0216701(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza,

Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001 -31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson

Quiroz Monsalvo.REFERENCIA: 27001333300220210001701

Quiroz Monsalvo.REFERENCIA: 27001333300220210001701

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Página 6 de 18 mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “ el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitució n como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, p ues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concep to de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la

Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, c orresponde estudiar el cargo de desconocimiento de normas superiores expuesto por el actor en su demanda. Máxime cuando, como se verá líneas abajo, el razonamiento del Tribunal con respecto a la falta de competencia del Concejo Distrital fue equivocado, lo que arroja como resultado que al caerse el fundamento del fallo de primera instancia el cargo de vulneración de normas superiores quedaría sin ser estudiado; situación contraria al derecho de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 229 de la C onstitución y a la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, proclamado por el artículo 40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, p ara la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, p ara la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que del escrito de apelación, ni del estudio sistemático del expediente se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia, para revocar o modificar las providencias de primera instancia, es decir, en este caso, la Sala no advierte ningún tipo de violación a los derechos fundamentales de las partes, por el contrario, en el trámite de este proceso, se han respetado las reglas propias del juicio (derecho de defensa y contradicción) incluso se le ha dado a las parte la oportunidad de recurri r; por lo que esta Sala tan solo estudiará los reproche s que de manera puntual realizó la parte demandante a la sentencia de primera instancia, de todas formas, si la Sala estima necesario realizar algún pronunciamiento en aras de efectivizar los derechos fundamentales del proceso, lo hará.

10. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la parte demandada es administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte del nasciturus ocurrida el 2 de agosto de 2020 por la presunta falla y/o falta en la prestación del servicio médico asistencial brindado a la señora Liliana del Socorro Negrete Osorio, o si por el contrario, se encuentra probada alguna excepción que libere a la entidad demandada del deber jurídico de reparar. En consecuencia, la Sala abordará el asunto de la siguiente manera: i. La responsabilidad estatal derivada de la prestación de servicios de salud; ii. Carga de la prueba como presupuesto para

que libere a la entidad demandada del deber jurídico de reparar. En consecuencia, la Sala abordará el asunto de la siguiente manera: i. La responsabilidad estatal derivada de la prestación de servicios de salud; ii. Carga de la prueba como presupuesto para

4 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.REFERENCIA: 27001333300220210001701

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Página 7 de 18 declarar responsabilidad patrimonial de las entidades públicas y iii. Caso en Concreto.

11. La responsabilidad estatal derivada de la prestación de servicios de salud

La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha consolidado una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud 5, en virtud de la cual aquella es de naturaleza subjetiva; es la fa lla probada del servicio la que hace posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica y hospitalaria, de suerte que, en términos generales, es carga del demandante acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y este6.

Por virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por Colombia7, los estados signatarios reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud fí sica y mental”, garantía que la Carta Política de 1991 tradujo en el

Colombia7, los estados signatarios reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud fí sica y mental”, garantía que la Carta Política de 1991 tradujo en el deber estatal de garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

En ese sentido, dicho órgano realiza una interpretación a ese derecho social no solo como la posibilidad formal de acceder a esa clase de servicios, sino a que estos se presten de manera eficiente, digna, responsable, diligente y de acuerdo con la lex artis; debe traducirse por tanto, en que a quien en evidentes condiciones de debilidad, derivadas de la enfermedad que lo aqueja, acude en procura del servicio, se le brinde una atención de calidad que le permita tener las mejores expectativas de recuperar la salud.

Esa interpretación no supone una obligación de resultado para el prestador del servicio, sino que debe concebirse como la garantía del paciente a obtener la atención en las mejores condiciones disponibles, bajo el entendido de que quien acude en busca de un servicio médico confía en que será tratado de manera adecuada.

Por otra parte, en relación con la carga de la prueba, se ha dicho que corresponde, en principio, al demandante, pero dicha exigencia se modera mediante la aceptación de la prueba indirecta de estos elementos de la responsabilidad a través de indicios8. Al respecto, el Consejo de Estado sustenta9:

La responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico asistencial no se deriva simplemente a partir de la sola constatación de la intervención de la actuación médica, sino que debe acreditarse que en dicha actuación no se observó la lex artis y

La responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico asistencial no se deriva simplemente a partir de la sola constatación de la intervención de la actuación médica, sino que debe acreditarse que en dicha actuación no se observó la lex artis y

5 Es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en plen