TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2021-00295-01 (24-06-2025)

Sentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ

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Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 089

RADICADO: 27001333300220210029501

DEMANDANTE: MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ Y

OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

TEMA: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

DE REPARACIÓN DIRECTA

(SUSPENSIÓN DE TERMINOS EN

VIRTUD DE LA EMERGENCIA

SANITARIA DECLARADA POR EL COVID

19)

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó resuelve la apelación presentada por la parte demandante contra la sentencia de fecha 21 de abril de 2025, a través de la cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

de Quibdó, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Sentencia de primera instancia y 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

2.1. Tesis de la parte demandante

2. Los señores MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ , HENRY RODRÍGUEZ

MACHADO, ALDEMAR RODRÍGUEZ VALOYES, MARTA VALOYES RENTERÍA,

INGRID PAOLA MENA RENTERÍA, CARLOS ANTONIO RODRÍGUEZ, MARÍA ELENA RODRÍGUEZ, YONATAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ROSARIO MOSQUERA RODRÍGUEZ y MARÍA ESTEFANA RODRÍGUEZ; y los menores

ANYILETH RODRÍGUEZ, EXBLEIDER ZULUAGA, INGRIS JHOANA

RODRÍGUEZ, JHOAN ANDRÉS RODRÍGUEZ, WERBI ANDRÉS RODRÍGUEZ,

YHONATAN RODRÍGUEZ, JUAN DAVID RODRÍGUEZ, ANGÉLICA MACHADO, LEIDY RODRÍGUEZ, CÉSAR A. RODRÍGUEZ, LILIANA RODRÍGUEZ, STHEFANY RODRÍGUEZ y DIRLEZA DENAICY ZULUAGA por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la

RODRÍGUEZ y DIRLEZA DENAICY ZULUAGA por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN con el fin de que se le declare administrativa y patrimonialmente respons able por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos irrogados por la privación injusta de la que fue víctima la señoraSentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

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MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ desde el 26 de agosto de 2012 hasta septiembre de 2018.

3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, las cuales se

transcriben con todo y errores:

"PRIMERA: Señor juez, se declare responsable a la fiscalía general de la nación de los daños ocasionados a la señora MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ CEDULA 26.344.627, por la detensión (sic) y privación de la libertad, causante de los daños antijurídicos.

SEGUNDA: Como consecuencia del hecho anterior se condene a la fiscalía general de la nación al pago de los perjuicios materiales e inmateriales a mis clientes así.

Se solicita el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios causados a

SEGUNDA: Como consecuencia del hecho anterior se condene a la fiscalía general de la nación al pago de los perjuicios materiales e inmateriales a mis clientes así.

Se solicita el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios causados a mis poderdantes la señora MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ CEDULA 26.344.627 por los daños materiales e inmateriales teniendo en cuenta el alcance del artículo 16 de la ley 446/1998, equivalente a ($30.000.000) treinta millones de pesos por pago de abogados y demás.

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL

Señor juez, MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.344.627

COMO DAÑOS MORALES EL PAGO DE 300 SALARIOS MÍNIMOS

DECIMO QUINTO (SIC) Señor juez, la menor ANYILETH RODRÍGUEZ, se solicitara (sic) como daños morales el pago de100 salarios mínimos

Señor juez, LA MENOR DIRLEZA DENAICY ZULUAGA R se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, EL MENOR EXBLEIDER ZULUAGA R se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, LA MENOR INGRIS JHOANA RODRÍGUEZ , se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, EL MENOR JHOAN ANDRES RODRI GUEZ se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, EL MENOR JHOAN ANDRES RODRI GUEZ se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, para el señor MARIA ELENA RODRIGUEZ solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, para el menor WERBI ANDRES RODRIGUEZ se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, LA MENOR ANGELICA MACHADO, se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez, EL MENOR YHONATAN RODRIGUEZ, se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

Señor juez JUAN DAVID RODRÍGUEZ, solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimosSentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

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Señor juez, para el señor HARRY RODRIGUEZ MACHADO, se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

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Señor juez, para el señor HARRY RODRIGUEZ MACHADO, se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos Señor procurador, para la señora MARIA ESTEFANA RODRIGUEZ M, CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 35.602.362, se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

MARIA ESTEFANA RODRIGUEZ M, CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 35.602.362 (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

MENOR, LEIDY RODRIGUEZ (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

YONATAN RODRIGUEZ (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ CEDULA 82140362 (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

NGRID (SIC) PAOLA MENA RENTERIA CEDULA 1078.921.010 (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

MARTA VALOYES RENTERIA CEDULA 1.133669204 (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

ALDEMAR RODRIGUEZ MENOR (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

HENRY RODRIGUEZ MACHADO CEDULA 1078918514 (…) se solicitara (sic)

ALDEMAR RODRIGUEZ MENOR (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos

HENRY RODRIGUEZ MACHADO CEDULA 1078918514 (…) se solicitara (sic) como daños morales el pago de 100 salarios mínimos. (…)”.

4. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes1, los

cuales se transcriben con todo y errores:

“PRIMERO. Señor juez, se encuentra que LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.344.627, fue sindicada del delito de rebelión por hechos ocurridos desde el año 2002, y privad a de la libertad el día 26 de agosto del año 2012, hasta septiembre del año 2018, por solicitud de la FISCALÍA QUINTA PROMISCUA SECCIONAL –CHOCO, quien solicit ó su captura ante el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulante con sede Quibdó, realizándole en el acto de audiencia concentrada formulación de imputación por los delitos siendo absuelto el dia 15 de agosto del 2019, por preclusión de la investigación, por el juzgado primero penal del circuito de Quibdó, con funciones de conocimiento, acto qye genero (sic) unos daños antijudío (sic) en la privación injusta de la libertad a raíz del proceso penal iniciado por la fiscalía general de la nación.

SEGUNDO. Señor juez, la señora MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.344.627 fue sindicada del delito de rebelión por hechos ocurridos desde el año 2002, y privado de la libertad a solicitud de la fiscalía general de la

26.344.627 fue sindicada del delito de rebelión por hechos ocurridos desde el año 2002, y privado de la libertad a solicitud de la fiscalía general de la nación.

1 Los cuales se transcriben incluso con errores.Sentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

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TERCERO. Señor juez, la señora MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.344.627, por los hechos objeto de la imputación fue llevado a juicio y absuelto. El día 15 de agosto del 2019, por preclusión de la investigación, por el juzgado primero penal del circuito de Quibdó, con funciones de conocimiento,

CUARTO. Señor juez, la señora MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.344.627 se le vinculo al grupo subversivo E.L.N, el cual delinque en el corregimiento de VILLA CLARET ANDAGUEDA, LLORO Y BAGADO.

QUINTO Señor juez, la fiscalía general de la nación le atribuyo a la señora MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.34 4.627. el hecho de pertenecer al grupo subversivo E.L.N, el cual delinque en el corregimiento de

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.34 4.627. el hecho de pertenecer al grupo subversivo E.L.N, el cual delinque en el corregimiento de VILLA CLARET, ANDAGUEDA, LLORO Y BAGADO. Imputándole y sindicando el delito de concierto para delinquir, en juicio oral no pudiendo desvirtuar el principio de inocencia de mi cliente.

SEXTO. Señor juez, ante el juzgado penal del circuito de Quibdó, con funciones de conocimiento se realizó audiencia el día 15 de agosto del 2019, por preclusión de loa investigación, por el juzgado primero penal del circuito de Qu ibdó, con funciones de conocimiento resultando absuelta la señora MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CEDULA 26.344.627 se estableció falta de pruebas para desvirtuar el principio de inocencia de mi cliente.

SÉTIMO. Señor juez, la señora MARIA DEL ROSARIO RODRIGU EZ CEDULA 26.344.627 a raíz del acto de solicitud de captura y materializada quedando privada de la libertad e imputada con los delitos de concierto para delinquir y fue llevada a juicio y absuelta ante la imputación que hizo la fiscalía general de la nación, ocasiono una privación injusta de la libertad de mi cliente por más de 7 años.

OCTAVO. Señor juez, el señor JAIME RODRIGUEZ MOSQUERA, persona mayor de edad identificado con cedula número, 11800262, A RAIZ del acto de solicitud de captura y materializa da quedando privada de la libertad e imputada (sic), sindicado con los delitos de concierto para delinquir y la

mayor de edad identificado con cedula número, 11800262, A RAIZ del acto de solicitud de captura y materializa da quedando privada de la libertad e imputada (sic), sindicado con los delitos de concierto para delinquir y la medida de aseguramiento privado de la libertad en lugar intramural que solicitud la fiscalía general de la nación, ocasionando un daño antijuríd ico a mi cliente que debe ser resarcido, inconclusión el daño antijurídico resarcible por privación injusta de la libertad.

(…)”.

2.2. Tesis de la parte demandada

5. La entidad demandada NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , contestó la demanda dentro del término establecido para tales efectos, oponiéndose a las pretensiones de la misma , argumentando que actuó conforme las normas vigentes para la época de los hechos, razón por la cual, no se puede predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error o privación injusta de la libertad de la señora María del Rosario Rodríguez.

6. Además, consideró que al estar la demandante judicializada por el delito de rebelión, ameritaba ser investigada por parte de esa institución. Manifestó que, no está legitimada en la causa por pasiva al no ser quien dictó la medida restrictivaSentencia 2da instancia (R/D)

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de la libertad en contra de la demandante, por ende, en caso de encontrarse probado el daño antijurídico, el mismo no le es imputable.

2.3. Sentencia de primera instancia

7. Mediante Sentencia de fecha 21 de abril de 2025 , e l Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto y (ii) negar las pretensiones de la demanda.

8. Lo anterior, al considerar que la parte demandante tenía hasta el 17 de agosto de 2021 y solo hasta el 24 de agosto de 2021 presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público como requisito de procedibilidad, cuando ya había operado el fenómeno de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto.

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

9. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que el A quo no tuvo en cuenta que mediante acuerdo PCSJA20-11581 de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura conforme al decreto 417 del 2020 y decreto legislativo No. 564 de 2020, se suspendieron los términos de caducidad por motivo de la pandemia producida por el Covid -19 desde el 16 de marzo hasta

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura conforme al decreto 417 del 2020 y decreto legislativo No. 564 de 2020, se suspendieron los términos de caducidad por motivo de la pandemia producida por el Covid -19 desde el 16 de marzo hasta el 30 de juni o de 2020, reanudándose los mismos el 1 de julio de 2021 y por tal razón, no operó en el presente asunto el fenómeno de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto.

10. A través del Auto de fecha 9 de junio de 2025 , esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la parte demanda nte y no existe constancia de pronunciamiento alguno con posterioridad.

CONTROL DE LEGALIDAD

11. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1 Competencia; 4.2. Problema jurídico de instancia; 4.3. Tesis de la Sala; 4.4. El fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa y análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso; y 4.6. La condena en costas.

4.1. Competencia

12. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, en virtud del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

interpuesto en este proceso de doble instancia, en virtud del artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

4.2. Problema jurídico de instanciaSentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

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13. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: sí en el presente asunto se debió aplicar la suspensión de términos de caducidad en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 de 2020 y los acuerdos Nos. CSJA20 -11517, PCSJA20 -11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA2011528, PCSJA20-11529, PCSJA20 -11532, PCSJA20 -11546, PCSJA20 -11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 de 2020 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura , para efectos de realizar el conteo de la caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto?.

PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 de 2020 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura , para efectos de realizar el conteo de la caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto?.

14. Definido lo anterior, deberá establecerse si la decisión de primer grado debe revocarse o mantenerse indemne.

4.3. Tesis de la Sala

15. La Sala revocará la decisión de primera instancia, que declaró probad a la excepción de caducidad del medio de control propuesta por la entidad demandada y negó las súplicas de la demanda , por cuanto en el presente asunto no operó el fenómeno de caducidad, pues se advierte que el A quo al realizar el conteo de la caducidad no tuvo en cuenta que el término inicial con el que contaba la parte actora para radicar la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público y/o presentar la demanda, esto es, dos (2) años a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisi ón del causante del daño, se extendió por tres (3) meses y quince (15) días más, por la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura a través de sendos acuerdos, en cumplimiento de la declaratoria de emergencia sanitaria (COVID -19) en todo el territorio nacional efectuada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del decreto 385 del 12 de marzo de 2020, así como lo dispuesto por el Presidente de la República mediante el decreto 564 de 2020.

16. En virtud de ello, la parte actora teniendo en cuenta que el hecho causante del daño alegado se produjo el 15 de agosto de 2021 tenía hasta el 30 de noviembre de

de la República mediante el decreto 564 de 2020.

16. En virtud de ello, la parte actora teniendo en cuenta que el hecho causante del daño alegado se produjo el 15 de agosto de 2021 tenía hasta el 30 de noviembre de 2021 para radicar la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público y/o presentar la demanda y lo primero lo hizo el 13 de octubre de 2021 y lo segundo, el 28 de oct ubre de 2021, es decir, se itera, dentro de los términos establecidos para tales efectos.

17. Conforme lo anterior y comoquiera que los cargos propuestos en la demanda no fueron analizados en primera instancia, la Sala le ordenará al A quo que en el término de veinte (20) días 2, proceda a analizar el fondo del asunto y dict e la sentencia que en derecho corresponda.

4.4. Metodología y estructura de la decisión

18. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa y con fundamento en ello examinará el caso concreto a partir de lo probado en el proceso (4.5).

2 De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 181 de la ley 1437 de 2011.Sentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

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4.5. El fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa y análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso

19. La caducidad es entendida como aquel fenómeno procesal que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas, que de lo contrario permanecerían indeterminadas en el tiempo; acontece cuando ha vencido el plazo consagrado por la ley para instaurar algún tipo de acción o medio de control, es decir, es una sanción de carácter legal por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, para quien ha dejado vencer los términos preclusivos que el ordenamiento prevé para acudir a la administración de justicia.

20. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción o medio de control ante la jurisdicción, es decir, que es una figura que se analiza frente a la oportunidad que se tiene para radicar demandas ante los jueces.

21. Sobre el tema, la doctrina con fundamento en la jurisprudencia enseña lo

siguiente:

"Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso,

siguiente:

"Ha sostenido en forma reiterada el Consejo de Estado que la caducidad cuando aparezca clara, desde un principio deberá decretarse en el primer auto que se dicte dentro del proceso, por razones de economía procesal y de seriedad , ya que no tiene sentido que las partes se sometan a un debate costoso y de larga duración para terminar con una declaración de tal naturaleza…3

22. También ha sido clara la posición del Consejo de Estado para definir la caducidad como un aspecto procesal que hace parte de los presupuestos procesales y en razón de ello, como un elemento habilitante del rechazo de la demanda, cuando ella aparezca establecida.

23. Al respecto, dicha Corporación expresó:

“El criterio mayoritario de la Sala sobre la naturaleza de las normas relativas a la caducidad de la acción, ahora se orienta a que las mismas son de carácter procesal; lo anterior al punto de que, precisamente, el aspecto de la caducidad debe examinarse dentro de los “presupuestos procesales” e incluso en caso de verificar su ocurrencia, desde antes del inicio del proceso, se impone el rechazo de la demanda, de plano (artículo 143 C.C.A.)

24. En cuant o a la oportunidad para interponer la demanda bajo el medio de control de reparación directa, se tiene que el artículo 164 numeral 2 literal i) de la

Ley 1437 de 2011 “CPACA”, prevé:

“(…) Artículo 164. Oportu nidad para p resentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

“(…) Artículo 164. Oportu nidad para p resentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

3 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, cuarta edición, Pág. 156.Sentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

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(…)

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguien te al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia>>

(resaltado fuera de texto).

25. Precisado lo anterior, es del caso señalar que la caducidad es una institución jurídica que impide que las situaciones puedan ser debatidas en cualquier tiempo ante la jurisdicción, pues ello iría en contravía del principio de seguridad jurídica y permitiría la permanencia indefinida de los conflictos en el tiempo.

26. Precisamente, por su carácter de norma de orden público, es posible que su

ante la jurisdicción, pues ello iría en contravía del principio de seguridad jurídica y permitiría la permanencia indefinida de los conflictos en el tiempo.

26. Precisamente, por su carácter de norma de orden público, es posible que su configuración pueda ser declarada a petición de parte o de oficio, en la sentencia ―en los términos del artículo 187 ibídem―; esto, en caso de no haber sido advertida al momento de examinar la admisibilidad de la demanda.

27. Con el propósito de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legis lador ―apuntando a la protección del interés general ―, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial previstos en el CPACA.

28. Estos plazos resultan ser entonces razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y ―se reitera― de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. Al respecto, el Consejo de Estado indicó en la sentencia de fecha 16 de diciembre de 20204, lo siguiente:

«El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 5, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estab ilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estab ilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

4 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN

C. Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES. Sentencia de dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-36-000-2018-01172-01(65635) A. 5 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05: «(...) el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesar ia para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos».Sentencia 2da instancia (R/D)

impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos».Sentencia 2da instancia (R/D) Radicado No. 27001333300220210029501

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Palacio de Justicia (Quibdó) – Oficina 414 des05tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co

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La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo que brinda certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la encuentre configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure6 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia7, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la potestad de accionar».

29. Ahora bien, con el propósito de establecer la forma correcta de contabilizar los términos judiciales, resulta procedente hacer alusión a lo indicado en los artículos 106 y 118 del CGP ―por remisión del artículo 306 del CPACA―, normas que

29. Ahora bien, con el propósito de establecer la forma correcta de contabilizar los términos judiciales, resulta procedente hacer alusión a lo indicado en los artículos 106 y 118 del CGP ―por remisión del artículo 306 del CPACA―, normas que

dispusieron lo siguiente:

«Artículo 106. Actuación judicial. Las actuaci ones, audiencias y diligencias judiciales se adelantarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de los casos en que la ley o el juez dispongan realizarlos en horas inhábiles.

Las audiencias y diligencias iniciadas en hora hábil podrán continuarse en