TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2022-00097-01 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No. 95

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300220220009701

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JHOHAN ALEXANDER CUESTA GARCÉS

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

– FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO.

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante contra la Sentencia No 419 del 26 de octubre de 202 3, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro de l proceso promovido por el señor Jhohan Alexander Cuesta Garcés contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , que negó las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES

El señor Jhohan Alexander Cuesta Garcés , por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita se declare la nulidad del acto administrativo No 0153 del 17 de enero de 2022, expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó , por medio del cual se niega e l reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes,

expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó , por medio del cual se niega e l reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 60 años y el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización , sin exigir el retiro definitivo del cargo de docente para su inclusión en la nómina de pensionados .

2. PRETENSIONES.

La apoderada de la parte demandante formuló como tales las siguientes:

DECLARATIVAS

1. Declarar la nulidad del acto administrativo No 0153 del 17 de enero de 2022 expedido por el doctor Pedro Fidel Hurtado Orejuela (secretario de educación para el departamento del Chocó) notificado el día 11 DE FEBRERO DE 2022, en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación a mi representado a los 55 años de edad, en el sentido que debía haber sido reconocida la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 60 años y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo do cente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados.

2. Declarar que mi representada, tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionados (a), es decir a

partir del día 20 DE JUNIO DE 202 1, momento en que cumplió los 55 años de edad y los 1.000RADICACIÓN: 27001333300220220009701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: Jhohan Alexander Cuesta G.

DEMANDADO: FOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 2 de 15 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se realicen las siguientes:

CONDENAS

PRIMERA: Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, a que se me reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y las prima s recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado

(a), es decir a partir de 20 DE JUNIO DE 2021, por haber completado las 1.000 semanas de aportes y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

SEGUNDA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO D E EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO - y a FIDUPREVISORA , dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO - y a FIDUPREVISORA , dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo di spone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A.).

TERCERA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO - y a FIDUPREVISORA, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten cioso Administrativo. (C.P.A.C.A.).

CUARTA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO y A FIDUPREVISORA - al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los valores adeudados.

QUINTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALE S DEL MAGISTERIO), la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina

DE PRESTACIONES SOCIALE S DEL MAGISTERIO), la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina

SEXTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO) el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las mesadas pensionales, por trat arse de sumas de tracto sucesivo, y demás emolumentos de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A.

SEPTIMA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO y a FIDUPREVISORA de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso ”.

3. HECHOS Y OMISIONES.

La apoderad a de la parte actora relat a como fundamentos fá cticos de las pretensiones, los que se transcriben a continuación (inclusive con posibles errores) :

“1. La docente JHOHAN ALEXANDER CUESTA GARCES, nació el 5 DE MAYO DE 1963, por lo que en la actualidad tiene más cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Mi representada realizó aportes a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BAGADÓ desde el 30/09/1996 hasta el 2/02/2002..

2. Mi representada realizó aportes a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BAGADÓ desde el 30/09/1996 hasta el 2/02/2002..

3. Luego desde el 7 de febrero del 2007 como docente en periodo de prueba EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO hasta el 26 de diciembre de 2007, una vez surtidos los efectos para su nombramiento en propiedad fue vinculada desde el 27 de diciembre de 2007 hasta la fecha de presentación de esta respetuosa demanda, completando más de veinte (20) años de servicio oficial.RADICACIÓN: 27001333300220220009701

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Página 3 de 15

6. Mi representada, bajo la legislación establecida en la ley 812 de 2003, tendría derecho a la pensión de jubilación a la edad de 57 años, exigiéndole 1.300 semanas de cotización, pero SE LE EXIGIA el retiro del cargo de docente oficial, para que la cancelación de la pensión se hiciera efectiva en la nómina de pensionados, circunstancia que no obedece a la legalidad, pues una vez se decrete la nulidad del acto administrativo demandado, DEBE RECONOCERSE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES, EN

COMPATIBILIDAD CON EL SALARIO DE DOCENTE OFICIAL.

administrativo demandado, DEBE RECONOCERSE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES, EN

COMPATIBILIDAD CON EL SALARIO DE DOCENTE OFICIAL.

7. Por medio del acto administrativo demandado, se niega a mi representada (a), la pensión de jubilación por aportes a la edad de 55 años, exigiéndole además 1.300 semanas de cotizació n, cuando la ley contempla que solo debía exigírsele 1.000 semanas de aportes, sin exigir el retiro definitivo del cargo para gozar de su merecida pensión de jubilación por aportes como lo determinan el contenido de la ley 71 de

1988.

8. Al considerar que la decisión adoptada por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO por medio del acto administrativo demandado, no se ajusta a las disposiciones en que debería haberse fundado y además carente de toda coherencia legal, de la manera más respetuosa me dirijo a este despacho judicial, para que en ejercicio de su facultad, juzgue si la actuación de la entidad demandada se ajusta a derecho o si por el contrario el estudio de la ley, en concordancia con las pruebas allegadas a la actuación administrativa, ahora anexas al libelo contentivo de esta demanda, demuestran que su condición individual y personal de docente, lo hace beneficiario de la pensión por aportes a los 55 años de edad, en compatibilidad de la percepción de la docencia oficial

(…)”.

4. Trámite procesal.

La demanda fue admitida media nte auto interlocutorio de fecha 15 de marzo de 2022 y se notificó a las partes en debida forma.

(…)”.

4. Trámite procesal.

La demanda fue admitida media nte auto interlocutorio de fecha 15 de marzo de 2022 y se notificó a las partes en debida forma.

La entidad demandada, NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG FIDUPREVISORA contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, fundamentado en que la demandante no cuenta con el requisito de semanas, conforme lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 9 y 10 de la ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez, por tanto, es necesario haber cotizado mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo, los cuales a partir del 1 de enero de 2005 se incrementaron en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementara en 25 cada año, hasta llegar a 1300 semanas en el 2015. Por lo anterior, y al no ser beneficiaria del régimen de transición, no se le pueden aplicar las 1000 semanas, que en las pretensiones sugiere.

Así las cosas, la s olicitud de reconocimiento pensional por aportes bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988 y la compatibilidad con el salario del docente no es aplicable en este caso.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se denieguen las pretensiones de la demanda.

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se decide, previas etapas.

5. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 419 del 26 de octubre de 202 3, proferida por el Juzgado Sexto

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se decide, previas etapas.

5. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 419 del 26 de octubre de 202 3, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

“(…) El señor JHOHAN ALEXANDER CUESTA GARCÉS ingresó a laborar como Monitor General de Deporte en el Municipio de Bagadó desde el año 1996 hasta el 2 de febrero de 2002, para un período de 5 años y 4 meses y como docente, desde el 7 de febrero de 2007, se certi ficó hasta el 1 de enero de 2020, para un total de 18 AÑOS y 2 MESES, ahora bien, si se lleva hasta laRADICACIÓN: 27001333300220220009701

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Página 4 de 15 fecha de presentación de la solicitud, el 17 de septiembre de 2021 (1 año y 8 meses más), ni aun así se alcanza a contabilizar los 20 años de servicio aludidos en la demanda.

Por otro lado, como se indicó arriba, la aplicación de régimen pensional dispuesto en la Ley 71 de 1988 es viable por beneficio del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley

Por otro lado, como se indicó arriba, la aplicación de régimen pensional dispuesto en la Ley 71 de 1988 es viable por beneficio del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual dispuso, que la ed ad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

El señor JHOHAN ALEXANDER, a la entrada en vigencia de la ley 100 del 1993, no cumplía con los requisitos de edad (40 años), ni tiempo de servicio (15 o más años), para ser beneficiario del régimen anterior y gozar de la pensión prevista en la ley 71 de 1988, aunado a ello, entró a laborar como docente, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, esto es, desde el año 2007.

Como quiera que el señor JHOHAN ALEXANDER CUESTA GARCÉS, no cumplió con los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a la pensión por aportes, se denegarán las pretensiones de la demanda y se declararán probadas las excepciones planteadas en la contestación de la demanda (…)”

En su parte resolutiva se indicó:

“PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de LEGALIDAD DE LOS ACTOS

pretensiones de la demanda y se declararán probadas las excepciones planteadas en la contestación de la demanda (…)”

En su parte resolutiva se indicó:

“PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATACADOS DE NULIDAD, INEPTITUD DE LA DEMANDA POR CARENCIA DEL

FUNDAMENTO JURÍDICO y COBRO DE LO NO DEBIDO.

SEGUNDO: NEGAR las peticiones de la demanda

TERCERO: Sin condena en costas”

6. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presentó oportunamente el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, sustentado en que ha prestado sus servicios por más de 20 años en entidades públicas, conforme las certificaciones de tiempo aportadas con la demanda.

Explica que Inicio su vida laboral como servidor público y posteriormente se vinculó como docente; sin embargo, todo su recorrido laboral hace referencia a tiempo laborado con entidad púbicas, y a la fecha de presentación de la demanda se desempeña ba como docente oficial y bajo ese contexto, por remisión directa del artículo 81 de la ley 812 del 2003, se entiende que las normas aplicables al caso en concreto son las leyes 33 de 1985 y 62 de ese mismo año.

Sintetiza que la vinculación del demandante al servicio fue desde el año 1993, fecha anterior a la de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razones por las cuales se le deben aplicar las contenidas en la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, por tanto, debe reconocérsele una pensión de jubilación.

deben aplicar las contenidas en la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, por tanto, debe reconocérsele una pensión de jubilación.

En ese sentido, solicita , se revoque la sentencia de primera instancia, por cuanto se cumplen con los requisitos señalados en la norma para acceder a la pensión de jubilación por aportes.

7. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de fecha 07 de diciembre de 2023 el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelaciónRADICACIÓN: 27001333300220220009701

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Página 5 de 15 interpuesto por la parte demandante contra la referida sentencia, el cual fue admitido por esta Corporación el día 29 de abril de 2024.

8. CONSIDERACIONES

9. COMPETENCIA.

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C. de P. A. y de lo C. A.1.

10. CUESTIÓN PREVIA.

Vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.(…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1º) del CGP, así:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.(…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que “Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspect os, diversos a

su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspect os, diversos a los planteamientos por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.”3

Al respecto se debe recordar de forma insistente que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

Aclarado lo anterior pasa la Sala a formularse los problemas jurídicos conforme al recurso de apelación interpuesto.

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de l as apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ”

2 Ley 1437 de 2011: “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ”

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ” 3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.RADICACIÓN: 27001333300220220009701

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Página 6 de 15 En esa medida, la Sala establece el siguiente:

11. PROBLEMA JURÍDICO.

Consiste en determinar si es procedente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a cargo de la entidad demandada a favor del señor Jhohan Alexander Cuesta Garcés , conforme lo previsto en la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado , sin condicionar su goce al retiro definitivo del servicio, o sí le es aplicable la Ley 100 de 1993 respecto a su derecho pensional?.

La Sala utilizará el siguiente esquema: i. Régimen pensional de docentes oficiales y ii. Caso concreto.

12. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS DOCENTES PARA EL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

1. Caso concreto.

12. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS DOCENTES PARA EL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

Atendiendo la materialización de lo ordenado en los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, es válido afirmar que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no altera aquellas situaciones pensionales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresan al patrimonio de sus beneficiarios.

Al expedir la Ley 100 de 1993, lo que pretendió el legislador fue la estandarización de los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el ordenamiento jurídico, estableciéndose allí reglas comunes que fueron aplicables a todos los trabajadores del país, sin atender la naturaleza de su relación laboral.

Sin embargo, el artículo 279 de manera expresa estableció que la situación pensional de algunos servidores públicos y trabajadores, no sería regulada por la citada ley, así:

“(…) El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional , ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacio nal de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición

afiliados al Fondo Nacio nal de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de ed ucadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que, al empezar a regir la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cu al se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petr óleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes, con posterioridad a la vigencia de la presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del r égimen de seguridad social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.RADICACIÓN: 27001333300220220009701

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PARAGRAFO. 1º- La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultad as para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.

PARAGRAFO. 2º- La pensión gracia para los educadores de que tratan las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la caja en el pago de sus obligaciones pensionales.

PARAGRAFO. 3º- Las pensiones de que tratan las Leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados.

PARAGRAFO. 4º- Adicionado por el art. 1, Ley 238 de 1995. Las excepciones consagradas en el presente artíc ulo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados”.

Conforme lo anterior, es claro que se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos sectores que tienen normas especiales, entre los cuales se encuentran los

de los sectores aquí contemplados”.

Conforme lo anterior, es claro que se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos sectores que tienen normas especiales, entre los cuales se encuentran los docentes, cuyas prestaciones se gobiernan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

La ley 91 de 1989, a través de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cuanto a su aplicación a los docentes, estableció lo siguiente:

“Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Parágrafo - Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.

(…) Artículo 15. - A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el

1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.RADICACIÓN: 27001333300220220009701

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Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”.

De lo anterior se desprende, que a los docentes nacionales vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les reconoce una pensión de jubilación bajo el régimen pensional del sector público, que estuvo regulado por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

En cuanto a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo con las normas vigentes.

En cuanto a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de acuerdo con las normas vigentes.

Por su parte, la Ley 60 de 1993, respecto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, dispone:

«Artículo 6º. (…)

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacio