TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2017-00097-02 (24-06-2025)

Tribunal Administrativo de Chocó

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Detalles

Título
TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2017-00097-02 (24-06-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Chocó
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Sentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170009702

GILBER GUTIÉRREZ PEREA Y OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Palacio de Justicia (Quibdó) – Oficina 414 des05tadmcho@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 085

RADICADO: 27001333300320170009702

DEMANDANTE: GILBER GUTIERREZ PEREA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

REPARACIÓN DIRECTA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR

LESIÓN A CIVIL EN HECHOS EN LOS QUE

RESULTÓ INVOLUCRADO UN MIEMBRO

DE LA POLICÍA NACIONAL

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó resuelve la apelación presentada por la parte demandante contra la sentencia No. 195 del 16 de diciembre de 2024 a través de la cual el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Quibdó negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

ANTECEDENTES

de diciembre de 2024 a través de la cual el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Quibdó negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte demandante; 2.2. Tesis de la parte demandada; 2.3. Sentencia de primera instancia ; y, 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

2.1. Tesis de la parte demandante

2. Los señores GILBER GUTIÉRREZ PEREA, HERNELIZA PEREA MOSQUERA,

JHON ALEXANDER RENTERÍA PEREA, ALIRIS LORENA PALACIOS

MOSQUERA, YULIAN ALEXANDER RENTERÍA PALACIOS, DAMIAN ENRIQUE

PEREA PEREA, LEISER PEREA MOSQUERA, DEICY ELENA PER EA

MOSQUERA, JHONNY PEREA MOSQUERA, ADDY MERY PEREA MOSQUERA, WANNERT GUTIERREZ GRAJALES y YUSI LILIANA GUTIERREZ LEMUS contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL para que se le declare responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos irrogados con las lesiones que sufrió el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA en hechos ocurridos el día 1 de enero de 2015 en el Municipio de Tadó y en el que resultó involucrado un miembro de la policía nacional.

3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, l as cuales se

trascriben con todo y errores:

“PRIMERA: Que respetando el precedente jurisprudencial vastamente

nacional.

3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, l as cuales se

trascriben con todo y errores:

“PRIMERA: Que respetando el precedente jurisprudencial vastamente reseñado, se declare que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, responsabilidad administrativa y patrimonial por los dañosSentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170009702

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sufridos por los actores, en el asunto que se relaciona en la causa petendi de la presente demanda, relacionado con las graves lesiones que sufrió el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA, el día 1o de enero de 2015, con, un proyectil disparado desde un arma de fuego de dotación oficial de la Policía Nacional, en hechos que acaecieron en el municipio de Tadó, departamento del Chocó.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, reconozcan y paguen a los actores, los perjuicios materiales en la modalidad de daño, emergente futuro y lucro cesante (Indemnización consolidada y f utura), morales, estéticos, daños a la vida de relación, a la Salud, y daños a la "Afectación a

futuro y lucro cesante (Indemnización consolidada y f utura), morales, estéticos, daños a la vida de relación, a la Salud, y daños a la "Afectación a los derechos convencional y constitucionalmente protegidos, cuantificándose así:

A. PERJUICIOS MATERIALES:

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO:

Se deberá proporcionar al señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA, en calidad de víctima directa, o quienes sus derechos representare al momento de quedar en firme la conciliación que así lo apruebe; la indemnización por este concepto se cuantificara a continuación:

La base del salario para la liquidación es el SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE para la época de producirse el daño, toda vez que se presume, que por lo menos habría devengado un salario mínimo, esto es, para el año 2015, la suma de SEISCIENTOS CUARENT A Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($644.350).

En el Informe Pericial de Clínica Forense realizado al señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Unidad Básica Istmina, se le otorgó al accionante una Incapacidad Médico Legal de 55 días.

Por consiguiente el monto de la indemnización por concepto de Lucro Cesante para el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA ascendiendo a la suma de UN

MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

M/CTE. ($1.181.308).

B. MORALES:

para el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA ascendiendo a la suma de UN

MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

M/CTE. ($1.181.308).

B. MORALES:

Estos perjuicios los presume la jurisprudencia para los padres de la víctima, en razón del parentesco y en general para todos aquellos que demuestren la calidad de damnificados. Es el dolor moral percibido por sus parientes próximos en razón a los lazos de afecto, amor, convivencia y solidaridad entre los miembros de la familia, y se' tasan y pagan al actor o a quien lo represente, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, como consecuencia de la afectación emocional, sicológica y patológica sobrevenida por el daño producido, de acuerdo el grado de consanguinidad de los demandantes, de la siguiente manera:Sentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170009702

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NOMBRE PARENTESCO

PERJUICIOS

MORALES EN

SMLMV

GILBER GUTIÉRREZ PEREA Victima directa

70

HERNELIZA PEREA MOSQUERA

Madre

70

JHON ALEXANDER RENTERÍA

PEREA Hermano 40

GILBER GUTIÉRREZ PEREA Victima directa

70

HERNELIZA PEREA MOSQUERA

Madre

70

JHON ALEXANDER RENTERÍA

PEREA Hermano 40

WANNERT GUTIÉRREZ GRAJALES Hermano 40

YUSI LILIANA GUTIÉRREZ LEMUS Hermana 40

LEISER PEREA MOSQUERA Tío 30

DEICY ELENA PEREA MOSQUERA Tía 30

JHONNY PEREA MOSQUERA Tía 30

ADDY MERY PEREA MOSQUERA Tía 30

DAMIAN ENRIQUE PEREA PEREA Primo 30

YULIAN ALEXANDER RENTERÍA

PALACIOS

Sobrino 30

ALIRIS LORENA PALACIOS

MOSQUERA

Cuñada 30

C. DAÑO A LA SALUD

Se reconocerá y pagará a favor del señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA (Victima directa), el equivalente en pesos colombianos a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de quedar en firme la conciliación que así lo apruebe, como consecuencia de los daños a la salud sobrevenido con el hecho.

D. DAÑO A LA "AFECTACIÓN A LOS DER ECHOS CONVENCIONAL Y

CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS DERECHO AL LIBRE

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD"?.

Se deberá proporcionar a favor del señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA (Victima directa), el equivalente en pesos colombianos a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de quedar en firme

Se deberá proporcionar a favor del señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA (Victima directa), el equivalente en pesos colombianos a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento de quedar en firme la conciliación que así lo apruebe; como consecuencia de los daños a la "AFECTACIÓN A LOS DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE, PROTEGIDOS DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD", sobrevenidos con el hecho.

TERCERA: Intereses. Se reconocerá a los actores, los intereses moratorios generados a partir de la fecha de su aprobación hasta su pago definitivo.

Con fundamento en el artículo 1653 del Código Civil, expresa que todo pago se imputará primero a intereses.

CUARTA: CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL que para estos efectos se faculte por dicha entidad, deberá cumplir con la Sentencia confo rme a lo reglamentado en el artículo 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011, de la cual hace tránsito a cosa juzgado y presta mérito ejecutivo.Sentencia R.D (2da instancia)

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QUINTA: Se condene en costas a la entidad demandada.

SEXTA: Se expidan copias de la Sentencia con constancia de su ejecutoria con destino al ente público demandado, indicando la idoneidad para su ejecución”.

4. La parte demandante narró, los siguientes hechos relevantes, los cuales se

trascriben con todo y errores:

“PRIMERO: El presente asunto, puesto a consideración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, hace relación a las lesiones violentas que sufrió el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA, el día 1° de enero del año 2015, con un proyectil disparado desde un arma de fuego de dotación oficial de la Policía Nacional, en hechos que acaecieron en el municipio de Tadó, departamento del Chocó.

SEGUNDO: Siendo aproximadamente las 07:30 a.m., del día primero 1 ° de enero de 2015, en el barrio Popular del municipio de Tadó - Chocó, al frente de la discoteca "Lapxus" otrora "La Terraza", en momentos que numerosas personas celebraban el comienzo del año nuevo, se presentaron varios disparos de arma de fuego, y que producto de esos disparos se lesionaron en su integridad física a varias personas, entre estas al ciudadano GILBER GUTIÉRREZ PEREA , produciéndole una lesión en la pierna izquierda, producida por arma de fuego.

su integridad física a varias personas, entre estas al ciudadano GILBER GUTIÉRREZ PEREA , produciéndole una lesión en la pierna izquierda, producida por arma de fuego.

TERCERO: Esta lesión que sufrió el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA, fue el producto de una riña que se presentó entre el señor JESÚS YERFIN

MOSQUERA TORRES, y el Intendente JORGE LUÍS HERNÁNDEZ GARRIDO

(q.e.p.d.); quien para la época se desempeñaba como Comandante de la ȘIJIN de Tadó.

CUARTO: En el momento de la discusión el ciudadano JESÚS YERFIN MOSQUERA TORRES, despoja del arma de dotación al Intendente JORGE LUÍS HERNÁNDEZ GARRIDO; quien cargaba en la cintura un arma con las siguientes características: Pistola de mano marca: SIG SAUER, mod elo: SP2022, calibre: 9MM, número de serie: 24 B020230, funcionamiento: SEMIAUTOMÁTICO, capacidad de carga: QUINCE (15) CARTUCHOS EN EL PROVEEDOR. Con esta misma arma el señor MOSQUERA TORRES le dispara al Intendente HERNÁNDEZ GARRIDO, causándole la muerte a este último y luego sigue disparando ocasionando también la lesión ya mencionada al

señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA.

QUINTO: El señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA , no estaba involucrado en esa riña, pues él se encontraba disfrutando y departiendo sanamente con sus amigos, en ese lugar, en atención a las festividades del, fin de año y al

QUINTO: El señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA , no estaba involucrado en esa riña, pues él se encontraba disfrutando y departiendo sanamente con sus amigos, en ese lugar, en atención a las festividades del, fin de año y al comienzo del nuevo; cuando resulto herido en su integridad física por esta situación.

SEXTO: Lo que compromete en estos hechos a la entidad demandada NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, es el hecho de que estas heridas, hayan sido causadas por un particular, señor JESÚS YERFIN MOSQUERA TORRES , con un Arma de Fuego de propiedad de la Policía Nacional; pues el Intendente JORGE LUÍS HERNÁNDEZ GARRIDO, se encontraba con dicha Arma de dotación, en el lugar de los hechos, rumbeando e ingiriendo bebidas alcohólicas; como quedo anotado en los actosSentencia R.D (2da instancia)

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urgentes del procedimiento penal de la policía judicial, y en el protocolo de necropsia; actividades que nada tienen que ver con las funciones o fines de la Policía Nacional.

SÉPTIMO: La obligación legal del miembro de la Policía nacional, el Intendente

urgentes del procedimiento penal de la policía judicial, y en el protocolo de necropsia; actividades que nada tienen que ver con las funciones o fines de la Policía Nacional.

SÉPTIMO: La obligación legal del miembro de la Policía nacional, el Intendente JORGE LUÍS HERNÁNDEZ GARRIDO, era haber entregado esta arma, en el armerillo del Comando de Policía de Tadó, antes de salir a parrandear, pues este no se encontraba en servicio o misión de trabajo. Como también la obligación de la Policía Nacional - Estación Tadó, es la de que sus uniformados entreguen el armamento, antes de salir a este tipo de eventos de carácter personal; pues a esta institución se le impone la obligación constitucional y legal, de tener el debido y regular control sobre sus miembros o agentes. El ciudadano particular afectado con este tipo de omisiones y conductas, no tiene el deber jurídico de soportar este daño o perjuicio.

OCTAVO: La Fiscalía 16 Seccional de Tadó adelantó la investigación penal por estos lamentables hechos, por el punible de "HOMICIDIO EN CONCURSO CON LESIONES PERSONALES Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PER SONAL", bajo el radicado o Noticia Criminal No.

277876100641-2015-80001.

NOVENO: Mediante Sentencia Anticipada No. 38 del 22 de julio de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Istmina condenó al señor JESÚS YERFIN MOSQUERA TORRES, por el p unible de "HOMICIDIO EN CONCURSO CON LESIONES PERSONALES Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL": por los hechos donde muere el Intendente

JESÚS YERFIN MOSQUERA TORRES, por el p unible de "HOMICIDIO EN CONCURSO CON LESIONES PERSONALES Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL": por los hechos donde muere el Intendente JORGE LUÍS HERNÁNDEZ GARRIDO, y resultan heridos varios ciudadanos, entre ellos el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA (…)”.

2.2. Tesis de la parte demandada

5. La entidad demandada NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL contestó la demanda oponiéndose a las súplicas de esta, al considerar que, en el presente asunto, se configura la causal de exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero. En ese sentido, argument ó que los daños materiales sufridos por la parte demandante fueron consecuencia de un acto ejecutado por el señor Jesús Yerfin Mosquera Torres, quien es un agente ajeno a dicha entidad. Además, sostuvo que las lesiones causadas al señor Gilber Gutiérrez Perea, no tienen su origen en ningún miembro de la entidad , pues no obra en el expediente dictamen pericial que permita establecer tal hecho.

6. Adicionalmente, refirió que la imputabilidad del daño debe ser demostrada tanto en el plano fáctico como jurídico, de manera que permita al juzgador administrativo generar certeza de que el perjuicio fue consecuencia de una acción u omisión del Estado, estableciendo así una relación de causalidad directa entre el hecho y el daño.

7. Además, expresó que la parte accionante, en el presunto asunto, ha planteado argumentos, pero no ha aportado pruebas idóneas, como una sentencia firme

daño.

7. Además, expresó que la parte accionante, en el presunto asunto, ha planteado argumentos, pero no ha aportado pruebas idóneas, como una sentencia firme dentro de la jurisdicción disciplinaria o penal, que comprometa la responsabilidad de algún miembro de la Policía Nacional y que demuestre de manera fehaciente que la lesión sufrida por el señor Gilber Gutiérrez Perea fue producto de la actuación de un funcionario de dicha institución.Sentencia R.D (2da instancia)

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2.3. Sentencia de primera instancia

8. Mediante Sentencia de fecha 16 de diciembre de 2024 , el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, decidió, entre otros: (i) negar las suplicas de la demanda y (ii) condenar en costas a la parte demandante, fijando la

suma de 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

9. Lo anterior, al considerar que, aunque se presentaron elementos probatorios con el fin de demostrar la responsabilidad de la entidad demandada, persisten dudas razonables sobre las circunstancias que originaron las lesiones sufridas por el señor Gilber Gutiérrez Perea. Por lo tanto, no fue posible determinar que el daño

el fin de demostrar la responsabilidad de la entidad demandada, persisten dudas razonables sobre las circunstancias que originaron las lesiones sufridas por el señor Gilber Gutiérrez Perea. Por lo tanto, no fue posible determinar que el daño fuera atribuible a la Policía Nacional, dado que no se demostró fehacientemente que el arma causante de las lesiones fuera de dotación oficial

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

10. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que la entidad demandada tiene pleno conocimiento de que el arma utilizada para causar las lesiones al señor Gilber Gutiérrez Perea era de dotación oficial. En este sentido, sostuvo que, en ninguno de los argumentos presentados por la defensa de la Policía Nacional, se cuestiona que el arma empleada por el señor Yerfin Mosquera Torres, la cual ocasionó la muerte al Intendente Jorge Luis Hernández Garrido y las lesiones a los señore s Gilber Gutiérrez Perea y Jonathan Mosquera Murillo, perteneciera al occiso y fuera de dotación oficial. Además, precisó que dicha entidad únicamente fundó su argumento de exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero.

11. Adicionalmente, expresó que, en relación con los mismos hechos, pero con distintos demandantes, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó – Sala Primera de Decisión profirió la Sentencia No. 0336 del 31 de octubre de 2024, en

el marco del proceso de reparación directa, con radicado No. 270013333003-201600206-01, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. En este sentido, precisó que en dicho proceso se presentó el mismo expediente penal y se ventiló la misma prueba.

12. Finalmente, indicó que, en caso de que la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional no se considere completa, solicita que, de ser necesario, se requiera nuevamente a dichas entidades para que remitan la documentación faltante.

13. Mediante a uto interlocutorio No. 0054 del 17 de febrero de 2025 , esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la parte demandante y no existe constancia de pronunciamiento alguno con posterioridad.

CONTROL DE LEGALIDAD

14. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1. Competencia; 4.2. cuestión previa; 4.3. Problema jurídico de instancia; 4.4. Tesis de la Sala ; 4.5. Metodología y estructura de la decisión ; 4.6.

La responsabilidad extracontractual del Estado ; 4.7. El hecho exclusivo de unSentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170009702

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tercero; 4.8. El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso; y 4.9. La condena en costas.

4.1. Competencia

15. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, en virtud de lo establecido en el artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias d ictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

4.2. Cuestión previa

16. La parte demand ante en el recurso de apelación solicitó que esta instancia judicial requiera nuevamente las pruebas documentales pedidas en la demanda, por cuanto, aunque fueron decretadas por el A quo se allegaron de manera

incompleta, a saber:

“(…) se solicita el arribo de los expedientes penal y disciplinario, contentivos de las investigaciones correspondientes llevadas a cabo con motivo y con ocasión de los hech os donde muere el Intendente JORGE LUÍS HERNÁNDEZ GARRIDO, y resultan heridos varios ciudadanos, entre ellos el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA

1. Sírvase oficiar a la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, donde

resultan heridos varios ciudadanos, entre ellos el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA

1. Sírvase oficiar a la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, donde se adelantó la investigación disciplinaria por el deceso del Intendente JORGE LUÍS HERNÁNDEZ GARRIDO y resultan heridos varios ciudadanos, entre ellos el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA, el día 1° de enero de 2015, en el barrio Popular del municipio de Tadó, Chocó; con el fin de que alleguen “COPIA AUTÉNTICA E

INTEGRA DEL EXPEDIENTE”.

2. Sírvase oficiar al FISCAL 16 SECCIONAL DE TADÓ, donde se adelantó la investigación penal por el punible de “HOMICIDIO EN CONCURSO CON LESIONES PERSONALES Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL”, bajo el radicado o Noticia Criminal No. 277876100641-2015-80001; con el fin de que alleguen COPIA AUTÉNTICA E INTEGRA DEL EXPEDIENTE”.

17. Al respecto, el artículo 212 del CPACA vigente para la época de los hechos, previó que las pruebas serán apreciadas por el j uez, siempre que se soliciten, practiquen e incorporen al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en dicho estatuto procesal.

18. En ese sentido, la norma en comento determinó que, en primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y

son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

19. En cuanto a la oportunidad probatoria en segunda instancia, respecto de apelación de sentencias, se estableció que las partes podrán pedir pruebas, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las cuales se decretarán únicamente en los siguientes casos:Sentencia R.D (2da instancia)

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 Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.  Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.  Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir prueba en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.  Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir prueba en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.  Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

20. Ahora bien, revisado el trámite del presente proceso, se advierte que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en el desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 9 de octubre de 20191 ordenó oficiar a la Policía Nacional para que allegara el expediente penal y disciplinario contentivos de la investigación adelantada por los hechos que dieron lugar al presente proceso, empero, negó la prueba documental respecto de la investigación penal adelantada por la Fisca lía 16 Seccional de Tadó.

21. En virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la decisión de negar la prueba documental deprecada, la Sala Primera de Decisión de esta Corporación a través del auto interlocutorio No. 151 del 24 de marzo de 2023 confirmó lo decidido por el A quo.

22. El 27 de septiembre de 2024 la Policía Nacional allegó el oficio No. 5067MDN – UAEDJPMP – J065IP2 emitido por el Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar , mediante el cual informó que, revisada la base de datos no encontró investigación penal por los hechos en los que resultó herido en su humanidad el intendente Jorge Luis Hernández Garrido y otros ciudadanos.

23. Agregó que, al no encontrarse relacionada con el servicio de policía y la misión

penal por los hechos en los que resultó herido en su humanidad el intendente Jorge Luis Hernández Garrido y otros ciudadanos.

23. Agregó que, al no encontrarse relacionada con el servicio de policía y la misión institucional, quien debió adelantar la investigación fue la Fiscalía General de la Nación, por ser la competente para investigar esas conductas delictivas.

24. Luego, a través de oficio de fecha 2 de octubre de 20243 la jefatura de Control Disciplinario interno de instrucción informó que no encontró registro de investigación disciplinaria que se haya adelantado por los hechos objeto de la presente Litis.

25. Posteriormente, en el desarrollo de la audiencia de pruebas celebrada en este asunto el 2 de octubre de 2024 se incorporaron las pruebas aportadas por las partes para ser valoradas en su oportunidad procesal , al igual que las que se allegaron en el trámite procesal y no se advierte reproche alguno de la parte demandante sobre el particular.

26. Conforme lo anterior, es claro para la Sala que la petición de pruebas efectuada por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto, será negada, pues respecto de las primeras, se advierte que dicho extremo de la litis no recurrió la providencia proferida por el A quo que cerró el periodo probatorio y frente a la

1 Ver páginas 248256 del expediente digital incorporado a índice 00018 de Samai 2 Ver índice 00039 de Samai 3 Ver índice 00042 de SamaiSentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170009702

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3 Ver índice 00042 de SamaiSentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300320170009702

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última, ya fue objeto de pronunciamiento en primera y segunda instancia y tal decisión se encuentra en firme.

27. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala resolver el quid del asunto.

4.3. Problema jurídico de instancia

28. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: sí debe declararse a la entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, extracontractual, administrativa y patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por el señor GILBER GUTIÉRREZ PEREA al ser impactado presuntamente por un civil con un arma de dotación oficial, en el Municipio de Tadó – Chocó o sí por el contrario, no existen pruebas que acrediten el nexo causal entre el hecho de la Administración y el daño alegado y por ello, debe confirmarse la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda?.

4.4. Tesis de la Sala

la Administración y el daño alegado y por ello, debe confirmarse la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda?.

4.4. Tesis de la Sala

29. La Sala confirmara la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto las pruebas arrumadas al plenario no permiten inferir que el daño antijurídico irrogado al señor Gilber Gutiérrez Perea sea imputable a la entidad demandada, toda vez que no está acreditado que el arma utilizada por el señor Yerfin Mosquera Torres e involucrada en los hechos en los que resultó lesionado el señor Gutiérrez Perea era de propiedad o de uso exclusivo de la Policía

Nacional.

30. Por el contrario, la sentencia No. 38 del 22 de julio de 2015 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Istmina, da cuenta que según el informe pericial aportado al proceso penal el arma utilizada por el señor Jesús Yerfin Mosquera era de uso privado y los medios probatorios aportado al plenar

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