TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2013-00260-01 (26-03-2025)

SENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

RAD. No 27001333300320130026001

BENILDA GAMBOA DE CÓRDOBA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiséis (26) de Marzo de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 039

RADICADO: 27001333300320130026001

EJECUTANTE: BENILDA GAMBOA DE CÓRDOBA

EJECUTADO: UNIDAD A DMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIO NES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓ N SOCIAL

“UGPP”

NATURALEZA: EJECUTIVO SEGUIDO DEL PROCESO

ORDINARIO DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TEMA:

EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE ORDENÓ

UNA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL

MAGISTRADA PONENTE

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia N° 140 del 26 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, a través de la cual, se declaró no probada la excepción de pago o cumplimiento de fallo, ordenó seguir adelante con la ejecución, ordenó el pago de la obligación a la parte ejecutante, la práctica de la

del Circuito de Quibdó, a través de la cual, se declaró no probada la excepción de pago o cumplimiento de fallo, ordenó seguir adelante con la ejecución, ordenó el pago de la obligación a la parte ejecutante, la práctica de la liquidación del crédito por alguna de las partes, con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación conforme lo señalado en el mandamiento de pago, y se condenó en costas a la parte ejecutada.

ANTECEDENTES

Contenido: 2.1. Tesis de la parte ejecutante; 2.2. Tesis de la parte ejecutada; 2.3.

Sentencia de primera instancia; y 2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.

2.1. Tesis de la parte ejecutante

2. La señora BENILDA GAMBOA DE CÓRDOBA presentó demanda ejecutiva en

contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” con el fin de obtener el pago de la obligación contenida en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por la Jurisdicció n de lo Contencioso Administrativo1.

3. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, las cuales se

trascriben con todo y errores:

“(…) Sírvase señor juez, librar mandamiento de pago en contra de la parte demandada y a favor de mi cliente por las siguientes sumas de dinero:

1 Sentencias No. 41 del 4 de abril de 2016, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de

demandada y a favor de mi cliente por las siguientes sumas de dinero:

1 Sentencias No. 41 del 4 de abril de 2016, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y la No. 60 del 19 de abril de 2018, por el Tribunal Administrativo del Circuito del Chocó.SENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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PRIMERA: $17.503.841,76 por concepto de retroactivo pensional.

SEGUNDA: $3.860.180,57 por concepto de intereses moratorios hasta la fecha.

TERCERA: Los intereses que se generen desde la radicación de este proceso, hasta que se haya efectuado el pago”.

4. La parte demandante narró cómo fundamentos fácticos los que a continuación

se sintetizan:

5. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante fallo del 31 de marzo de 2016 confirmó la sentencia proferida de primera instancia el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, y en consecuencia ordenó reliquidar la mesada pensional de la señora BENILDA GAMBOA DE CORDOBA, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, y realizar los descuentos no efectuados sobre los nuevos factores salariales.

6. En virtud de lo anterior, la entidad ejecutada mediante resolución RDP 043756

teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, y realizar los descuentos no efectuados sobre los nuevos factores salariales.

6. En virtud de lo anterior, la entidad ejecutada mediante resolución RDP 043756 del 9 de noviembre de 2018 reliquidó la mesada pensional, en cuantía de $506.476.

7. No obstante, afirma la parte actora que en el citado acto administrativo se incurrió en un error al momento de calcular el IBL, pues omitió incluir la prima de vacaciones y de haberse calculado el IBL en debida forma, el monto de la pensión hubiere sido la suma de $524.849 y no de $506.476.

8. También refirió la parte ejecutante que en la citada resolución se ordenó descontar la suma de $11.477.642, de los $35.288.337 que había ordenado girar.

9. Conforme lo anterior, consideró la parte ejecutante que la entidad ejecutada no ha cancelado la totalidad de la obligación, pues aún le adeuda tanto por concepto de capital como de intereses.

2.2. Tesis de la parte ejecutada

10. La entidad demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” contestó la demanda dentro del término establecido para tales efectos, argumentando que las pretensiones de la misma no están llamadas a prosperar, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, mediante la Resolución No. RDP 043756 del 9 de noviembre de 2018.

11. Adicionalmente, afirmó que los intereses, costas y mesadas son obligaciones

y segunda instancia, mediante la Resolución No. RDP 043756 del 9 de noviembre de 2018.

11. Adicionalmente, afirmó que los intereses, costas y mesadas son obligaciones diferentes, lo cual permite que el deudor pueda optar por satisfacerlas separadamente y en oportunidades distintas. Por lo tanto, el deudor puede elegir la deuda que paga y en el momento que lo hace, es decir que dicha entidad puede proferir un acto administrativo con el que reconoce un retroactivo de mesadas pensionales, e igualmente realizar el pago respectivo, lo cual le impone al juez la obligación de imputar dicho pago a ese mismo concepto (mesadas pensionales) y no a otro distinto, como en este caso serían los intereses previstos por el artículo 192 del CPACA.

12. También indicó , que el titulo base de ejecución no contiene una obligación clara, expresa y exigible en contra de la administración, por lo tanto, no puede serSENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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ejecutable y por ende la orden de pago librada en el asunto que nos ocupa debe ser revocada.

13. Igualmente precisó, que los intereses moratorios se calculan sobre el capital que corresponde al valor de las mesadas atrasadas indexadas desde la fecha de efectividad y/o prescripción hasta la fecha de ejecutoria d e la sentencia base de ejecución y en virtud de ello, propuso la excepción de pago o cumplimiento del fallo.

que corresponde al valor de las mesadas atrasadas indexadas desde la fecha de efectividad y/o prescripción hasta la fecha de ejecutoria d e la sentencia base de ejecución y en virtud de ello, propuso la excepción de pago o cumplimiento del fallo.

14. De igual manera manifestó, que los intereses moratorios se calculan sobre el capital que corresponde al valor de las mesadas atrasadas indexadas desde la fecha de efectividad y/o prescripción hasta la fecha de ejecutoria se la sentencia base de ejecución y en virtud de ello, propuso la excepción de pago o cumplimiento del fallo.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. Mediante Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar no probada la excepción de pago o cumplimiento de fallo propuesta p or la entidad ejecutada, (ii) seguir adelante con la ejecución, (iii), el pago de la obligación a la parte ejecutante, (iv) que una vez ejecutoriada la sentencia, cualquiera de las partes debe presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo señalado en el mandamiento de pago y (v) condenar en costas a la parte ejecutada.

16. Lo anterior, por considerar que quien propone la excepción de pago o cumplimiento del fallo tiene la carga probatoria de acompañar los documentos o actos administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas que pretenda hacer valer para demostrarlo, circunstancia que no se presentó en el presente asunto, pues la misma no se encuentra debidamente acreditada,

actos administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas que pretenda hacer valer para demostrarlo, circunstancia que no se presentó en el presente asunto, pues la misma no se encuentra debidamente acreditada, teniendo en cuenta que no se observaba en el plenario, que la dicha entidad haya cancelado el valor por concepto de retroactivo pensional y los intereses moratorios, los cuales son objeto de reclamación por ví a ejecutiva. Por lo tanto, se consideró que existe una obligación a cargo de la parte ejecutada.

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

17. La parte ejecutada apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que una vez verificada la base de pagos de la subdirección Financiera de la entidad se evidencia que se ha configurado el pago total de la obligación.

18. Aunado a ello, precisó que, al momento de efectuar el cálculo de la mesada pensional no es posible incluir como factor salarial la prima de vacaciones, pues, en la sentencia de segunda instancia de fecha 19 de abril de 2018, proferida por el se ordenó expresamente, no incluir dicho factor salarial en el cálculo de la mesada y, se indicó también la manera en la que fueron liquidados los aportes para pensión sobre los factores salariales no incluidos inicialmente en el cálculo de la mesada.

19. En virtud de lo anterior, mediante auto Interlocutorio de fecha 27 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.SENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.SENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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CONTROL DE LEGALIDAD

20. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

Contenido: 4.1 Competencia ; 4.2. Procedencia; 4.3. Problema Jurídico de instancia; 4.4. Tesis de la Sala; 4.5. Metodología y estructura de la decisión; 4.5.1.

Normatividad que regula el proceso ejecutivo; 4.5.2. El título ejecutivo contenido en una sentencia judicial; 4.5.3. El análisis del caso a partir de lo probado en el proceso y 4.6. La condena en costas.

4.1. Competencia

21. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, en virtud de l artículo 153 del CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

4.2. Procedencia

CPACA, el cual dispone que los Tribunales Administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las Sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.

4.2. Procedencia

22. El artículo 321 del Código General del Proceso, norma aplicable a los procesos ejecutivos, respecto del recurso de apelación, previó lo siguiente:

“(…) Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia , salvo las que se dicten en equidad (…)”.

23. El presente asunto se trata del recurso de apelación que la parte ejecutada ha interpuesto contra la sentencia de primera insta ncia, el cual es procedente a las voces de lo dispuesto en el artículo referido en líneas superiores.

4.3. Problema Jurídico de Instancia

24. De conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar si la decisión del A quo de fecha 26 de septiembre de 2023 mediante la cual se declaró no probada la excepción de pago o cumplimiento del fallo propuesta por la entidad ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el auto interlocutorio No. 132 del 18 de mayo de 202 1 debe ser confirmada, o si, por el contrario, en línea con los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓ N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” debe revocarse tal decisión.

apelación interpuesto por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓ N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” debe revocarse tal decisión.

4.4. Tesis de la Sala

25. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, que declaró no probada la excepción de pago o cumplimiento del fallo propuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓ N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP y ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación a favor de la señora BENILDA GAMBOA DESENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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CÓRDOBA, por cuanto las pruebas obrantes en el plenario, no dan cuenta que la entidad ejecutada haya cumplido en su totalidad con tal obligación.

4.5. Metodología y estructura de la decisión

26. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará la normatividad que regula el proceso ejecutivo (4.5.1.), El título ejecutivo contenido en una sentencia judicial (4.5.2), y posteriormente, se examinará el caso concreto a partir de lo probado en el proceso

(4.5.3).

4.5.1. La normatividad que regula el proceso ejecutivo

27. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(4.5.3).

4.5.1. La normatividad que regula el proceso ejecutivo

27. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo, sin embargo, el artículo 306 ibídem previó que, en aquellos aspectos no contemplados en dicha disposición normativa, se seguiría el Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso, en el cual de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo.

28. La mencionada norma, es del siguiente tenor:

«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

4.5.2. El título ejecutivo contenido en una sentencia judicial

29. Respecto al título ejecutivo, e l artículo 422 del Código General del Proceso

previó:

«(…) Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley

«La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley

«La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

(Subrayado fuera de texto)

30. A su vez, el numeral 1º del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 previó que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

31. Así, de la definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso es dable inferir la existencia de requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este” 2 y los segundos, “que de esos documentos aparezca a

2 El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824SENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero” 3.

favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero” 3.

32. Conforme lo anterior , es claro que se puede exigir la ejecución de las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción y iii) que constituyan plena prueba contra él4.

33. En virtud de ello, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo ya referidos5.

34. Sobre el particular, e l H onorable Consejo de Estado ha sostenido que la sentencia judicial puede ser un título ejecutivo autónomo, por lo cual consigue ser objeto de ejecución sin tener que encontrarse ligado a un acto administrativo de reconocimiento; sin embargo, para ser exigida vía ejecutiva, si es necesa rio que haya sido presentada para su pago ante la entidad condenada.

35. Al respecto, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de tutela de fecha 18 de febrero de 2016 proferida dentro del proceso radicado con el No. 11001-03-15-000-2016-0015300(AC), sostuvo lo siguiente6:

«(…) No obstante, esta Subsección considera que, para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios

«(…) No obstante, esta Subsección considera que, para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es requisito la copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el título ejecutivo. Veamos:

c) Regulación del proceso ejecutivo en la Ley 1437 de 2011 y el Código de Procedimiento Civil.

El CPACA reguló de manera parcial e incompleta lo concerniente a los documentos que se pretendan hacer valer como título en la ejecución de las sentencias, en el artículo 297 del CPACA, el cual regula lo siguiente:

“[…] Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas p roferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3 ib. 4 Devis Echandía, Hernando, Editorial Temis , 1961. 5 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, Consejera Ponente Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, de 25 de junio de 2015, expediente 200012331000 2011 -00548 01 (2586 – 2013), proceso

Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, de 25 de junio de 2015, expediente 200012331000 2011 -00548 01 (2586 – 2013), proceso ejecutivo, actor: Yesid Fernando Romero Pineda, Nación – Mindefensa – Ejercito Nacional. Tema: apelación de la sentencia que resolvió las excepciones. 6 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; Consejera Ponente Doctora. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 18 de mayo de 2018, Radicación número: 76001 -23-33-0002015-00265-01(1286-16) Demandante: Holge r Peña Córdoba Demandado: Corporación Autónoma Regional del

Valle del CaucaSENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo lo s contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que c onsten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho

expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la exis tencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De la norma anterior, claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos, además de los enunciados en los numerales 2 y 3, (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.

Ahora bien, según el CPC y el CPACA 7 la sentencia es la providencia que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.

Por ello, la sentencia proferida po r los jueces administrativos 8, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia.

ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia.

Es cierto que la norma citada9 indica que los actos administrativos expedidos por las entidades de derecho público también constituyen títulos ejecutivos. Pero ello implica, según la interpretación de la Subsección A, que es predicable en cuando qu e los mismos sean los que crean, modifican o extinguen un derecho. Situación diferente se presenta cuando se trate de actos administrativos de ejecución o expedidos en cumplimiento de la sentencia judicial, porque es ésta última la que declara, constituye el derecho u ordena la condena10.

En resumen: El juez no puede exigir al ejecutante de la sentencia judicial, que anexe los actos administrativos de cumplimiento expedido por la entidad de derecho público, puesto que la sentencia judicial es completa, autónoma y suficiente».

7 Ver artículo 278 del CGP. 8 Concepto general que incluye los jueces, tribunales y el Consejo de Estado. 9 Artículo 297 del CPACA

12. Con criterio finalista las sentencias se p ueden subclasificar de la siguiente manera: (i) Sentencia declarativa que se limita a reconocer una relación o situación jurídica ya existente. (ii) Sentencia constitutiva que crea, modifica o extingue un a situación o relación jurídica y (iii) Sentencia de condena que ordena una determinada conducta o el pago de suma dineraria. 10 Comentarios al título IX “Proceso Ejecutivo” de la Ley 1437 de 2011; Código de Procedimiento Administrativo y

conducta o el pago de suma dineraria. 10 Comentarios al título IX “Proceso Ejecutivo” de la Ley 1437 de 2011; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comentado y concordado; Universidad Externado de Colombia, 2ª Edición; 2016; pág. 698.SENTENCIA EJECUTIVO (2DA INSTANCIA)

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36. La doctrina ha coincidido con la posición adoptada en la sentencia transcrita, en el sentido de aceptar que la sentencia constituye un título ejecutivo por sí sola; sin embargo, ha considerado que para ser ejecutada debe haber sido presentada para su pago ante la entidad condenada.

37. Así las cosas, la Sala deduce que el título es simple cuando la administración no ha cumplido la decisión judicial, en cuyo caso, aquel está conformado solamente con la sentencia ejecutoriada. Por el contrario, cuando el fundamento del proceso ejecutivo se a una sentencia judicial acatada de manera imperfecta, el título ejecutivo es complejo, pues está conformado por aquella , la constancia de ejecutoria y el acto que expide la administración para cumplirlo.

4.5.3. El análisis del caso a partir de lo probado en el proceso

38. Conforme las pruebas válidamente aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

39. Agotado el trámite de instancia respectivo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 27001333300320130026000, el

acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

39. Agotado el trámite de instancia respectivo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 27001333300320130026000, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó el día 4 de abril de 2016, profirió la sentencia No. 041 a través de la cual accedió parc ialmente a las suplicas de la demanda11.

40. La anterior decisión fue modificada por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante providencia No. 60 de fecha 19 de abril del 201812.

41. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social emitió la Resolución No. RDP 043756 de fecha 9 de noviembre de 2018 mediante la cual reliquidó la pensión de vejez de la señora BENILDA GAMBOA DE CÓRDOBA , elevando la cuantía de la misma a la suma de $506.476 efectiva a partir del 01 de enero de 2003, con efectos fiscales a partir del 17 de mayo de 2010 por prescripción trienal13.

42. Luego, mediante Resolución No. RDP 046437 del 11 de diciembre de 2018 la entidad ejecutada dispuso modificar la parte motiva de la Resolución No. RDP 043756 del 09 de noviembre de 2018, en el sentido de indicar que la fecha de ejecutoria del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó de fecha 19 de abril de 2018, es el 30 de abril de 2018; además, modificó el artículo primero

en los siguientes términos14:

ejecutoria del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó de fecha 19 de abril de 2018, es el 30 de abril de 2018; además, modificó el artículo primero en los siguientes términos14:

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por TRIBUNALCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ el 19 de abril de 2018, se reliquida la pensión de VEJEZ del (a) señor(a) GAMBOA DE CÓRDOBABENILDA, ya identificado (a), en los siguientes términos:”

CUANTÍA $506.476

11 Visible a índice 0025 denominado “Incorpora expediente digitalizado” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, archivo denominado” 34_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_ 27001333300320130026(.pdf) NroActua 25 página 340-367 12 Visible a índice 00025 denominado “Incorpora expediente digitalizado” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, archivo denomina do” 36_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_ 27001333300320130026(.pdf) NroActua 25” página 64-85 13 Visible a índice 00025 denominado “Incorpora expediente digitalizado” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAI -Primera Instancia, archivo denominado” 36_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_ 27001333300320130026(.pdf) NroActua 25” página 101-107 14 Visible a índice 00017 denominado “Incorpora expediente digitalizado” del expediente electrónico del proceso