TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2015-00260-01 (14-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No. 35

Magistrado Ponente: Dr. LARRY YESID CUESTA PALACIOS

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DEISON PEREA MOSQUERA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN RADICACIÓN: 27001-33-33-003-2015-00260-01

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

I. ASUNTO

Procede la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal, a resolver el recurso de apelación instaurado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia No. 10 del 10 de febrero de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial, el señor Deison Perea Mosquera, Luz Nelly Mosquera Mosquera quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija Angélica Perea Mosquera; María Yasmina Perea Mosquera, Mary Luz Perea Mosquera , Darlyn Perea Mosquera , Erinson Perea Mosquera , María Lorencita Perea Gómez, Iris Esther Perea Gómez, José Misael Mosquera Mosquera, Felisa Mosquera Ruiz y Manuel León Perea Mosquera, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley

Lorencita Perea Gómez, Iris Esther Perea Gómez, José Misael Mosquera Mosquera, Felisa Mosquera Ruiz y Manuel León Perea Mosquera, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 20111, demandaron a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de obtener las siguientes:

2.1. Declaraciones y condenas

• Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a las entidades demandadas, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Deison Perea Mosquera, y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Página 2 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Deison Perea Mosquera y Otros Demandado: Nación – Rama judicial y Otro

2.2. Hechos

El señor Deison Perea Mosquera fue capturado el 27 de marzo de 2012 siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, sindicado de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

El 28 de marzo de 2012, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Q uibdó, realizó audiencia concentrada, a través de la

porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

El 28 de marzo de 2012, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Q uibdó, realizó audiencia concentrada, a través de la cual legalizó la captura, se hizo la formulación de la imputación y se impuso medida de aseguramiento intramural, contra el señor Deison Perea Mosquera.

Después de agotarse el procedimiento de rigor, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conoc imiento de San Juan de Pasto , mediante sentencia No. 37 del 4 de diciembre de 2012, resolvió absolver al señor Perea Mosquera, por el punible acusado.

2.3. Contestación de la demanda

2.3.1. Fiscalía General de la Nación

Mediante apoderada judicial, se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que, para el caso no se configuraban los supuestos esenciales que permitieran estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de su representada, por cuanto el actuar se surtió de conformidad con la Constitución, las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes, actuación de la cual no se puede predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Advierte, que para el caso en estudio la Fiscalía General de la Nación, obró de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 de la Carta, y que, para efecto de proferir un fallo con responsabilidad, era necesario ajustar las circunstancias al marco legal Colombiano, especialmente al Artículo 90 de la Constitución, para lo cual habría que demostrarse la existencia de una acción o una omisión de un

de proferir un fallo con responsabilidad, era necesario ajustar las circunstancias al marco legal Colombiano, especialmente al Artículo 90 de la Constitución, para lo cual habría que demostrarse la existencia de una acción o una omisión de un agente de la entidad; un daño, como consecuencia de lo anterior, y, un nexo causal entre el hecho, la omisión y el daño, lo s que para su sentir no estaban dados en el caso bajo estudio.

2.3.2. La Nación – Rama Judicial guardó silencio.

2.4. Sentencia apelada

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó negó las pretensiones de la demanda, al considerar que:

“(…) Valorado en conjunto el material probatorio, se concluye que se encuentran acreditado la plena identidad del señor DEISON PEREA MOSQUERA, lo que se sustenta con el informe de plena identidad suscritoPágina 3 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

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por el señor JOSÉ HERNÁNDEZ, la reseña decadactilar del acusado y la fotocopia de la cedula de ciudadanía del mismo.

El informe de inteligencia referenciado, es un indicio grave de responsabilidad en contra del señor DEISON PEREA MOSQUERA, como autor de los delitos indilgados. Ahora, la decadactilar del acusado cotejada con las presentadas por la Registraduría resultó positivo.

Entonces esta instancia considera que en su momento esos elementos

autor de los delitos indilgados. Ahora, la decadactilar del acusado cotejada con las presentadas por la Registraduría resultó positivo.

Entonces esta instancia considera que en su momento esos elementos probatorios eran validados y suficientes para librar orden de captura y dictar medidas de aseguramiento en prisión intramural en contra del señor DEISON PEREA MOSQUERA, es evidente que el acusado pues dio lugar al desenlace de una investigación penal y medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Así las cosas, aplicado el criterio de la SU del Honorable Consejo De Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Consejero

Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera - Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) – expediente 66001-23-31-000-201000235 01 (46.947), se negarán las pretensiones de la demanda. Por cuanto como se dejó establecido en líneas anteriores, la medida proferida se ajustó a lo requerido en su momento por la normatividad procesal penal, en consecuencia no deviene en injusta la medida. (…)”

2.5. El recurso de apelación

La parte accionante, inconforme con la decisión anterior, presentó apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al señalar que:

“(…) él no había cometido ningún tipo de delito por no ser “alias Don Bern a”; en otras palabras, porque su conducta no era delito, ni su conducta era antijurídica, pues erróneamente lo confundieron con otra persona.

La defensa penal del señor Deison Perea demostró que DEISON PEREA MOSQUERA

otras palabras, porque su conducta no era delito, ni su conducta era antijurídica, pues erróneamente lo confundieron con otra persona.

La defensa penal del señor Deison Perea demostró que DEISON PEREA MOSQUERA no era la persona que la fiscalía decí a que era (alias don Berna), que él no perteneció a ningún grupo criminal, que no participó en el homicidio que se imputaba, ni tampoco en un delito de hurto agravado, con base en pruebas documentales y testimoniales, que se recepcionaron en el expediente penal a través de tres testigos.

Se demostró que DEISON PEREA MOSQUERA fue detenido por error judicial, que era inocente, la defensa contó con pruebas documentales que demostraron que en los años que se dice que alias "Don Berna" actuó como integrante de los rastrojos, DEISON PEREA MOSQUERA ni siquiera estaba en el municipio de Policarpa, que no existió acuerdo de voluntades derivado de un concierto para delinquir, o el ánimo de permanencia en el tiempo, que no fue, ni es integrante del grupo LOS RASTROJOS.

Es decir, que se acreditó no solo la inocencia de DEISON PEREA MOSQUERA, sino que este nunca se puso en situación de verse investigado, ya que su investigación simplemente surgió por un error de la Fiscalía que lo confundió con otra persona y que equivocadamente lo vinculó a grupos armados ilegales.

Lo anterior acredita que el daño sufrido por el Sr. Deison Perea Mosquera fue antijurídico y como consecuencia debe condenarse a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a reconocer los perjuicios solicitados. (…)”Página 4 de 19

antijurídico y como consecuencia debe condenarse a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a reconocer los perjuicios solicitados. (…)”Página 4 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Deison Perea Mosquera y Otros Demandado: Nación – Rama judicial y Otro

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud de lo dispuesto en los artículos 153 y 247-7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala determinar conforme al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, si la privación de la libertad del señor Deison Perea Mosquera fue o no injusta y, por tanto, si hay lugar a imputar responsabilidad a las entidades accionadas.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

En Sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional estudió la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En esta, además de hacer referencia a la sentencia C-037 de 1996 realizó las siguientes afirmaciones:

“El juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.

Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que

Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa”.

Agrega la sentencia en comento que, en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son, cuando el hecho no existió o la conducta era o bjetivamente atípica, por lo que, para la Corte, la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, en consecuencia, el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

Contrario sensu, cuando se trata de las absoluciones relacionad as con la aplicación del principio de indubio pro reo o aquella consistente en que el procesado no cometió el delito, consideró que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma.

Por su parte, en torno a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado desarrolló una juris prudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.Página 5 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Deison Perea Mosquera y Otros

-Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.Página 5 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Deison Perea Mosquera y Otros Demandado: Nación – Rama judicial y Otro

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de esa alta Corporación acudió a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad imponiendo su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

Incluso, en providencia de unificación2 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, consideró el máximo órgano de la jurisdicción que, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las

la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva3.

No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó su jurisprudencia respecto de la responsabilidad de la administración por casos de privación injusta de la libertad, señalando que cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sin importar cual fuere la causal para ello, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño4.

Agrega la providencia en cita, que se debe verificar si quien fue privado de la libertad actuó bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y la subsecuente imposición de la medida de ase guramiento de detención preventiva. Para estos efectos, en aplicación del principio iura novit curia, el juzgador puede causar el análisis bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con

medida de ase guramiento de detención preventiva. Para estos efectos, en aplicación del principio iura novit curia, el juzgador puede causar el análisis bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013. expediente 23.354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 3 Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, expediente 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras. 4 Sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente 46.947Página 6 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

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el caso concreto, manifestando de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

Mediante sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Subsección "B" de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019 dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01 y ponencia del doctor Martín Bermúdez Muñoz, se resolvió DEJAR SIN EFECTOS la sentencia

dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01 y ponencia del doctor Martín Bermúdez Muñoz, se resolvió DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de agosto de 2018 reseñada en líneas anteriores y ordenando la expedición de un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso conc reto se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia.

Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“25.- La valoración de la conducta preprocesal es competencia exclusiva del juez penal. Si el juez de la responsa bilidad estatal concluye que la detención de la demandante fue genera da por su propia conducta, no so lo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria porque implica considerar, de acuerdo con una de las línea s jurisprudenciales antes expuestas, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito 5 y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara s u detención. A tal conclusión so lo puede llegarse desconociendo la decisión penal que la declaró inocente, porque, conforme con ella, los hechos no constituían delito de acuerdo con la ley vigente en el momento en que ocurrieron (...)

41.- Aunque en la sentencia de responsabilidad esta tal se afirmó repetidas veces que la valoración de la culpa de la señora Ríos se hizo desde criterios propios del juez de la responsabilidad patrimonial, lo cierto es que la Sala adjudicó consecuencias penales a la misma conducta preprocesal que ya había s ido valorada por el funcionario judicial competente para declararla inocente. En la

juez de la responsabilidad patrimonial, lo cierto es que la Sala adjudicó consecuencias penales a la misma conducta preprocesal que ya había s ido valorada por el funcionario judicial competente para declararla inocente. En la sentencia de 15 de agosto de 2018 (exp. 46947), en efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado limitó los derechos de la señora Ríos a la reparación, porque creó sospe chas sobre su culpabilidad mediante la utilización de afirmaciones y argumentos construidos en detrimento de su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

42.- En definitiva, la Sección Tercera determinó que la señora Ríos tuvo la culpa de ser detenida, pues su conducta preprocesal, (la misma por la que ya había sido declarada inocente penalmente), fue la causa eficiente de la privación de su libertad, y, en consecuencia, del daño cuya indemnización pretendía (…)

44.- La Sala amparará el derecho al debido proceso, particularmente en lo referente a la presunción de inocencia , dejará sin efectos la sentencia de 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado (exp. 46947) y dispondrá que en la sentencia de reemplazo se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia; y por las razones explicadas al determinar el problema jurídico, se resalta que este fallo no tiene ninguna incidencia respecto de la forma en que el juez natural del caso decida operar los títulos jurídicos de imputación de responsabilidad del Estado (Negrilla y subrayado fuera del texto).

El seis de agosto de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado, profiere la

caso decida operar los títulos jurídicos de imputación de responsabilidad del Estado (Negrilla y subrayado fuera del texto).

El seis de agosto de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado, profiere la sentencia de reemplazo ordenada en sede de tutela, señalando que “el carácter

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 15 de agosto de 2018, exp. 46947Página 7 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

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injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido, pues de no serlo, se puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado”.

3.4. Caso concreto

Conforme lo normado en el artículo 90 de la Constitución Política dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, esto es, la existencia de un daño antijurídico y que este devenga de la acción u omisión de una autoridad pública.

En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que la parte debe soportar, y, por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.4.1 Sobre los hechos relativos al daño

grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.4.1 Sobre los hechos relativos al daño

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la afrenta que padeció el señor Deison Perea Mosquera en su libertad física, por causa de la captura, la imputación y la imposición de medida de detención preventiva de la que fue víctima directa; y en el agravio que soportaron sus familiares cercanos.

En la demanda se acredita con la certificación del 4 de diciembre de 20126, que el señor Deison Perea Mosquera fue privado de su libertad por el período comprendido entre el 29 de marzo y el 4 de diciembre de 2012, esto es, por espacio de 8 meses y 5 días. Por este motivo, la Sala puede concluir que se satisface el primer requisito exigido por la sentencia de unificación antes referida, esto es, que el daño —privación de la libertad— deviene en antijurídico, a las luces de la cláusula general de responsabilidad del Estado.

3.4.2 En torno a la imputación Constatado el daño antijurídico, procede la Sala de Decisión a verificar si se encuentra acreditado el segundo de los elementos de la responsabilidad, es decir el juicio de imputación como componente que posibilite la atribución del daño a la accionada.

3.4.2.1 Análisis de la imposición de la medida de aseguramiento

Sea dable destacar que en el presente caso no se aportaron las motivaciones en el acta de audiencia ni el audio, tampoco la audiencia de legalización de captura

3.4.2.1 Análisis de la imposición de la medida de aseguramiento

Sea dable destacar que en el presente caso no se aportaron las motivaciones en el acta de audiencia ni el audio, tampoco la audiencia de legalización de captura e imposición de medida de aseg uramiento celebrada el 27 de marzo de 2012,

6https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/2700133/270013333003201500260 00/5524139D922C4D65465A9731B4AF8BA210E31980/2, folio 3.Página 8 de 19

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sin embargo, los demás documentos informan el cumplimiento de los preceptos legales aplicables al caso.

De las piezas probatorias que obran en el expediente y en especial en la adición del escrito de acusación, se pudo constatar que el señor Deison Perea Mosquera fue vinculado al proceso penal, señalado de ser integrante de la banda criminal Comando Central Sur “RASTROJOS y como autor d el punible de “CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO INCISO 2°, HOMICIDIO AGRAVADO Y PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS”7, .

Según se consigna en el mencionado escrito, la investigación penal adelantada en contra del “Comando Central Sur “RASTROJOS” tuvo sus inicios el 14 de enero de 2010 y la vinculación del aquí demandante, Perea Mosquera, se fundamentó

Según se consigna en el mencionado escrito, la investigación penal adelantada en contra del “Comando Central Sur “RASTROJOS” tuvo sus inicios el 14 de enero de 2010 y la vinculación del aquí demandante, Perea Mosquera, se fundamentó en el reconocimiento fotográfico realizado por un agente encubierto de la Policía Nacional y de 4 integrantes del grupo delincuencial mencionado, quienes lo identificaron como alias don Berna.

En los alegatos de conclusión del proceso penal8, el ente acusador solicitó al juez de conocimiento “emitir sentencia absolutoria a favor del procesado DEISON PEREA MOSQUERA, por no existir ni siquiera la inferencia razonable de su autoría o participación en los delitos investigados”.

Finalmente, en Sentencia No 37 del 4 de diciembre de 2012, el Juzgado Penal del Circuito de Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto, resolvió absolver al señor Perea Mosquera de los delitos por los cuales había sido acusado, como fundamento de su decisión señaló que9

(…) la fiscalía no acreditó de ninguna manera como se realizaron o elaboraron los álbumes fotográficos, ninguna pregunta se hizo al respecto para aclarar el tramite adelantado, como o de que base de datos se obtuvieron las fotografías que fueron utilizadas en la diligencia, inclusive de una revisión de los documentos presentados, es muy fácil evidenciar que la fotografía señalada por los testigos como la que corresponde a alias “Don Berna” no son iguales, además, que se presentan en fotocopia, en blanco y negro, lo que puede generar confusión en la per sona que hace el reconocimiento fotográfico.

En cuanto al segundo momento, al analizar la prueba documental relacionada con

fotocopia, en blanco y negro, lo que puede generar confusión en la per sona que hace el reconocimiento fotográfico.

En cuanto al segundo momento, al analizar la prueba documental relacionada con los reconocimientos fotográficos, para determinar si la información aportada en ellos es acertada y comparar los resultados con lo declarado en juicio por los testigos reconocedores, se determina que no hay coincidencia, pues si bien, ellos se ratifican en su actuación, y aclaran que la fotografía señalada corresponde a alias “Don Berna” o presenta algún parecido con dicha persona, no realizaron ningún señalamiento que incrimine al acusado DEISON PEREA MOSQUERA, quien estuvo presente en el juicio, razón por la cual la prueba documental en mención pierde total valor frente a la responsabilidad penal que en principio se atribuyó a

DEISON PEREA MOSQUERA.

7https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/2700133/27001333300320150 026000/F0293526A9FACC0CA79EDD6E8FF83A2D617DF73C/2, folio 113 y siguientes. 8 Folios 347 a 351 ibídem. 9 Folios a 400Página 9 de 19

Referencia: Expediente no: 27001333300320150026001

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Deison Perea Mosquera y Otros Demandado: Nación – Rama judicial y Otro

Con base en tales argumentos, se obtiene una respuesta al problema jur ídico planteado, es decir que en el sub -judice, se ha demostrado que el señor DEISON PEREA MOSQUERA (…) NO corresponde al integrante grupo delincuencial LOS RASTROJOS conocido con el alias de “Don Berna”.

planteado, es decir que en el sub -judice, se ha demostrado que el señor DEISON PEREA MOSQUERA (…) NO corresponde al integrante grupo delincuencial LOS RASTROJOS conocido con el alias de “Don Berna”.

Igualmente conforme a lo demostrado, la posición que asume la Fiscalía al finalizar el juicio es totalmente procedente y no se presenta como arbitraria, ya que, con base en la prueba allegada en juicio, se solicita que se profiera sentencia absolutoria, petición que es vinculante para el juez conforme a lo previsto el art. 446 de la ley 906 de 2 004, según el cual “El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por los cuales no se ha solicitado condena”.

En consonancia con lo expuesto, es claro para la Sala que la privación de la libertad del señor Perea Mosquera deviene en i njusta, como quiera que en el decurso penal se demostró que el encartado no había tenido participación alguna en el tipo penal por el cual había sido investigado.

La Sala no desconoce que de acuerdo con el artículo 250 de la C.P. la Fiscalía tiene la obligación de adelantar las investigaciones de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento y por consiguiente una carga que todas las personas deben soportar, sin embargo, en el presente asunto el señor Perea Mosquera no desplegó comportamiento alguno que le mereciera ser privado de la libertad mientras transcurría el decurso investigativo.

Debe destacarse aquí el reproche del juez de la causa penal al señalar que “de una revisión de los documentos presentados, es muy fácil evidenciar que la

mereciera ser privado de la libertad mientras transcurría el decurso investigativo.

Debe destacarse aquí el reproche del juez de la causa penal al señalar que “de una revisión de los documentos presentados, es muy fácil evidenciar que la fotografía señalada por los testigos como la que corresponde a alias “Don Berna” no son iguales, además, que