TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2017-00304-01 (14-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No. 52

Magistrado Ponente: Dr. LARRY YESID CUESTA PALACIOS

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: YEISON IBARGUEN MOSQUERA – OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL

DE LA NACIÓN RADICACIÓN: 27001333300320170030401

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

I. ASUNTO

Procede la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal, a resolver el recurso de apelación instaurado por el apoderado judicial de la entidad accionada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia No. 262 del 16 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial, los señores YEISON IBARGUEN MOSQUERA como víctima directa, KAREN VICTORIA IBARGUEN, LUZ YORLENIS IBARGUEN MOSQUERA y YESENIA PATRICIA IBARGUEN MOSQUERA en calidad de hermanos de la víctima , actuando en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 1, demandaron a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, con

hermanos de la víctima , actuando en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 1, demandaron a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de obtener las siguientes:

2.1. Declaraciones y condenas

• Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a las entidades demandadas, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Yeison Ibarguen Mosquera, y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Página 2 de 13

Referencia: Expediente No: 27001333300320170030401

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Yeison Ibarguen Mosquera – otros Demandado: Nación – Rama judicial – Fiscalía General de la Nación

2.2. Fundamentos fácticos

Los hechos consignados en la demanda se resumen de la siguiente manera:

El señor Yeison Ibarguen Mosquera, fue privado injustamente de su libertad, el día 21 de agosto de 201 4, por haber hecho supuestamente amenazas y constreñimiento a Los señores LUIS ELADIO MOSQUERA IBARGUEN y MARCO

TULIO ASPRILLA ALBORNOZ.

El Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Condoto, realizó audiencia concentrada, a través de la cual se legalizó la captura, se hizo la formulación de la imputación y se impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

realizó audiencia concentrada, a través de la cual se legalizó la captura, se hizo la formulación de la imputación y se impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

2.3. Contestación de la demanda

2.3.1. La Nación – Rama Judicial

La Rama Judicial, en contestación allegada dentro de la oportunidad, se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto la actuación de la entidad fue ajustada a derecho y la vinculación al proceso del señor YEISON IBARGUEN MOSQUERA se debió a los elementos probatorios aporta dos por la Fiscalía General que exigían un pronunciamiento de la judicatura.

Expresó que la vinculación del señor Ibarguen Mosquera al proceso pe nal, se debió a actuaciones que provenían de la Fiscalía General de la Nación, por lo que la judicatura en virtud de ello procedió a emitir un pronunciamiento ajustado a derecho.

Formuló como excepciones la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, AUSENCIA DE NEXO CAUSAL, CULPA EXCLUSIVA DE LA V ÍCTIMA Y

HECHO DE UN TERCERO.

2.3.2 Fiscalía General de la Nación

Mediante apoderada judicial, manifestó que se atiene, respecto de los hechos, a los que resulten probados en el proceso; se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que, para el caso no se configuraban los supuestos esenciales que permit ieran estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de su representada , en tanto la actuación de la Fiscalía se surtió conforme la disposiciones constitucionales y legales.

Que le corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación, para de acuerdo con

cabeza de su representada , en tanto la actuación de la Fiscalía se surtió conforme la disposiciones constitucionales y legales.

Que le corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación, para de acuerdo con la prueba obrante en ese momento procesal, solicitar como medida preventiva la detención del sindicado, correspondiéndole al Juez de garantías estudiar dicha solicitud, analizar las pruebas presentadas y establecer la viabilidad o no de decretarla; por lo que es la autoridad judicial quien finalmente toma la decisión.Página 3 de 13

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Que la conducta desplegada por el accionante, legitimó a la entidad para adelantar una investigación penal en su contra, y que, no obstante, fue absuelto de los cargos que se le imputaron, no significa que automáticamente surja la obligación de reparar un daño.

Formuló como excepciones la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, AUSENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO E IMPUTABILIDAD DEL MISMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL,

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES A

FAVOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

2.4. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , mediante sentencia No. 262 del 16 de julio de 2024, proferida dentro del presente asunto,

2.4. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , mediante sentencia No. 262 del 16 de julio de 2024, proferida dentro del presente asunto, resolvió declarar la responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y condenarla al pago de perjuicios morales.

Para arribar a la anterior conclusión, el a quo refirió en la providencia que (se transcribe incluso con errores):

“(…) Probada la privación de la libertad, en virtud del desarrollo de un proceso de responsabilidad penal que posteriormente termina con absolución del procesado y en consecuencia con el recobro de la libertad personal, es claro, que se trató de una privación injusta de la libertad que la persona y sus familiares no están o estaban en el deber jurídico de soportar. Haber sufrido la privación de su libertad, en esas circunstancias, genera para la víctima directa y sus familiares y damnificados un daño antijurídico, bajo la causal de imputación objetiva. (…)

Está establecido el carácter de privación injusta de la libertad bajo el título de imputación de responsabilidad objetiva, del señor YEISON IBARGUEN MOSQUERA Procede el Despacho a determinar si el daño antijurídico es atribuible a la Rama Judicial y/o a la Fiscalía General de la Nación de manera conjunta o solidaria o si lo es únicamente respecto de una de ellas. (….)

(…) Como bien se puede apreciar la norma dispone que, escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá

respecto de una de ellas. (….)

(…) Como bien se puede apreciar la norma dispone que, escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión. Lo anterior indica que el Juez de Control de Garantías debe valorar las pruebas que se allegan a la audiencia de solicitud de medida de aseguramie nto, para luego de ello proferir su decisión decretándola o negándola. Así las cosas, en vigencia de la Ley 906 de 2004, los efectos de una detención injusta de la libertad, como consecuencia de una medida de aseguramiento en desarrollo de laPágina 4 de 13

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investigación penal, hace responsable a la Rama Judicial, razón por la cual, será declarada responsable en el presente proceso. (…)” 2.5. El recurso de apelación

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, inconforme con la decisión anterior, presentó apelación, solicitando revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual señaló que “el hecho de que exista una sentencia Absolutoria NO significa que la medida de aseguramiento decretada por el Juez de control de Garantías fue injusta, ilegal y desproporcionada, máxime cuando la terminación del proceso se dio por preclusión con ocasión de la prescripción de la acción penal.

No es suficiente por sí sola la desvinculación penal o la absolución definitiva del acusado, para que haya lugar a establecerse la responsabilidad del Estado, en

preclusión con ocasión de la prescripción de la acción penal.

No es suficiente por sí sola la desvinculación penal o la absolución definitiva del acusado, para que haya lugar a establecerse la responsabilidad del Estado, en cabeza de LA RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, es obligación legal del accionante acreditar los prepuestos de ley contenidos en la CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL del artículo 90 de nuestra Carta Política: EL DAÑO, EL HECHO GENERADOR DEL MISMO y un NEXO DE CAUSALIDAD que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador, que evidencie las actuaciones irregulares, arbitrarias e ilegales por parte de los Operadores de Justicia que intervinieron en el proceso penal, (actuaciones realizadas en CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL Y CONSTITUCIONAL) de las cuales se pueda predicar una fa lla en el servicio por parte de la administración de justicia, el demandante y su entorno familiar no estaban en la obligación constitucional y legal de soportar la medida de aseguramiento privativa de su libertad”.

Concluye expresando que en el caso concreto se actuó conforme los preceptos legales y fue el ente investigador quien no pudo desvirtuar la presunción de inocencia del hoy demandante y que la Rama Judicial actuó en razón a principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado en contra de la reseñada sentencia, conforme lo dispuesto por el artículo 153 del CPACA2.

3.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado en contra de la reseñada sentencia, conforme lo dispuesto por el artículo 153 del CPACA2.

2 Con anterioridad a la expedición de la citada Ley, las demandas incoadas en ejercicio de la acción de reparación directa, sustentadas en los títulos de imputación “privación injusta de la libertad, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, estaban asignadas en primera instancia a los Tribunales Contencioso Administrativos, al establecerlo así el auto del 9 de septiembre de 2008, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, pues se adujo en aquél proveído, que para efectos de conocer dichos temas, debía observarse el factor orgánico, a través del cual se asignaba su conocimiento a los Tr ibunales Administrativos y al Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, sin parar mientes en el factor cuantía, el cual en la actualidad, en vigencia del CPACA, es el factor que se tiene en cuenta para asignar el conocimiento de estos asuntos.Página 5 de 13

Referencia: Expediente No: 27001333300320170030401

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De igual forma, según lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso3, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 3.2. Problema jurídico

De igual forma, según lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso3, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 3.2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala determinar conforme al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, si la privación de la libertad del señor Yeison Ibarguen Mosquera fue o no injusta y, por tanto, si hay lugar a imputar responsabilidad a las entidades accionadas.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

En Sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional estudió la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En esta, además de hacer referencia a la sentencia C-037 de 1996 realizó las siguientes afirmaciones:

• El juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.

• Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa.

Agrega la sentencia en comento que, en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son, cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, por lo que, para la Corte, la privación de la libertad resulta irrazon able y desproporcionada, en consecuencia, el daño antijurídico se demuestra sin

son, cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, por lo que, para la Corte, la privación de la libertad resulta irrazon able y desproporcionada, en consecuencia, el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

Contrario sensu, cuando se trata de las absoluciones relacionadas con la aplicación del principio de in dubio pro reo o aquella consistente en que el procesado no cometió el delito, consideró que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma.

Por su parte, en torno a los presupuestos para de clarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado desarrolló una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.

3 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.Página 6 de 13

Referencia: Expediente No: 27001333300320170030401

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En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de esa alta Corporación acudió a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad imponiendo su

Demandado: Nación – Rama judicial – Fiscalía General de la Nación

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de esa alta Corporación acudió a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad imponiendo su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

Incluso, en providencia de unificación4 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunq ue el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, consideró el máximo órgano de la jurisdicción que, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como res ultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber

exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva5.

No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó su jurisprudencia respecto de la responsabilidad de la administración por casos de privación injusta de la libertad, señalando que cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sin importar cual fuere la causal para ello, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño6.

Agrega la providencia en cita, que se debe verificar si quien fue privado de la libertad actuó bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Para estos efectos, en aplicación del principio iura novit curia, el juzgador puede causar el análisis bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto, manifestando de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Conte ncioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de

el caso concreto, manifestando de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Conte ncioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013. expediente 23.354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 5 Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de dic iembre de 2006, expediente 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, expediente 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras. 6 Sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente 46.947Página 7 de 13

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Mediante sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Subsección "B" de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019 dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01 y ponencia del doctor Martín Bermúdez Muñoz, se resolvió DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de agosto d e 2018 reseñada en líneas anteriores y ordenando la expedición de un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso concreto se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia.

del 15 de agosto d e 2018 reseñada en líneas anteriores y ordenando la expedición de un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso concreto se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia.

Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“25.- La valoración de la conducta pre procesal es competencia exclusiva del juez penal. Si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la detención de la demandante fue genera da por su propia conducta, no so lo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria porque implica considerar, de acuerdo con una de las líneas jurisprudenciales antes expuestas, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito 7 y determinó qu e la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención. A tal conclusión solo puede llegarse desconociendo la decisión penal que la declaró inocente, porque, conforme con ella, los hechos no constituían delito de acuerdo con la ley vigente en el momento en que ocurrieron (...)

41.- Aunque en la sentencia de responsabilidad estatal se afirmó repetidas veces que la valoración de la culpa de la señora Ríos se hizo desde criterios propios del juez de la responsabilidad patrimonial, lo cierto es que la Sala adjudicó consecuencias penales a la misma conducta pre procesal que ya había sido valorada por el funcionario judicial competente para declararla inocente. En la sentencia de 15 de agosto de 2018 (exp. 46947), en efecto, la Sección Tercera del Consej o de Estado limitó los derechos de la señora Ríos a la reparación, porque creó sospechas sobre su culpabilidad mediante

inocente. En la sentencia de 15 de agosto de 2018 (exp. 46947), en efecto, la Sección Tercera del Consej o de Estado limitó los derechos de la señora Ríos a la reparación, porque creó sospechas sobre su culpabilidad mediante la utilización de afirmaciones y argumentos construidos en detrimento de su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

42.- En definitiva, la Sección Tercera determinó que la señora Ríos tuvo la culpa de ser detenida, pues su conducta pre procesal, (la misma por la que ya había sido declarada inocente penalmente), fue la causa eficiente de la privación de su libertad, y, en consecu encia, del daño cuya indemnización pretendía (…)

44.- La Sala amparará el derecho al debido proceso, particularmente en lo referente a la presunción de inocencia , dejará sin efectos la sentencia de 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera de l Consejo de Estado (exp. 46947) y dispondrá que en la sentencia de reemplazo se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia; y por las razones explicadas al determinar el problema jurídico, se resalta que este fallo no tiene ningun a incidencia respecto de la forma en que el juez natural del caso decida operar

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 15 de agosto de 2018, exp. 46947Página 8 de 13

Referencia: Expediente No: 27001333300320170030401

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los títulos jurídicos de imputación de responsabilidad del Estado (Negrilla y subrayado fuera del texto).

El seis de agosto de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado, profiere la sentencia de reemplazo ordenada en sede de tutela, señalando que “el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido, pues de no serlo, se puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado”.

3.4. Caso concreto

Conforme lo normado en el artículo 90 de la Constitución Política dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, esto es, la existencia de un daño antijurídico y que este devenga de la acción u omisión de una autoridad pública.

En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que la parte debe soportar, y, por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: El daño y la imputación.

3.4.1. El daño

En el caso bajo estudio y de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado el daño antijurídico causado al señor Yeison Ibarguen Mosquera, pues según se advierte, fue privado de la libertad desde el día 21 de

En el caso bajo estudio y de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado el daño antijurídico causado al señor Yeison Ibarguen Mosquera, pues según se advierte, fue privado de la libertad desde el día 21 de agosto de 2014, por la presunta comisión del delito de tentativa de extorsión, y frente al cual se profirió sentencia absolutoria el día 30 de noviembre de 2015, por parte del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de IstminaChocó, dentro del proceso penal radicado 2720561006432013800298.

3.4.2. La imputación

Constatado el daño antijurídico, procede la Sala de Decisión a verificar si se encuentra acreditado el segundo de los elementos de la responsabilidad, es decir el juicio de imputación como componente que posibilite la atribución del daño a la accionada.

3.4.2.1 Análisis de la imposición de la medida de aseguramiento

Con relación a la decisión de detener al sindicado, la Sala Segunda de Decisión encuentra acreditadas las siguientes circunstancias fácticas:

• El 21 de agosto de 2014, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento

8 Fl. 30 expediente digitalizado.Página 9 de 13

Referencia: Expediente No: 27001333300320170030401

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ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Condoto, contra Yeison Ibarguen

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ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Condoto, contra Yeison Ibarguen Mosquera y otro ; diligencia que culminó con la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural9.

• Adelantada las etapas del proceso penal, de conformidad como se lee del texto de la sentencia absolutoria a la que seguidamente se hará referencia; el día 05 de noviembre de 2015 , el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Istmina , culminado el juicio oral y al no encontrar configurados dentro del asunto, los elementos del tipo penal de extorsión , profirió sentencia de primera instancia nro. 047 en la que resolvió Absolver a los ciudada nos JAIME MENESES

MOSQUERA y YEISON MOSQUERA IBARGUEN del delito de TENTATIVA DE

EXTORSIÓN.

Advierte esta Sala de Decisión, que no obstante haber resultado acreditado dentro del presente asunto, que el accionante Yeison Ibarguen Mosquera, estuvo privado de su libertad, en forma prolongada, por órdenes de una autoridad judicial, lo que es constitutivo del daño antijurídico; no se encuentran dentro del presente expediente elementos de prueba suficientes que permitan ahondar en cuales fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron al Juez de Control de Garantías del caso, al convencimiento de que la medida era necesaria en ese momento.

En ese contexto, la parte actora no aportó al proceso, medios probatorios que permitieran analizar el conte xto en que se dictó la medida de aseguramiento,

Control de Garantías del caso, al convencimiento de que la medida era necesaria en ese momento.

En ese contexto, la parte actora no aportó al proceso, medios probatorios que permitieran analizar el conte xto en que se dictó la medida de aseguramiento, tampoco hay claridad sobre el centro carcelario en que estuvo recluido el accionante, ni mucho menos el tiempo que duró dicha reclusión, pues no se allegó, por ejemplo, la certificación expedida por el centro carcelario respectivo, para tales efectos.

En este orden de ideas, resulta valido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de esta, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

En relación con las medidas de aseguramiento, el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, vigente en la época de los hechos, dispuso que el ente investigador solicitará al Juez de Control de Garantías su imposición con indicación de “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia”.

A su turno, el artículo 308 de la referida normativa estableció que:

“(…) ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su dele gado, decretará la medida de

9 No se tiene claridad la fecha exacta del tiempo de reclusión del accionante, ni el lugar do